El liberalismo —sostiene el autor— no es ni una religión ni tampoco una filosofía universalista ni, menos aún, un partido político defensor de intereses particulares. Desde un punto de vista histórico, el liberalismo fue el primer movimiento político que quiso promover, no el bienestar de grupos específicos, sino el bienestar general.

Sus principios sobre el valor absoluto y primario de la libertad, la propiedad privada, el Estado de Derecho, la tolerancia y la cooperación entre los individuos y los pueblos, el protagonismo de la iniciativa individual y la sociedad civil frente al «Gobierno omnipotente», entrometido y dispensador interesado de favores, subvenciones y privilegios…, define todo un modelo de civilización, el único que, además, ha demostrado ser capaz de crear riqueza y bienestar para todos y de elevar el nivel de vida de una población en constante aumento, posibilitando así también el florecimiento de los valores del espíritu.

Ludwig von Mises

Liberalismo

La tradición clásica

(Trad. Juan Marcos de la Fuente)

ePub r1.0

Leviatán & loto 03.10.14

Título original: Liberalismus

Ludwig von Mises, 1927

Traducción: Juan Marcos de la Fuente

Retoque de cubierta: loto

Editor digital: Leviatán & loto

ePub base r1.1

Nota del editor

Este libro de Ludwig von Mises se publicó originariamente en alemán en 1927 (Gustav Fischer, Jena) con el escueto título Liberalismus. La primera edición inglesa, en traducción de Ralph Raico, fue publicada por Van Nostrand, de Nueva York, en 1962, con el título The Free and Prosperous Commonwealth: An Exposition of the Ideas of Classical Liberalism. Siguió una segunda edición inglesa en 1978 con el título Liberalism: A Socio-Economic Exposition, publicada por Sheed Andrews and McNeel, Inc., y una tercera en 1985, publicada por Cobden Press en coedición con The Foundation for Economic Education. La cuarta edición, al cuidado, como la anterior, de Bettina Bien Greaves, también fue editada por The Foundation for Economic Education. En 2005, Liberty Fund publicó una nueva edición, siempre con la traducción de Ralph Raico.

La presente edición española es la sexta de las publicadas hasta ahora. Las cinco ediciones anteriores (1975, 1982, 1995, 2005 y 2007), todas ellas también en Unión Editorial, utilizaron (a excepción de la quinta) una elegante traducción de Joaquín Reig Albiol, buen conocedor del pensamiento de Mises, realizada sobre la segunda edición inglesa de 1962, mientras que la actual edición (como la quinta) se basa en el texto original de 1927, si bien se ha creído oportuno incluir, como en ediciones anteriores, el Prefacio que para la traducción inglesa escribiera en 1962 el propio Ludwig von Mises. También se ha conservado el Prólogo escrito para la edición anterior por el profesor Julio César de León Barbero.

Prólogo

Socialismo es una palabra que nació en 1832 acuñada por el francés Pierre Leroux. Lo que el término representa, no obstante, hunde sus raíces en el ideario de los más radicales entre los revolucionarios franceses. Es lo opuesto a individualismo. Es el esfuerzo por eliminar las diferencias económicas entre los hombres designando al gobierno como árbitro ecuánime. Representa el mayor proyecto económico-político jamás urdido.

Para alcanzar el fabuloso sueño se elaboraron propuestas sobre cada aspecto de la vida en sociedad. De este modo el socialismo se convirtió en un entramado doctrinal que toca el derecho, la moral, la política, la familia, las relaciones obrero-patronales, el devenir histórico, etc. En ese orden de ideas no es equivocado decir que el socialismo se constituyó en una visión del mundo (Weltanschauung) con todas las implicaciones del término.

En Karl Marx el socialismo encontró un nuevo intérprete y gran difusor. Así, dejó de ser «utópico» y se convirtió en «científico» y se puso a viajar a lomos del materialismo histórico.

Muchos se sintieron atraídos por el socialismo y llegaron a considerarse a sí mismos destinados a proclamar las buenas nuevas de la transformación de las «estructuras económicas».

En toda Europa, a finales del siglo XIX y principios del XX, surgieron partidos animados por la visión socialista del mundo (algunos decididamente marxistas): en Gran Bretaña, Francia, Holanda, Italia, Noruega y otros países.

Algunos intelectuales entusiasmados por el proyecto de una nueva y equitativa sociedad consideraron como deber moral prestar a esta causa el concurso de su inteligencia y habilidades. Inglaterra perece haber sido la vanguardia de aquella cruzada. Se fundó la Sociedad Fabiana en 1884, que aglutinaba a célebres personajes como H.G. Wells, Bernard Shaw, H. Laski, O. Mosley, B. Russell, Attlee y otros. Su propósito era promover la visión socialista a nivel popular por medio de escritos divulgativos (los Fabian Tracts). La llamada «Liga Socialista» se constituyó a raíz de los desacuerdos existentes en el seno de la «Federación Social Democrática» (Social Democratic Federation, SDF). Dirigida por William Morris, la Liga hizo lo suyo para promover el cambio hacia una sociedad materialmente igualitaria.

En el ámbito político triunfó la revolución proletaria en Rusia en 1917. Aquella victoria llegó a considerarse un tributo al marxismo vulgarizado, simplón, artesanal, que venían predicando Kautsky y Bebel en conformidad con la hermenéutica que de Marx había hecho Otto Bauer. Por fin se contaba con un ejemplo palpitante de una economía centralmente dirigida.

Beatrice y Sidney Webb viajaron para constatar el funcionamiento del sistema soviético. El resultado de su periplo fue un libro que primero apareció con el título Soviet Communism: A New Civilization? que posteriormente se publicó convirtiendo la pregunta en una afirmación. Las convicciones de los Webb ahora plenamente corroboradas por la experiencia en Rusia inspiraron la fundación de la famosa London School of Economics, destinada a promover la transformación de la sociedad de la competencia en una feliz hermandad.

No cabe duda de que la exitosa difusión del socialismo en gran parte ha de atribuirse a la creación de un novísimo icono político: la masa obrera. Arropada con vestiduras «científicas», se le proporcionó una consigna: acabar con el sistema económico que permite a los dueños del capital enriquecerse al quedarse con la parte que les corresponde a los obreros («plusvalía»). Así, una vez que las necesarias transformaciones políticas y jurídicas tuvieran lugar, surgiría una economía racionalmente controlada y planificada que sólo beneficios acarrearía.

La ola del colectivismo europeo llegó al subcontinente latinoamericano provocando el surgimiento de partidos con esa tendencia: el Partido Liberal Mexicano, fundado por los hermanos Flores Magón; el Partido Socialista Obrero, fundado en Argentina en 1896 por Juan Bautista Justo, participante en la II Internacional y traductor de El Capital.

Además, hay que reconocer la influencia en pro del socialismo que entre los latinoamericanos ejercieron las ideas de la Revolución Mexicana, del New Deal rooseveltiano y de personajes como Raúl Haya de la Torre y a cuyo cobijo surgieron César Sandino, Carlos Fonseca Amador, Marcelo Quiroga, Jacobo Arbenz Guzmán, Velasco Alvarado y Salvador Allende.

También en esta región surgió el equivalente de la Internacional al nacer la OLAS, Organización Latinoamericana de Solidaridad, cuya misión era luchar contra el imperialismo yanqui y contra las oligarquías burguesas y terratenientes. Eso ocurría mientras el Che Guevara combatía en Bolivia por el mismo ideal y otros países latinoamericanos experimentaban el inicio de una guerra interna promovida por movimientos guerrilleros marxistas-leninistas, como es el caso de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Perú, Colombia, etc. Todo para lograr transformar el sistema de producción y comercialización de bienes y servicios en una actividad solidaria, «humana», alejada del afán de lucro, orientada hacia el incremento de la riqueza colectiva bajo la dirección de hombres con clara conciencia social.

En medio de aquel jolgorio en el que, en ambos lados del Atlántico, políticos, académicos e intelectuales, borrachos de socialismo, brindaban por el advenimiento y conquista de la gran utopía, Ludwig von Mises efectuaba un profundo y serio análisis del proyecto socialista. El resultado se publicó en alemán en 1922: El socialismo. Análisis económico y sociológico. La obra es, en efecto, eso: un auténtico y exhaustivo pase de revista a cada uno de los argumentos socialistas, destruyéndolos al demostrar su falsedad, inoperancia o improcedencia. Constituye una lectura obligada para aquéllos que sinceramente inquieren por las razones de la imposibilidad de una economía dirigida. Seis años más tarde (1927) Mises publicó una obra complementaria de la anterior y que el lector tiene en sus manos: Liberalismo, obra que constituye una magistral exposición de esa corriente de pensamiento.

Liberalismo es una palabra que encarna ideales diametralmente opuestos a los del socialismo. No debe confundirse el liberalismo con un programa gubernamental, con políticas económicas o con una ideología (en el sentido marxista del término) interesada en la protección de los intereses de un particular segmento de la población.

El liberalismo es, podría decirse, el esfuerzo científico-intelectual por detectar, destacar y recuperar los valores y principios propios de la civilización occidental.

Se reconoce, ciertamente, un liberalismo político y otro económico; pero el liberalismo abarca mucho más: la antropología, la ética, la filosofía del derecho, la psicología, las relaciones entre las naciones, etc.

Este esfuerzo de franca recuperación cultural se inició en el siglo XVIII, por un lado con las reflexiones de John Locke sobre el derecho a la propiedad y las funciones del gobierno, y por otro con el pensar de los fisiócratas y la obra de Adam Smith.

En la perspectiva antropológica, para el liberalismo el valor supremo lo constituye la libertad como antónimo de esclavitud, como ausencia de la coacción arbitraria de parte de terceros y, en consecuencia, como posibilidad para actuar en conformidad con fines y planes propios. El liberalismo no reconoce valor más elevado que la libertad. Ni el amor ni la caridad ni la fe pueden sobrepasarla, pues para amar, ser caritativo o creer hay que suponer la libertad.

Una vez colocada esa piedra angular, lo demás trata acerca de cómo proteger la libertad de las amenazas que sobre ella se ciernen y los mecanismos para garantizarla; el origen y función de la ley; la razón de ser del poder público y la cuestión de sus límites; las virtudes y debilidades de la democracia; el proceso de generación de riqueza y la función tanto de la iniciativa privada como del gobierno en ese proceso creador; y toda una pléyade de cuestiones relacionadas con lo anterior: la paz, las desigualdades, los monopolios, los intereses protegidos, etc.

A la par de la libertad, la otra piedra fundamental del liberalismo es la radical distinción entre gobierno y sociedad. La obra de Mises, en general, constituye una importante contribución a mantener y preservar tal diferenciación, a la vez que señala las perniciosas consecuencias que acarrea confundir sociedad y gobierno.

Sociedad, afirma Mises, es el nombre con el que nos referimos a la cooperación libre y voluntaria entre los seres humanos, fundamentada en la división del trabajo. Este entorno cooperativo, que amalgama materias primas, maquinaria, creatividad, dinero, capacidades, habilidades, ideas y energía productiva, termina por devolver todo eso transformado en bienes y servicios necesarios para asegurar la vida y la calidad de la vida humana.

Liberales como Mises y Hayek tomaron con toda la seriedad del caso la cuestión del funcionamiento del sistema cooperativo, asunto que sigue siendo hasta el día de hoy la cuestión nuclear de las ciencias sociales. Para estos intelectuales no queda duda acerca de que los comportamientos pro cooperación son resultado de un proceso evolutivo cultural de ensayo y error. De este modo, instituciones como el dinero, la moral y el derecho son fruto no intencionado de la acción humana y no producto del humano diseño. En otros términos, la vida y las actividades humanas transcurren en un orden, armonía y coordinación que no obedece a voluntad alguna.

Gobierno es la palabra con la que designamos a aquéllos de nuestros semejantes a quienes hemos trasladado nuestro personal y legítimo derecho de defensa, confiriéndoles para ello autoridad y poder para ejercer coerción.

Con el tiempo, para desdicha nuestra, quienes están interesados en ejercer el poder, ayudados por quienes teorizan acerca de su función, han terminado por invadir la esfera de la cooperación entre los hombres. Las justificaciones y las excusas sobran. Pueden ser «morales», «humanas», «solidarias», orientadas a hacer «eficiente» el sistema o a corregir sus «deficiencias», y un largo etcétera. Todos los argumentos se resumen, no obstante, en uno solo: la pretensión de tener el conocimiento necesario para orientar la cooperación humana y prescindir, así, de la información dinámica y cambiante que genera el sistema y gracias a la cual funciona.

El germen de autodestrucción que el socialismo albergaba en su seno consistía, en buena medida, en confundir el plano cooperativo y el gubernamental, lo que condujo a la eliminación del derecho de los individuos a la propiedad. El marxismo, peor aún, no sólo los confundió sino que los fundió, llegando a convertir las decisiones económicas en meras ordenanzas administrativas.

Como tenía que suceder, el socialismo fracasó ruidosamente. No cumplió la promesa de superar la producción y la generación de riqueza que el régimen de libertad individual es capaz de alcanzar. Mises anticipó la derrota en fecha tan temprana como los primeros años de la segunda década del siglo anterior. Pero aunque hay sobrados motivos para alegrarnos mirando hacia atrás, no hay razón para ser tan optimistas de cara al presente.

El espíritu esencial del socialismo continúa cautivando a muchos, especialmente en aquellas naciones cuya población vive sumida en la pobreza; se destruye por divisiones cercanas a la lucha de clases e invierte sus escasas energías en manifestaciones callejeras violentas que apenas le sirven de consuelo. Desde los medios masivos de comunicación, desde las organizaciones no gubernamentales (ONG’s), desde la cátedra, desde los grupos de presión e incluso desde el púlpito se pide, se exige, que el gobierno haga su papel de Robin Hood.

A la par de reclamar la intervención estatal en la actividad económica, acusan al liberalismo de provocar el deterioro de los salarios, el encarecimiento de los medios de subsistencia, de la falta de vivienda, de acentuar las diferencias entre ricos y pobres, de «concentrar» el capital y «dispersar» el trabajo protegiendo los intereses empresariales.

En este orden de ideas Mises explora en este libro las raíces psicológicas, emocionales, que originan el rechazo que algunos experimentan hacia el liberalismo. Pero levantar acusaciones como las mencionadas podría no ser producto anímico sino intelectual. Podría tratarse de crasa ignorancia: ignorar que el liberalismo no es darwinismo social; no es proteccionismo gubernamental; no es impulso a los préstamos de organismos financieros internacionales a los gobiernos para «combatir la pobreza»; no es la caricatura que muchos evocan al escuchar el término.

Pero, qué afortunados somos, mientras el complejo de Fourier, como dice Mises, sólo puede sobrellevarse, y eso a base de psicoterapia o psicoanálisis, nuestra ignorancia sí que puede combatirse y superarse. En este sentido, el esfuerzo que implica poner en circulación esta nueva edición de Liberalismo se verá más que recompensado si contribuye a que muchos lectores en el mundo de habla española tengan una adecuada comprensión de lo que el liberalismo reclama, enfatiza y defiende. Porque lo que el lector encontrará en estas páginas es una descripción completa y detallada de las condiciones políticas, jurídicas, sociales y morales que posibilitaron en todas partes la producción de bienes y servicios y el incremento del bienestar. A la vez hallará respuesta a las críticas más comunes que desde siempre se han esgrimido contra el pensamiento liberal. Como afirma el autor: «Desde hace muchos años nadie ha tratado de exponer de manera esquemática el significado y la esencia de la doctrina liberal. Bastaría esta sola circunstancia para justificar nuestro intento».

En el subcontinente latinoamericano la lectura de este texto clásico es impostergable para modificar la mentalidad dominante: agrarista, proletaria, proteccionista, mercantilista, que ha colocado a millones en el declive del empobrecimiento y robado las esperanzas de otros más que en vano hacen fila para incorporarse a la población económicamente activa.

No necesitamos más de lo mismo. Ya hemos probado hasta la náusea todo lo relacionado con el poder público entremetido en los procesos de cooperación: control de precios y del tipo de cambio, salarios y beneficios establecidos por decreto, inflación, subsidios, aranceles, cuotas, privilegios y exenciones fiscales, monopolios estatales, reformas agrarias, endeudamiento, etc., etc.

En otras palabras, hemos recurrido a las medidas recomendadas por el espíritu del socialismo y no hemos logrado ser más productivos ni más ricos. Al contrario, los cinturones de pobreza alrededor de nuestras grandes ciudades se han incrementado y sus condiciones se han agravado. Los que pueden se arman de valor y viajan en condiciones precarias y peligrosas en busca de oportunidades en otras latitudes.

América Latina no vive en la pobreza por obra y gracia del capitalismo, sino porque no se ha experimentado una auténtica economía libre; tampoco porque haya habido un saqueo sistemático de nuestros recursos, sino porque no hemos sido todo lo productivos que podemos ser; menos aún por el liberalismo, sino por el exceso de dirigismo.

Démosle una oportunidad a la libertad. No hay otra opción para los pobres, los desempleados y los hambrientos. Porque un sistema de libre mercado no sólo es el más eficiente para producir, como en general se reconoce en el mundo entero hoy, sino el más eficiente para repartir los correspondientes beneficios. Éste es otro principio esencial del liberalismo: producir y repartir los beneficios son aspectos integrantes del proceso productivo. Ni la producción ni el reparto de beneficios pueden separarse y esperar que el sistema siga funcionando como si nada hubiera ocurrido. Van aparejadas. Cada elemento recibe lo que le corresponde en conformidad con la importancia de su contribución en el proceso productivo.

«Históricamente el liberalismo fue la primera orientación política que se preocupó del bienestar de todos y no del de determinados estamentos sociales. Del socialismo, que también da a entender que persigue el bienestar colectivo, el liberalismo se distingue no por el fin al que tiende, sino por los medios que elige para obtener el mismo fin».

Este terreno, el de los medios a emplear, es el propio de la investigación científica y de la discusión seria. Analicemos la propuesta liberal clásica con serenidad. A poco aflorará su comprobada superioridad frente a cualquier otra.

JULIO CÉSAR DE LEÓN BARBERO

Guatemala de la Asunción, mayo de 2005

Prefacio a la edición en inglés (1962)

El orden social creado por la filosofía de la Ilustración asignaba la supremacía al hombre común. Correspondía al individuo, en su condición de consumidor, determinar qué y dónde y en qué cantidad y calidad debían producirse los bienes económicos; a él le competía, además, como votante ahora, ordenar la política nacional en su conjunto. En la sociedad precapitalista sólo progresaban quienes, en cada momento, gozaban de la fuerza necesaria para someter a sus más débiles semejantes. En cambio, el tan criticado «mecanismo» del mercado libre sólo ofrece una vía a quien desea prosperar y enriquecerse: la de servir a los consumidores del modo mejor y más económico posible. A esta «democracia» del mercado corresponde, en la gestión pública, el gobierno representativo. La grandeza de ese periodo histórico comprendido entre las guerras napoleónicas y la primera conflagración mundial estribó en que las gentes más eminentes de aquel tiempo no aspiraban sino a implantar un sistema de comercio libre, en un mundo pacífico, formado por naciones independientes. Fue una era en que una población con fuerte crecimiento vio aumentar su nivel de vida de un modo jamás antes ni siquiera sospechado. Fue la era del liberalismo.

Pero de los defensores de esta filosofía liberal del XIX ya, prácticamente, nadie se acuerda. En la Europa continental pocos son ya los que la recuerdan. En Gran Bretaña, el adjetivo «liberal» se utiliza, por lo general, para designar un programa que poco difiere del totalitarismo socialista[1]. En los EE UU, el término «liberal» significa actualmente un conjunto de ideas y postulados políticos que en casi todos los aspectos son lo contrario de todo lo que el liberalismo significó para las generaciones anteriores. El americano que se autodenomina liberal aspira a la omnipotencia estatal, es enemigo encarnizado de la libre empresa y propugna la planificación de todo por parte de las autoridades, o sea el socialismo. Tales «liberales» proclaman bien alto que desaprueban la política del dictador soviético, no porque sea socialista o comunista, sino por su carácter imperialista. Se considera liberal y progresista toda medida que tienda a sustraer algo a quien posea más que el ciudadano medio o que de cualquier modo coarte los derechos de propiedad. Hay que proporcionar a los entes estatales poderes prácticamente ilimitados, haciendo su actividad inmune a toda sanción judicial. Las exiguas minorías que osan oponerse a tal despotismo administrativo se ven estigmatizadas de extremistas, reaccionarias, monárquicos económicos (economic royalists) y fascistas. Se proclama por doquier que ningún país libre debe permitir la actividad política de tales «enemigos públicos».

Lo curioso es que estas ideas se consideran en este país como algo específicamente americano, digna y natural continuación de la filosofía y los principios que inspiraron a los Pilgrim Fathers, de los firmantes de la Declaración de Independencia, de los padres de la Constitución americana y de los redactores de los Papeles Federalistas. En efecto, pocos son los que advierten que esas ideas supuestamente progresistas surgieron en Europa y que su más genuino y brillante representante decimonónico fue Bismarck, cuya política ningún americano consideraría hoy ni progresista ni liberal. Bismarck, efectivamente, inauguró la Socialpolitik en 1881, más de cincuenta años antes de que Roosevelt la copiara con su New Deal. Y, siguiendo la pauta del Reich alemán, a la sazón la primera potencia continental, todos los países industrializados de Europa adoptaron, en mayor o menor grado, un sistema que pretendía beneficiar a las masas a costa tan sólo de una reducida minoría de «desaprensivos individualistas». La generación que alcanzó la mayoría de edad al finalizar la Primera Guerra Mundial consideraba ya el estatismo cosa natural y la libertad mero «prejuicio burgués».

Cuando, hace treinta y cinco años, procuré resumir en el presente texto las ideas y principios de aquella filosofía social que un día se denominara liberalismo, no era yo ciertamente víctima del error de creer que mi advertencia iba a evitar los desastres que inexorablemente, poco después, provocarían las políticas adoptadas por todos los países europeos. Pretendía, simplemente, ofrecer a esa pequeña minoría de personas pensantes la posibilidad de saber algo acerca de los objetivos y los triunfos del liberalismo clásico, abriendo así camino al resurgimiento de la libertad después del inminente desastre.

El 28 de octubre de 1951, el profesor T.P. Hamilius, de Luxemburgo, solicitó un ejemplar de Liberalismus al editor Gustav Fischer, de Jena (zona soviética de Alemania). La empresa editora respondió el 1 de noviembre siguiente diciendo que no podían atender sus deseos, por cuanto «die Vorräte dieser Schrift mussten auf Anordnung behördlicher Stellen restlos makuliert werden» (por orden de las autoridades, todos los ejemplares de este libro tuvieron que ser destruidos). Por supuesto, la carta no precisaba si las «autoridades» aludidas eran las de la Alemania nazi o las de la «democrática» república de la Alemania Oriental.

En los años transcurridos desde la publicación de Liberalismus he escrito mucho más acerca de los problemas tratados en este libro. He analizado, en diferentes textos, aspectos múltiples que no podía examinar en un ensayo como el presente, forzosamente de tamaño reducido si no quería ahuyentar a muchos potenciales lectores. Por otra parte, en esta obra me refiero a determinados asuntos que, realmente, han perdido ya actualidad. Por otra parte, toco a veces los temas de tal modo que sólo resultan comprensibles y justificables teniendo presente la situación política y económica de aquel momento.

No ha variado en nada el texto original; tampoco influí ni en la traducción del Dr. Ralph Raico ni en la presentación editorial de Mr. Arthur Goddard. Debo, sin embargo, decir que estoy muy agradecido a ambos estudiosos por las molestias que se tomaron hasta lograr poner la obra a disposición del público de habla inglesa.

LUDWIG VON MISES

Nueva York, abril de 1962

Introducción

1. EL LIBERALISMO

Los filósofos, sociólogos y economistas del siglo XVIII y principios del XIX elaboraron un programa político que se convirtió, más o menos, en una orientación de política práctica primero en Inglaterra y en Estados Unidos, luego en el continente europeo, y finalmente también en otras partes del mundo civilizado. Pero este programa nunca se llevó íntegramente a la práctica en ningún país y en ninguna época. Incluso en Inglaterra, que se reconoce como la patria del liberalismo y como modelo de país liberal, nunca se consiguió realizar todas las instancias de este ideario. Para no hablar del resto del mundo, donde sólo se acogieron algunas partes del programa liberal, mientras que en otras, no menos importantes, se rechazaron a priori, o bien se acogieron por breve tiempo, para luego ser abandonadas. En una palabra, podemos decir, aunque con cierta exageración, que el mundo atravesó por algún tiempo una era liberal, si bien el liberalismo no pudo nunca desplegar todas sus posibilidades.

Sin embargo, el dominio de las ideas liberales, aunque por desgracia demasiado limitado en el tiempo, fue suficiente para cambiar la faz de nuestro planeta. Con él se inauguró un grandioso desarrollo económico. La liberación de las fuerzas productivas humanas multiplicó la cantidad de los medios de subsistencia. En vísperas de la guerra mundial, que sin embargo fue ya resultado de una larga y dura lucha contra el espíritu liberal y el comienzo de una época de rechazo aún más encarnizado de los principios liberales, el mundo tenía una densidad demográfica nunca alcanzada antes, y cada uno de sus habitantes un tenor de vida superior al que jamás fuera posible en los siglos anteriores. El bienestar creado por el liberalismo redujo notablemente la mortalidad infantil, plaga implacable de los siglos precedentes, y, mejorando las condiciones generales de vida, prolongó la duración media de ésta. Este flujo no afectó sólo a un restringido estrato de privilegiados. En vísperas de la guerra mundial, el tenor de vida del obrero de los Estados industriales europeos, de los Estados Unidos de América y de los dominions de Ultramar ingleses era superior al del aristócrata de años no muy lejanos. El obrero podía no sólo comer y beber cuanto quería, sino también dar a sus hijos una educación mejor; podía participar, si quería, en la vida cultural de la nación; y podía ascender a los estratos sociales superiores si poseía los requisitos y la fuerza suficiente para ello. Precisamente en los países más adelantados en sentido liberal la mayoría de quienes ocupaban la cima de la pirámide social estaba formada no por personas favorecidas desde su nacimiento por unos padres ricos y bien situados, sino por individuos que, partiendo de condiciones de estrechez económica, supieron hacerse camino con sus propias fuerzas y el favor de las circunstancias. Desaparecieron las viejas barreras que habían separado a amos y siervos. Sólo existían ya ciudadanos con derechos iguales. A nadie se le rechazaba o perseguía por su pertenencia étnica, por sus convicciones o por su fe. En el plano interno habían cesado las persecuciones políticas y religiosas, y en el plano internacional las guerras empezaban a ser cada vez más raras. Los optimistas presentían ya la era de la paz perpetua.

Pero luego las cosas cambiaron. Desde el siglo XIX el liberalismo fue objeto de una aguerrida oposición que al final consiguió anular gran parte de sus conquistas. Hoy el mundo no quiere ya saber nada del liberalismo. Fuera de Inglaterra el término mismo de «liberalismo» se pronuncia incluso con desprecio; en la propia Inglaterra sigue habiendo «liberales», pero muchos, acaso la mayoría, lo son de nombre: digamos más bien que son socialistas moderados. El poder de gobierno está hoy en todas partes en manos de partidos antiliberales. El antiliberalismo pragmático ha desencadenado la guerra mundial e inducido a los pueblos a encerrarse en sí mismos, protegidos por prohibiciones a la importación y a la exportación, aranceles, medidas antimigratorias y otras por el estilo. Dentro de los Estados, ese antiliberalismo ha acometido una serie de experimentos socialistas, con el resultado de reducir la productividad del trabajo y aumentar la penuria y la miseria. Quien no quiere cerrar los ojos no podrá menos de reconocer por doquier los síntomas de una inminente catástrofe económica. El antiliberalismo nos está llevando hacia un colapso general de la civilización.

Para saber qué es el liberalismo y cuáles son sus objetivos, no basta con dirigirse simplemente a la historia y comprobar las aspiraciones de los políticos liberales con sus realizaciones, ya que el liberalismo nunca ha conseguido realizar su programa según sus intenciones. Pero tampoco los programas y los comportamientos de aquellos partidos que hoy se proclaman liberales pueden aclaramos las ideas sobre el verdadero liberalismo. Ya hemos aludido al hecho de que en la propia Inglaterra hoy se entiende por liberalismo algo que se parece más al torysmo y al socialismo que al viejo programa del librecambismo. Ante el espectáculo que nos muestra a liberales que consideran compatible con su liberalismo luchar por la estatización de los ferrocarriles, de las minas y de otras empresas, o incluso por la imposición de aranceles protectores, no es difícil convencerse de que no ha quedado más que el nombre.

Tanto menos puede ser hoy suficiente estudiar el liberalismo en los escritos de sus grandes fundadores. El liberalismo no es una teoría orgánica; no es un dogma rígido. Es lo contrario de todo esto: es la aplicación de las teorías científicas a la vida social de los hombres. Y así como la economía política, la sociología y la filosofía no han permanecido en silencio desde los tiempos de David Hume, Adam Smith, David Ricardo, Jeremy Bentham y Wilhelm Humboldt, así la doctrina del liberalismo, aunque haya permanecido idéntica en su línea de fondo, es hoy distinta de la que era en tiempos de aquellos pensadores. Desde hace muchos años nadie ha tratado de exponer de manera esquemática el significado y la esencia de la doctrina liberal. Bastaría esta sola circunstancia para justificar nuestro intento.

2. EL BIENESTAR SOCIAL

La doctrina liberal considera exclusivamente el comportamiento de los hombres en este mundo. Se interesa prioritariamente por el aumento del bienestar exterior, material, de los individuos, y no se preocupa directamente de sus necesidades interiores, de sus exigencias espirituales y metafísicas. A los hombres no les promete la dicha y la felicidad, sino simplemente la máxima satisfacción posible de todos aquellos deseos que pueden ser satisfechos mediante la disponibilidad de objetos del mundo exterior.

Se le ha reprochado al liberalismo de diversas maneras esta su actitud exterior y materialista. Se ha dicho que la vida del hombre no se agota en comer y beber; que existen necesidades muy distintas y más importantes que las elementales de alimentarse, vestirse, tener cobijo; que aun la mayor riqueza terrena no podría jamás dar al hombre la felicidad, y dejaría insatisfecha y vacía su interioridad, su alma; que el mayor error del liberalismo, en una palabra, habría sido el no haber sabido ofrecer nada a las más profundas y nobles aspiraciones del hombre.

Sin embargo, los críticos que eso afirman demuestran con ello mismo que son ellos los que tienen una imagen bastante reductiva y muy materialista de estas aspiraciones más altas y nobles. Con los medios humanos de que dispone la política se puede ciertamente hacer a los hombres ricos o pobres, pero nunca se puede llegar a hacerlos felices y a satisfacer sus anhelos más íntimos y profundos. Aquí fallan todos los expedientes externos. Todo lo que la política puede hacer es eliminar las causas externas del sufrimiento y de la pena; puede promover un sistema que dé pan a los hambrientos, vestidos a los desnudos y un techo a los desheredados. Pero la dicha y la felicidad no dependen del alimento, del indumento y del cobijo, sino de todo lo que se guarda en el interior del hombre. Si el liberalismo fija su atención exclusivamente en los bienes materiales, no es porque minusvalore los bienes espirituales, sino porque está convencido de que lo que hay de más alto y profundo en el hombre no puede quedar sometido a reglas externas. Trata de crear tan sólo el bienestar exterior, porque sabe que la riqueza interior, la riqueza espiritual, no puede venir al hombre desde fuera, sino sólo desde su interior. No quiere sino crear las condiciones preliminares para el desarrollo integral de la vida interior. Y nadie puede dudar de que el ciudadano del siglo XX, que vive en condiciones de relativo bienestar, puede satisfacer sus necesidades espirituales mejor que el ciudadano del siglo XIX, siempre preocupado por la supervivencia cotidiana y por las amenazas de los enemigos.

Naturalmente, a quien abraza el ideal de la ascética integral, siguiendo el ejemplo de algunas sectas asiáticas o cristianas de la Edad Media, o asume como humilde modelo de comportamiento humano la frugalidad de los pájaros en el bosque y de los peces en el agua, nada tenemos que objetar cuando reprochan al liberalismo su actitud materialista. Sólo podemos pedirle que nos deje ir por nuestro camino, como nosotros le dejamos que sea feliz a su modo, y que disfrute tranquilamente de su clausura, lejos del mundo y de los hombres.

Nuestros contemporáneos, en su inmensa mayoría, no entienden los ideales ascéticos. Pero cuando se ha rechazado en principio una conducta de vida ascética, no se puede luego reprochar al liberalismo su aspiración al bienestar material.

3. EL RACIONALISMO

Otra acusación recurrente dirigida contra el liberalismo es la de racionalismo, en el sentido de que quisiera someterlo todo a reglas racionales, desconociendo así el notable papel que desempeñan y no pueden menos de desempeñar en la existencia humana los sentimientos, y sobre todo los elementos de irracionalidad.

Ahora bien, el liberalismo no ignora en absoluto que los hombres se comportan también irracionalmente. En efecto, si actuaran siempre y en todo caso racionalmente, sería superfluo exhortarles a asumir la razón como criterio de sus acciones. El liberalismo no sostiene que los hombres actúen siempre racionalmente, sino simplemente que deberían siempre hacerlo en su propio interés bien entendido. Y la esencia del liberalismo consiste cabalmente en llevar el elemento de la razón también a la política, dándole la importancia que nadie le discute en todos los demás campos de la acción humana.

Si al médico que aconseja a su paciente unas reglas de vida racionales —es decir, higiénicas—, éste respondiera: «Sé perfectamente que sus consejos son racionales, pero mis sentimientos me impiden seguirlos y me vienen ganas de hacer todo lo que perjudica a mi salud, a pesar de saber que obro irracionalmente», creo que sería difícil felicitarse por semejante persona. Cualquier cosa que hagamos para alcanzar un fin que nos hemos propuesto, trataremos de hacerlo racionalmente. Quien quiera atravesar las vías del tren no elegirá precisamente el momento en que éste pasa; quien quiera coserse un botón evitará pincharse el dedo con la aguja. En cualquier campo de actividad el hombre ha elaborado técnicas que le indican los procedimientos que debe seguir para no obrar irracionalmente. En una palabra, todos reconocen que conviene dominar las técnicas que pueden utilizarse en la vida, y cualquiera que se dedique a un campo cuyas técnicas no domina es considerado un aficionado.

Hay quien piensa, en cambio, que en la política las cosas deberían ser de otro modo. Aquí deberían decidir, no la razón, sino los sentimientos y los instintos. Si se trata de establecer qué hay que hacer para crear una buena instalación de iluminación nocturna por las calles de la ciudad, en general se discute sólo de los criterios racionales a adoptar. En cambio, apenas se llega en la discusión al punto en que hay que decidir si la iluminación debe ser gestionada por privados o por el Estado, la razón ya no vale, y lo que debe decidir es la pasión, la ideología; en una palabra, la irracionalidad. ¿Se puede saber por qué?

Organizar la sociedad humana según un esquema lo más conforme posible a un fin es una cuestión totalmente prosaica y objetiva, no diferente de la construcción de una instalación para iluminar las calles o de la fabricación de telas o de muebles. Los asuntos de Estado y de gobierno son ciertamente más importantes que todas las demás cuestiones de que el hombre se ocupa a diario, porque la organización social constituye la base de todo lo demás, y la acción de cada individuo sólo es posible y eficaz en una colectividad constituida funcionalmente. Pero, por más importantes que sean, no dejan de ser siempre obra del hombre y por tanto también deben ser juzgados según las reglas de la razón humana. Como en todas las demás cuestiones que atañen a nuestro obrar, también en las cuestiones políticas la mística no puede menos de causar daños. Nuestra capacidad de comprensión es bastante limitada; no podemos pretender desvelar los enigmas últimos y más profundos del universo. Pero la circunstancia de que jamás podremos explicar definitivamente el sentido y el fin de nuestra existencia no nos impide tomar medidas para evitar las enfermedades contagiosas o vestirnos y alimentarnos adecuadamente, ni debe impedirnos dar a la sociedad una conformación que permita conseguir de la manera más racional los fines terrenales que nos proponemos. Tampoco el Estado y el ordenamiento jurídico, el gobierno y la administración son realidades tan sublimes, perfectas y exclusivas que no merezcan ser incluidas en la esfera de nuestro pensamiento racional. Los problemas de la política son problemas de técnica social, y su solución debe intentarse con el mismo método y con los mismos instrumentos de que disponemos cuando nos aplicamos a la solución de otras tareas de carácter técnico: es decir, con la reflexión racional y con el análisis de las condiciones objetivas. Todo lo que el hombre es, y que lo eleva por encima del animal, lo debe a la razón. ¿Por qué, entonces, precisamente en la política, debería renunciar al uso de la razón y confiarse a sentimientos e instintos oscuros y confusos?

4. LA META DEL LIBERALISMO

Está muy extendida la opinión de que el liberalismo se diferencia de las demás orientaciones políticas porque privilegia y defiende los intereses de una parte de la sociedad —propietarios, capitalistas, empresarios— frente a las otras clases sociales. Pero se trata de un supuesto sin fundamento alguno. El liberalismo ha considerado siempre los intereses generales, nunca los de un grupo particular cualquiera. Tal era el significado de la célebre fórmula de los utilitaristas ingleses, que hablaban (si bien con una expresión poco afortunada) de la «máxima felicidad del mayor número posible». Históricamente el liberalismo fue la primera orientación política que se preocupó del bienestar de todos y no del de determinados estamentos sociales. Del socialismo, que también da a entender que persigue el bienestar colectivo, el liberalismo se distingue no por el fin al que tiende, sino por los medios que elige para obtener el mismo fin.

Si alguien sostiene que el éxito de una política liberal consiste o debe consistir en favorecer los intereses particulares de determinados estratos sociales, ésta es una cuestión sobre la que siempre se puede discutir, y una de las tareas de la presente exposición del programa liberal será precisamente mostrar la absoluta ilegitimidad de esta acusación. Pero no por esto se puede acusar a priori de deslealtad a quien formule esta acusación. Es posible que esa afirmación —que según nosotros es inexacta— se haga en perfecta buena fe. Y en todo caso, quien se lanza de este modo contra el socialismo admite que las intenciones del mismo son sinceras y que no quiere sino lo que dice querer.

Muy distinta es, en cambio, la actitud de aquellos críticos del liberalismo que le reprochan no estar al servicio de la colectividad sino de los intereses particulares de ciertos estratos sociales. En este caso se trata de críticos al mismo tiempo desleales e ignorantes. Al elegir este terreno de conflicto, demuestran que son íntimamente conscientes de la debilidad de su propia causa, y por tanto recurren a armas envenenadas, pues no pueden esperar vencer de otro modo.

Si al enfermo que desea una comida que le perjudica el médico le hace notar lo insensato de su deseo, nadie sería tan loco que dijera: «El médico no quiere el bien del enfermo, de otro modo no le prohibiría disfrutar de esa comida suculenta». Cualquiera, en cambio, comprendería que si ese médico aconseja al enfermo renunciar al placer de esa comida que le perjudica, es precisamente para evitarle un daño físico. Y, sin embargo, parece que en la vida social las cosas tienen que ser diferentes. Si el liberal desaconseja determinadas medidas demagógicas porque prevé sus consecuencias negativas, se le llama enemigo del pueblo y se aplaude en cambio al demagogo que, ocultando las consecuencias negativas que se derivarían, aconseja aquellas medidas porque aparentemente ofrecen una utilidad momentánea.

La acción racional se distingue de la irracional porque la primera comporta sacrificios momentáneos, pero que son aparentes, porque serán compensados por las consecuencias positivas que se derivarán. Quien evita la comida suculenta pero perjudicial para la salud hace un sacrificio sólo momentáneo y aparente: el premio que obtendrá —o sea, la no producción del daño— demuestra que en realidad el sujeto no ha perdido sino que ha ganado. Pero para obrar de este modo es necesario prever las consecuencias de la acción. Y es precisamente de esto de lo que se aprovecha el demagogo. Al liberal que pide hacer un sacrificio momentáneo le acusa de egoísmo y de actitud antipopular, mientras que él presume de ser altruista y de estar de parte del pueblo. Sabe muy bien cómo llegar al corazón de quien le escucha, y cómo suscitar sus cálidas lágrimas cuando recomienda sus recetas y denuncia toda la indigencia y la pobreza de este mundo.

La política antiliberal es una política que destruye capital. Aconseja aumentar la dotación del presente a expensas del futuro. Es exactamente lo que sucede en el caso del enfermo del que hablábamos: en ambos casos, a un consumo mayor en el presente se corresponde un empeoramiento de las condiciones en el futuro. Ante este dilema, hablar de contraposición entre quien es duro de corazón y quien ama a su prójimo es deshonesto y mendaz. Y esta acusación no se refiere sólo a los políticos y a la prensa diaria de los partidos antiliberales. Puede decirse que casi todos los estudiosos de «política social» se han servido de estos métodos deshonestos de lucha.

El hecho de que en el mundo existan indigencia y pobreza no es un argumento contra el liberalismo, como tiende a creer desde su estrecho punto de vista el lector medio de periódicos. El liberalismo quiere eliminar la indigencia y la pobreza, y piensa que los métodos que propone son los únicos capaces de alcanzar ese fin. Quien crea que conoce un método mejor, o también sólo distinto, que lo demuestre. Es cierto que esta demostración no puede ser sustituida por la afirmación de que los liberales no se interesan por el bienestar de todos los estratos sociales, sino sólo por el de un solo grupo privilegiado.

El hecho de que existan indigencia y pobreza no sería una prueba en contra del liberalismo ni aun cuando el mundo actual siguiera efectivamente una política liberal, ya que siempre quedaría abierta la cuestión de si con una política distinta la indigencia y la pobreza no serían aún mayores. Pero se da el caso de que hoy el funcionamiento de la institución de la propiedad privada está paralizado e impedido precisamente por una política antiliberal, y por consiguiente es totalmente impropio querer deducir un argumento contra la verdad de los principios liberales de que la realidad actual no sea toda ella como se desearía que fuera. Para darnos cuenta de lo que el liberalismo y el capitalismo han realizado ya, basta comparar el presente con las condiciones de la Edad Media o de los primeros siglos de la Edad Moderna. Pero para comprender qué serían capaces de realizar si no fueran continuamente obstaculizados, sólo disponemos de la reflexión teórica.

5. LIBERALISMO Y CAPITALISMO

Solemos llamar «sociedad capitalista» a una sociedad que encarna los principios liberales, y «capitalismo» a la correspondiente condición social. El realidad, puesto que en toda la esfera de la política económica apreciamos tan sólo una aproximación más o menos amplia al liberalismo, la condición dominante del mundo actual nos ofrece sólo una imagen imperfecta de lo que un capitalismo plenamente desarrollado significa o podría significar. Sin embargo, es absolutamente legítimo llamar a nuestro tiempo la época del capitalismo, puesto que todo lo que ha creado riqueza en esta época debe reconducirse a las instituciones capitalistas. Si la gran masa de nuestros contemporáneos puede hoy disfrutar de un tenor de vida superior al que todavía hace pocas generaciones sólo podían disfrutar los ricos y ciertos estratos particularmente privilegiados, lo debemos únicamente a lo que de las ideas liberales sigue vivo en nuestra sociedad, a los elementos de capitalismo contenidos en nuestra sociedad.

Desde luego, la sólita fraseología demagógica presenta las cosas de manera totalmente distinta. Si le hiciéramos caso, nos inclinaríamos a pensar que todos los progresos de las técnicas de producción beneficiarían exclusivamente a una restringida esfera social, mientras que las masas se van empobreciendo progresivamente. Pero basta pararse un momento a reflexionar para ver que los resultados de todas las innovaciones técnicas e industriales se traducen en una satisfacción cualitativamente mejor de las necesidades de las masas. Todas las grandes industrias productoras de bienes finales trabajan directamente por el bienestar de las grandes masas, y para el mismo fin trabajan también todas las industrias productoras de semielaborados y de maquinaria. Los grandes desarrollos industriales de las últimas décadas, así como los del siglo XVIII, que con expresión ciertamente no muy feliz conocemos como «revolución industrial», tuvieron como efecto cabalmente una satisfacción cualitativamente mejor de las necesidades de las masas. El desarrollo de la industria textil, de la industria del calzado mecanizada y de las industrias alimentarias se tradujo en beneficio de las grandes masas por la naturaleza misma de tales sectores, con el resultado de que las propias masas hoy se visten y se alimentan mejor que en otro tiempo. Pero la producción en masa no se preocupa sólo de alimentar, vestir y dar cobijo a las grandes masas, sino también de otras necesidades. La prensa es una industria de masas, lo mismo que la industria cinematográfica, e incluso los teatros y otros lugares artísticos son cada vez más frecuentados por las masas.

No obstante, gracias a una machacona agitación de los partidos antiliberales que desfigura completamente los hechos, hoy se asocia a los conceptos de liberalismo y capitalismo la imagen de una miseria creciente y una desbordante pauperización del mundo. Es cierto que la demagogia no ha conseguido depreciar enteramente los términos «liberal» y «liberalismo» tal como habría deseado. En el fondo no es fácil desembarazarse del hecho de que estos dos términos, a pesar de los esfuerzos de la agitación antiliberal, evocan algo de lo que toda persona sana advierte en su interior cuando oye pronunciar la palabra «libertad». La agitación antiliberal renuncia entonces a pronunciar con demasiada frecuencia la palabra «liberalismo» y prefiere más bien ligar al término «capitalismo» las situaciones escandalosas que atribuye al sistema. En efecto, el término «capitalismo» sugiere la imagen del capitalista de corazón de piedra que no piensa más que en su propio enriquecimiento, aunque el único medio para conseguirlo sea la explotación de su prójimo. Son muy pocos los que, cuando contemplan la imagen del capitalista, son conscientes de que un verdadero ordenamiento social capitalista en sentido liberal comporta, por su propia naturaleza, que el único modo de enriquecerse, para el capitalista y el empresario, es el de proporcionar al prójimo aquello que éste piensa que necesita. En lugar de hablar de capitalismo cuando se discute de los enormes progresos del tenor de vida de las masas, la agitación antiliberal prefiere hablar de capitalismo tan sólo cuando se refiere a uno cualquiera de los fenómenos que fueron posibles precisamente porque se renunció al liberalismo. Que el capitalismo pusiera a disposición de las masas, por poner un ejemplo, un bien de consumo y de alimento agradable como el azúcar, esto no se dice. Del capitalismo en relación con el azúcar se habla en cambio solamente cuando en un país el precio del azúcar sube por encima del precio de mercado como consecuencia de la formación de un cártel de productores. ¡Como si tal cosa fuera siquiera imaginable si se aplicaran los principios liberales! En un Estado liberal, en el que no existen tarifas protectoras, no sería siquiera imaginable la formación de cárteles capaces de elevar el precio de una mercancía por encima del que se forma en el mercado mundial.

La argumentación con la que la demagogia antiliberal llega a adosar todas las distorsiones y las consecuencias negativas típicas de la política antiliberal precisamente al liberalismo y al capitalismo, es la siguiente: empieza afirmando que los principios liberales tienen como objetivo favorecer los intereses de los capitalistas y de los empresarios contra los intereses de los demás estratos sociales, de suerte que el liberalismo estaría a favor de los ricos contra los pobres; luego observa que muchos empresarios y capitalistas, sobre la base de ciertas premisas, se baten a favor de los aranceles protectores y otros a su vez incluso a favor de los armamentos —y ahí los tenemos, listos para declarar que todo esto es política capitalista—. La realidad es totalmente diferente. El liberalismo no es una política que fomente los intereses de esta o aquella clase social, sino una política a favor de los intereses de la colectividad. No es, pues, que los empresarios y los capitalistas tengan particular interés en preferir el liberalismo. Su interés en preferir el liberalismo es idéntico al de cualquier otro individuo. Es posible que el interés particular de algunos empresarios o capitalistas coincida con el programa del liberalismo en algún caso particular, pero los intereses particulares de otros empresarios o capitalistas se les oponen siempre. En realidad las cosas no son tan simples como se las imaginan quienes ven por todas partes «intereses» y «gente interesada». El hecho de que, por ejemplo, un Estado introduzca aranceles protectores sobre el hierro no puede explicarse simplemente por la circunstancia de que esos aranceles beneficien a los industriales siderúrgicos. Existen en el país también otros sujetos con otros intereses, incluso entre los empresarios, y en todo caso quienes se benefician del arancel sobre el hierro son una minoría insignificante. Tampoco puede suponerse que tenga algo que ver la corrupción, ya que los corruptos son también sólo una minoría. Además, ¿por qué los que corrompen tienen que ser los unos, los proteccionistas, y no también sus adversarios, los librecambistas? La ideología que hace posible el proteccionismo no la crean ni los «directamente interesados» ni los que se dejan comprar por ellos; la crean los ideólogos que regalan al mundo las ideas a las que luego todo se conforma.

En nuestra época, en la que triunfan las ideas antiliberales, todos razonan en términos antiliberales, así como hace cien años la mayoría razonaban en términos liberales. Si hoy muchos empresarios defienden el proteccionismo, ésta no es sino la forma que adopta su antiliberalismo. Pero todo esto nada tiene que ver con el liberalismo.

6. LAS RAÍCES PSICOLÓGICAS DEL ANTILIBERALISMO

Los problemas de la cooperación social que este libro se propone discutir sólo pueden analizarse con argumentos racionales. Con el racionalismo, obviamente, no se llega a captar el núcleo duro de la resistencia contra el liberalismo, ya que ésta no proviene de la razón, sino de una actitud psicológica que tiene aspectos patológicos: de un resentimiento y de un complejo que podemos llamar «complejo de Fourier», del nombre del célebre socialista francés.

Sobre el resentimiento, sobre la actitud malévola fruto de la envidia, poco hay que decir. El resentimiento entra en juego cuando alguien, aun encontrándose en condiciones bastante beneficiosas, odia hasta el punto de estar dispuesto a aceptar graves desventajas con tal de ver perjudicado el objeto de su odio. También muchos adversarios del capitalismo saben perfectamente que su condición sería menos favorable bajo cualquier otro sistema económico; pero aun siendo perfectamente conscientes de esto, se baten por una reforma, por ejemplo, el socialismo, porque esperan que también el rico al que envidian salga perdiendo. Repetidamente hemos oído decir a los socialistas que incluso la miseria material en la sociedad socialista será más soportable porque se tiene por lo menos la certeza de que nadie estará mejor.

En todo caso, el resentimiento puede combatirse si se emplean argumentos racionales. En definitiva, no es demasiado difícil explicar a quien está dominado por el resentimiento que su problema no puede ser empeorar la situación de quien está mejor, sino mejorar la propia.

Mucho más difícil es combatir contra el complejo de Fourier. Es éste una grave patología psicológica, una auténtica neurosis que debería interesar más a la psicología que a la política. Sin embargo, hoy es imposible fingir ignorar su existencia cuando se indagan los problemas de la sociedad moderna. Por desgracia, los médicos no se han ocupado nunca hasta ahora de las tareas que les plantea el complejo de Fourier; tampoco Freud, el gran maestro del psicoanálisis, ni su escuela, han prestado atención a este problema en su teoría de la neurosis, aunque hay que agradecer a la psicología que haya descubierto la única vía que conduce al conocimiento de este conjunto de cuestiones.

Es posible que ni una persona entre un millón alcance en su vida las metas a las que ha aspirado. El éxito, incluso para aquéllos a quienes sonríe la fortuna, es siempre con mucho inferior a la realidad que los ambiciosos sueños cotidianos permitían esperar en la juventud. Proyectos y deseos se quiebran en mil resistencias, y nos damos cuenta de que nuestras fuerzas son demasiado débiles para alcanzar las metas ideales que nos habíamos fijado. El naufragio de las esperanzas, el fracaso de los proyectos, nuestra insuficiencia ante los retos que otros nos ponen o que nos habíamos puesto nosotros mismos, son la experiencia más importante y dolorosa que cada uno de nosotros ha vivido, son el destino típico del hombre.

El hombre puede reaccionar a este destino de dos modos. Uno es el que sugiere la sabia visión de la vida de Goethe: «¿Acaso crees que deba odiar la vida y refugiarme en el desierto, sólo porque no todos mis sueños en ciernes maduraron?» —exclama su Prometeo—. Y Fausto comprende, en el «momento supremo», que «la clave última está en la sabiduría»: «La libertad, como la vida, sólo se merece si se está obligado a conquistarla a diario». No hay destino terreno adverso que pueda vencer esta voluntad y este espíritu. Quien toma la vida como es y no se deja oprimir por ella, no tiene necesidad de consolarse con el autoengaño sistemático y buscar en él un refugio a la propia autoconciencia lacerada. Si el éxito esperado no se realiza, si los golpes del destino frustran de improviso todo cuanto se ha obtenido en años de fatiga, él multiplica sus esfuerzos. Al destino adverso sabe mirarle a la cara sin cesiones.

El neurótico, en cambio, no puede soportar que la vida se le presente con su verdadero rostro. Para él la vida es demasiado burda, prosaica, grosera. Para hacerla soportable, no quiere, como hace la persona sana, «seguir adelante resistiendo a cualquier violencia»; su debilidad se lo impediría. Y entonces se refugia en una idea obsesiva. Según Freud, la idea obsesiva es «eso que se desea, una especie de consolación», caracterizada por «su resistencia a los ataques de la lógica y de la realidad». Por eso no basta explicarle al enfermo su insensatez con argumentos convincentes; para curarse, el enfermo tiene que superarla por sí mismo, debe aprender a comprender por qué no quiere soportar la verdad y busca refugio en sus obsesiones.

Sólo la teoría de la neurosis puede explicar el éxito que obtuvo el fourierismo, producto demencial de un cerebro gravemente enfermo. No es éste el lugar para demostrar la psicosis de Fourier mediante una cita puntual de los pasajes de sus escritos; esto es algo que sólo interesa a los psiquiatras o acaso a quienes se divierten leyendo las ocurrencias de una desenfrenada fantasía. Pero es importante observar que el marxismo siempre que se ve obligado a abandonar el terreno de la palabrería dialéctica y de la ridiculización y difamación del adversario, y a hacer finalmente un razonamiento objetivo, no sabe presentar otra cosa que Fourier, la «utopía». Tampoco el marxismo consigue construir el modelo de sociedad socialista sino recurriendo a dos temas ya adoptados por Fourier, y que contradicen cualquier experiencia y lógica. Por una parte, la idea de que «el substrato material» de la producción, que «existe por naturaleza y por tanto sin intervención del hombre», está disponible en medida tan abundante que no es necesario economizarlo, de donde la fe en un «aumento prácticamente ilimitado de la producción». Por otra, la idea de que en la comunidad socialista el trabajo se transformará, no será ya «una carga sino un placer»; mejor dicho, se convertirá en «la primera necesidad vital». Cuando todos los bienes existen en abundancia y el trabajo es un placer, es claro que no es difícil construir el país de Jauja.

El marxismo cree que puede mirar con supremo desprecio, desde lo alto de su «socialismo científico», a los románticos y al romanticismo. Pero en realidad su procedimiento no es muy distinto; tampoco él elimina los obstáculos que se oponen a la realización de sus deseos, sino que se contenta con desvanecerlos en sus fantasías.

En la vida del neurótico el autoengaño desempeña una doble función. Sirve para consolar por los fracasos y para esperar en los éxitos futuros. En el caso del fracaso social —el único que aquí nos interesa— la consolación consiste en convencerse de que la no consecución de las ambiciosas metas perseguidas no debe atribuirse a su incapacidad sino a las carencias del ordenamiento social. El frustrado espera entonces obtener del derrocamiento del orden social existente el éxito que éste le ha negado. Y es totalmente inútil tratar de hacerle comprender que el Estado futuro que él sueña es irrealizable, y que la sociedad basada en la división del trabajo no puede sostenerse sino sobre la propiedad privada de los medios de producción. El neurótico se aferra tenazmente al engaño que se ha construido con sus propias manos, y cuando se encuentra ante la elección entre renunciar a él o al razonamiento lógico, prefiere sacrificar la lógica. Puesto que la vida le sería insoportable sin la consolación que encuentra en la idea socialista, la cual, mostrándole que los errores que han ocasionado su fracaso no dependen de su persona sino que están inscritos en el curso mismo de las cosas, levanta su autoconciencia postrada y le libera de su torturador sentimiento de inferioridad. Como el fiel cristiano puede aceptar fácilmente las desventuras terrenas porque espera la continuidad en la existencia individual en un mundo mejor ultraterreno, en el que quienes en la tierra fueron los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros, así para el hombre moderno el socialismo se ha convertido en el elixir contra el malestar de este mundo terreno. Pero mientras que la fe en la inmortalidad, la recompensa en el otro mundo y la resurrección han representado un estímulo a la regeneración virtuosa en este mundo, los efectos de la promesa socialista son totalmente distintos. Esta promesa no sabe imponer otro deber que el defender la política de partido del socialismo, que en compensación regala expectativas y reclamaciones.

Si ésta es la característica de la idea socialista, se comprende que todo seguidor del socialismo espere de él todo lo que le ha sido negado. Los autores socialistas prometen a todos no sólo la riqueza sino también la felicidad y el amor, el pleno desarrollo psíquico y físico de la personalidad, el despliegue de grandes potencialidades artísticas y científicas, etc. Recientemente sostuvo Trotski en un escrito que en la sociedad socialista el «nivel medio de la humanidad (…) se elevará a las alturas de un Aristóteles, de un Goethe, de un Marx». El paraíso socialista será el reino de la perfección, habitado por auténticos superhombres irremediablemente felices. De semejantes absurdos está llena toda la literatura socialista. Pero son precisamente estos absurdos los que ganan para el socialismo la mayoría de sus adeptos.

No se puede, ciertamente, llevar al psicoanalista a todo el que sufra el complejo de Fourier, pues lo impediría, si no otra cosa, el número enorme de afectados. Aquí la única medicina es confiar al enfermo mismo la curación de su enfermedad. Mediante el conocimiento de sí mismo debe aprender a soportar su destino sin ir en busca de chivos expiatorios a los que echar todas las culpas; y debe intentar comprender cuáles son las leyes básicas de la cooperación social entre los hombres.

CAPÍTULO I

Los fundamentos de una política liberal

1. LA PROPIEDAD

La sociedad humana es una asociación de individuos para una acción común. Una acción común regulada por el principio de la división del trabajo tiene la ventaja de una mayor productividad frente a la acción aislada de los individuos. Si un cierto número de individuos da un marchamo común a la propia acción, sobre la base de la división del trabajo, produce, en igualdad de condiciones, no sólo la misma cantidad de cosas que habrían producido cada uno por su cuenta, sino una cantidad muy superior. Todo el proceso de civilización del hombre se basa en esta mayor productividad del trabajo, basado a su vez en el principio de la división del mismo. Fue la división del trabajo la que hizo del hombre, débil y físicamente inferior a la mayor parte de los animales, el dominador de la tierra y el creador de las maravillas de la técnica. Sin la división del trabajo hoy no aventajaríamos desde ningún punto de vista a nuestros progenitores de hace mil o diez mil años.

El trabajo humano, por sí solo, no es capaz de aumentar nuestro bienestar. Para poder dar frutos, tiene que aplicarse a la tierra que la naturaleza pone a nuestra disposición, y a sus materias primas y fuentes de energía. El suelo —con todas sus materias primas y fuentes energéticas potenciales— y el trabajo humano son los dos factores de producción de cuya cooperación funcional derivan todas las cosas utilizables que sirven para satisfacer nuestras necesidades materiales. Para producir, hay que disponer de trabajo y de factores de producción materiales; es decir, tanto de las fuentes de energía y de los bienes primarios que la naturaleza pone a nuestra disposición y que están esencialmente ligados a la tierra, como de aquellos productos intermedios que el trabajo precedente del hombre ha creado con los factores de producción primarios naturales. Dicho en el lenguaje de la economía política, nosotros distinguimos, por tanto, tres factores de producción: el trabajo, la tierra y el capital. Por «tierra» entendemos todas las materias primas y fuentes de energía que la naturaleza pone a nuestra disposición encima, debajo y más allá de la superficie terrestre, en las aguas y en el aire. Con la expresión «bienes de capital» se entienden todos los productos intermedios generados por la tierra con ayuda del trabajo humano —como las máquinas, los instrumentos, los productos semielaborados de todo tipo— y que deben servir para la producción ulterior.

Aquí vamos a considerar ante todo dos modos distintos de organizar la cooperación humana basada en la división del trabajo: el que se basa en la propiedad privada de los medios de producción y el que se basa en la propiedad colectiva. Este último sistema se denomina socialismo o comunismo, mientras que el primero se conoce como liberalismo o también —desde que el mismo creó en el siglo XIX una organización de la división del trabajo extendida a todo el mundo— con el término de capitalismo. Los liberales sostienen que el único sistema de cooperación humana realizable en la sociedad basada en la división del trabajo es el que prevé la propiedad privada de los medios de producción. Sostienen que el socialismo como sistema global aplicado a todos los medios de producción es inviable, y que también su aplicación limitada a una parte de los mismos, aunque teóricamente no imposible, conduciría sin embargo a la reducción de la productividad del trabajo, y por tanto no sólo no podría crear mayor riqueza, sino que, al contrario, la haría disminuir inevitablemente.

Así, pues, el programa del liberalismo podría resumirse en una sola palabra, propiedad, entendida como propiedad privada de los medios de producción (ya que para los bienes de consumo la propiedad privada es algo obvio que ni siquiera los socialistas y los comunistas cuestionan). Todas las reivindicaciones específicas del liberalismo se derivan de este postulado fundamental.

Pero en el programa del liberalismo sería más oportuno poner en primer lugar, junto a la palabra «propiedad», las palabras «libertad» y «paz». No sólo porque el viejo programa liberal las puso siempre junto a la palabra «propiedad». En efecto, ya hemos explicado que el programa actual del liberalismo ha superado al del viejo liberalismo, y que hoy se ocupa de un análisis más profundo y atento de las cosas y de su contexto, consciente de la necesidad de aprovecharse de los progresos de la ciencia en los últimos decenios. El motivo de que los términos «libertad» y «paz» hayan de ponerse en el primer lugar del programa liberal no radica, pues, en el hecho de que muchos viejos liberales los consideraran como principios perfectamente coordinados con el liberalismo y no simplemente como una consecuencia del único principio de la propiedad privada de los medios de producción. La verdadera razón es que esos dos términos han sido objeto de ataques particularmente violentos por parte de los adversarios del liberalismo, y que no conviene dar la impresión, omitiéndolos, de que se reconoce de algún modo la legitimidad de las objeciones formuladas contra los mismos.

2. LA LIBERTAD

La idea de libertad se halla tan enraizada en todos nosotros que durante mucho tiempo nadie osó cuestionarla. La gente se acostumbró a hablar de libertad sólo con la mayor reverencia; sólo Lenin se atrevió a calificarla de «prejuicio burgués». Aunque todo esto a menudo se olvida actualmente, se trata sin embargo de una conquista del liberalismo. El propio término de «liberalismo» deriva precisamente de «libertad», mientras que el nombre del partido opuesto a los «liberales» (ambas denominaciones proceden de las batallas constitucionales españolas de las primeras décadas del siglo XIX) era el de partido de los «serviles».

Antes de la aparición del liberalismo, incluso grandes filósofos, grandes fundadores de religiones y eclesiásticos animados de las mejores intenciones, así como grandes estadistas que amaban sinceramente a sus pueblos, consideraron al unísono la esclavitud como una institución legítima, útil a todos e incluso beneficiosa. Se pensaba que existen hombres y pueblos destinados por la naturaleza a ser libres y otros destinados a no serlo. Y quienes así pensaban no eran sólo los amos, sino también gran parte de los propios esclavos. Éstos aceptaban la esclavitud no sólo porque se veían forzados a adaptarse al poder superior de los amos, sino también porque en ello veían un aspecto positivo; al esclavo se le descargaba de la preocupación de buscarse el pan cotidiano, ya que correspondía al amo atender a sus necesidades elementales. Cuando en el siglo XVIII y en la primera mitad del XIX empezó el liberalismo a abolir la servidumbre de la gleba y la sujeción de las poblaciones campesinas en Europa, y la esclavitud de los negros en las colonias de Ultramar, no pocos filántropos sinceros manifestaron su contrariedad. Decían que los trabajadores no libres se habían acostumbrado a su condición de falta de libertad y no la sentían en modo alguno como un peso insoportable; que aún no estaban maduros para la libertad y que no sabían qué hacer con ella; que la pérdida de la protección de sus amos les perjudicaría enormemente; que no estarían en condiciones de administrar su propia vida de modo que pudieran disponer siempre de lo necesario y no tardarían en caer en la miseria. Por un lado, pues, con la emancipación no ganarían nada realmente importante; por otro, perjudicarían gravemente la mejora de sus condiciones materiales.

Lo sorprendente era que estas mismas opiniones podían oírse de boca de personas carentes de libertad. Para contrarrestar estas concepciones, muchos liberales creían que había que generalizar y a veces incluso denunciar de manera exagerada algunos casos de tratos crueles de los esclavos y de los siervos de la gleba que en realidad no eran más que fenómenos excepcionales. Los excesos no eran ciertamente la regla; los había sin duda de manera esporádica, y el hecho de que los hubiera fue también un motivo para abolir tal sistema. Pero lo normal era un tratamiento humano y benévolo de los siervos por parte de sus amos.

Cuando a quienes recomendaban la abolición de la esclavitud sólo por motivos genéricamente humanitarios se les objetaba que el mantenimiento del sistema sería también interés de los propios esclavos, no tenían ningún argumento serio con que replicar. Pues para replicar a esta objeción a favor de la esclavitud sólo existe un argumento que refuta y siempre ha refutado todos los demás: que el trabajo libre es incomparablemente más productivo que el trabajo efectuado por quien no es libre. El trabajador no libre no tiene interés alguno en emplear seriamente sus propias fuerzas. Trabaja, pues, cuanto basta y con la asiduidad suficiente para evitar las sanciones previstas para quien no respeta los mínimos de trabajo. El trabajador libre, en cambio, sabe que puede mejorar su propia remuneración cuanto más intensifica la prestación laboral. Emplea plenamente sus fuerzas para aumentar su renta. Compárese, por ejemplo, el esfuerzo que exige del trabajador el manejo de un moderno tractor con el empleo relativamente limitado de inteligencia, fuerza y atención que hace apenas dos generaciones se consideraba suficiente para el siervo de la gleba para efectuar el mismo trabajo con el arado. Sólo el trabajo libre puede efectuar las prestaciones que se le exigen a un trabajador industrial moderno.

Sólo, pues, estúpidos charlatanes pueden discutir interminablemente si todos los hombres están o no destinados a ser libres o si están o no maduros para la libertad. Que defiendan, si quieren, la existencia de razas y pueblos predestinados por la naturaleza a la servidumbre, y que las razas dominadoras tendrían el deber de mantener a los siervos en su estado de falta de libertad. El liberal no tiene ganas de refutar sus argumentos porque su demostración a favor de la libertad para todos, sin distinción alguna, es de una naturaleza totalmente distinta. Los liberales no sostenemos que Dios o la naturaleza hayan destinado a todos los hombres a la libertad. Y no lo hacemos porque nada sabemos sobre las intenciones de Dios o de la naturaleza, y en principio evitamos mezclarlos en una disputa sobre cosas terrenales. Lo que sostenemos es simplemente que un sistema basado en la libertad de todos los trabajadores garantiza la máxima productividad del trabajo humano y por tanto atiende los intereses de todos los habitantes de este mundo. Nosotros luchamos contra la servidumbre involuntaria de los trabajadores no a pesar de que sea ventajosa para los «señores», sino porque estamos convencidos de que en definitiva perjudica a todos los miembros de la sociedad humana y por tanto también a los «señores». Si la humanidad hubiera permanecido bloqueada en la condición de una falta de libertad de parte o incluso de la totalidad de los trabajadores, no habría sido posible el magnífico desarrollo de las fuerzas económicas que los últimos ciento cincuenta años han producido. No habríamos tenido ferrocarriles ni automóviles, aviones y locomotoras, la producción de energía motriz y eléctrica, la gran industria química —cosas todas ellas que los griegos y los romanos no tuvieron, a pesar de su genialidad—. Basta solamente mencionar estas cosas para que todos comprendan que incluso los amos de esclavos y siervos de la gleba tienen todos los motivos para estar satisfechos de cómo se han desarrollado las cosas tras la abolición de la esclavitud de los trabajadores. Un trabajador europeo de nuestro tiempo vive en condiciones materiales más favorables y más confortables que las de un faraón de Egipto, por más que éste tuviera a su servicio millares de esclavos, mientras que el trabajador no tuviera para aumentar su bienestar más que la fuerza y la habilidad de sus propias manos. Si fuera posible trasladar un nabab de aquellos tiempos a las condiciones en que hoy vive un ciudadano común, no hay duda de que diría que su vida fue realmente mísera frente a la que puede permitirse el más modesto ciudadano de nuestros días.

Tal es el fruto del trabajo libre: consigue crear para todos más riqueza que la que jamás creara en el pasado sólo para los amos el trabajo no libre.

3. LA PAZ

Hay personas con elevados sentimientos que rechazan la guerra por ser causa de muertos y heridos. No podemos menos de admirar los genuinos sentimientos humanitarios que se manifiestan en este argumento. Sin embargo, el factor filantrópico parece que pierde mucha o toda su fuerza si examinamos los argumentos belicistas, que no niegan en absoluto que la guerra acarrea dolores y sufrimientos, pero que, a pesar de ello, la consideran el único medio capaz de impulsar el progreso de la humanidad. La guerra es la madre de todas las cosas, afirmó un filósofo griego, y millares de personas lo han repetido después de él. Los hombres —dicen— se agostan en la paz; sólo la guerra despierta en ellos las capacidades y las fuerzas adormecidas y le impelen a dar lo mejor de sí. Si se eliminara la guerra, la humanidad caería en un estado de indolencia y estancamiento.

Es difícil y hasta imposible refutar este argumento de los belicistas si contra la guerra no se opone otro argumento que el que comporta sacrificios, ya que los belicistas sostienen precisamente que estas víctimas no se sacrifican en vano y que el precio a pagar merece la pena. Si efectivamente fuera cierto que la guerra es la madre de todas las cosas, sus costes en términos de vidas humanas serían necesarios para promover el bienestar general y el progreso de la humanidad. Sería posible lamentarse por las víctimas, se podría también tratar de reducir su número por todos los medios, pero no se podría por ello abolir la guerra y pensar en la paz perpetua.

La crítica liberal a la teoría de la guerra como madre de todas las cosas difiere en principio de la crítica filantrópica. Parte de la premisa de que la madre de todas las cosas no es la guerra sino la paz. Lo único que hace que la humanidad progrese y que se distinga del mundo animal es la cooperación social. Sólo el trabajo construye, crea riqueza y pone así las bases materiales del progreso espiritual del hombre. La guerra no hace más que destruir, jamás puede construir. Si con las fieras de la jungla tenemos en común la guerra, la carnicería, la destrucción y el exterminio, sólo el trabajo constructivo es lo que nos hace verdaderamente hombres. Al liberal le horroriza la guerra, pero no, como piensa el filántropo, a pesar de sus posibles consecuencias beneficiosas, sino porque la misma no puede tener sino consecuencias nefastas.

El pacifista filantrópico se dirige al poderoso de la tierra con estas palabras: «No hagas la guerra ni aun cuando tengas la perspectiva de incrementar tu bienestar con la victoria. Sé noble y magnánimo, y renuncia a la posible victoria aunque la pérdida de los posibles beneficios representara para ti un sacrificio». Pero el liberal razona de otro modo. Está convencido de que una guerra victoriosa es un mal también para quien la gana, y que la paz es siempre preferible a la guerra. Al poderoso no le pide ningún sacrificio. Le pide tan sólo que calcule su verdadero interés y aprenda a comprender que la paz es ventajosa también para él como lo es para el más débil. Si un pueblo pacífico es agredido militarmente por un enemigo, debe defenderse y hacer todo lo que esté en su poder para rechazar la agresión. Si en una guerra así los ciudadanos combaten por la propia libertad y la propia vida y realizan actos heroicos, merecen la alabanza y es justo que el valor y la osadía de estos combatientes sean condecorados con la medalla al valor. En este caso, la audacia, el heroísmo y el desprecio del peligro y de la muerte merecen la alabanza, pues están al servicio de un fin digno. El error en cambio está en elevar estas virtudes militares a virtudes absolutas, a cualidades nobles en sí y por sí, con independencia del fin a cuyo servicio están. En tal caso, por coherencia, habría que reconocer como nobles virtudes también la audacia y el desprecio del peligro y de la muerte del bandido. La verdad es que no existe nada que sea en sí y por sí un bien o un mal. Las acciones humanas son buenas o malas sólo en relación con el fin al que sirven y a las consecuencias que comportan. Tampoco Leónidas merecería nuestro elogio si hubiera caído no como defensor de su patria sino como jefe de un ejército agresor que pretendiera privar a un pueblo pacífico de su libertad y de sus propiedades.

Los efectos nocivos de la guerra para el desarrollo del proceso de civilización humana resultan evidentes a todo el que haya comprendido la utilidad de la división del trabajo. Es la división del trabajo la que transforma al hombre autosuficiente en el zoon politikon de que hablaba Aristóteles, en el ser social que depende de sus semejantes. Si un animal agrede a otro animal o el salvaje choca contra otro salvaje, ello no altera los presupuestos y las bases económicas de su existencia. Pero si entre los miembros de una sociedad basada en la división del trabajo estalla un conflicto que sólo puede solventarse recurriendo a las armas, entonces la situación es distinta. En una sociedad tal, en la que los individuos viven en régimen de especialización de las tareas, esos individuos no están ya en condiciones de vivir independientes uno de otro, porque de hecho dependen de la ayuda y el apoyo recíprocos. Los agricultores autosuficientes que en sus tierras producen todo cuanto precisan para satisfacer sus necesidades personales y las de su familia, bien pueden combatir entre sí. Pero si una aldea se divide en dos facciones y el herrero y el zapatero se ponen en frentes opuestos, a una facción le faltarán los zapatos y a la otra los aperos y las armas. La guerra civil destruye, pues, la división del trabajo porque obliga a cada grupo a contar sólo con el trabajo de los compañeros de facción. Si se prevé la posibilidad de una situación conflictiva como ésta, deberá atenderse preventivamente a no desarrollar la división del trabajo hasta el punto de tener que afrontar dificultades cuando efectivamente se produzca el conflicto. El desarrollo pleno de la división del trabajo sólo es posible si está permanentemente garantizada una convivencia pacífica. Si falta este presupuesto de una paz garantizada, la división del trabajo no supera los confines de la aldea, y acaso tampoco los del núcleo familiar. La división del trabajo entre ciudad y campo —gracias a la cual los campesinos de las aldeas circundantes proporcionan a las ciudades productos agrícolas esenciales a cambio de productos industriales— presupone ya una paz garantizada al menos en el ámbito territorial local. Para extender la división del trabajo dentro del territorio nacional habría que excluir la guerra civil incluso como posibilidad. Y para extenderla a todo el mundo habría que garantizar la paz permanente entre los pueblos.

Cualquiera consideraría hoy sencillamente absurdo que una ciudad moderna como Londres o Berlín hiciera la guerra contra los habitantes del entorno. Pero durante muchos siglos las ciudades de Europa hubieron de tener presente también esta eventualidad, y se equiparon económicamente para hacerla frente. Muchas ciudades construyeron desde el principio sus fortificaciones de tal modo que pudieran resistir durante mucho tiempo dentro de las murallas criando animales y produciendo el trigo necesario para casos de emergencia.

Todavía a principios del siglo XIX la mayor parte de la Tierra habitada estaba dividida en una serie de áreas económicas más o menos autosuficientes. Incluso en las zonas más desarrolladas de Europa las necesidades de una pequeña región se cubrían con la producción de la misma. El comercio que superaba los estrechos límites de los territorios colindantes era relativamente modesto y comprendía aproximadamente sólo las mercancías que por razones climáticas era imposible producir en el lugar. En la mayor parte del mundo todas las necesidades de los habitantes de una aldea se cubrían con la producción local. De modo que una eventual interrupción de las relaciones comerciales causada por una guerra no comprometía seriamente su vida económica. Pero tampoco los habitantes de las regiones más desarrolladas de Europa habrían sufrido excesivamente. Aun cuando el bloqueo continental a que Napoleón I sometió a Europa para impedir la importación de mercancías inglesas de Ultramar y de las que sólo podían adquirirse a través de la mediación inglesa hubiera sido más rígido, no habría forzado igualmente a los habitantes del continente a renuncias excesivas. Tal vez habrían tenido que renunciar al café y al azúcar, al algodón y a los tejidos de algodón, a las especias y a ciertas plantas raras, pero se trataba de mercancías que sólo representaban un papel secundario en los hogares de amplios estratos sociales.

La compleja red de relaciones económicas internacionales es producto del liberalismo y del capitalismo del siglo XIX. Sólo gracias a ella fueron posibles la enorme especialización de la producción moderna y los extraordinarios progresos tecnológicos. Para proporcionar a la familia de un obrero inglés todo lo que le gusta consumir, cooperan todos los países de los cinco continentes. El té para el desayuno proviene de Japón o de Ceilán, el café de Brasil o de Java, el azúcar de las Indias Occidentales, la carne de Australia o de Argentina, el vino de España o de Francia, la lana llega de Australia, el algodón de América o de Egipto, el cuero de la India o de Rusia, etc. Y a cambio de todo esto las mercancías inglesas van a todo el mundo, a los más lejanos y perdidos pueblos y aldeas. Este desarrollo fue posible porque, tras la victoria de los principios liberales, nadie tomó ya en serio la idea de que pudiera estallar una gran guerra. En la época del máximo florecimiento del liberalismo se pensaba por lo general que las guerras entre los pueblos de raza blanca no eran ya más que cosas del pasado.

Pero los acontecimientos fueron en una dirección muy distinta. Las ideas y los programas liberales fueron sustituidos por el socialismo, el nacionalismo, el proteccionismo, el imperialismo, el estatismo y el militarismo. Si Kant y von Humboldt, Bentham y Cobden habían cantado las glorias de la paz perpetua, los representantes de los nuevos tiempos no se cansaron jamás de exaltar la guerra civil y la guerra entre las naciones. Su éxito no se hizo esperar. El resultado fue la guerra mundial, que nos ha dado una especie de lección objetiva sobre la incompatibilidad entre guerra y división del trabajo.

4. LA IGUALDAD

El problema de la igualdad nos permite mejor que ningún otro ilustrar de la manera más clara y directa la diferencia de argumentación que existe entre el viejo y el nuevo liberalismo y entre los distintos modos de razonar. Los liberales del siglo XVIII, guiados por las ideas iusnaturalistas e iluministas, reivindicaban la igualdad universal de los derechos políticos y civiles, pues partían de la premisa de que todos los hombres son iguales. Según esta premisa, Dios ha creado a todos los hombres iguales, les ha dotado de iguales fuerzas elementales y de iguales aptitudes, y en todos ha infundido el soplo de su espíritu. Todas las diferencias entre los hombres son artificiales, fruto de instituciones sociales, humanas, y por tanto transitorias. El elemento que no cambia —su espíritu— es sin duda idéntico en el pobre y en el rico, en el noble y en el hombre común, en el blanco y en el de color.

Sin embargo, la supuesta igualdad de todos los hombres es una afirmación que se apoya en bases sumamente frágiles. En realidad, los hombres son sumamente desiguales. Incluso entre hermanos y hermanas existen las mayores diferencias de carácter físico y moral. La naturaleza no se repite en sus creaciones, no fabrica artículos en serie, no prevé la producción de modelos estandarizados. El hombre que sale de la fábrica de la naturaleza lleva el sello de la individualidad, de la originalidad y de la irrepetibilidad. Los hombres no son iguales, y el postulado de la igualdad ante la ley no puede basarse en la pretensión de que a los iguales se les debe igual tratamiento.

Hay dos razones distintas por las que los hombres deben recibir igual trato bajo la ley. A una de ellas nos referimos al analizar las razones contra la privación de la libertad personal de los hombres. Para conseguir la máxima productividad posible del trabajo humano, el trabajador debe ser libre, porque sólo el trabajador libre, que disfruta del producto de su trabajo en forma de salario, compromete al máximo sus propias fuerzas. La segunda razón se refiere al mantenimiento de la paz social. Ya hemos hablado de la necesidad de evitar cualquier perturbación del desarrollo pacífico. Ahora bien, es casi imposible mantener una paz duradera en una sociedad en la que son diferentes los derechos y los deberes de los distintos estamentos. Quien deslegitima a una parte de la población debe temer que los deslegitimados se coaliguen contra los privilegiados. Los privilegios de clase deben desaparecer si se quiere que cesen las luchas para acapararlos.

De ahí que esté totalmente injustificado dirigir al mundo en que el liberalismo realizó su postulado de la igualdad la objeción según la cual habría creado sólo una igualdad ante la ley y no una verdadera igualdad. Para hacer a los hombres efectivamente iguales no bastaría toda la fuerza de los hombres. Los hombres son y seguirán siendo desiguales. Sabias consideraciones de oportunidad, como las mencionadas más arriba, nos inducen a pretender que sean tratados igualmente ante la ley. Esto y nada más que esto ha querido el liberalismo. Tampoco podía querer más. No hay fuerza humana que pueda convertir a un negro en blanco. Pero se pueden conceder al negro los mismos derechos que al blanco y ofrecerle así la posibilidad de alcanzar las mismas metas en igualdad de prestaciones.

Los socialistas, sin embargo, sostienen que no basta hacer que los hombres sean iguales ante la ley, sino que también hay que garantizarles la misma renta para hacer que sean efectivamente iguales. No basta —dicen— abatir los privilegios de nacimiento y clase; hay que completar la labor y eliminar el mayor y más importante de los privilegios, el que garantiza la propiedad. Sólo entonces se realizará íntegramente el programa liberal, y el liberalismo coherente llevará finalmente al socialismo, es decir, a la eliminación de la propiedad privada de los individuos sobre los medios de producción.

Un privilegio es una institución a favor de un individuo o de un grupo de individuos a expensas del bienestar del resto de la población. El privilegio permanece intocable aunque perjudique a alguien —acaso a la mayoría— y no es útil para nadie a no ser para aquél en cuyo beneficio se creó. En el Estado feudal medieval el poder jurisdiccional era un cargo hereditario de determinados feudatarios. Éstos eran jueces porque heredaban el cargo de juez con independencia de las capacidades y de las cualidades morales indispensables para desempeñar sus funciones; y de hecho lo consideraban ni más ni menos que una lucrativa fuente de ingresos. El oficio de juez en el Estado feudal era un privilegio de señores de clase noble.

Si, en cambio, como sucede en los Estados Unidos de América, los jueces son elegidos de entre las personas más dotadas de conocimiento y experiencia jurídica, entonces no estamos ya en presencia de un «privilegio» de los juristas. Si se prefieren los juristas, no es por amor a los juristas mismos, sino por amor al bienestar público, porque se piensa que el conocimiento de la doctrina jurídica es un presupuesto indispensable para desempeñar el cargo de juez.

La cuestión de si una institución debe o no considerarse como un privilegio de determinados grupos, clases o personas no puede resolverse valorando sus eventuales ventajas o desventajas para esos grupos, clases o personas, sino valorando su utilidad para toda la colectividad. El hecho de que en un barco haya un capitán sólo y que todos los demás formen su tripulación, que obedece sus órdenes, es ciertamente una prerrogativa del capitán, pero no es privilegio del capitán el que posea efectivamente la capacidad de pilotar el barco entre los escollos y de hacerse así útil no sólo a sí mismo sino también a toda la tripulación.

Para determinar si una institución debe considerarse un privilegio de una persona o una clase no hay que preguntarse si beneficia a esa persona o a esa clase, sino si beneficia a la colectividad. Si llegamos a la conclusión de que sólo la propiedad privada de los medios de producción hace posible un intenso desarrollo de la sociedad humana, es claro que esto equivale a establecer que la propiedad privada no es un privilegio de los propietarios, sino una institución social para bien de todos, aunque al mismo tiempo puede ser particularmente agradable y útil a algunos.

Si el liberalismo defiende la propiedad privada, no lo hace por el interés de los propietarios. No quiere conservar la propiedad privada porque no podría aboliría sin herir los derechos de los propietarios. Si considera que la abolición de la propiedad privada sirve al interés de la colectividad, defendería su abolición sin la menor consideración por el eventual perjuicio que acarrearía a los propietarios. El hecho es que la conservación de la propiedad privada es interés de todos los estratos sociales. También el pobre, que nada tiene que pueda decir que es suyo, vive en nuestra sociedad incomparablemente mejor que en un sistema distinto que fuera incapaz de producir incluso una mínima parte de lo que se produce en el nuestro.

5. LA DESIGUALDAD DE RIQUEZA Y RENTA

Lo que más se critica en nuestro ordenamiento social es la desigualdad en la distribución de la riqueza y de la renta. Existen ricos y pobres, y existen ricos demasiado ricos y pobres demasiado pobres. Así, pues, lo primero que se nos ocurre es la distribución igualitaria de los bienes.

La primera objeción a esta propuesta es que no serviría para mucho, ya que el número de los que tienen poco supera enormemente al de los ricos, por lo que de una tal distribución el individuo sólo podría esperar un incremento insignificante de su bienestar. La objeción es justa, pero el argumento no es completo. Los defensores de la igualdad en la distribución de la renta olvidan el punto esencial: que la suma global que se puede distribuir —el producto anual del trabajo social— no es independiente de la manera en que la distribución se realiza. El hecho de que esa producción sea hoy tan grande no es un fenómeno natural o técnico, independiente de las condiciones sociales, sino consecuencia de nuestras instituciones sociales. Sólo porque en nuestro ordenamiento social es posible la desigualdad de riqueza y sólo porque esta desigualdad estimula a cada uno a producir lo más que puede al menor coste, dispone hoy la humanidad del total de riqueza anual que puede consumir. Si se eliminara este incentivo, la productividad se reduciría hasta el punto en que la cuota de renta per cápita, en igualdad de distribución, caería muy por debajo de la que hoy recibe incluso el más pobre.

Pero la desigualdad en la distribución de la renta tiene también una segunda función tan importante como la mencionada: la de hacer posible el lujo de los ricos.

Sobre el lujo se han dicho y escrito muchas estupideces. Contra los consumos de lujo se ha objetado que es injusto que haya quienes gozan de lo superfluo mientras que otros viven en la indigencia. El argumento aparentemente tiene cierto fundamento, pero sólo aparente, ya que si se demostrara que el lujo tiene una función precisa para la convivencia social, el argumento quedaría invalidado. Es lo que trataremos de demostrar.

Nuestra defensa del consumo de lujo no es, desde luego, la que a veces se oye por ahí, es decir, que hace circular el dinero entre la gente. Si los ricos no llevaran una vida lujosa —se dice—, los pobres no tendrían ingreso alguno. Pero esto es un puro disparate, pues si no hubiera lujo, el capital y el trabajo invertidos en la producción de bienes de lujo se invertirían en la producción de otros bienes, bienes de consumo de masas, artículos necesarios en lugar de «superfluos».

Para hacerse una idea exacta del significado social del lujo, es preciso ante todo comprender que el concepto de lujo es totalmente relativo. Lujo es un modo de vivir que contrasta con el de la gran masa de los contemporáneos. La concepción del lujo es, pues, esencialmente histórica. Mucha cosas que hoy nos parecen necesarias, en otro tiempo se consideraron un lujo. Cuando en la Edad Media una aristócrata bizantina casada con un dux veneciano introdujo en la mesa, en sustitución de la costumbre de comer con las manos, un utensilio de oro que podemos considerar el precursor de nuestro tenedor, los venecianos lo consideraron como un lujo blasfemo, hasta el punto de que cuando un día aquella señora contrajo una grave enfermedad, ellos interpretaron el acontecimiento como un justo castigo divino por su extravagancia antinatural. Hace dos o tres generaciones, en la propia Inglaterra tener baño en casa se consideraba un lujo; hoy lo hay en la casa de cualquier obrero de cierto nivel. Hace treinta y cinco años no existían aún los automóviles; hace veinte años poseer uno era signo de un tenor de vida particularmente lujoso; hoy en Estados Unidos incluso un obrero tiene su Ford. Tal es la evolución de la historia económica: el lujo de hoy es la necesidad de mañana. Todo progreso aparece primero como un lujo de pocos ricos para convertirse luego, al cabo de cierto tiempo, en la normal necesidad de todos. El lujo estimula al consumo y a la industria a inventar e introducir nuevos productos, y es por tanto uno de los factores dinámicos de nuestra vida económica. A él le debemos las progresivas innovaciones, que tanto han contribuido a elevar gradualmente el nivel de vida de todas las capas de la población.

La mayoría de nosotros no tiene simpatía por el rico haragán que pasa su vida sin trabajar, pensando sólo en pasárselo bien. Pero también él cumple una función en la vida del organismo social. Su lujo tiene un efecto de imitación, suscitando en las masas nuevas necesidades y estimulando a la industria a satisfacerlas. Hubo un tiempo en que sólo los ricos podían permitirse el lujo de viajar al extranjero. Schiller nunca vio las montañas suizas que cantó en su Guillermo Tell, aunque lindaban con su patria sueva. Goethe jamás visitó París ni Viena ni Londres. Hoy son centenares de miles los que viajan, y pronto serán millones.

6. LA PROPIEDAD PRIVADA Y LA ÉTICA

Al demostrar la función social y la necesidad de la propiedad privada de los medios de producción y de la consiguiente desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza, proporcionamos al mismo tiempo la demostración de la legitimidad ética de la propiedad privada y del orden social capitalista que en ella se basa.

La moral consiste en el respeto a los requisitos necesarios de la existencia social que deben exigirse a todos los individuos miembros de la sociedad. El individuo que vive en una isla desierta no tiene por qué obedecer a ninguna norma moral. Puede hacer tranquilamente lo que le apetezca, sin preocuparse del eventual daño que su comportamiento pudiera causar a otro. El hombre que vive en sociedad, en cambio, debe preocuparse, en todo lo que hace, no sólo de la propia conveniencia inmediata, sino también de la necesidad de respetar en todas sus acciones a la sociedad en cuanto tal. Ya que la vida del individuo en sociedad sólo es posible gracias a la sociedad misma, y cada individuo se vería gravemente perjudicado si se quebrara la organización social de la vida y de la producción. Cuando la sociedad exige el respeto de sí mismo por parte de los individuos en todas sus acciones y la renuncia a cualquier acción que, aun cuando pueda resultarle beneficiosa, perjudica sin embargo a la vida social, con ello no pretende ciertamente que el individuo se sacrifique por el interés ajeno. El sacrificio que le impone es tan sólo provisional, es una renuncia a una pequeña ventaja directa a cambio de otra mayor indirecta. La supervivencia de la sociedad como asociación de personas que trabajan y viven juntas es interés de todos y cada uno; quien sacrifica una ventaja momentánea para no poner en peligro la supervivencia de la sociedad no hace sino sacrificar una ventaja menor por otra mayor.

Frecuentemente se ha interpretado mal el sentido de este respeto por el interés general de la sociedad. Se ha pensado que su valor ético consiste en el hecho en sí del sacrificio, de la renuncia a un goce inmediato, y no se ha querido ver en cambio que el verdadero valor ético no está en el sacrificio en sí sino en el fin por el que se hace. Y así ha podido suceder que se descubriera un valor ético en el sacrificio en cuanto tal, en la renuncia en sí y por sí. Pero el sacrificio sólo es ético cuando sirve a un fin ético. Hay una diferencia abismal entre quien lo arriesga todo por una buena causa y quien lo sacrifica sin beneficio alguno para la sociedad.

Todo lo que contribuye a preservar el orden social tiene un valor ético; todo lo que le perjudica es inmoral. Por consiguiente, cuando llegamos a la conclusión de que una institución es beneficiosa para la sociedad, no puede objetarse que sea inmoral. Se pueden ciertamente tener opiniones distintas sobre la utilidad o el perjuicio de una institución social, pero cuando se concluye que es útil, no se puede ya pretender que, por alguna razón inexplicable, se la deba considerar como inmoral.

7. EL ESTADO Y EL GOBIERNO

La observancia de las normas morales es interés indirecto de cada uno, porque todos están interesados en el mantenimiento de la cooperación social entre los hombres; pero esa observancia impone a todos un sacrificio, aunque momentáneo, que será más que compensado por un beneficio mayor. Sin embargo, para comprender esto se precisa un cierto conocimiento de la conexión entre las cosas, y para conformar las propias acciones a este conocimiento se necesita cierta fuerza de voluntad. Quien no tiene este conocimiento, o bien lo tiene pero no posee la necesaria fuerza de voluntad para servirse de él, no está en condiciones de respetar voluntariamente las normas éticas. La situación no es distinta de la de las normas higiénicas que el individuo debería observar en interés de la propia salud. Es posible que alguien se abandone a excesos peligrosos para su salud, o por ejemplo consume estupefacientes o porque no conoce sus efectos negativos, o porque los conoce pero piensa que son menos negativos que la renuncia al disfrute inmediato que espera obtener del uso de los estupefacientes, o bien aún porque le falta la necesaria fuerza de voluntad para adecuar el propio comportamiento al conocimiento que tiene de sus efectos negativos. Hay quienes consideran justo que la sociedad se ocupe de hacer volver al buen camino a las personas que ponen en peligro la propia vida y la propia salud con comportamientos irracionales. Sostienen que los alcohólicos y los morfinómanos deben ser forzosamente sometidos a desintoxicación para obligarles a tener buena salud.

Más adelante nos ocuparemos de la controvertida cuestión sobre la conveniencia o no de semejante medida. Lo que por el momento nos urge es algo totalmente diferente, a saber, la cuestión de si a la gente cuyas acciones ponen en peligro la supervivencia de la sociedad se la debe forzar a abstenerse de hacerlo. El alcohólico y el adicto a las drogas se perjudican sólo a sí mismos con su conducta; quien quebranta las normas morales que gobiernan la vida social perjudica no sólo a sí mismo sino a los demás. La vida en sociedad sería totalmente imposible si quienes desean mantener la cooperación social, y se comportan en consecuencia, tuvieran que renunciar al uso de la violencia y la coacción para con los sujetos antisociales con el fin de impedirles socavar la sociedad con su comportamiento. Si así fuera, una minoría de sujetos asociales, o sea personas que no están dispuestas o no están en condiciones de hacer los sacrificios momentáneos que la sociedad les exige, podría hacer imposible todo tipo de sociedad. Sin el uso de la coerción y la violencia para con los enemigos de la sociedad sería imposible la convivencia humana.

Llamamos Estado al aparato social de compulsión y coerción que fuerza a la gente a obedecer las normas sociales; las normas conforme a las cuales procede el Estado se llaman Derecho; y los órganos que se ocupan de hacer funcionar el aparato coercitivo constituyen el Gobierno.

Existe, sin embargo, una secta que cree que se puede renunciar sin peligro alguno a toda forma de coacción y basa la sociedad enteramente en la obediencia voluntaria a las leyes de la moral. Los anarquistas consideran que el Estado, el ordenamiento jurídico y el gobierno son instituciones superfluas en un orden social que sirva realmente al bien de todos y no sólo a los intereses particulares de algunos privilegiados. Según ellos, el uso de la coerción y de la violencia sólo resulta necesario porque hay que defender nuestro orden social, que contempla la propiedad privada de los medios de producción. Pero si se eliminara la sociedad privada, todos sin excepción obedecerían espontáneamente las normas que exige la cooperación social.

Ya hemos señalado que esta doctrina es errónea en lo que concierne al carácter de propiedad privada de los medios de producción. Pero también es insostenible por otros motivos. El anarquista, con razón, no niega que toda forma de cooperación humana en la sociedad basada en la división del trabajo exige la observancia de algunas normas, aunque ello no siempre sea fácil para el individuo porque le exige un sacrificio ciertamente provisional pero en todo caso inmediato. Pero el anarquista se equivoca cuando supone que todos los individuos sin excepción están dispuestos a observar voluntariamente estas normas. Hay personas que sufren de estómago que saben muy bien que ciertos alimentos les producen dolores agudos e insoportables, pero no por ello son capaces de renunciar al placer de saborearlos. Ahora bien, las interrelaciones de la vida en sociedad no son tan fáciles de percibir como los efectos fisiológicos de un alimento, ni las consecuencias pueden seguirse tan rápidamente y, sobre todo, de manera tan evidente para el malhechor. ¿Acaso puede pensarse entonces, sin caer en el absurdo, que en la sociedad anarquista todo individuo será más previsor y tendrá una fuerza de voluntad mayor que un dispéptico glotón? ¿Es posible excluir que en la sociedad anarquista alguien por negligencia arroje una cerilla encendida de modo que provoque un incendio o que, por ira, celos o venganza, dañe a un semejante? El anarquismo desconoce la verdadera naturaleza del hombre. Sólo sería viable en un mundo de ángeles y de santos.

El liberalismo no es anarquismo ni tiene nada que ver con el anarquismo. El liberal comprende con toda claridad que sin el uso de la coerción el orden social estaría en peligro, y que tras las reglas que es necesario observar para asegurar la libre cooperación entre los hombres debe existir la amenaza de la violencia, si no se quiere que cada individuo pueda destruir toda la estructura social. Hay que estar en condiciones de forzar con la violencia a respetar las normas de la convivencia social a quien no quiere respetar la vida, la salud, la libertad personal o la propiedad privada de los demás. Tales son las funciones que la doctrina liberal atribuye al Estado: la protección de la propiedad, de la libertad y de la paz.

El socialista alemán Ferdinand Lassalle trató de ridiculizar la limitación de las funciones del gobierno exclusivamente a estos ámbitos definiendo al Estado construido sobre bases liberales como el «Estado vigilante nocturno». Pero no se ve por qué razón el Estado vigilante nocturno deba ser más ridículo o peor que el Estado que se ocupa de la preparación de las coles fermentadas, de la fabricación de botones para pantalones o de la edición de periódicos. Para formarse una idea de la resonancia que pretendía producir en Alemania la ocurrencia de Lassalle, hay que tener presente que los alemanes en aquella época no habían olvidado aún el Estado omnipotente del despotismo monárquico, y que seguían sufriendo la hegemonía de la filosofía hegeliana que había convertido al Estado en entidad divina. Quien consideraba al Estado, con Hegel, como la «sustancia ética autoconsciente», el «universo por sí y en sí, el elemento racional de las voluntades», es claro que no podía menos de considerar blasfema la limitación de las funciones del Estado a las de mero vigilante nocturno.

Sólo así se entiende que se haya podido pensar que el liberalismo es contrario al Estado, que odia al Estado. Si se piensa que no es conveniente confiar al Estado la función de gestionar los ferrocarriles, los hoteles o las minas, no por ello se es «enemigo del Estado». Lo es tan poco como se puede llamar enemigo del ácido sulfúrico al que piensa que, por más útil que pueda ser para diversos fines, no es en absoluto adecuado para beberlo o para lavarse las manos.

Es incorrecto circunscribir la posición del liberalismo respecto al Estado a la voluntad de delimitar su esfera de posibles intervenciones y al rechazo en principio de un papel activo suyo en la vida económica. Tal interpretación carece totalmente de fundamento. La posición del liberalismo respecto a las funciones del Estado deriva automáticamente de su defensa de la propiedad privada de los medios de producción. Quien es favorable a ésta no puede naturalmente querer la propiedad colectiva; es decir, no puede querer que sea el gobierno quien disponga de ella en vez de los propietarios particulares. En la reivindicación de la propiedad privada de los medios de producción se halla ya implícita, por tanto, una rigurosa delimitación de las funciones atribuidas al Estado.

Los socialistas acusan a veces al liberalismo de falta de coherencia. Dicen que no es lógico limitar la actividad del Estado al ámbito económico exclusivamente para proteger la propiedad; no se comprende por qué, si el Estado no debe permanecer completamente neutral, su intervención deba limitarse a la protección del derecho a la propiedad privada.

Semejante deducción sólo tendría sentido si el liberalismo rechazara en principio cualquier papel activo del Estado en el campo económico. Pero no es así. La razón del rechazo de una extensión de la intervención estatal es sólo la que hemos apuntado, es decir, que de este modo se eliminaría de hecho la propiedad privada de los medios de producción. Y en la propiedad privada ve el liberal el principio más racional de organización de la convivencia social.

8. LA DEMOCRACIA

Así, pues, el liberalismo está muy lejos de discutir la necesidad de un aparato estatal, de un sistema jurídico y de un gobierno. Es un grave malentendido asociarle de algún modo a las ideas anarquistas. Para el liberal, el Estado es una necesidad absoluta, porque a él le corresponde desempeñar las funciones más importantes: la protección de la propiedad privada y sobre todo de la paz, ya que sólo en la paz puede la propiedad privada desplegar sus potencialidades.

Estas consideraciones bastan para determinar las condiciones que un Estado debe satisfacer para corresponder al ideal liberal. No sólo debe proteger la propiedad privada, sino que también debe estar constituido de tal modo que sea capaz de impedir que la marcha pacífica del desarrollo sea perturbada por guerras civiles, revoluciones o insurrecciones.

En muchas personas persiste aún la idea, procedente de la época preliberal, de una especial dignidad y superioridad de la actividad conexa con el ejercicio de las funciones de gobierno. En Alemania los empleados públicos han gozado hasta hace muy poco, y podemos decir que aún siguen gozando, de una gran reputación, y la profesión más respetada es la de servidor del Estado. La reputación social de un joven «asesor» o de un teniente del ejército supera con mucho a la del comerciante o del abogado que cuentan con toda una vida de honesto trabajo. Ni siquiera los escritores, hombres de ciencia y artistas, famosos incluso más allá de las fronteras, gozan en su patria de una reputación equiparable a la suya, que por lo demás tampoco ocupan una posición tan elevada en la jerarquía democrática.

No hay motivo racional que explique esta sobrevaloración de la actividad burocrática. Es una forma de atavismo, un residuo de aquella época en la que el ciudadano debía temer al príncipe y a sus caballeros, porque en cualquier momento podían despojarle de todo cuando y como querían. En sí y por sí no es más noble ni más digno pasar el día en una oficina a evacuar expedientes que, por ejemplo, trabajar en una oficina de proyectos de una fábrica de maquinaria. Ni el recaudador de impuestos desempeña un oficio más honorable que el de quien se ocupa de crear directamente aquella riqueza de la que una parte se detrae en forma de impuestos destinados a sufragar los gastos del aparato del gobierno.

La teoría pseudodemocrática del Estado se basa enteramente en esta idea de la particular distinción y dignidad del ejercicio de todas las funciones de gobierno. Según esta doctrina, es indigno que alguien se deje gobernar por otros. Su ideal es una constitución en la que sea todo el pueblo el que gobierna. Normalmente, esto no ha sido posible en el pasado, no puede serlo ni lo será en el futuro, ni siquiera en un pequeño Estado. En otro tiempo se pensó que ese ideal se realizó en las ciudades-estado de la antigua Grecia y en los pequeños cantones de las montañas suizas. Pero también esto es un error. En Grecia, sólo una parte de la población, los ciudadanos libres, participaba en el gobierno, mientras se excluía de él a los metecos y a los esclavos.

En los cantones suizos ciertas cuestiones de carácter puramente local se trataron y siguen tratándose bajo el principio constitucional de democracia directa, pero todos los asuntos que trascienden los estrechos límites territoriales están en manos del gobierno federal, que ciertamente no corresponde al ideal de la democracia directa.

No es en absoluto indigno del hombre ser gobernado por otros. También el gobierno y la administración pública, la aplicación de las normas policiales y otras disposiciones análogas precisan del empleo de especialistas, es decir, de funcionarios públicos y de políticos profesionales. El principio de la división del trabajo no se detiene ni siquiera ante las funciones de gobierno. No se puede ser al mismo tiempo constructores de máquinas y funcionarios de policía. Pero no se pierde en dignidad, bienestar y libertad si no se es funcionario de policía. Y el hecho de que algunos se ocupen de los servicios secretos en lugar de todos los demás no es menos democrático que el hecho de que algunos se dediquen a la fabricación de calzado para todos los demás. No existe ningún motivo para tomarla con los políticos profesionales y con los funcionarios públicos si las instituciones del Estado son democráticas. Pero la democracia es algo totalmente distinto de como se la imaginan los románticos visionarios que propugnan la democracia directa.

El ejercicio de la acción de gobierno por parte de unos pocos —los gobernantes son siempre una minoría respecto a los gobernados, como también lo son los fabricantes de calzado respecto a los consumidores de este producto— se basa en el consentimiento de los gobernados, es decir, en su aceptación de la administración existente. Los gobernados pueden pensar que este modo de gobernar es sólo el mal menor o inevitable, pero en todo caso deben estar convencidos de que no tiene sentido cambiar la situación existente. Pero cuando la mayoría de los gobernados se convencen de que es necesario y posible cambiar la forma de gobierno y sustituir el viejo régimen y el viejo personal por un nuevo régimen y un nuevo personal, el viejo gobierno tiene los días contados. La mayoría tendrá entonces el poder —incluso contra la voluntad del viejo gobierno— de imponer su propia voluntad con la fuerza. Ningún gobierno puede durar mucho si no tiene de su parte a la opinión pública, es decir, si los gobernados no están convencidos de que es un buen gobierno. La presión que ejerce el gobierno para convencer a los reluctantes sólo puede tener éxito si no tiene en contra una mayoría sólida.

Sea cual fuere el tipo de constitución, existe siempre un medio para hacer que el gobierno dependa en última instancia de la voluntad de los gobernados: la guerra civil, la revolución, el golpe de Estado. Pero son precisamente esas soluciones las que el liberalismo quiere evitar. Es imposible asegurar una mejora económica permanente si la marcha pacífica de los negocios se interrumpe sistemáticamente por luchas internas. Una situación semejante a la que existió en Inglaterra en tiempo de la Guerra de las dos Rosas precipitaría en pocos años a la Inglaterra moderna en una profunda y espantosa miseria. Nunca se habría conseguido el actual nivel de desarrollo económico si no se hubiera encontrado una solución al problema de evitar el continuo estallido de la guerra civil. Una lucha fratricida como la Revolución Francesa de 1789 originó un enorme sacrificio de sangre y de riqueza. La economía actual no podría soportar tales convulsiones. Si un movimiento revolucionario impidiera el suministro de alimentos, de carbón y de electricidad, del gas y del agua a una capital moderna, su población sufriría tanto que bastaría tan sólo el temor a tales desórdenes para paralizar la vida de la propia capital.

Aquí es donde surge la función social de la democracia. La democracia es aquella forma de constitución política que hace posible la adaptación del gobierno a la voluntad de los gobernados sin luchas violentas. Si en un Estado democrático la conducta del gobierno no corresponde a la voluntad de la mayoría de la población, no se necesita en absoluto apelar a la guerra civil para llevar al gobierno a quienes están dispuestos a respetar la voluntad de la mayoría. El mecanismo de las elecciones y el parlamentarismo son los instrumentos que permiten cambiar pacíficamente el gobierno, sin choques, violencia y derramamiento de sangre.

9. CRÍTICA DE LA DOCTRINA DE LA VIOLENCIA

Los paladines de la democracia en el siglo XVIII sostenían que sólo los monarcas y sus ministros son moralmente depravados, imprudentes y malos, mientras que el pueblo sería por naturaleza bueno, puro y magnánimo, y tendría incluso el don innato de conocer y hacer siempre lo que es justo. Naturalmente, todo esto es insensato, no menos que la adulación de los cortesanos que atribuían a sus príncipes todas las cualidades buenas y nobles. El pueblo no es más que el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas, y si no todos singularmente son juiciosos y magnánimos, tampoco lo son colectivamente.

Puesto que la humanidad entró en la era de la democracia con expectativas tan desmesuradas, no hay que sorprenderse de que muy pronto se advirtieran las primeras decepciones. No fue difícil descubrir que la democracia cometía los mismos errores que las monarquías y las aristocracias. Si se compara a los hombres que la democracia designó para gobernar y los que los emperadores y los reyes colocaron en virtud de sus plenos poderes, se aprecia que no salían ganando precisamente los nuevos gobernantes. Hay un dicho francés según el cual «el ridículo mata». Pues bien, la democracia, gracias a sus políticos, no tardó en aparecer por doquier como ridicula. Los políticos del antiguo régimen desplegaron una cierta dignidad aristocrática que tenía una cierta nobleza, al menos en su conducta externa. Quienes les sustituyeron hicieron todo lo posible para desacreditarse con su comportamiento. En Alemania y en Austria nada hizo más daño a la democracia que la extrema arrogancia y la descarada presunción con que se comportaron los jefes socialdemócratas que llegaron al poder tras la caída del imperio.

Allí donde la democracia llegó al poder no tardó en surgir una doctrina que rechazaba de raíz el propio principio democrático. No tiene sentido —se decía— hacer que gobierne la mayoría; deben gobernar los mejores, aunque sean minoría. Aparentemente, el argumento era tan claro y evidente que los defensores de los movimientos antidemocráticos de todo tipo aumentaron de forma exponencial. Cuanto más despreciables se mostraban los hombres que la democracia había puesto en la cima del poder, más aumentaban los enemigos de la democracia.

La doctrina antidemocrática, sin embargo, adolece de serias falacias. En efecto, ¿qué significa «el mejor», «los mejores»? La república polaca eligió como presidente a un virtuoso pianista porque, evidentemente, le consideraba el mejor de su época. Pero las cualidades que un estadista debe tener son muy distintas de las de un músico. La expresión «el mejor», que emplean los enemigos de la democracia, no puede significar otra cosa que «el hombre o los hombres más indicados para dirigir los asuntos de gobierno», aunque entiendan poco o nada de música. Pero aquí surge inmediatamente la pregunta: ¿quién es el más indicado?

Disraeli o Gladstone ¿eran los más indicados? El tory creía ser superior al primero, y el whig pensaba ser superior al segundo. ¿Quién debe decidir sobre esto si no es la mayoría?

Llegamos así al punto crucial de todas las doctrinas antidemocráticas, ya sean emanación de la vieja aristocracia y de los ambientes de la monarquía hereditaria, o bien de matriz sindicalista, bolchevique y socialista, es decir, a la teoría de la violencia. La doctrina antidemocrática sostiene el derecho de una minoría a dominar el Estado y la mayoría. La legitimación ética de este derecho estaría en la capacidad de conquistar efectivamente el poder. Los mejores, los únicos llamados a gobernar y a mandar, se reconocerían por su capacidad de erigirse como dominadores de la mayoría contra su propia voluntad. Sobre este punto coinciden plenamente la doctrina de la Action française y la de los sindicalistas, la doctrina de Ludendorff y de Hitler y la de Lenin y Trotski.

A favor y en contra de estas doctrinas se pueden formular muchos argumentos, en razón de la propia confesión religiosa y de las convicciones filosóficas de cada uno, acerca de las cuales escasamente puede esperarse un acuerdo. No es éste el lugar adecuado para exponer y discutir los argumentos en pro y en contra, pues no son realmente decisivos. La única conclusión que sí puede ser decisiva es la que se basa en el argumento fundamental a favor de la democracia.

Si todo grupo que se cree capaz de imponer con la fuerza su propia regla sobre los demás tuviera que ser autorizado a realizar su intento, lo único que deberíamos esperar sería una serie ininterrumpida de guerras civiles. Pero una situación tal es incompatible con el grado de división del trabajo que hoy hemos alcanzado. La sociedad moderna, basada en la división del trabajo, sólo puede mantenerse en condiciones de paz estable. Si en cambio tuviéramos que prepararnos para una posible guerra civil permanente y para una sistemática conflictividad interna, nos veríamos precisados a limitar la división del trabajo hasta el punto de instaurar la autarquía en toda provincia, si no ya en todo pueblo, es decir, una condición en la cual se pueda sobrevivir con autonomía sin importar nada del exterior. Ello comportaría un tal regreso de la productividad del trabajo que nuestro planeta sólo podría alimentar a una fracción de la población que lo habita. El ideal antidemocrático conduce a un sistema económico similar al de la Edad Media y de la antigüedad, cuando toda ciudad, todo pueblo e incluso toda casa eran una serie de fortalezas siempre en pie de guerra, y desde el punto de vista económico cada país trataba de ser lo más autosuficiente posible respecto al resto del mundo.

También el demócrata opina que deben gobernar los mejores. Pero cree que el mejor modo que tiene un individuo o un grupo de individuos de mostrar su propia aptitud para gobernar es convencer a sus propios conciudadanos de que son capaces de desempeñar esa función, de modo que sean los propios ciudadanos los que les confíen el cuidado de los asuntos públicos y no ellos los que recurran a la fuerza para que el resto de ciudadanos acepten sus propias pretensiones. Quien no consigue conquistar la posición de jefe con la fuerza de sus argumentos y con la confianza que inspira su persona, no puede quejarse de que sus conciudadanos prefieran a otros.

Ciertamente, no puede negarse que existe una situación en la que la tentación de apartarse de los principios democráticos del liberalismo es ciertamente muy fuerte. Si hombres inteligentes ven que su nación, o todas las naciones, siguen el camino de destrucción y que no son capaces de convencer a sus propios conciudadanos de que acepten sus propuestas, entonces pueden sentirse inclinados a pensar que está plenamente justificado el uso de cualquier medio con tal de que sea útil y conduzca al fin deseado. Entonces puede surgir y encontrar apoyos la idea de una dictadura elitista, de un despotismo y una tiranía de la minoría en interés de todos. Pero la fuerza nunca es un medio para vencer estas dificultades. La tiranía de una minoría no puede durar, a no ser que la minoría consiga convencer a la mayoría de la necesidad o por lo menos de la utilidad de su propia tiranía. Pero entonces no hay necesidad de acudir a la violencia preventiva para asegurar el poder de la minoría.

La historia nos ofrece numerosos ejemplos sorprendentes de la imposibilidad de mantener por mucho tiempo una dictadura, aun con el uso más despiadado de la violencia como método político. Vamos a fijarnos en uno solo, porque es el más reciente y también el más conocido. Cuando los bolcheviques conquistaron el poder en Rusia eran una pequeña minoría y su programa apenas contaba con la aceptación de una pequeña fracción del pueblo ruso, mientras que la gran mayoría era absolutamente contraria a la colectivización de la tierra. Sólo deseaba el reparto de la tierra entre aquella parte de la población que los bolcheviques llamaban «campesinos sin tierra». Y fue este programa de la población rural el que se adoptó, no el de los jefes marxistas. Lenin y Trotski, con tal de permanecer en el poder, no sólo aceptaron esta reforma agraria sino que incluso la convirtieron en parte de su propio programa, dispuestos siempre a defenderla contra los ataques internos y externos. Sólo así pudieron obtener los bolcheviques el apoyo de la gran masa de la población rusa. Desde que se hizo el reparto de la tierra no gobernaron ya contra su voluntad, sino con su consentimiento y apoyo. Los bolcheviques tenían ante sí sólo dos posibilidades: renunciar al programa o renunciar al poder. Eligieron la primera y permanecieron en el poder. La tercera posibilidad —imponer por la fuerza su programa contra la gran masa de gente— ni siquiera existía. Los bolcheviques podían ciertamente, como hace toda minoría resuelta y bien dirigida, conquistar el poder con la violencia y mantenerlo durante un breve periodo, pero, como cualquier otra minoría, no habrían podido mantenerlo a la larga. Los distintos intentos «blancos» fallaron todos, porque tenían en contra a la gran masa del pueblo ruso. Pero en cuanto lo hubieran conseguido, los vencedores se habrían visto obligados a tener en cuenta los deseos de esta masa. Y les habría sido imposible cambiar después de alguna forma el hecho consumado del reparto de la tierra y devolver a los propietarios lo que se les había arrebatado.

Sólo un grupo que puede contar con la aceptación de los gobernados puede establecer un régimen duradero. Quien quiere gobernar el mundo según sus propias ideas, debe tratar de conquistar los ánimos. Es imposible someter durante mucho tiempo a los hombres, contra su voluntad, a un sistema que rechazan. Quien trata de hacerlo con la violencia acabará fracasando, y con los conflictos generados habrá causado más mal que cualquier gobierno acaso peor pero apoyado por los gobernados. No se puede hacer felices a los hombres contra su voluntad.

10. EL ARGUMENTO DEL FASCISMO

Si bien el liberalismo no encontró en ninguna parte una aceptación completa, su éxito en el siglo XIX fue tal que al menos algunos de sus principios más importantes tuvieron un reconocimiento indiscutible. Antes de 1914, incluso los más obstinados y feroces adversarios del liberalismo tuvieron que reconocerlos. Incluso en Rusia, donde a duras penas habían penetrado algunos débiles rayos de liberalismo, los representantes del despotismo zarista se vieron obligados, en las persecuciones de los adversarios políticos, a tener en cuenta las concepciones liberales europeas; y, durante la guerra mundial, en los países beligerantes los propios partidos belicistas, a pesar de su fanatismo, tuvieron que practicar cierta moderación en su lucha contra la oposición interna.

Sólo después de que los socialdemócratas marxistas, una vez que lograran imponerse y conquistar el poder, se convencieron de que la era del liberalismo y del capitalismo podía considerarse definitivamente superada, desaparecieron los últimos escrúpulos que todavía se habían creído obligados tener hacia la ideología liberal. Los partidos de la III Internacional consideraban que todos los medios estaban permitidos en la lucha para conseguir sus fines últimos. Todo el que no acepte incondicionalmente sus enseñanzas como las únicas correctas y no las siga ciegamente será liquidado; y ellos no dudarán en destruirle a él y a su familia, incluidos los niños, siempre y donde sea materialmente posible.

La táctica cínicamente admitida del aniquilamiento del adversario y los asesinatos que se cometieron para llevarla a cabo suscitaron un movimiento de oposición. A los enemigos no comunistas del liberalismo se les cayó pronto la venda de los ojos. Hasta entonces habían creído que aun en la lucha contra un odiado enemigo era necesario respetar algunos principios liberales. Aun con reluctancia, habían tenido que excluir de la lista de los medios de lucha política el asesinato programático, y resignarse a aceptar muchas limitaciones en la persecución de los escritos de la oposición y en la represión de la libertad de palabra. Ahora, de repente, se percataban de la existencia de adversarios que ignoraban totalmente estos escrúpulos, y para los que todo medio era bueno para combatir al adversario. Los enemigos militaristas y nacionalistas de la III Internacional se sintieron engañados por el liberalismo. Pensaban que el liberalismo los había contenido precisamente cuando estaban a punto de dar el golpe decisivo, mientras aún era posible, a los partidos revolucionarios. Si el liberalismo no se lo hubiera impedido, habrían ahogado en sangre y en su nacimiento los movimientos revolucionarios que, según ellos, se habían desarrollado sólo gracias a la tolerancia concedida a las ideas liberales en un momento en que su fuerza de voluntad estaba debilitada por ciertos escrúpulos típicamente liberales que, como demostraron los acontecimientos que siguieron, se habían revelado superfluos. Si ya algunos años antes se hubieran convencido de que era lícito aplastar sin contemplaciones todo intento revolucionario, la III Internacional nunca habría podido obtener todos los éxitos que coleccionó a partir de 1917. Porque los militaristas y los nacionalistas pensaban que cuando se trata de disparar y pelear ellos son los primeros.

La idea fundamental de estos movimientos —a los cuales, si nos fijamos en el italiano, que es el más orgánico e imponente, podemos atribuir la designación de Fascismo— es, pues, la de emplear en la lucha contra la III Internacional los mismos medios que ésta empleó sin escrúpulos contra sus adversarios. Como la III Internacional trata de exterminar a los adversarios y sus ideas actuando como el patólogo con el bacilo de la peste, y como la misma no se considera vinculada por ningún pacto suscrito con el enemigo y cree que en la lucha todo crimen y toda mentira y difamación son posibles, lo mismo hacen los fascistas, al menos en principio. El hecho de que no se atrevan a liberarse completamente, como hicieron los bolcheviques rusos, de todo escrúpulo respecto a ciertas concepciones e ideas liberales y de ciertas inveteradas normas morales, debe atribuirse simplemente a la circunstancia de que los fascismos se mueven siempre entre pueblos en los que la herencia intelectual y moral de miles de años de civilización no puede destruirse de golpe, y no entre pueblos bárbaros a ambos lados de los Urales, cuya relación con la civilización nunca ha sido otra que la de los salteadores del bosque y del desierto, dedicados periódicamente a la incursión en pueblos civilizados para arrebatar lo que pillaran. Esta diferencia es la que hace que el fascismo no sea nunca capaz de liberarse de la fuerza de las ideas liberales con la misma facilidad con que lo hicieron los bolcheviques rusos. Sólo bajo la reciente impresión de los crímenes y de las atrocidades perpetradas por los defensores de los soviets pudieron los alemanes y los italianos borrar de su memoria las tradicionales barreras del derecho y de la moral y encontrar el arrojo suficiente para lanzarse a la reacción cruenta. Las hazañas de los fascistas y otros partidos análogos fueron una reacción emocional provocada por la indignación ante las hazañas de los bolcheviques y comunistas. Pasada la primera ola de rabia, su política entró en el carril de una mayor moderación y es posible que lo sea aún más con el paso del tiempo.

Esta moderación se debe al hecho de que la tradicional concepción liberal sigue ejerciendo una influencia inconsciente sobre los fascistas. Pero sea cual fuere la amplitud de esta moderación, no puede menos de reconocerse que el paso de los partidos de derecha a la táctica del fascismo demuestra que la lucha contra el liberalismo ha cosechado éxitos inimaginables hasta hace poco. No son pocos los que aceptan los métodos fascistas, porque los partidos fascistas, a pesar de tener un programa de política económica totalmente antiliberal y una política totalmente intervencionista, se cuidan muy mucho de practicar esa política insensata de destrucción a ultranza que imprime sobre los comunistas el sello de enemigos absolutos de la civilización. Otros a su vez, si bien reconocen perfectamente los daños que puede causar la política económica fascista, piensan que el fascismo es por lo menos un mal menor si se compara con el bolchevismo y la práctica política de los soviets. Sin embargo, la mayoría de sus adeptos y admiradores públicos y secretos aprecia precisamente sus métodos violentos.

Naturalmente, nadie discute que a la violencia sólo se puede responder con la violencia. A las armas de los bolcheviques hay que responder con las armas, y sería un error mostrar debilidad frente a los asesinos. Esto nunca lo han cuestionado los liberales. Pero lo que diferencia la táctica liberal de la fascista no es la idea de la necesidad de defenderse con las armas contra quien agrede con ellas, sino el juicio de principio sobre el papel de la violencia en las luchas por el poder. El gran peligro que representa el fascismo en la política interior radica en su confianza en el poder decisivo de la violencia. En efecto, éste es su principio supremo: que para vencer seguramente es preciso estar siempre animados por la voluntad de vencer y adoptar los métodos violentos. Pero ¿qué sucede si también el adversario, animado de la misma voluntad de vencer, emplea los mismos métodos? El resultado no puede ser otro que el choque, la guerra civil. Al final, el vencedor de todos los conflictos será quien sea numéricamente más fuerte. A largo plazo será siempre más difícil a la minoría —aunque esté formada por las personas más capaces y enérgicas— resistir a la superioridad numérica. La cuestión decisiva sigue siendo, pues, la relativa al modo de conquistar la mayoría para el propio partido. Pero es una cuestión puramente de orden intelectual, que sólo puede resolverse con armas intelectuales, no con la fuerza. Emplear simplemente métodos de opresión violenta es la vía menos indicada para ganar apoyos para la propia causa. El simple empleo de la violencia, no justificado ante la opinión pública con argumentos racionales, sólo proporciona nuevos apoyos precisamente a aquéllos que se piensa combatir con tales métodos. En la lucha entre violencia e idea, es ésta la que siempre prevalece.

El fascismo puede hoy triunfar porque la indignación general ante las infamias cometidas por socialistas y comunistas le ha procurado las simpatías de amplios estratos sociales. Pero cuando se haya enfriado la impresión de los crímenes de los bolcheviques, el programa socialista volverá a ejercer su fuerza de atracción sobre las masas. Porque el fascismo, para combatir ese programa, no hace sino perseguir las ideas y a quienes las difunden; si quisiera realmente combatir el socialismo, debería contraponerle sus propias ideas. Pero sólo hay una idea que pueda contraponerse al socialismo: el liberalismo.

Se ha dicho con frecuencia que para hacer triunfar una causa no hay nada mejor que crearle mártires. Esto no es del todo cierto. Lo que refuerza la causa de los perseguidos no es el martirio de sus adeptos, sino el uso de la violencia en lugar de las armas intelectuales para combatirlos. La represión por la fuerza bruta es siempre una confesión de la incapacidad de emplear aquellas armas intelectuales que son mejores, porque son las únicas que aseguran la victoria. Tal es el vicio de fondo del fascismo, la patología que acabará llevándole a la ruina. La victoria del fascismo en algunos países no es más que un episodio de una larga serie de batallas sobre el problema de la propiedad. El próximo episodio será una victoria del comunismo. Pero el resultado final de estas batallas lo decidirán no las armas sino las ideas. Son las ideas las que agrupan a los hombres en facciones contrapuestas y ponen las armas en sus manos; son las ideas las que establecen contra quién y por quién hay que hacer uso de las armas. Y son sólo las ideas, y no las armas, las que, en definitiva, deciden.

Baste esto por lo que respecta a la posición del fascismo en política interior. Por lo que atañe a la política exterior, no es necesario demostrar ulteriormente que su fe en el principio de la violencia en las relaciones entre los pueblos no puede menos de provocar una serie infinita de guerras destinadas a destruir toda la civilización moderna. La supervivencia y el ulterior desarrollo de la civilización económica actual precisan de una paz segura entre los pueblos. Pero los pueblos no pueden ponerse de acuerdo si están dominados por una ideología que piensa que la seguridad de la propia nación en el concierto de las demás naciones sólo puede asegurarse mediante la violencia.

No se puede negar que el fascismo y todas las tendencias dictatoriales análogas están animados por las mejores intenciones, y que su intervención ha salvado por el momento a la civilización europea. Los méritos adquiridos por el fascismo permanecerán por siempre en la historia. Pero la naturaleza de la política que por el momento ha producido efectos positivos no es tal que pueda prometer un éxito duradero. El fascismo fue un arreglo provisional; pensar que es algo más sería un error fatal.

11. LOS LÍMITES DE LA ACTIVIDAD DEL GOBIERNO

Según la concepción liberal, la función del aparato estatal consiste única y exclusivamente en garantizar la protección de la vida, la salud, la libertad y la propiedad privada contra todo ataque violento. Todo lo que vaya más allá de esto está mal. Un gobierno que, en lugar de cumplir su función, llegara a su vez a atentar contra la vida, la salud, la libertad y la propiedad privada, sería naturalmente un pésimo gobierno.

Sin embargo, como afirma Jakob Burckhardt, el poder es malo en sí mismo, al margen de quien lo ejerza. Tiende a corromper a quienes lo ejercen e induce a hacer de él un mal uso. No sólo los soberanos absolutos y las aristocracias, sino también las masas, que en democracia son soberanas, tienen una tendencia demasiado fácil a excederse.

En Estados Unidos la producción y el comercio de bebidas alcohólicas están prohibidos. Los demás Estados no llegan a tanto, pero casi en todas partes existen restricciones a la venta del opio, de la cocaína y otras sustancias estupefacientes. Se piensa, por lo general, que una de las funciones del poder legislativo y de la administración consiste en defender al individuo de sí mismo. Incluso aquéllos que por lo general tienen serias dudas sobre la extensión del área de actividad del gobierno consideran absolutamente justo que en este campo la libertad del individuo sea limitada, y piensan que sólo por un ciego doctrinarismo se puede ser contrarios a prohibiciones de esta clase. La aceptación de estas intervenciones autoritarias en la vida del individuo es tan general que los adversarios por principio del liberalismo se inclinan a basar sus argumentos en el reconocimiento indiscutido de la necesidad de tales prohibiciones, del que deducen que la libertad absoluta del individuo es un mal, y que una cierta limitación de la misma por parte de la autoridad tutora es necesaria. La cuestión no es si las autoridades pueden imponer restricciones a la libertad del individuo, sino sólo hasta qué punto puede llegar tal limitación.

Sobre el hecho de que todas estas drogas son perjudiciales para la salud no merece la pena gastar ni una sola palabra. Tampoco afrontaremos aquí la cuestión tan debatida de si el uso de módicas cantidades de alcohol es perjudicial o si lo es tan sólo el abuso de bebidas alcohólicas en general. Un hecho es cierto: que el alcoholismo, la adicción a la cocaína y la morfina son enemigos terribles de la vida, del hombre, de su salud y de su capacidad de trabajar, y por tanto quien razona en términos utilitarios dirá siempre que son vicios. Pero esto está lejos de demostrar la necesidad de que la autoridad intervenga con prohibiciones comerciales para reprimir estos vicios, ni se ha demostrado en absoluto que la intervención de la autoridad sea apropiada para reprimir realmente estos vicios, ni —suponiendo que se alcance el objetivo— que no se corran riesgos no menos graves que el alcoholismo y la adicción a la morfina.

A quien está convencido de que la tolerancia o la excesiva indulgencia para con estos venenos es perniciosa no se le impide vivir con moderación y templanza. El verdadero y único problema consiste en establecer si los adversarios convencidos del consumo de drogas nocivas tienen derecho a impedir coactivamente su consumo a quienes no son de su opinión y no tienen la fuerza de voluntad suficiente para abstenerse y para llevar una vida morigerada. Se trata de un problema que no puede afrontarse considerando exclusivamente el alcoholismo, la adicción a la morfina y la cocaína, que todas las personas sensatas reconocen como algo peligroso. En efecto, si en principio se concede a la mayoría de los ciudadanos de un Estado el derecho a prescribir a una minoría el modo en que debe vivir, entonces no es posible detenerse en el consumo de alcohol, de morfina, opio, cocaína y otras drogas semejantes. ¿Por qué lo que es aplicable a estas drogas no debe serlo también a la nicotina, al café y a otras drogas semejantes? ¿Por qué entonces el Estado no debe prescribir qué alimentos son los que hay que consumir y cuáles hay que evitar por ser nocivos? También en el deporte muchos tienden a superar los límites de sus fuerzas. ¿Por qué el Estado no debería intervenir también en este campo? Son muy pocos los hombres que saben ser moderados en su vida sexual, y parece que es particularmente difícil para algunas personas de edad comprender que es hora de abandonar tales placeres, o al menos practicarlos con mesura. ¿También aquí debe intervenir el Estado? Aún más nociva que todos estos vicios es, según algunos, la lectura de novelas pornográficas. ¿Hay, pues, que permitir una industria editorial que especula con los más bajos instintos del hombre, que corrompe los espíritus? ¿Y por qué no impedir la exposición de cuadros obscenos, la representación de obras teatrales licenciosas, y todo lo que puede fomentar las malas costumbres? ¿Y no es igualmente perjudicial la difusión de falsas teorías sobre la convivencia social de los individuos y de los pueblos? ¿Hay que permitir la incitación a la guerra civil y a la guerra contra otros países? ¿Es admisible que el respeto a la religión y a la Iglesia sea minado por libelos difamatorios y diatribas blasfemas?

Como se ve, apenas abandonamos el principio fundamental de la no injerencia del aparato estatal en todas las cuestiones relativas al comportamiento individual, llegamos a reglamentar y a limitar la vida hasta en sus mínimos detalles. La libertad personal del individuo queda eliminada, y él se convierte en esclavo de la colectividad, siervo de la mayoría. No es necesario imaginarse qué abuso se haría de semejantes poderes discrecionales en manos de personas decididas a ejercerlos en el peor de los modos. Pero bastaría también el ejercicio más benévolo de tales poderes para transformar el mundo en un cementerio del espíritu. Todos los progresos de la humanidad se han realizado siempre del mismo modo; una pequeña minoría que empieza a separarse de las ideas y los usos de la mayoría, hasta que su ejemplo impele a los demás a aceptar la innovación. Si se concede a la mayoría el derecho a imponer a la minoría lo que debe pensar, leer y hacer, se impide el progreso de una vez para siempre.

No puede objetarse que la lucha contra la adicción a la morfina y la lucha contra la literatura «perversa» son cosas completamente distintas entre sí. En realidad la diferencia sólo consiste en que una de las dos prohibiciones cuenta también con la aprobación de quienes no quieren concederlo al otro. En Estados Unidos los metodistas y los fundamentalistas, a raíz de la introducción del prohibicionismo sobre las bebidas alcohólicas, comenzaron la lucha contra el evolucionismo, y en algunos Estados de la Unión se consiguió arrojar el darwinismo de las escuelas. En la Rusia soviética la libertar de opinión se suprimió. En ese país, permitir o no permitir un libro depende del parecer arbitrario de un puñado de fanáticos, bastos e ignorantes, a los que se les ha confiado la dirección de esa sección del apartado estatal.

La tendencia de nuestros contemporáneos a demandar prohibiciones arbitrarias tan pronto como algo no gusta, y la disponibilidad a someterse a tales prohibiciones aun cuando no se está de acuerdo con su motivación, demuestra que aún no nos hemos liberado del servilismo. Se precisarán años de autoeducación para transformarse de súbditos en ciudadanos. Un hombre libre debe saber tolerar que sus semejantes se comporten y vivan de un modo distinto de lo que él considera apropiado, y debe abandonar la costumbre de llamar a la policía tan pronto como algo no le gusta.

12. TOLERANCIA

El liberalismo se limita total y exclusivamente a la vida y a la praxis terrena. El reino de la religión, en cambio, no es de este mundo. De suerte que ambos, liberalismo y religión, podrían coexistir cada uno en su propia esfera autónoma sin interferencias recíprocas. Si a pesar de todo se ha llegado inevitablemente a un conflicto entre ambas esferas, la culpa no es del liberalismo. Éste no ha sobrepasado nunca los límites de su propia esfera y no ha invadido el terreno de la fe religiosa y de la doctrina metafísica. Pero se encontró enfrente a la Iglesia como fuerza política que pretendía no sólo regular la relación del hombre con el más allá, sino también imponer a las cosas terrenas el orden que ella consideraba adecuado. Y entonces el conflicto se hizo inevitable.

La victoria que el liberalismo obtuvo en este conflicto con la Iglesia fue tan aplastante que las distintas iglesias tuvieron que renunciar a ciertas pretensiones que durante milenios habían defendido paladinamente. Hogueras de brujas, persecuciones por parte de tribunales eclesiásticos y guerras de religión forman ya parte de la historia. Hoy nadie comprende ya cómo se pudo arrastrar ante los tribunales, apresar, torturar y mandar a la hoguera a personas tranquilas, culpables tan sólo de orar devotamente entre las cuatro paredes de su casa del modo que estimaban adecuado. Pero, aunque ya no se enciendan hogueras ad majoren Dei gloriam, sigue habiendo aún mucha intolerancia.

El liberalismo, sin embargo, debe ser intolerante contra toda clase de intolerancia. Si estamos convencidos de que el fin último del desarrollo social es la cooperación pacífica entre todos los hombres, no se puede admitir que gente fanática perturbe la paz. El liberalismo proclama la tolerancia para cualquier confesión religiosa o concepción del mundo no por indiferencia hacia estas cosas «superiores», sino porque está firmemente convencido de que sobre cualquier otra cosa debe primar la seguridad de la paz social. Y porque pide tolerancia para todas las opiniones y para todas las iglesias y sectas religiosas, debe confinarlas dentro de sus propios límites cuando los sobrepasan con intolerancia. En un sistema social basado en la cooperación pacífica no hay espacio para las pretensiones de las iglesias de monopolizar la enseñanza y la educación de la juventud. Se puede y se debe conceder a las iglesias que retengan todos los efectos donados espontáneamente por los fieles, pero no se les puede permitir nada respecto a personas que nada quieren tener que ver con ellas.

Es difícil comprender cómo estos principios pueden procurar al liberalismo enemigos entre los fieles. Si tales principios impiden a la Iglesia hacer prosélitos con la coacción —propia o del aparato estatal puesto a su disposición—, por otra parte la protegen de una análoga propaganda coactiva de otras iglesias o sectas. Así pues, lo que el liberalismo quita a la Iglesia con una mano se lo devuelve con la otra. Incluso el creyente más fanático debe admitir que el liberalismo no quita nada a la fe de cuanto pertenece a su esfera.

Las propias iglesias y sectas, que donde mantienen el predominio no renuncian a perseguir a los disidentes, piden tolerancia por lo menos donde se encuentran en minoría. Pero esta demanda de tolerancia no tiene nada en común con el postulado liberal de la tolerancia. El liberalismo pide tolerancia por razones de principio y no de oportunidad. Pide tolerancia incluso para doctrinas manifiestamente absurdas, para disparatadas herejías y pueriles supersticiones; pide tolerancia para doctrinas y opiniones que considera nocivas y funestas para la sociedad, para corrientes de pensamiento contra las que no se cansa de combatir. Y lo que impele al liberalismo a pedir y a garantizar tolerancia, no es la consideración del contenido de las doctrinas que hay que tolerar, sino el conocimiento de que sólo la tolerancia puede crear y mantener la paz social, sin la cual la humanidad recaería en la barbarie y en la penuria de siglos pasados.

La lucha contra la estupidez, la irracionalidad, la falsedad y el mal la libra el liberalismo con las armas del espíritu, no con la fuerza bruta y la represión.

13. EL ESTADO Y LOS COMPORTAMIENTOS ANTISOCIALES

El Estado es un aparato coercitivo y represivo. Y esto vale no sólo para el «Estado vigilante nocturno», sino para cualquier otro tipo de Estado, y especialmente para el Estado socialista. Todo lo que el Estado es y es capaz de hacer implica la coerción y el uso de la fuerza. Reprimir los comportamientos que ponen en peligro la existencia del orden social representa el principio y el fin de toda actividad del Estado; en una sociedad socialista comunista, a esto se añade el control sobre los medios de producción.

La sana lógica de los antiguos romanos expresó simbólicamente este hecho adoptando como emblema del Estado el hacha y el haz de barras. Un misticismo abstruso que se autodefinía como filosofía hizo todo lo posible en la edad moderna para enmascarar este hecho. Para Schelling, el Estado es la imagen inmediata y visible de la vida absoluta, un estadio de la revelación del absoluto, del alma del mundo. Subsiste simplemente en virtud de sí mismo y su actividad se orienta exclusivamente a la conservación de su sustancia como forma de su existencia. Para Hegel, en el Estado se manifiesta la razón absoluta; en él se realiza el Espíritu objetivo. El Estado es el Espíritu ético que se ha desarrollado en realidad orgánica; es la realidad y la Idea ética como voluntad manifiesta, autoevidente, sustancial. Los epígonos de la filosofía idealista superaron incluso a sus maestros en cuestión de sacralización y de culto idolátrico al Estado. No puede decirse que nos acerquemos más a la verdad si, como reacción a éstas y semejantes doctrinas, se define al Estado, con Nietzsche, como el más glacial de todos los monstruos. El Estado no es ni frío ni caliente, porque es un concepto abstracto en nombre del cual actúan unos hombres de carne y hueso, es decir, los órganos del Estado, el gobierno. Toda actividad estatal es acción humana, un mal que el hombre inflige al hombre. El fin —la conservación de la sociedad— justifica la acción de los órganos estatales; pero esto no quita que el mal causado lo perciba quien lo sufre precisamente como un mal.

El mal que el hombre inflige a su semejante perjudica a ambos, no sólo a quien lo padece sino también a quien lo causa. Nada corrompe más a un hombre que ser brazo de la ley y hacer sufrir a los demás. Al súbdito le tocan los miedos, servilismos, adulaciones humillantes: pero tampoco los soberanos, con su arrogancia, presunción y soberbia, están mejor.

El liberalismo trata de suavizar la relación entre burócrata y ciudadano. Pero, naturalmente, sin seguir a aquellos románticos que están siempre dispuestos a defender el comportamiento antisocial de quien quebranta la ley y acusar no sólo a los jueces y a los policías, sino también a todo el orden social en cuanto tal. El Estado como aparato coercitivo y el sistema penal son instituciones de las que la sociedad nunca podrá prescindir en cualquier circunstancia: esto el liberalismo no pretende ni puede negarlo. Sin embargo, para el liberalismo el fin de la pena debe ser exclusivamente eliminar lo más posible los comportamientos que ponen en peligro a la sociedad. El castigo no debe ser ni venganza ni represalia. El culpable debe ser entregado a la ley, no al odio y al sadismo de los jueces, de los policías y de la masa, siempre dispuesta al linchamiento.

Pero hay un aspecto abyecto en el poder coercitivo que para justificarse apela al «Estado». Como, en definitiva, se basa necesariamente en la aceptación de la mayoría, dirige sus ataques contra lo nuevo que surge. Es cierto que la sociedad humana no puede prescindir de la organización social; pero también lo es que la humanidad, para progresar, ha tenido que ponerse siempre contra el Estado y su poder coercitivo. No hay que sorprenderse si todos aquéllos que tuvieron algo nuevo que dar a la humanidad nunca hablaron bien del Estado y de sus leyes. Esto podrá herir la susceptibilidad de los incurables místicos y adoradores del Estado; pero lo entenderán muy bien los liberales, aunque no puedan contar con su aprobación. Sin embargo, todo liberal deberá oponerse también a quienes, partiendo de esta comprensible aversión a cualquier sistema policíaco, acaba en la arrogante proclamación del derecho de rebelión del individuo contra el Estado. La resistencia violenta contra la violencia del Estado es el último medio al que la minoría debe recurrir para quebrar la opresión de la mayoría. La minoría que quiere hacer triunfar sus ideas debe intentar convertirse en mayoría con la fuerza de los medios intelectuales. El Estado debe permitir que el individuo pueda moverse libremente en su territorio y en los espacios permitidos por la ley. El ciudadano no puede ser coartado en sus movimientos hasta el punto de obligarle, si piensa de manera distinta de quienes están en el poder, a elegir entre su destrucción y la destrucción del aparato del Estado.

CAPÍTULO II

La política económica liberal

1. LA ORGANIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

Podemos imaginar varios tipos de sistemas de organización de la cooperación entre los individuos de una sociedad basada en la división del trabajo. Podemos distinguir cinco sistemas de organización de la sociedad: el sistema de propiedad privada de los medios de producción, que en su forma más desarrollada definimos como capitalismo; el sistema de propiedad privada de los medios de producción, pero con una periódica confiscación y consiguiente redistribución de la riqueza; el sistema sindicalista; el sistema de propiedad colectiva de los medios de producción que se conoce como socialismo o comunismo; y finalmente el sistema de intervención estatal.

La historia del sistema de propiedad privada de los medios de producción coincide con la historia del desarrollo de la humanidad desde su condición animal a las cimas alcanzadas por la civilización moderna. Los enemigos de la propiedad privada se han esforzado en demostrar que en los comienzos de la sociedad humana no existía aún una propiedad privada plena, ya que una parte de la tierra estaba sujeta a redistribuciones periódicas. Basándose en esta observación, según la cual la propiedad privada sería «sólo una categoría histórica», pretenden deducir la consecuencia de que, por tanto, esa propiedad podría ser de nuevo abolida sin mayor inconveniente. La falacia lógica de este argumento es demasiado evidente para que tengamos que ocuparnos de él. El hecho de que en la remota antigüedad existiera cooperación social incluso sin propiedad privada plena no demuestra en absoluto que también en niveles superiores de la civilización se pueda prescindir de la propiedad privada. Si la historia puede demostrar algo sobre esta cuestión, podría tratarse tan sólo de la demostración de que nunca y en ningún lugar existieron pueblos que sin propiedad privada superaran el nivel de la más agobiante penuria y del estado salvaje apenas distinguible de la existencia animal.

Los primitivos opositores al sistema de propiedad privada de los medios de producción no combatieron la propiedad privada en cuanto tal, sino simplemente su desigual distribución. Para eliminar la desigualdad de las condiciones de renta y de riqueza, sugerían entonces el sistema de redistribución periódica de la totalidad de bienes, o al menos del medio de producción que en aquella época era casi el único que se considerara tal: la tierra. Este ideal del reparto de la propiedad en partes iguales pervive aún en los países tecnológicamente atrasados, en los que predomina la agricultura primitiva, y suele llamarse socialismo agrario, con una expresión a decir verdad no del todo apropiada, ya que nada tiene que ver con el socialismo. La revolución rusa llevada a cabo por el bolchevismo, que se inició como revolución socialista, en agricultura realizó no el socialismo —o sea, la propiedad colectiva de la tierra—, sino el socialismo agrario. En amplias zonas del resto de la Europa oriental la división de la gran propiedad territorial entre pequeños campesinos representa el ideal de partidos políticos muy influyentes, y se llama reforma agraria.

No es el caso de que aquí nos ocupemos con detalle de este sistema. Es difícil no admitir que su único resultado sería reducir la productividad del trabajo humano en términos de renta. Se podría conceder que no habría disminución de productividad sólo en los casos en que todavía se practicara una forma de agricultura primitiva. Pero nadie puede negar que la fragmentación de una explotación agraria dotada de estructuras modernas sería una locura. En cuanto a trasladar este mismo principio a la industria y el comercio, no es ni siquiera imaginable. Un ferrocarril, un tren de laminación, una fábrica moderna no pueden ser fragmentados. A la redistribución periódica de la propiedad sólo se podría llegar si se procediera ante todo a disgregar de nuevo toda la estructura económica basada en la división del trabajo y en la propiedad privada plena e ilimitada, y se regresara a una economía sin cambio, basada en la yuxtaposición de fincas rurales autosuficientes.

La idea del sindicalismo representa el intento de adaptar el ideal de la distribución igualitaria de la propiedad a las condiciones de la gran empresa moderna. El sindicalismo no quiere transferir la propiedad de los medios de producción ni a los individuos ni a la sociedad, sino a los trabajadores empleados en la misma empresa o en el mismo sector productivo[2].

Puesto que la proporción en que los factores materiales y personales de producción están combinados es diferente en los distintos sectores de producción, la igualdad en la distribución de la propiedad tampoco podría alcanzarse por esta vía. En efecto, en algunos sectores productivos el trabajador recibiría una cuota de propiedad mayor que en otros sectores. Imaginemos sólo por un momento las dificultades que surgirían de la continua necesidad de trasladar el capital y el trabajo entre los distintos sectores productivos. ¿Sería posible tomar capital de un sector para aumentar la dotación de capital de otro sector? ¿Cómo quitar trabajadores a un sector para trasladarlos a otro en el que la cuota de capital por trabajador es menor? La imposibilidad de proceder a estos continuos ajustes nos demuestra el colmo de irracionalidad social que alcanza el sindicalismo al proponer su absurdo modelo de colectivismo. Pero supongamos que por encima de los distintos grupos existe un poder central autorizado a proceder a estos continuos reajustes; en tal caso, no se trataría ya de sindicalismo sino de socialismo. En realidad, el sindicalismo como ideal social es un absurdo tal que sólo algunos visionarios, que no han reflexionado lo suficiente sobre estos problemas, han osado defender sus principios.

Socialismo y comunismo son aquel tipo de organización de la sociedad en el que la propiedad —o sea, el poder de disponer de todos los medios de producción— se transfiere a la sociedad, es decir, al Estado como aparato social coercitivo. Para juzgar si una sociedad es socialista es indiferente la forma en que se realiza la distribución de los dividendos sociales, es decir, si se hace según criterios igualitarios o bien según otros criterios. Y tampoco es decisivo saber si el socialismo se instaura transfiriendo formalmente la propiedad de todos los medios de producción al aparato social coercitivo, esto es, al Estado, o si, en cambio, la propiedad se deja nominalmente a los propietarios, y la socialización consiste en autorizar a los «propietarios» mismos la disposición de los medios de producción dejados en sus manos sólo según las directrices impartidas por el Estado. Si es el gobierno quien decide qué y cómo hay que producir, y a quién y a qué «precio» hay que vender, la existencia de la propiedad privada se convierte en un hecho puramente nominal; en realidad, toda la propiedad está ya socializada, puesto que el incentivo a la acción económica no es ya la búsqueda del beneficio por parte de los empresarios y capitalistas, sino la necesidad de cumplir un deber impuesto y de obedecer órdenes recibidas.

Más adelante hablaremos del intervencionismo. Según una opinión muy extendida, entre capitalismo y socialismo existiría una tercera vía de organización social: el sistema de propiedad privada regulada, controlada y dirigida a través de órdenes (intervenciones) del gobierno.

No hablaremos, en cambio, del sistema de redistribución periódica de la propiedad y del sistema de sindicalismo, pues se trata de dos sistemas que ninguna persona seria propone. Nos ocuparemos, pues, solamente del socialismo, del intervencionismo y del capitalismo.

2. LA PROPIEDAD PRIVADA Y SUS CRÍTICOS

La vida del hombre no es un estado de pura felicidad. La tierra no es un paraíso. De esto no tienen culpa alguna las instituciones sociales, pero de ordinario a ellas se les atribuye la responsabilidad. La base de toda civilización, incluida la nuestra, es la propiedad privada de los medios de producción. Quien quiere criticar la civilización moderna comienza, por tanto, por la propiedad privada. Todo lo que no les gusta a los críticos de esta civilización lo achacan exclusivamente a la propiedad privada, especialmente aquellos aspectos negativos que tienen su origen precisamente en las restricciones y en los límites impuestos a la propiedad privada y que le impiden desplegar plenamente sus potencialidades sociales.

El método que suele adoptar el crítico es imaginar lo hermoso que sería todo si se comportara como él quiere. Borra conceptualmente cualquier voluntad ajena que pueda entrar en conflicto con su propia voluntad, y se pone como soberano absoluto a sí mismo o a un sujeto que quiere exactamente lo que él quiere. Quien proclama el derecho del más fuerte se considera a sí mismo el más fuerte; quien defiende la institución de la esclavitud no piensa que él podría ser un esclavo; quien pide la coacción la pide contra otros, no contra él; quien auspicia una organización estatal oligárquica piensa que formará parte de la oligarquía; quien se extasía ante un despotismo ilustrado o una dictadura es suficientemente presuntuoso para atribuirse a sí mismo, en sus sueños con los ojos abiertos, el papel del déspota o del dictador iluminado, o por lo menos para esperar convertirse en la guía despótica y dictatorial de los propios déspotas y dictadores. Como nadie desea hallarse en la condición del más débil, del oprimido, del dominado, del no privilegiado, del súbdito sin derechos, así nadie desea vivir en una sociedad socialista si no es en el papel de director general o de inspirador del director general. En la visión de quien sueña y desea el socialismo no existe seguramente otra vida que merezca vivirse.

Existe toda una literatura que ha sintetizado este razonamiento típico de estos soñadores en un esquema rígido que se resume en la consueta contraposición entre rentabilidad y productividad. A lo que sucede en el sistema social capitalista se contrapone conceptualmente lo que sucedería —según el deseo del crítico del capitalismo— en la organización socialista ideal, y todo lo que se aparta de este modelo ideal se califica de improductivo. Durante mucho tiempo la principal objeción planteada contra el sistema capitalista fue precisamente esta falta de coincidencia entre la rentabilidad de la economía privada y la productividad de la economía pública. Pero en los últimos años se ha ido imponiendo gradualmente la idea de que en la mayor parte de los casos aquí mencionados la comunidad socialista no podría obrar de manera diferente a como se comporta la colectividad capitalista. Pero aun admitiendo que esta antítesis exista, es inadmisible suponer que lo que sucedería en la organización social socialista es absolutamente justo, mientras que el sistema capitalista habría que condenarlo siempre si se aparta de ese modelo. El concepto de productividad es totalmente subjetivo y nunca puede tomarse como criterio de una crítica objetiva.

No es, pues, el caso de ocuparnos de los disparates de nuestro aspirante a dictador y de sus escenarios imaginarios, en los que todos son obedientes y están dispuestos a servirle y sus órdenes se ejecutan puntualmente con la máxima precisión y celeridad. Muy distinto, en cambio, es preguntarse qué sucedería en una comunidad socialista no meramente soñada sino real. Ya el supuesto de que bastaría una distribución igualitaria del producto bruto anual de la economía capitalista entre todos los componentes de la sociedad para garantizar a cada uno un tenor de vida adecuado, es totalmente falso, como lo demostrarían los simples cálculos estadísticos. Así, una sociedad socialista difícilmente lograría obtener un aumento sensible del tenor de vida de las masas. Una perspectiva de bienestar o incluso de riqueza para todos sólo sería realista en la hipótesis de que el trabajo en la sociedad socialista sea más productivo que el trabajo en el sistema capitalista, y que en esa sociedad se pueda ahorrar una cantidad enorme de gastos superfluos y por tanto improductivos.

Por lo que respecta a este segundo punto, se piensa, por ejemplo, en la eliminación de todos aquellos gastos originados por los costes de comercialización de los productos, como los gastos de competencia y de publicidad para atraer a la clientela, etc. Es evidente que tales gastos no existen en la sociedad socialista. Pero no debe olvidarse que también el aparato de distribución tendría sus costes considerables, que incluso serían superiores a los que exige el aparato distributivo de una sociedad capitalista. No es éste, sin embargo, el punto decisivo para valorar la incidencia de estos costes. El socialista da por descontado que en una sociedad socialista la rentabilidad del trabajo sería por lo menos igual a la de la sociedad capitalista, y trata incluso de demostrar que sería superior. Pero el primer supuesto no es en absoluto evidente, como los defensores del socialismo parecen pensar. La cantidad de lo que se produce en una sociedad capitalista no es independiente del modo en que se produce. En la sociedad capitalista es decisivo el hecho de que en cada estadio de cualquier producción el interés privado de las personas ocupadas en esa determinada producción está estrechamente ligado a la productividad de la parte de trabajo que se está haciendo. La economía capitalista ha podido crear la riqueza de que dispone sólo porque, por una parte, cada trabajador ha tenido que emplear al máximo sus fuerzas, puesto que su salario depende del resultado de su trabajo, y por otra cada empresario ha tenido que tratar de producir a costes inferiores a los de su competidor, empleando así una menor cantidad de capital y de trabajo.

Escandalizarse por los supuestos costes del aparato capitalista de distribución significa realmente tener una visión miope de las cosas. Quien reprocha al capitalismo el derroche, las numerosas tiendas de corbatas y los todavía más numerosos estancos que animan las calles de los centros urbanos no se percata ciertamente de que esta organización comercial es sólo el último anillo de una cadena productiva que asegura la máxima productividad. Todos los progresos del aparato productivo sólo se han podido obtener porque en la naturaleza misma de este aparato está el tener que progresar cada vez más. Sólo porque todos los empresarios están sometidos a la competencia recíproca y son inexorablemente expulsados del mercado cuando no consiguen producir a los máximos niveles de productividad, se aplican a mejorar y perfeccionar continuamente los métodos de producción. Si desapareciera este incentivo no habría ya ningún progreso en la producción y ninguna utilidad económica en perpetuar los métodos tradicionales. Por eso es totalmente erróneo plantear la cuestión sobre cuánto se ahorraría si se eliminaran los gastos de publicidad. Deberíamos más bien preguntar cuánto se podría producir si desapareciera la competencia entre los productores. Y la respuesta a esta pregunta no puede ser dudosa.

Los hombres sólo pueden consumir si trabajan y sólo lo que su trabajo ha producido. Ahora bien, la característica específica de la sociedad capitalista es precisamente que transmite a cada miembro de la sociedad este impulso al trabajo, que obliga a cada uno a la máxima prestación laboral para obtener el máximo resultado posible. En cambio, en la sociedad socialista faltaría este nexo directo entre el trabajo de cada uno y lo que de él obtiene. El incentivo a trabajar provendría no de lo que se obtiene del propio trabajo, sino sobre todo de la orden de trabajo impartida por la autoridad central, y luego del propio sentido del deber. La demostración precisa de la imposibilidad de realizar semejante organización del trabajo la ofreceremos en un próximo capítulo.

Uno de los reproches que constantemente se hacen al sistema capitalista se refiere a la posición privilegiada de los propietarios de los medios de producción, los cuales —se dice— pueden vivir sin trabajar. Si se considera el sistema social desde un punto de vista individualista, no se puede menos de ver en este hecho un grave defecto del sistema mismo. ¿Por qué alguien tiene que estar mejor que cualquier otro? Pero si miramos las cosas no desde el punto de vista de las personas individuales, sino desde el de la colectividad, se observa que los propietarios pueden conservar su cómoda posición sólo a condición de ofrecer a la sociedad un servicio indispensable. El propietario puede conservar su posición privilegiada tan sólo si da el máximo valor social al empleo de sus medios de producción. Si no lo hace —es decir, si invierte mal su riqueza—, trabaja con pérdidas, y si no corrige su error a tiempo, será arrojado sin piedad de su posición privilegiada. Entonces pierde su condición de propietario, y otros más capaces ocupan su puesto. En la sociedad capitalista son sólo y siempre los más aptos los que disponen de los medios de producción, y deben siempre cuidar, quiéranlo o no, de emplearlos del modo que den el máximo rendimiento.

3. PROPIEDAD PRIVADA Y GOBIERNO

Todos los que tienen poder político, todos los gobiernos, todos los reyes y todos los regímenes republicanos han mirado siempre con recelo a la propiedad privada. En cualquier poder político se halla presente la tendencia a exceder sus propios límites y a extender lo más posible el ámbito de su propia influencia. Controlarlo todo, no dejar ningún espacio en que las cosas puedan desenvolverse libremente sin la intervención de la autoridad: tal es el fin al que todo gobernante secretamente aspira. Para él, la propiedad privada representa un obstáculo en su camino. La propiedad privada crea una esfera en la que el individuo está libre de la injerencia del Estado, pone límites a la actuación de la voluntad autoritaria y permite que junto y contra los poderes políticos surjan otros poderes. La propiedad privada se convierte así en la base de toda iniciativa vital libre de la injerencia del poder político, el terreno en el que germinan las semillas de la libertad y en el que hunden sus raíces la autonomía del individuo y, en último análisis, todo desarrollo de la vida espiritual y material. En este sentido, la propiedad ha sido definida como la condición fundamental del desarrollo del individuo, fórmula que hay que aceptar sólo con mucha cautela, pues no debemos pensar, como a menudo sucede, en una contraposición entre individuo y colectividad; la contraposición entre ideas y fines individuales e ideas y fines colectivos, o incluso entre una ciencia individualista y una ciencia colectivista, es un lugar común carente de contenido.

Nunca ha existido un poder político que renunciara voluntariamente a obstaculizar la propiedad privada de los medios de producción, impidiéndole desplegar libremente todas sus iniciativas. Los gobiernos sólo toleran la propiedad privada si son forzados a hacerlo, pero no la reconocen espontáneamente porque reconozcan su necesidad. Con harta frecuencia ha sucedido que hombres políticos liberales, una vez llegados al poder, abandonaran más o menos los principios liberales. La tendencia a reprimir la propiedad privada, a abusar del poder político y a despreciar todas las esferas libres de la injerencia estatal, está profundamente enraizada en la mentalidad de quienes controlan el aparato gubernamental de compulsión y coerción para que puedan resistirla voluntariamente. Un gobierno espontáneamente liberal es una contradictio in adjecto. Los gobiernos tienen que verse obligados a ser liberales por el poder unánime de la opinión pública. No se puede contar con su liberalismo voluntario.

En una hipotética sociedad formada enteramente por campesinos más o menos igualmente ricos, es fácil comprender qué es lo que forzaría al gobierno a reconocer los derechos de los propietarios. Cualquier intento de reducir el derecho de propiedad chocaría inmediatamente con un frente compacto de todos los súbditos contra el gobierno. Pero en una sociedad en la que no sólo existe la agricultura sino también la industria —y existen en particular grandes industrias y grandes propiedades industriales, mineras y comerciales— la situación presenta aspectos completamente distintos. En una sociedad así, quienes tienen el control del gobierno pueden perfectamente intervenir contra la propiedad privada. De hecho, nada da más ventajas a un gobierno que la lucha contra la propiedad, precisamente por la facilidad con que puede incitar a la gran masa contra los propietarios. Por esta razón, las monarquías absolutas, los déspotas y los tiranos de toda calaña han pensado siempre aliarse con el «pueblo» contra las clases propietarias. El principio del cesarismo no fue sólo la base del segundo imperio napoleónico. También el Estado autoritario prusiano de los Hohenzollern hizo suya la idea que Lassalle introdujo en la política alemana durante la lucha constitucional prusiana, es decir, la idea de conquistar las masas obreras para la lucha contra la burguesía mediante una política de intervencionismo estatal. Era el principio de la «monarquía social» exaltada por Schmoller y su escuela.

Pero, a pesar de todos los ataques de que ha sido objeto, la institución de la propiedad privada ha logrado sobrevivir. Ni la aversión de todos los gobernantes, la lucha por parte de literatos y moralistas, iglesias y confesiones religiosas, ni la hostilidad profundamente arraigada en la envidia instintiva de las masas consiguieron abolir la propiedad privada. Cualquier intento de sustituirla por otro sistema de producción y de distribución no tardó en demostrar su inviabilidad por absurdo. Hubo de admitirse entonces que la propiedad privada es indispensable y volver a ella gustara o no.

Conviene observar, sin embargo, que jamás se quiso admitir que la razón de este retomo a la institución de la propiedad privada de los medios de producción fuera el hecho de que un sistema racional de economía humana y la coexistencia social es irrealizable sobre otras bases. No se ha tenido la valentía de decidirse a romper con la ideología a la que la gente se había aficionado, es decir, a la creencia de que la propiedad privada es un mal del que por desgracia provisionalmente no se puede prescindir, porque los hombres no están aún éticamente maduros. De modo que los gobiernos, mientras se adaptaban a tolerar la propiedad —naturalmente, contra sus verdaderas intenciones y contra los impulsos innatos de toda organización de poder— seguían tenazmente ligados a la ideología contraria a la propiedad no sólo en sus actos externos, sino en su misma mentalidad, y pensando que, si por el momento se apartaban de la justa aversión de principio a la propiedad privada, lo hacían por pura debilidad o por consideración a los intereses de fuertes grupos de poder.

4. LA INVIABILIDAD DEL SOCIALISMO

Ordinariamente se piensa que el socialismo es irrealizable porque la humanidad no posee las cualidades morales que exige una sociedad socialista. Se teme que bajo el socialismo la mayoría de la gente no muestre en el cumplimiento de los deberes y tareas que se le asignen el mismo celo que normalmente demuestra en la sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción. En la sociedad capitalista cada individuo sabe que el fruto de su propio trabajo es para él, y que sus ingresos aumentan o disminuyen en razón del aumento o disminución del producto de su trabajo. En la sociedad socialista, en cambio, cada individuo tiende a pensar que en el fondo la responsabilidad de su propia prestación laboral es menor, porque si es cierto que le corresponde una parte del producto total del trabajo de todos, sin embargo el montante total de este producto no disminuiría apreciablemente por la eventual disminución derivada de la indolencia de una sola persona. Y si esta convicción, como es de temer, se generaliza, la productividad del trabajo de la comunidad socialista disminuye considerablemente.

Esta objeción contra el socialismo es sin duda perfectamente válida, pero no llega a la raíz de la cuestión. Si en la sociedad socialista fuera posible averiguar el producto del trabajo de cada uno con la misma precisión con que en la sociedad capitalista se realiza a través del cálculo económico, la viabilidad del socialismo no dependería de la buena voluntad de cada uno de los individuos que integran la sociedad; ésta estaría en condiciones de precisar, dentro de ciertos límites, el grado de participación de cada uno en el producto de la actividad económica total en razón del grado en que ha contribuido a producirlo. Pero el hecho de que en la sociedad socialista sea imposible el cálculo económico hace imposible cualquier socialismo.

En el sistema capitalista el cálculo de rentabilidad ofrece un criterio de medida que revela a cada uno, en primer lugar, si la empresa que ha puesto en marcha puede ser gestionada en las condiciones objetivas en que tiene que moverse, y en segundo lugar si es gestionada con criterios de maximización de los objetivos empresariales, es decir, con el mínimo coste de los factores de producción. Si una empresa no es rentable, quiere decir que existen otras empresas que destinan las materias primas, los bienes semielaborados y el trabajo que han invertido a un fin más urgente y más importante desde el punto de vista del consumidor, o bien que los destinan a un fin idéntico pero lo hacen de manera más económica (o sea, con menor inversión de capital y de trabajo). Si, por ejemplo, resulta que la tejeduría artesana no es ya rentable, esto quiere decir que en la industria textil mecanizada la inversión de capital y de trabajo da mayores resultados, y por tanto es antieconómico empeñarse en seguir con un tipo de producción en el que una idéntica inversión de capital y de trabajo da menores beneficios.

Cuando se planea una nueva empresa, se puede calcular con anticipación si es posible, y en qué modo, hacer que sea rentable. Si, por ejemplo, se tiene intención de construir un ferrocarril, se puede calcular —estimando el volumen del tráfico y de su capacidad de cubrir los costes del transporte a través de las tarifas— si conviene invertir capital y trabajo en esa empresa. Si resulta que la construcción del ferrocarril no promete ser rentable, esto significa en otros términos que existe la posibilidad de un empleo más urgente del capital y del trabajo que habría costado el ferrocarril, y que no se tienen los medios suficientes para podérselo permitir. Pero el cálculo del valor y de la rentabilidad nos da la posibilidad no sólo de dar una respuesta precisa a la cuestión general de la conveniencia o no de poner en marcha una empresa, sino también de controlar todos los pasos del empresario.

El cálculo económico capitalista, el único que nos hace posible una producción racional, se basa en el cálculo monetario. Sólo porque en el mercado existen precios expresados en moneda para todas las mercancías y todos los servicios, pueden ser sometidas a un cálculo homogéneo las distintas especies de bienes y de prestaciones laborales. En una sociedad socialista, en la que todos los medios de producción son de propiedad de la colectividad, y en la que, por tanto, no existe un mercado y un intercambio de bienes y servicios productivos, tampoco puede existir un precio monetario de los bienes de orden superior y de las prestaciones laborales. Así pues, en la sociedad socialista faltaría inevitablemente el instrumento principal de la gestión racional de una empresa: el cálculo económico. No puede haber cálculo económico si falta un denominador común al que puedan referirse las distintas clases de bienes y servicios.

Imaginemos un caso muy sencillo. Para construir un ferrocarril de A a B se pueden concebir muchos trazados. Supongamos que entre los puntos A y B hay una montaña. Se puede hacer que el ferrocarril pase por la montaña, o bien rodeando la montaña, o bien también perforar un túnel en la montaña. En un sistema social capitalista es sencillo calcular el trazado más económico. Se verifican los costes de construcción y los distintos costes de gestión del tráfico de cada una de las tres líneas, y sobre la base de estas magnitudes puede establecerse cuál será el trazado más económico. En un sistema social socialista estos cálculos no serían posibles, porque no tendría ninguna posibilidad de reducir a una medida homogénea las distintas cualidades y cantidades de bienes y trabajo que entran en consideración en este caso. Frente a los problemas normales que la gestión día a día de la economía presenta, la sociedad socialista no sabría qué hacer, porque no tendría ninguna posibilidad de calcular los gastos.

El modo de producción capitalista tal como lo conocemos, con sus complejas vías indirectas de producción que permiten todo ese bienestar gracias al cual vive hoy en nuestro planeta mucha más gente de la que viviera en la era precapitalista, precisa del cálculo económico, ese cálculo que en el socialismo es imposible. Inútilmente los teóricos socialistas han tratado de indicar de qué modo se puede prescindir del cálculo monetario y de los precios. Todos sus intentos en tal sentido han fracasado.

Los dirigentes de una sociedad socialista tendrían que afrontar una tarea que para ellos resultaría irresoluble. No estarían en condiciones de decidir cuál entre los innumerables procedimientos sería el más racional. De modo que la economía socialista se convertiría en un caos en el que rápida e inexorablemente se instauraría una miseria generalizada y una recaída en las condiciones primitivas de nuestros antepasados.

El ideal socialista, llevado hasta su conclusión lógica, sería un sistema social en el que todos los medios de producción serían propiedad de la colectividad en su conjunto. En un sistema así la producción está enteramente en manos del gobierno, del poder social central, el único que fija qué hay que producir, cómo producirlo y con qué criterios distribuir el producto listo para el consumo. Poco importa si debemos representarnos este futuro Estado socialista como una estructura democrática o bien de otro tipo. También un Estado socialista que tuviera ordenamientos democráticos debería contemplar un organismo burocrático rígidamente organizado, en el que cada uno, a excepción del vértice supremo, es al mismo tiempo funcionario y súbdito, aun cuando por otro lado contribuye como elector a la formación de la voluntad central.

Un Estado socialista no debe confundirse con las gigantescas empresas estatales que surgieron en los últimos decenios. Todas estas empresas públicas coexisten con la propiedad privada de los medios de producción, mantienen relaciones de intercambio con las empresas privadas gestionadas por los capitalistas, de las que reciben múltiples estímulos que les ayudan a mantener viva la gestión. Los ferrocarriles del Estado, por ejemplo, para todas sus instalaciones, se dirigen a proveedores, a las fábricas de locomotoras, de vagones, de instrumentos de señalización, ya experimentados en empresas ferroviarias gestionadas por capitalistas privados, de las que también reciben estímulos a introducir innovaciones para adaptarse al progreso técnico y económico que observan se produce en torno a ellos.

Es sabido que las empresas estatales y municipales suelen quebrar porque operan con costes excesivos y con una gestión irracional, y por tanto se ven continuamente en la necesidad de recurrir a la subvención para poder seguir adelante. Es cierto que cuando una empresa pública tiene una posición de monopolio —como sucede la mayoría de las veces, por ejemplo, con las empresas urbanas de transportes y de electricidad— no siempre los pésimos resultados empresariales se traducen en una quiebra financiera explícita. En efecto, según las circunstancias, esto último puede ocultarse explotando la posibilidad de aumentar los precios de los productos y de los servicios que estas empresas ofrecen, hasta el punto de resultar rentables a pesar de su gestión antieconómica. Pero ésta no es más que una versión distinta de la baja rentabilidad del modo de producción socialista, aunque no siempre es fácil reconocerla como en los casos normales. Pero, en esencia, el problema es idéntico.

Todos estos intentos de gestión socialista de las empresas no representan, en todo caso, una base realista para comprender el significado efectivo de una realización completa del ideal socialista de la socialización de todos los medios de producción. En el Estado socialista futuro, en el cual existiría sólo socialismo sin libre iniciativa de propietarios privados, los dirigentes de la economía socialista carecerían de ese parámetro que para toda economía representan el mercado y los precios de mercado. En el sistema social basado en la propiedad privada, la posibilidad de averiguar en el mercado —es decir, allí donde confluyen todos los bienes y servicios para ser intercambiados— las relaciones de intercambio de cada uno de los bienes y su expresión monetaria ofrece automáticamente también la posibilidad de controlar a través del cálculo el resultado de cualquier iniciativa económica. Es posible verificar la rentabilidad social de toda actividad económica a través de la contabilidad y el cálculo de rentabilidad. Veremos cómo la mayoría de las empresas públicas no puede hacer del cálculo monetario el mismo uso que hace la empresa privada. Sin embargo, el cálculo monetario ofrece también a la empresa estatal y municipal al menos cierta referencia orientativa sobre el resultado positivo o negativo de su gestión. En cambio, en un sistema económico íntegramente socialista, también esta última posibilidad viene a faltar en el momento mismo en que, al no poder existir la propiedad privada de los medios de producción, no existe tampoco un intercambio de los mismos en el mercado, y por consiguiente no puede haber ni precios monetarios ni cálculo monetario. La dirección general de una sociedad puramente socialista no dispondría por tanto de ningún instrumento para reconducir a un denominador común los empleos a los que destina cada producción. Y no se diga que este objetivo puede alcanzarse comparando las distintas especies de gastos y de ahorros naturales. Si no existe la posibilidad de reconducir a una expresión común las horas de trabajo efectuadas por trabajadores de distinta cualificación, hierro, carbón, materiales de construcción, máquinas y todo lo demás que las instalaciones y la gestión de una empresa exigen, no existe tampoco una manera de calcular. El cálculo sólo es posible si se pueden reducir a moneda todos los bienes en cuestión. Sin duda, el cálculo monetario tiene sus imperfecciones y sus graves defectos, pero no tenemos nada mejor con que sustituirlo; y para los fines prácticos de la vida diaria el cálculo monetario de un sistema monetario sano es suficiente. Si renunciamos a él, es imposible cualquier cálculo económico.

Tal es la objeción decisiva que el economista plantea contra la posibilidad de un orden socialista; es decir, el hecho de que este sistema debe renunciar a aquella división mental del trabajo que está presente en la contribución que todos los empresarios, los capitalistas, los propietarios de tierras y los obreros aportan, en cuanto productores y consumidores, a la formación de los precios de mercado. Pero sin ella es impensable cualquier racionalidad en el sentido de posibilidad de cálculo económico.

5. EL INTERVENCIONISMO

El ideal socialista empieza a perder cada vez más seguidores. Por una parte, las profundas investigaciones económicas y sociológicas sobre los problemas del socialismo, que han demostrado la imposibilidad de realizar las ideas socialistas, no han dejado de producir su efecto; por otra, la quiebra de todos los experimentos socialistas allí donde se han intentado han desconcertado incluso a los más entusiastas. Gradualmente se va comprendiendo que la sociedad no puede prescindir de la propiedad privada. Sin embargo, décadas de ataques al sistema de propiedad privada de los medios de producción han dejado un prejuicio tan arraigado contra el sistema social capitalista que no se consigue admitir abiertamente, a pesar de constatar los defectos radicales y la inviabilidad del socialismo, que es preciso volver, en lo que respecta al problema de la propiedad, a las concepciones liberales. No faltan, naturalmente, quienes admiten que la propiedad colectiva de los medios de producción, o sea, el socialismo, no es en cuanto tal realizable, o por lo menos no lo es en el presente, pero por otro lado declaran que también la propiedad privada ilimitada de los medios de producción es perjudicial para la sociedad. Y entonces proponen una tercera vía, una condición social que debería representar un término medio entre la propiedad privada y la propiedad social de los medios de producción. Quieren, por una parte, mantener la propiedad privada de tales medios, pero por otra quieren regular, controlar y guiar con prohibiciones y mandatos autoritarios la actividad de sus propietarios, o sea, las decisiones de los empresarios, de los capitalistas y de los terratenientes. Se viene a crear así un modelo ideal de sistema económico regulado, un modelo de capitalismo limitado por normas autoritarias, y de propiedad privada despojada, gracias a intervenciones desde arriba, de sus supuestos fenómenos concomitantes negativos.

Para comprender el significado y la esencia del sistema propuesto, no hay modo mejor que referirse a algunos ejemplos que aclaran los efectos inevitables del intervencionismo estatal. Las intervenciones decisivas se proponen fijar, para los bienes y los servicios, precios distintos de los que se formarían espontáneamente en un mercado libre.

Sobre la base de los precios que se forman o que se formarían espontáneamente en un mercado libre no embridado por las interferencias de la autoridad gubernamental, los costes de producción estarían cubiertos por los ingresos. Si el gobierno impone un precio más bajo, los ingresos quedan por debajo de los costes. Los comerciantes y los productores, a no ser que se trate de mercancías perecederas que se devalúan rápidamente, se abstendrán entonces de vender las mercancías en cuestión a la espera de tiempos mejores, cuando, se espera, serán derogadas las disposiciones gubernamentales. Si el gobierno no quiere que sus propias disposiciones provoquen que determinadas mercancías desaparezcan de la circulación, no puede limitarse a fijar el precio; debe también ordenar al mismo tiempo que todas las reservas existentes se vendan al precio prescrito.

Pero tampoco esto basta. Al precio de mercado ideal, habría habido equilibrio entre demanda y oferta. Ahora, en cambio, que las disposiciones del gobierno han fijado autoritariamente un precio más bajo, la demanda ha subido mientras que la oferta sigue igual. Entonces las reservas no bastan para satisfacer completamente a todos cuantos están dispuestos a pagar el precio impuesto. Una parte de la demanda quedará, pues, insatisfecha. El mecanismo del mercado, que en condiciones normales lleva al equilibrio entre demanda y oferta a través de la modificación del nivel de precios, ya no funciona. A este punto las personas que estarían dispuestas a aplicar el precio impuesto por el gobierno tienen que abandonar el mercado con las manos vacías. Quienes tienen una posición estratégica en el mercado y saben explotar sus relaciones personales con los vendedores acaparan todas las reservas, mientras todos los demás se quedan a verlas venir. Para evitar estas consecuencias no deseadas de su intervención, el gobierno debe añadir al precio impuesto también el racionamiento. Una nueva disposición del gobierno establecerá entonces también la cantidad de mercancía que puede cederse, al precio impuesto, a quien lo solicite.

Si en el momento en que el gobierno interviene las provisiones existentes ya se han agotado, el problema se agrava ulteriormente. En efecto, como a ese precio de venta impuesto por la autoridad la producción no es ya rentable, ésta se limita o incluso se suspende. Si en cambio la autoridad quiere que la producción siga, debe obligar a los empresarios a producir, y entonces debe fijar no sólo los precios de las materias primas y de los semielaborados, sino también los salarios. Y, por otra parte, estas disposiciones no pueden limitarse a uno o a pocos sectores de producción que se desee regular porque se piensa que sus productos son particularmente importantes. Deben extender se a todos los sectores productivos, es decir, deben regular los precios de todos los bienes y todos los tipos de salarios, y, en una palabra, los comportamientos de todos —empresarios, capitalistas, terratenientes y trabajadores—. Si se exceptuaran algunos sectores productivos, el capital y el trabajo afluirían a ellos inmediatamente, de modo que se frustraría el objetivo que el gobierno se proponía con su primera intervención. El gobierno quiere, en cambio, que la mayor inversión de capital y trabajo se dirija precisamente al sector de producción que ha pensado regular, por la particular importancia que atribuye a sus productos. Que haya desertado precisamente ese sector, y que se deba al efecto de su intervención, es contra todas sus intenciones.

Ahora vemos claramente qué ha sucedido: la intervención autoritaria en el mecanismo del sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción ha fallado el objetivo que el gobierno pretendía alcanzar con ese medio. Esa intervención no sólo no ha conseguido el fin de quien la había promovido, sino que ha resultado incluso contraproducente respecto a ese fin, porque el «mal» que por su medio se quería combatir no se ha eliminado, sino que más bien se ha agravado ulteriormente. Antes de que el precio se impusiera por decreto, la mercancía —en opinión de la autoridad— era demasiado cara; ahora incluso ha desaparecido del mercado. Pero este resultado no estaba en las intenciones de la autoridad, que más bien quería hacerla más accesible al consumidor reconduciendo su precio. Su intención era opuesta: desde su punto de vista, el mal mayor era sin duda la penuria de esa mercancía, la imposibilidad de obtenerla. En este sentido puede decirse que la intervención del gobierno ha sido ilógica y contraria al fin que se proponía y, más en general, que cualquier programa de política económica que pretenda operar con tales intervenciones es irrealizable e impensable, contrario a la lógica económica.

Si el gobierno no tiene intención de enderezar las cosas absteniéndose de intervenir y revocando el precio impuesto, entonces no le queda más remedio que hacer seguir al primer paso todos los demás. Al decreto que prohíbe aplicar precios superiores a los prescritos debe seguir no sólo un decreto que obligue a poner a la venta todas las existencias, y luego otro sobre el racionamiento, sino también un decreto más que fije los precios de los bienes de orden superior y los salarios, y, para completar la obra, el decreto sobre la obligación de trabajar de empresarios y obreros. Y, repito, estas prescripciones no pueden limitarse a uno o a unos pocos sectores de producción, sino que deben extenderse a todos. No hay otra elección: o renunciar a intervenir en el libre juego del mercado, o bien transferir toda la dirección de la producción y la distribución a la autoridad del gobierno. O capitalismo o socialismo. No existe una tercera vía. El mecanismo que regula el proceso que acabamos de describir no es desconocido para aquéllos que han vivido en su propia piel, durante la guerra y luego en el periodo de inflación, los intentos de los gobiernos de fijar autoritariamente los precios. Hoy todos sabemos que el único resultado de esa imposición autoritaria de los precios significó la desaparición del mercado de todas las mercancías afectadas. Siempre que se procede a imponer los precios, el resultado es el mismo. Si, por ejemplo, el gobierno impone un límite a los alquileres, se produce inmediatamente una falta de pisos. En Austria el partido socialdemócrata ha abolido prácticamente los alquileres. La consecuencia ha sido que en la ciudad de Viena, por ejemplo, a pesar de la notable disminución de la población desde el comienzo de la guerra, y a pesar de la construcción de millares de nuevos pisos por parte del municipio en la posguerra, millares de personas no pueden hoy encontrar un alojamiento.

Tomemos otro ejemplo: el salario mínimo fijado por ley.

Si la relación entre empresario y trabajador se desarrolla al margen de toda reglamentación legislativa y de medidas coactivas de los sindicatos, el salario que el empresario paga por cada tipo de trabajo corresponde exactamente al incremento de valor que los materiales muertos reciben gracias a ese trabajo. El salario no puede ser más alto, porque de otro modo las cuentas no salen y el empresario se ve obligado a renunciar a esa producción que ya no es rentable. Pero tampoco puede ser inferior, porque en tal caso serían los obreros los que se trasladarían a otros sectores productivos con mayores remuneraciones, y el empresario se vería igualmente obligado a renunciar a esa producción por falta de mano de obra.

Existe, pues, siempre en la economía un tipo salarial con el que todos los trabajadores encuentran empleo, y cualquier empresario que a ese tipo salarial quiera poner en marcha una empresa rentable encuentra los trabajadores que busca. Este tipo salarial suele llamarse, en economía política, salario estático o natural. Aumenta cuando, en igualdad de las demás condiciones, la cantidad de capital disponible —para la que se busca empleo en la producción— sufre una disminución. Pero hay que tener en cuenta que no es exacto hablar simplemente de «salarios» y de «trabajo», ya que las prestaciones laborales son cualitativa y cuantitativamente (calculadas por unidad de tiempo) muy distintas, lo mismo que los salarios.

Si la economía no abandonara nunca el estado estacionario, en el mercado del trabajo libre de la injerencia de los gobiernos y de la coacción de los sindicatos no existiría paro. Pero una sociedad en estado estacionario es un puro expediente conceptual del que se sirve la teoría económica, un instrumento necesario a nuestro pensamiento con el fin de iluminar por contraste los procesos que se desarrollan en el sistema económico real en el que vivimos y operamos. La vida —y podemos decir que por suerte— no está nunca en un punto muerto. En la economía de un país no existe nunca una situación estática absoluta, sino que hay cambios continuos, movimientos, novedades y procesos aún inacabados o ya realizados de manera distinta. Existen siempre, por tanto, sectores de producción que son abandonados o redimensionados, porque la demanda de sus productos se ha orientado a otra parte, y sectores de producción que son ampliados o abiertos ex novo. Si sólo pensamos en las últimas décadas, podemos enumerar toda una serie de nuevas industrias surgidas de la nada: la industria automovilística, aeronáutica, cinematográfica, de la seda artificial, de las conservas alimentarias, de las turbinas, de la radiofonía. Estos sectores industriales ocupan hoy a millones de hombres que sólo en parte son fruto del aumento demográfico; una parte proviene de aquellos sectores que por efecto de los perfeccionamientos tecnológicos pueden trabajar con un número menor de obreros.

A veces los cambios que alteran la relación entre los distintos sectores productivos son tan lentos que ningún trabajador se ve en la necesidad de recualificarse y de acometer otra actividad. Sólo los jóvenes que acaban de entrar en la vida laboral se dirigen en medida preponderante a los sectores industriales nuevos o en expansión. Pero en general en el orden social capitalista el progreso y el aumento del bienestar colectivo son tan rápidos que no ahorran a nadie la necesidad de adaptarse. Cuando hace más de doscientos años un muchacho aprendía un oficio, podía contar con poder ejercerlo durante toda la vida tal como lo había aprendido, sin temer que su conservadurismo le perjudicaría. Hoy es distinto. También el obrero tiene que adaptarse al continuo cambio de las condiciones, adquirir nuevas o distintas cualificaciones, abandonar ramas laborales que ya no necesitan el número de trabajadores de otro tiempo y dirigirse a una rama nueva o distinta o a una rama que precisa de más trabajadores. Pero aun cuando permanezca en la rama antigua, tiene que aprender cosas nuevas si la situación lo exige.

Para el trabajador todo esto adquiere el aspecto de las oscilaciones salariales. Si un sector industrial ocupa relativamente demasiados obreros, se llega a los despidos, y para los despedidos no es fácil encontrar un nuevo trabajo en el mismo sector. La presión de los parados sobre el mercado de trabajo deprime el salario en este sector de producción. Esto impulsa entonces a los trabajadores a buscar un trabajo en aquellos sectores productivos en los que existe demanda de nuevos obreros y que están dispuestos a pagar salarios más altos.

De todo esto resulta con absoluta claridad qué es lo que puede satisfacer la aspiración del trabajador a obtener un trabajo y un salario más alto. En general, los salarios no pueden superar el nivel que normalmente alcanzarían en un mercado no embridado por la injerencia del gobierno o de otros poderes sociales —a no ser que se desencadenen efectos colaterales que ningún trabajador podría desear—. En un sector productivo particular o en un determinado país se puede elevar el salario sólo si se prohíbe la afluencia de trabajadores de otros sectores o del exterior. Tales aumentos salariales se obtienen a costa de los trabajadores a los que se les mantiene forzosamente alejados de ese sector, cuyo salario en efecto es inferior al que podrían obtener si no se impidiera su libre circulación. La mejora salarial de unos se obtiene, pues, a costa de otros. Esta política de bloqueo de la inmigración sólo puede beneficiar a los trabajadores en aquellos países o en aquellos sectores de producción que adolecen de cierta carencia relativa de mano de obra. Pero en un sector o en un país que no se encuentra en esta situación, lo único que puede aumentar el salario es el aumento generalizado de la productividad del trabajo o el incremento del capital, o bien la mejora tecnológica del proceso productivo.

Pero si el gobierno fija por ley un salario mínimo por encima del nivel del salario estático o natural, entonces los empresarios no podrán menos de tomar nota de la imposibilidad de desarrollar con éxito un cierto número de actividades todavía rentables a un nivel salarial inferior. Por tanto, reducirán la producción o despedirán trabajadores. La consecuencia de un aumento artificial, es decir, procedente de fuera del mercado, es el aumento del paro.

Es cierto que hoy por lo general no se fija por ley un salario mínimo, al menos a gran escala. Sin embargo, la posición de fuerza que han adquirido los sindicatos les ha dado esta posibilidad. No es que el hecho de que los trabajadores puedan coaligarse en un sindicato para poder tratar mejor con los empresarios sea en sí y por sí una circunstancia que pueda perturbar la marcha de los fenómenos de mercado. Ni tampoco el hecho de que los trabajadores reivindiquen con éxito el derecho de incumplir a discreción los contratos pactados y de abandonar el trabajo tendría el efecto de perturbar el mercado de trabajo. El fenómeno que crea una situación nueva en el mercado de trabajo es el elemento de coacción presente en la huelga y en la sindicación que hoy caracteriza a la mayoría de los Estados industriales europeos. Cuando los trabajadores organizados en sindicatos niegan a los no sindicados el derecho a trabajar, y en caso de huelga llegan a impedir abiertamente con la violencia a otros trabajadores sustituir a los huelguistas, las reivindicaciones salariales que hacen a los empresarios tienen el mismo efecto que una ley del gobierno sobre salarios mínimos. En efecto, el empresario, a menos que cierre la tienda, se ve forzado a ceder a las demandas de los sindicatos y a pagar salarios que implican inevitablemente una reducción cuantitativa de la producción, porque el producto fabricado a costes muy altos no puede venderse en la misma medida que el producto fabricado a costes más bajos. Y así el salario más alto, arrancado a través del sindicato, se convierte en causa de paro.

La extensión y duración del paro debido a esta causa son muy distintas de las del paro debido a los continuos desfases en la demanda de fuerza de trabajo. Si el paro se debe sólo a los progresos del desarrollo industrial, no puede ser demasiado extenso ni hacerse estructural. Los trabajadores sobrantes en un sector productivo no tardan en encontrar trabajo en los sectores emergentes o en los que están en fase de ampliación. Si hay movilidad de los trabajadores, y si el paso de un sector a otro no es obstaculizado por impedimentos gubernamentales o de similar naturaleza, la adaptación a las nuevas condiciones no es demasiado difícil y se produce con bastante rapidez. Y si además se hace que funcionen mejor las oficinas de colocación, se puede aportar una contribución notable a la ulterior reducción del nivel de este tipo de paro.

Por el contrario, el paro debido a la intervención de factores coactivos en el libre juego del mercado de trabajo no es una fase transitoria, que aparece y desaparece continuamente. No se puede eliminar mientras persista la causa que lo produce, es decir, mientras la ley o el poder de los sindicatos impidan que el salario sea nuevamente reconducido, por la presión de los parados en busca de trabajo, al nivel que alcanzaría sin la intervención del gobierno y del sindicato, y se estabilice en aquel tipo en el que todos cuantos buscan trabajo acaban encontrándolo.

Si además el gobierno y los sindicatos conceden a los parados el subsidio garantizado, lo único que se consigue es agravar el mal. En efecto, si se trata de paro debido a los cambios dinámicos de la economía nacional, el subsidio de desempleo sólo puede tener el efecto de aplazar permanentemente la adaptación de los trabajadores a las nuevas condiciones. El parado asistido no considera necesario tratar de recualificarse profesionalmente cuando ya no encuentra trabajo en la vieja profesión; o por lo menos deja transcurrir más tiempo antes de decidirse a pasar a una nueva profesión, o a cambiar de lugar de trabajo, o a redimensionar su demanda salarial adaptándola al nivel en que podría encontrar trabajo. Mientras los beneficios del desempleo no se coloquen a un nivel bajo, puede decirse que, mientras estén garantizados, también estará garantizado el paro.

Si se trata en cambio de paro provocado por el aumento artificial del nivel salarial debido a intervenciones del gobierno o a la presión del aparato sindical con la tolerancia del gobierno, entonces el problema cambia, y de lo que se trata es de saber quién debe soportar las cargas, si los empresarios o los trabajadores. Es un hecho que el Estado, el gobierno y los municipios no soportan nunca estas cargas, pues las descargan sobre el empresario, o el trabajador, o sobre ambos a partes iguales. Si estas cargas las soportan los trabajadores, quiere decir que a éstos se les priva totalmente o en parte del fruto del aumento artificial del salario; y puede incluso suceder que las cargas sean superiores a lo que los propios trabajadores han obtenido con ese aumento artificial. En cuanto al empresario, la carga del subsidio de desempleo se le puede adosar en forma de impuesto proporcional al total de los salarios que paga. En este caso el subsidio de desempleo, al provocar el aumento de los costes de la fuerza de trabajo, tiene el mismo efecto que un nuevo aumento del salario por encima del nivel estático; se reduce la rentabilidad del empleo de fuerza de trabajo, y con ello mismo disminuye el número de trabajadores que podrían aún ser empleados de manera rentable. Así pues, el paro crece ulteriormente, en una espiral creciente. Pero a los empresarios se les puede obligar a pagar la carga del subsidio de desempleo también a través de un impuesto sobre los beneficios o sobre el patrimonio, con independencia del número de trabajadores. También en este caso se trata de un ulterior impulso al aumento del paro, ya que, si se destruye capital o por lo menos se frena la formación de nuevo capital, las condiciones para el empleo de fuerza de trabajo, ceteris paribus, resulta más desfavorable[3].

Es claro que no se puede eliminar el paro acometiendo un programa de obras públicas de otro modo no previstas. En este caso los medios financieros invertidos deberían ser hurtados, a través de impuestos o créditos, al empleo alternativo que habrían tenido. De este modo se consigue mitigar el paro tan sólo en un sector, haciendo que aumente en otro.

Desde cualquier lado que consideremos el intervencionismo, conduce siempre a un resultado que no está en las intenciones de sus autores y fautores, y que desde su propio punto de vista no puede menos de parecer irracional y contrario al objetivo perseguido, y por tanto políticamente insensato.

6. EL CAPITALISMO ES EL ÚNICO SISTEMA POSIBLE DE RELACIONES SOCIALES

Cualquier examen de las diferentes posibilidades de organización de la sociedad basada en la división del trabajo conduce siempre al mismo resultado: una sociedad tal puede elegir solamente entre propiedad colectiva y propiedad privada de los medios de producción. Todas las formas intermedias son teóricamente irracionales y prácticamente contraproducentes con respecto al objetivo perseguido. Si además se demuestra que el socialismo es irrealizable, entonces no hay más remedio que reconocer que el capitalismo es la única forma realizable de relaciones sociales en una sociedad basada en la división del trabajo. Este resultado del análisis teórico no podrá sorprender al historiador y al filósofo de la historia. Si el capitalismo se ha convertido en realidad a pesar de la hostilidad que siempre ha encontrado en la masa y en los gobiernos; si no ha tenido que ceder el paso a otras formas de convivencia social que han contado con mayor simpatía entre los hombres de pensamiento y de acción, ello debe atribuirse tan sólo al hecho de que ningún otro sistema de organización social es posible.

No es necesario entrar en más explicaciones porque no es posible volver a formas de economía social medievales. Sobre la superficie geográfica habitada por los pueblos civilizados europeos la Edad Media conseguía alimentar sólo a una fracción de la población que hoy habita en estos territorios, y a poner a disposición de cada uno una cantidad de bienes materiales esenciales para cubrir sus necesidades diarias, que eran con mucho inferiores a las que la moderna forma capitalista de producción ofrece hoy al hombre moderno. Un retorno a la Edad Media es impensable, a no ser que se empiece por reducir la población a una décima o una vigésima parte de su nivel actual, y luego se imponga a cada uno la obligación de una austeridad inimaginable para el hombre moderno. Los mismos escritores que invocan el retorno a la Edad Media o, como ellos dicen, a una «nueva Edad Media» como único modelo ideal de sociedad, y que reprochan a la era capitalista sobre todo su mentalidad y sus principios materialistas, están a su vez imbuidos de mentalidad materialista mucho más de lo que creen. En efecto, ¿qué mayor signo del más craso materialismo que pensar —como hacen estos escritores— que la sociedad, tras volver a formas de economía y a sistemas políticos medievales, conserve todos los instrumentos técnicos de producción que el capitalismo ha creado y con los que al mismo tiempo ha garantizado al trabajo humano el alto nivel de productividad que ha alcanzado en la época capitalista? La productividad que caracteriza al modo de producción capitalista es resultado precisamente de la mentalidad capitalista y de la actitud capitalista de los individuos hacia la economía, y es un resultado de la tecnología moderna sólo en la medida en que del espíritu capitalista no podía menos de seguirse necesariamente el desarrollo tecnológico.

Nada hay tan absurdo como aquel teorema de la concepción materialista de la historia de Marx, según el cual «el molino manual genera una sociedad de señores feudales, el molino de vapor una sociedad de capitalistas industriales». Para generar la idea del molino de vapor, y para crear las premisas de la realización de esta idea, se precisó la sociedad capitalista. Es el capitalismo el que ha generado la tecnología y no al revés. Pero no menos absurda es la idea de poder conservar la organización técnico-material de nuestra economía si se eliminan sus bases espirituales. Sería imposible seguir gestionando racionalmente la economía si todo el universo mental se reconvirtiera al tradicionalismo y al autoritarismo. El empresario, elemento dinámico de la sociedad capitalista y por tanto de la tecnología moderna, es inimaginable en un ambiente de hombres consagrados a la vida contemplativa.

Pero decir que cualquier forma social distinta de la que se basa en la propiedad privada de los medios de producción es imposible significa decir exactamente que la propiedad como base de la asociación y la cooperación humana debe mantenerse, y que debe combatirse enérgicamente cualquier intento de aboliría. Calificar, pues, de apologistas de la propiedad privada a los liberales es perfectamente correcto, ya que la palabra de origen griego «apologista» significa cabalmente «defensor». Sin embargo, sería mejor evitar esa palabra de origen extranjero, dado que para muchos los términos «apología» y «apologista» sugieren la idea de que lo que se defiende es algo injusto.

No obstante, más que rechazar el supuesto implícito en el uso de esta expresión, es importante establecer otro punto, es decir, que la institución de la propiedad privada no tiene necesidad de defensa alguna, ni de justificación, motivación o explicación. La sociedad tiene necesidad de la propiedad privada para subsistir, y como los hombres tienen necesidad de la sociedad, deben preservar la propiedad privada para no dañar sus propios intereses, es decir, los intereses de todos. Puesto que la sociedad sólo puede sostenerse sobre la base de la propiedad privada, quien la defiende, defiende el mantenimiento del nexo social que liga a todos los hombres, el mantenimiento de la cultura y la civilización del hombre. Se hace apologista y defensor de la sociedad, de la cultura y la civilización y, si quiere estos fines, debe también querer y defender el único medio que conduce a ellos, o sea, la propiedad privada.

Pero quien defiende la propiedad privada de los medios de producción no por ello defiende sin más que el orden social capitalista que en ella se basa sea perfecto. La perfección no es de este mundo. También del orden social capitalista a cada uno de nosotros puede no gustar esto o aquello, mucho o incluso todo. Pero ése es, precisamente, el único orden social posible. Podemos esforzarnos en modificar esta o aquella institución, a condición de no tocar la propiedad, que es la esencia y la base del orden social. Pero en conjunto debemos contentarnos con este orden social porque no puede haber otro.

También en la «naturaleza» puede haber algo que no nos gusta. Pero no por ello podemos modificar la esencia de los procesos naturales. Si, por ejemplo, alguien piensa —y hay quien lo ha afirmado— que el modo en que el hombre toma el alimento, lo asimila y lo digiere, es repelente, es inútil discutirlo; pero sin duda hay que decirle que sólo existe esa vía o la muerte por hambre. No hay tercera vía. Lo mismo ocurre con la propiedad: aut aut. O propiedad privada de los medios de producción, o bien hambre y miseria para todos.

El término que suelen emplear los enemigos del liberalismo para definir su concepción de política económica es «optimismo», entendido como una acusación o bien como una definición sarcástica de la mentalidad liberal.

Si con esa definición de la doctrina liberal se pretende atribuir al liberalismo la idea de que el mundo capitalista es el mejor de los mundos posibles, se trata de una pura estupidez. Para una ideología como la del liberalismo, fundada enteramente sobre bases científicas, cuestiones como la de la bondad o no del orden social capitalista, de la posibilidad o no de imaginar otro mejor, de la necesidad o no de rechazarlo desde cualquier punto de vista filosófico o metafísico, ni siquiera se plantean. El liberalismo se basa en las ciencias de la economía política pura, las cuales dentro de su sistema no conocen juicios de valor, no hacen afirmaciones sobre el deber ser, sobre lo que está bien o está mal, sino que se limitan a tomar nota de lo que es y cómo es. Si estas ciencias nos muestran que de todas las formas posibles de organización social sólo una —la que se basa en la propiedad privada de los medios de producción— es capaz de sobrevivir, porque todas las demás son irrealizables, aquí no hay nada que pueda autorizar la definición de optimismo. Que la organización capitalista de la sociedad sea capaz de vivir y de funcionar, es una mera constatación que nada tiene que ver con el optimismo.

Pero los enemigos del liberalismo no cejan, y reafirman su punto de vista según el cual este orden social es malo. Ahora bien, puesto que este enunciado contiene un juicio de valor, no puede someterse a ninguna discusión que quiera ir más allá de los juicios puramente subjetivos y por tanto no científicos. Si en cambio se basa en una percepción errónea de los procesos que tienen lugar en el orden social capitalista, la economía política y la sociología pueden corregirla. Y también en este caso el optimismo nada tiene que ver. Prescindiendo completamente de toda otra consideración, tampoco el descubrimiento de los posibles defectos del orden social capitalista tendría significado alguno para los problemas político-sociales mientras no se demuestre que un orden social distinto sería no digo mejor, sino simplemente capaz de funcionar, y esto no se ha podido demostrar. Por el contrario, la ciencia ha logrado demostrar que todas las construcciones sociales imaginables en sustitución del orden social capitalista son internamente contradictorias e irracionales, y por tanto incapaces de producir aquellos efectos de los que sus defensores las consideran capaces.

La mejor demostración de lo mucho que es ilegítimo hablar de optimismo y de pesimismo, y de cómo la etiqueta de optimismo aplicada al liberalismo tiende en realidad a crear en torno a él un clima de prevención, introduciendo subrepticiamente factores emotivos extracientíficos, nos la ofrece la circunstancia de que, si es así, entonces con la misma legitimidad podrían calificarse también de optimistas quienes creen realizable la construcción de una comunidad basada en el socialismo o en el intervencionismo estatal.

Raramente la mayoría de los autores que se ocupan de los problemas de política económica dejan escapar la ocasión de verter sobre la sociedad capitalista una avalancha de ataques insensatos y pueriles, al tiempo que exaltan con palabras inspiradas aquellos magníficos modelos que se llaman socialismo o intervencionismo estatal, cuando no ya socialismo agrario y sindicalismo. En el frente opuesto han sido siempre muy pocos los autores que han tejido el elogio del orden social capitalista, aunque fuera en tonos más moderados. Si se quiere, se es libre de colgar a estos últimos la etiqueta de optimistas del capitalismo. Pero si se hace, con mayor razón se debe atribuir a aquellos autores antiliberales la definición de hiperoptimistas del socialismo, del intervencionismo estatal, del socialismo agrario y del sindicalismo. En caso contrario, es decir, si la definición de optimistas del capitalismo se reserva para los autores liberales como Bastiat, ello demuestra que no se trata en absoluto de un intento de clasificación científica sino de una deformación político-partidista sin más.

Repito, lo que el liberalismo sostiene no es que el orden capitalista sea óptimo desde cualquier punto de vista. Afirma simplemente que, para alcanzar los fines que los hombres persiguen, la sociedad capitalista es la única indicada, y que los modelos sociales que se llaman socialismo, intervencionismo, socialismo agrario y sindicalismo son irrealizables. Precisamente por esto los neurasténicos que no pueden soportar esta verdad califican a la economía política de ciencia triste. Pero la economía política y la sociología, por el hecho de que nos muestren el mundo tal como es, son tan poco tristes como la mecánica porque nos demuestra la imposibilidad del perpetuum mobile, o la biología porque nos enseña que los seres vivos son mortales.

7. CARTELES, MONOPOLIOS Y LIBERALISMO

Los enemigos del liberalismo sostienen que hoy ya no existen las premisas para una política liberal. El liberalismo —dicen— fue una realidad cuando en cada sector productivo existía una fuerte competencia entre muchas empresas medianas. Pero hoy, cuando el mercado está dominado enteramente por grandes grupos, carteles y otros monopolios, el liberalismo está prácticamente muerto. No es la política la que le ha destruido, sino una tendencia presente en todas las necesidades evolutivas de la propia economía libre.

La división del trabajo genera un proceso de especialización de la economía que dura incesantemente mientras procede el desarrollo económico. Hasta hace poco existían fábricas que producían todo tipo de máquinas. Hoy una fábrica que no se limita exclusivamente a la producción de determinadas máquinas no es ya competitiva. A medida que procede la especialización, se amplía inevitablemente el área servida por una empresa singular. La esfera de compradores de una fábrica textil que produce sólo unos pocos tipos de telas debe ser más amplia que la de un tejedor que produce artesanalmente todo tipo de tejidos sin distinción. El desarrollo va en el sentido de favorecer en todas las áreas, a medida que la producción se especializa, el nacimiento de una serie de empresas cuya área de mercado coincide con todo el mundo. Sobre esto no cabe la menor duda. Si esta evolución no es obstaculizada por políticas proteccionistas y otras medidas anticapitalistas, se llegará al punto en que en cada sector de producción acabarán existiendo relativamente pocas empresas con niveles muy altos de especialización (si no ya una sola empresa) que producen para todo el mundo.

Hoy, desde luego, estamos aún muy lejos de una situación de este género, ya que la política de todos los Estados tiende a circunscribir dentro de la unidad de la economía mundial unas pocas áreas en las que, al amparo de aranceles y otras medidas que tienden al mismo resultado proteccionista, se mantienen artificialmente en pie o incluso se crean ex novo empresas que de otro modo no serían competitivas en el mercado libre mundial. Al margen de las opciones de política comercial, el argumento que se aduce en pro de esta política que tiende a contrarrestar la concentración de las empresas es sustancialmente uno solo: que sólo gracias a ella se evitaría la explotación de los consumidores por parte de las organizaciones monopolistas de los productores.

Para verificar la solidez de este argumento, supongamos que el desarrollo de la división del trabajo en todo el mundo haya llegado tan lejos que la producción de todo artículo singular se concentre en una sola empresa, de tal modo que el consumidor, en cuando comprador, tenga siempre ante sí un único vendedor. En una situación hipotética como ésta, una teoría económica muy superficial sostiene que los productores estarían en condiciones de mantener los precios artificialmente altos y obtener beneficios enormes, con la consecuencia de hacer empeorar notablemente el tenor de vida de los consumidores. Pero es fácil comprender que ésta es una visión completamente errónea de las cosas. Sólo se pueden fijar duraderamente precios de monopolio —a menos que estén autorizados por determinadas intervenciones del gobierno— si se dispone de recursos mineros o energéticos. Un monopolio aislado de la industria de transformación que obtuviera beneficios más altos de lo normal estimularía la creación de empresas competitivas, las cuales quebrarían el monopolio, reconduciendo los precios y los beneficios de nuevo al nivel medio. Pero, en general, en la industria de transformación es imposible formar monopolios, porque, a un determinado nivel de los medios existentes en una economía, el volumen global del capital invertido en la producción y de las fuerzas de trabajo disponibles, y por lo tanto también del volumen del producto social, están dados. Se podría reducir el empleo de capital y de trabajo en un determinado sector productivo o en un determinado número de sectores, a fin de mantener más altos, reduciendo la producción, los precios por unidad de producto y los beneficios brutos del o de los monopolistas. Pero entonces los capitales y las fuerzas de trabajo que quedarían libres afluirían a otro sector productivo. Y si se intentara reducir la producción en todos los sectores para obtener precios más altos, el capital y los trabajadores que en un primer momento no encontraran empleo, si se ofrecen a precios más bajos darían un impulso al desarrollo de nuevas empresas, las cuales acabarían de nuevo rompiendo el monopolio de todas las demás. La idea de un cartel y de un monopolio universal de la industria de transformación es, pues, puramente quimérica.

Sólo se podrían crear auténticos monopolios si se tiene el monopolio de la tierra y de los recursos minerales y energéticos. Pero como no es el caso siquiera tomar en consideración la idea de poder reunir en un solo monopolio mundial toda la superficie agrícola utilizable sobre la faz de la Tierra, no queda más que examinar simplemente los monopolios derivados de la disponibilidad de yacimientos mineros que pueden explotarse. Para los minerales de importancia secundaria existen ya monopolios del género, y siempre se puede imaginar que se intentará realizar con éxito algo semejante con los demás minerales. Esto significaría altas rentas para los dueños de estos yacimientos, reducción de los consumos y búsqueda de sucedáneos de los materiales que resultan más caros. Un monopolio mundial del petróleo impulsaría a recurrir en mayor medida a la energía hidráulica, al carbón, etc. Desde el punto de vista de la economía mundial, y mirando las cosas sub specie ceternitatis, esto significaría que nos veríamos obligados a ahorrar, más de lo que haríamos en otro caso, en el uso de aquellas materias primas preciosas que sólo podemos destruir pero no sustituir, a fin de transmitir a las generaciones futuras una cantidad mayor de lo que sucedería en el caso de una economía sin monopolios.

El espantajo del monopolio, puntualmente evocado siempre que se habla del desarrollo de una economía libre, no debe asustarnos. Los monopolios mundiales efectivamente realizables sólo podrían referirse a la producción de unas pocas materias primas. En cuanto a su eventual efecto positivo o negativo, es difícil decidirlo de manera tan neta. A los expertos en economía que en sus análisis se guían por sentimientos instintivos de envidia, estos monopolios les parecen nefastos por el simple hecho de que proporcionan pingües beneficios a sus titulares. Pero si se examinan las cosas sin prejuicios, se observa que en el fondo impulsan a un uso más moderado de la limitada cantidad de recursos mineros de que disponemos. Si los beneficios de los monopolistas son objeto de envidia, no hay más que echar mano, sin temor a las consecuencias económicas negativas de cualquier tipo, de los impuestos, para que esos beneficios acaben en las arcas del Estado.

Distintos de los monopolios mundiales son los monopolios nacionales e internacionales, cuya importancia práctica deriva hoy fundamentalmente de que no nacen de la tendencia evolutiva de la economía libre de mercado, sino que son producto de una política económica antiliberal. Casi todos los intentos de acaparar el monopolio del mercado de un determinado artículo sólo son posibles porque existen aranceles que desagregan el mercado mundial en muchos pequeños mercados nacionales. Junto a estos monopolios podemos considerar tan sólo aquellos carteles que los dueños de determinados recursos mineros consiguen formar porque encuentran en los altos costes de transporte nacional o regional una protección contra la competencia de otras zonas productivas.

Un error fundamental que se comete cuando se valoran los efectos de los trusts, de los carteles y de las empresas que tienen el monopolio de algún artículo en el mercado, es el de hablar de «control» del mercado, de «diktat de los precios» por parte de estos monopolistas. El monopolista en realidad no controla el mercado ni está en condiciones de dictar los precios. De un control del mercado y del diktat de los precios sólo se podría hablar si el artículo en cuestión es estratégico en el sentido más estricto del término y no fuera sustituible por un sucedáneo. Pero, como es sabido, este presupuesto no se aplica a ningún artículo. No existe ningún bien económico de cuya posesión dependa la vida o la muerte de quien está dispuesto a adquirirlo. Lo que distingue la formación del precio de monopolio de la formación del precio competitivo es la circunstancia de que el monopolista, siempre que se den ciertos presupuestos precisos, tiene la posibilidad, vendiendo una cantidad inferior del producto a un precio más alto (y esto es lo que llamamos precio de monopolio), de obtener un beneficio mayor que el que obtendría vendiendo al precio que se formaría en un mercado de compradores en competencia entre sí (que es el precio competitivo). El presupuesto a que me refería es el siguiente: que el consumo no reaccione a un aumento del precio reduciendo tanto la demanda que se volatilice aquel beneficio bruto mayor que se obtenía de la venta de una cantidad inferior de producto a un precio más alto. Si a ese punto es efectivamente posible alcanzar una posición de monopolio en el mercado y, a través del aumento de precio, lucrarse con el precio de monopolio, en el sector industrial en cuestión se obtendrán beneficios superiores a la media. Aun cuando, no obstante estos mayores beneficios, no nacieron nuevas empresas del mismo tipo por el temor justificado a que, reduciendo el precio de monopolio hasta hacerlo coincidir con el precio de competencia, las mismas no serían igualmente remunerativas, se puede contar también con el nacimiento de industrias afines competitivas, que con una inversión inferior pueden emprender la producción del mismo artículo producido por el cartel; y en todo caso las industrias sustitutivas estarán dispuestas a explotar la situación favorable ampliando la producción. Por todas estas razones, los monopolios en la industria de transformación que no dispongan del monopolio de determinados yacimientos de materias primas son sumamente raros. Si y cuando nacen, es porque los hacen posibles determinadas medidas legislativas, autorizaciones y derechos varios, normas aduaneras y tributarias, y sobre todo el sistema de concesiones. Hace una o dos décadas se habló de monopolio de los ferrocarriles. Queda por ver hasta qué punto este nuevo monopolio se basó en el sistema de concesiones. Hoy nadie ya armaría tanto escándalo. El automóvil y el avión se han convertido en temibles competidores del tren. Pero ya antes de que surgieran estos competidores, la posibilidad de utilizar las vías fluviales y marítimas ponía un límite preciso más allá del cual, en numerosos trayectos, los ferrocarriles no podían llegar con sus tarifas.

Cuando hoy se afirma por todas partes que uno de los presupuestos esenciales del ideal liberal de sociedad capitalista habría sido desmentido por la formación de los monopolios, no sólo se exagera enormemente, sino que se desconocen los hechos. Sea cual fuere el trato que se dé al problema de los monopolios, nos hallaremos siempre frente al hecho de que los precios de monopolio sólo son posibles si existe monopolio de determinados recursos energéticos o si la legislación y la administración pública crean los presupuestos para la formación de los mismos. En el desarrollo económico en sí, exceptuando el sector minero y las ramas de producción afines, no puede hablarse de una tendencia a la eliminación de la competencia. Cuando, en polémica con el liberalismo, se afirma que hoy no se darían ya las condiciones de la competencia que existían en la época de la economía política clásica y en los albores de las ideas liberales, se dice algo absolutamente inexacto. Basta poner en práctica algunos postulados del liberalismo (libre cambio en el mercado interno y en el comercio exterior) para restablecer aquellas condiciones.

8. LA BUROCRATIZACIÓN

La afirmación de que no se darían ya los presupuestos del ideal social liberal suele formularse también en otro sentido, es decir, con referencia al fenómeno del progresivo e imparable crecimiento de las dimensiones de las empresas como efecto necesario de la ampliación de la división del trabajo. Estas empresas, se afirma, acaban pareciéndose cada vez más, en el modo de gestionar sus asuntos, a aquel modelo de empresa pública burocrática que nadie ha criticado más que el liberalismo. Día tras día, esas empresas se hacen cada vez más pletóricas e incapaces de innovación; en su interior la selección de los directivos no se hace ya sobre la capacidad efectivamente demostrada en el puesto de trabajo, sino sobre la base de criterios formales como los títulos de estudio, la antigüedad en el servicio, y con frecuencia sobre la base de relaciones personales, que nada tienen que ver con los criterios objetivos. De manera que acaba por desaparecer precisamente aquel carácter que distingue a la empresa privada de la empresa pública. Y entonces —tal es la conclusión a la que se quiere llegar— si en la época del liberalismo era legítimo oponerse a la empresa pública que inhibía la libre iniciativa y la alegría del trabajo, hoy esta oposición no está ya justificada, desde el momento en que en las empresas privadas los procedimientos burocráticos pedantes y formalistas no tienen nada que envidiar a los de la empresa pública.

Para poder apreciar lo fundado de estas objeciones, conviene ante todo aclarar qué se entiende exactamente por burocracia y gestión burocrática de una empresa, y en qué estas últimas se distinguen de la empresarialidad y de la gestión empresarial. La antítesis entre espíritu empresarial y mentalidad burocrática no es otra que la versión cultural de la antítesis entre capitalismo y socialismo, es decir, entre propiedad privada y propiedad colectiva de los medios de producción. Quien dispone de medios de producción de su propiedad o tomados en préstamo a interés de quien es su propietario, debe cuidar siempre de emplear tales medios de tal modo que satisfagan, en las condiciones dadas, la necesidad social más urgente. Si no lo hace, trabajará con pérdidas, verá en un primer momento cómo estará cada vez más comprometida su posición de propietario y de empresario, y al final será expulsado definitivamente de esta posición. A este punto deja de ser propietario y empresario, y acaba retrocediendo a la categoría que sólo está en condiciones de vender su propia fuerza de trabajo y no tiene la misión de orientar la producción en la dirección correcta —correcta en el sentido de los consumidores—. El cálculo de rentabilidad del capital, que representa el alfa y el omega de la contabilidad comercial, ofrece a empresarios y capitalistas el instrumento adecuado para controlar con la mayor exactitud posible todos los detalles de la propia actividad y, si es preciso, de verificar los efectos de cada iniciativa económica sobre el resultado total de la empresa. Así pues, el cálculo monetario y la contabilidad de costes constituyen la más importante herramienta intelectual del empresario capitalista, y fue nada menos que Goethe quien dijo que la contabilidad por partida doble es «uno de los más bellos inventos del espíritu humano». Y Goethe podía expresarse así porque estaba libre de aquel resentimiento constante que los pequeños literatos cultivan contra el hombre de negocios. Esta gente mezquina no hace más que repetir en coro obsesivamente que calcular en dinero y comportarse según una lógica financiera es lo más torpe del mundo.

Cálculo monetario, contabilidad y estadística empresarial ofrecen también a las empresas mayores y más complejas la posibilidad de verificar exactamente la buena marcha de todas las secciones. De este modo se tiene también la posibilidad de valorar la incidencia de la actividad de los distintos directores de departamento sobre el éxito global de la empresa, y se obtiene un parámetro preciso para su tratamiento económico, ya que se sabe con exactitud cuánto valen y cuánto se les puede pagar. La promoción a puestos más altos y de mayor responsabilidad pasa por los resultados obtenidos en un ámbito operativo más restringido. Y como se puede controlar la acción de un director de departamento a la luz de la contabilidad empresarial, también es posible verificar la actividad específica del empresario en cada sector de su actividad global y el efecto de determinadas medidas organizativas y de otro tipo.

Existen naturalmente límites a la exactitud de estos controles. Dentro de una sección o de un departamento los criterios para verificar el éxito o fracaso de la actividad de cada operador son distintos de aquellos con los que se comprueba el éxito o fracaso del propio director del departamento. Hay además departamentos cuya contribución a la actividad global de la empresa no puede valorarse con criterios contables. La contribución de un servicio de estudios, de los servicios jurídicos, de una secretaría, de un servicio estadístico, etc., no puede definirse con los mismos criterios con que se precisa la particular aportación de una dirección comercial o de producción. El primero debe dejarse a la valoración general del director del departamento competente, mientras que el otro debe valorarlo la dirección general. Y se puede hacer tranquilamente, tanto porque ésta tiene una visión global de la situación más adecuada, como porque quien debe valorar (dirección general, dirección de departamento) está personalmente interesado en la exactitud de la propia valoración, desde el momento en que el resultado de la actividad productiva confiada a su responsabilidad repercute en sus propios ingresos.

Lo opuesto a este tipo de empresa controlada en todo momento de su vida productiva por el cálculo de rentabilidad es el aparato administrativo público. Un juez puede haber desempeñado bien o mal sus funciones, pero en todo caso no debe dar cuenta de ellos nadie. Y esto puede aplicarse a cualquier alto funcionario de la administración pública, donde no existe ninguna posibilidad de establecer con parámetros objetivos de cualquier tipo si un departamento o una sección han sido administrados bien o mal, con costes excesivos o económicos. Por consiguiente, cuando se trata de valorar la actividad de estos funcionarios interviene una opinión subjetiva y por tanto arbitraria. Si se trata de establecer si una oficina es necesaria, si los empleados que en ella trabajan son demasiados o demasiado pocos, o si su estructura es funcional o no, la decisión no puede menos de ser el resultado de una superposición de criterios que nada tiene de objetivo. Hay un único sector de la administración pública en el que existe un criterio infalible para establecer el éxito o fracaso: el militar, cuando se establece la estrategia bélica. Pero también aquí sólo se puede establecer con certeza, a posteriori, si la operación ha sido o no coronada por el éxito. Pero es difícil dar respuestas rigurosamente exactas si se nos pregunta en qué medida la distribución de las relaciones ha podido decidir con antelación la suerte del conflicto, y la parte que en el éxito puede atribuirse a la capacidad (o incapacidad) de los jefes, y a su comportamiento, o a la funcionalidad de las instalaciones con que se ha contado. Ha habido generales celebrados por las victorias que, de hecho, hicieron todo lo posible para facilitar la victoria de sus enemigos, y sólo deben su victoria a circunstancias que resultaron ser más fuertes que sus errores. Y otras veces, en cambio, se condenó a militares cuya genialidad había hecho lo posible para evitar la ineluctable derrota.

El único mandato que el director de una empresa privada da a los encargados en el momento en el que les transfiere una autonomía en la gestión es ésta: tender a la máxima rentabilidad. Todo lo que tiene que decir a sus empleados está contenido en este mandato; la contabilidad de la empresa se encargará luego de establecer fácilmente y con seguridad en qué medida ellos lo han cumplido.

Muy distinta es la situación de quien dirige una oficina burocrática. Puede ciertamente distribuir entre sus subordinados algunos encargos ejecutivos, pero luego no está en condiciones de verificar si los medios empleados para alcanzar el objetivo han sido proporcionados a los resultados conseguidos. A no ser que esté omnipresente en todas las secciones y negociados confiados a su dirección, no podrá valorar si por casualidad habría sido posible alcanzar el mismo objetivo con un menor empleo de trabajo y de medios materiales. Aquí prescindimos completamente del hecho de que el resultado mismo no puede valorarse en términos de cifras sino sólo aproximadamente, pues no consideramos estas cuestiones desde el punto de vista de la técnica administrativa y de sus efectos externos. Tratamos sencillamente de analizar la repercusión de esta técnica sobre la gestión interna del aparato burocrático, de suerte que el resultado nos interesa simplemente en relación con las aplicaciones que de él se ha hecho. Ahora bien, puesto que para establecer esta relación es impensable recurrir a la verificación contable tal como se hace con la contabilidad comercial, el director de un aparato burocrático se ve obligado a impartir a sus subordinados una serie de directrices cuya observancia es obligatoria. En tales directrices se dan de manera esquemática algunas sugerencias sobre el normal despacho de las actividades corrientes; en cambio, para los casos extraordinarios es necesario pedir, antes de afrontar un gasto, la autorización de la jerarquía superior, según un procedimiento farragoso y escasamente funcional, en cuya defensa sólo puede aducirse el argumento de que es el único posible. Ya que si se diera a toda oficina periférica la facultad de aprobar autónomamente los gastos que considera necesarios, los costes de la administración crecerían en forma exponencial. Respecto a las grandes carencias y a la escasa eficiencia del sistema, es inútil hacerse ilusiones. Muchos gastos autorizados son superfluos, y muchos que serían necesarios se aplazan precisamente porque el aparato burocrático no está en condiciones, debido a sus características específicas, de adaptarse a las situaciones tal como lo hace el sistema empresarial.

La burocratización despliega sus efectos especialmente sobre aquél que la representa, es decir, el burócrata. En la empresa privada la contratación de un obrero no es un acto de favor, sino una transacción económica normal en la que ambas partes, el dador de trabajo y el prestador de obra, tienen su respectivo interés. El dador de trabajo debe tratar de pagar la fuerza de trabajo en consonancia con la prestación laboral. Si no lo hiciera, correría el riesgo de que le quitase el obrero un competidor dispuesto a pagarle más. El contratado, por su parte, debe tratar de ocupar su puesto de modo que merezca el salario, para no correr el riesgo de perder su puesto. Como la contratación no es un favor sino una transacción económica, el obrero contratado no debe preocuparse de la eventualidad de ser despedido por ser objeto de animadversión. El empresario que, por prejuicio personal, despide a un obrero que trabaja bien y se gana su salario, se perjudica sólo a sí mismo, no al obrero, el cual acabará encontrando un trabajo del mismo nivel. No existe la menor dificultad en dejar al director de sección la facultad de contratar y despedir a la mano de obra, precisamente porque él, obligado por el atento control que ejerce la contabilidad empresarial sobre su propia actividad a buscar la mayor rentabilidad de su sector, debe preocuparse también, en su propio interés, de mantener celosamente la propia mano de obra. Si despide a alguien porque le es antipático y no por necesidad, si se deja llevar por razones personales y no objetivas, quien pierde es él mismo, porque, en definitiva, es sobre él sobre quien recae el daño de la falta de éxito del sector que le ha sido confiado. Así se resuelve sin fricciones la gestión organizativa del factor personal de la producción, es decir, del trabajo, en el proceso de producción.

Totalmente distinta es la situación de la empresa pública dirigida por burócratas. Como aquí la colaboración productiva de un sector, y por lo tanto de un empleado aunque tenga una función directiva, no se puede verificar sobre la base de su resultado, tanto en los criterios de contratación como en los parámetros retributivos, se acaba abriendo de par en par las puertas a toda clase de favoritismos por una parte y obstruccionismos por otra. El hecho de que para ser contratado en las distintas funciones del servicio público nunca venga mal la recomendación de una persona influyente, no debe reconducirse a la particular incapacidad de los aspirantes a esos puestos, sino a la falta a priori de todo criterio objetivo para la contratación pública. Sin duda, debe ser contratado el más competente; pero el problema es precisamente éste: ¿cómo saber quién es efectivamente el más competente? Si pudiera hacerse con la misma sencillez con que se establece la valía de un tornero o de un tipógrafo, el problema se resolvería sin ninguna dificultad. Pero como no es así, los márgenes de discrecionalidad se amplían.

Para poder contener al máximo la arbitrariedad se intenta delimitarla imponiendo una serie de condiciones formales para la contratación y las promociones. Y entonces se vincula el nombramiento para determinadas funciones a un determinado grado de instrucción, o bien a la aprobación de determinados exámenes y al desarrollo continuado de determinados años de actividad en otras tareas, y la promoción se hace depender de la antigüedad en el servicio. Todo esto, naturalmente, no sustituye a la posibilidad general de elegir al hombre adecuado para el puesto justo a través del instrumento de la cuenta de pérdidas y ganancias. Como todo el mundo sabe, ni los estudios, los exámenes o la antigüedad en el servicio garantizan en absoluto el acierto en la selección. Por el contrario, este sistema excluye a priori que las personas más valiosas y preparadas lleguen a ocupar los puestos que merecían. Aún no se ha visto a nadie particularmente preparado alcanzar la cima de un departamento gracias al currículum escolar y a la antigüedad en el servicio prescrito. Incluso en Alemania, patria de la beatería burocrática, la expresión «es un funcionario irreprensible» sugiere una persona amorfa y pasiva aunque de sanos principios.

Así pues, la característica principal de la gestión burocrática es la ausencia de cualquier criterio de cálculo de beneficios y pérdidas para valorar los resultados obtenidos. De modo que para compensar este defecto, aunque sólo sea de manera extremadamente inadecuada, se ve obligada a vincular el desenvolvimiento de su actividad y la contratación del personal a toda una serie de prescripciones formales. Todos los males que se achacan a la gestión burocrática —la rigidez, la ausencia de inventiva y la impotencia frente a los problemas que en el mundo de la empresa encuentran tan fácil solución— son consecuencia de este único defecto fundamental. Mientras la actividad del aparato estatal quede limitada al ámbito restringido que le asigna el liberalismo, los aspectos negativos del burocratismo no se advierten excesivamente. Se convierten en problemas graves de toda la economía sólo cuando el Estado —y lo mismo puede decirse, naturalmente, respecto a los municipios y las provincias— pasa a la socialización de algunos medios de producción y a la intervención directa y activa en la producción y en el comercio.

Si la empresa pública se gestiona exclusivamente con criterios de máxima rentabilidad, podrá naturalmente servirse del cálculo económico en términos monetarios, mientras prevalezcan las empresas privadas y exista un mercado y unos precios de mercado. El único obstáculo a su desarrollo y a su eficiencia es que sus directivos —que son un organismo público— no están interesados en el éxito o fracaso de sus iniciativas como lo está la empresa privada.

Por eso no se le puede dejar al directivo público la libertad de tomar decisiones estratégicas. Al no tener la responsabilidad de las eventuales pérdidas derivadas de su política empresarial, su gestión sentiría la fácil tentación de aventurarse en empresas que un gestor realmente responsable —en cuanto sometido a eventuales pérdidas— jamás emprendería. De donde la necesidad de limitar sus poderes discrecionales. Pero con independencia de que se le vincule a una serie de normas rígidas y a las deliberaciones de un comité de control y a la aprobación por parte de una autoridad superior, todo el comportamiento de la empresa acaba adquiriendo esa rigidez y esa falta de flexibilidad que han llevado en todas partes a la empresa pública a coleccionar un fracaso tras otro.

Sin embargo, raramente sucede que una empresa pública siga exclusivamente un criterio de rentabilidad marginando las demás consideraciones. Normalmente, a una empresa pública se la pide que se atenga a determinados criterios económicos de «interés nacional» o de otro tipo. Se le exige, por ejemplo, que favorezca la producción nacional frente a la extranjera tanto en la política de compras como en la de ventas. A los ferrocarriles nacionales se les pide que practiquen una política de precios en consonancia con determinados intereses de política comercial, que construyan y gestionen algunas líneas con independencia de cualquier criterio de rentabilidad, con el único fin de promover el desarrollo económico de determinadas zonas geográficas, y otras líneas acaso por razones estratégicas o de otro tipo. Pero en el momento mismo en que en la gestión empresarial entran en juego tales factores, se prescinde de todo control a través del cálculo de costes y beneficios. Si el directivo de los ferrocarriles, en el momento de presentar un balance negativo, puede decir impunemente: «Es cierto, los tramos ferroviarios confiados a mi gestión han tenido pérdidas según los criterios de la rentabilidad propia de una economía privada, pero no hay que olvidar que desde el punto de vista de la economía nacional, de la política nacional, de la política militar y desde muchos otros puntos de vista, han resuelto muchos otros problemas que no se encuadran en el cálculo de rentabilidad», si puede expresarse así, entonces es evidente que el cálculo de rentabilidad ha perdido toda fuerza para valorar el éxito de la actividad empresarial, y por tanto la empresa misma, aun prescindiendo de otras circunstancias que van en la misma dirección, no puede menos de ser gestionada exactamente con los mismos criterios que una prisión o una oficina fiscal.

Una empresa privada, gestionada con criterios económicos que tienden a la máxima rentabilidad, nunca puede burocratizarse, aunque sea de grandes dimensiones. Si se atiene rigurosamente al principio de rentabilidad, también la empresa de grandes dimensiones tiene la posibilidad de verificar con la máxima exactitud la importancia de todas las transacciones y departamentos para el éxito global de la misma. Mientras las empresas se atengan exclusivamente al beneficio, evitarán caer en la burocratización. El fenómeno de la burocratización de las empresas privadas al que estamos asistiendo por doquier sólo puede imputarse al intervencionismo estatal, que impone a su gestión criterios que no adoptarían si pudieran tomar decisiones con autonomía. Cuando una empresa tiene que preocuparse de no quebrantar prejuicios políticos e idiosincrasias de todo tipo por temor a ser acosada en todos los sentidos por los órganos estatales, no tarda en abandonar el terreno seguro de la rentabilidad. En Estados Unidos, por ejemplo, entre las empresas de utilidad pública hay algunas que para evitar conflictos con la opinión pública por una parte, y con el poder legislativo, con el judicial y con la administración por otra, fuertemente influidos por la opinión pública, se abstienen en principio de contratar católicos, hebreos, ateos, darwinistas, negros, irlandeses, alemanes, italianos y emigrantes recientes. Para una empresa que opera en un sistema estatal intervencionista, la necesidad de adaptarse a los deseos del poder político para evitar graves perjuicios ha hecho que éstos y otros criterios contrarios a los objetivos de rentabilidad hayan acabado por influir cada vez más en la gestión empresarial. Pero de este modo desaparecen la importancia del cálculo y de la contabilidad de costes y beneficios, y las empresas comienzan cada vez más a adoptar comportamientos típicos de las empresas públicas regidas por principios formales. En una palabra, se burocratizan.

La burocratización de la gestión comercial de las grandes empresas no es, pues, en absoluto, resultado de una necesidad intrínseca del desarrollo de la economía capitalista, sino un fenómeno derivado de la política intervencionista. Si el Estado y demás poderes sociales no obstaculizaran a las empresas, incluso las de grandes dimensiones podrían trabajar con los mismos criterios económicos que las más pequeñas.

CAPÍTULO III

La política exterior liberal

1. LAS FRONTERAS DEL ESTADO

Para el liberal no hay oposición entre política interior y política exterior, y la cuestión que a menudo se plantea y se discute apasionadamente de si las consideraciones de política exterior deben preceder a las de política interna o viceversa, carece a sus ojos de sentido. El liberalismo, en su síntesis política, abarca a priori todo el mundo, y considera válidas también para la gran política mundial las mismas ideas que trata de realizar a escala local. Si el liberal distingue entre política interior y política exterior, lo hace simplemente para subdividir y articular de manera funcional el ámbito de las grandes tareas de la política, y no ciertamente porque piense que en política exterior tengan que aplicarse principios distintos de los que se adoptan en política interior.

El objetivo de la política interior del liberalismo es idéntico al de la política exterior: la paz. El liberalismo persigue la cooperación pacífica tanto en las relaciones internas de los Estados como en las relaciones entre los Estados. Punto de partida del pensamiento liberal es la convicción del valor y de la importancia de la cooperación humana, y todos los proyectos que el liberalismo quiere realizar se encaminan a consolidar el estadio ya alcanzado por la mutua colaboración entre los hombres y a perfeccionarlo ulteriormente. Su ideal último es una cooperación completa, pacífica y sin roces de toda la humanidad. El pensamiento liberal mira siempre a toda la humanidad y no sólo a algunos sectores; no se liga a grupos restringidos, ni se detiene en los límites de la aldea, de la región, del Estado o del continente. Es un pensamiento cosmopolita, ecuménico, un pensamiento que abarca a todos los hombres y a toda la Tierra. En este sentido el liberalismo es un humanismo, y el liberal un ciudadano del mundo, un cosmopolita.

Hoy, cuando las ideas antiliberales dominan el mundo, el cosmopolitismo se ha convertido en un reproche a los ojos de las masas. Existen en Alemania patriotas apasionados incapaces de perdonar a los grandes poetas alemanes, especialmente a Goethe, por no haber limitado su pensamiento y sus sentimientos a la nación y por haber sido cosmopolitas. Piensan que existe una contradicción insuperable entre los intereses de la nación y los de la humanidad, y que quien dirige sus aspiraciones al bien de toda la humanidad, debe descuidar necesariamente los intereses del propio pueblo. Nada más insensato que esta concepción. Así como no es verdad en absoluto que quien trabaja por el bien de todo el pueblo alemán perjudica por ello mismo los intereses de su pequeño lugar de nacimiento, así es igualmente falso que un alemán que trabaja por el bien de toda la humanidad perjudique los intereses particulares de sus conciudadanos, de los hombres a los que se siente cercano por compartir una misma lengua y unas mismas costumbres, y por una compleja serie de filiaciones y de raíces culturales comunes. Es cierto exactamente lo contrario: el individuo que se interesa por la riqueza y la prosperidad de la pequeña comunidad en que él vive y prospera se interesa igualmente por la prosperidad del mundo entero.

Los nacionalistas chovinistas, que sostienen que entre los intereses de los distintos pueblos existen conflictos insuperables y aspiran a una política de supremacía de la propia nación sobre las demás, aunque ello pudiera comportar el uso inevitable de la violencia, son los mismos que enfatizan al máximo la necesidad y la utilidad de la cohesión dentro de los distintos pueblos y Estados. Cuanto más exaltan exasperadamente la necesidad de la lucha hacia el exterior, tanto más exasperadamente pretenden la unidad interna de la nación. Ahora bien, el liberalismo en modo alguno se opone a la reivindicación de la concordia nacional. Todo lo contrario. La reivindicación de la paz dentro de la nación es un postulado nacido de la idea misma del liberalismo y que se impuso sólo gracias a la fuerza de las ideas liberales en el siglo XVIII. Antes de que las ideas liberales se impusieran con su exaltación incondicional de la paz, los pueblos no se limitaron a hacerse la guerra entre si; una secuencia internacional de conflictos sangrientos se desencadenó también en el interior de cada pueblo. Todavía en el siglo XVIII, en los Culloden, combatían británicos contra británicos. En el siglo XIX, en Alemania, Prusia hacía la guerra a Austria, y otros Estados alemanes se alineaban con unos o con otros. En aquel tiempo Prusia no tenía inconveniente en alinearse con Italia contra la Austria alemana, y en 1870 la intervención de Austria al lado de los franceses, que se batían contra Prusia y sus aliados, sirvió sólo para frenar el curso de los acontecimientos. Muchas de las victorias de que el ejército prusiano ha presumido siempre las obtuvieron tropas prusianas contra tropas de otros Estados alemanes. Sólo el liberalismo fue para los pueblos maestro de tolerancia en sus relaciones internas, así como también quiere ser maestro de paz en sus relaciones con el exterior.

El argumento decisivo e inconfundible contra la guerra lo deriva el liberalismo de la realidad de la división del trabajo internacional, que ya desde hace tiempo traspasa las fronteras de la comunidad política singular. Ninguna nación civilizada cubre hoy autárquicamente sus necesidades mediante su producción interior. Todos los pueblos dependen de la importación de mercancías procedentes del exterior, que pagan con la exportación de sus propios productos. Impedir el intercambio internacional de mercancías significaría infligir un daño irreparable al grado de civilización alcanzado por la humanidad; equivaldría para millones y millones de hombres a la pérdida definitiva del bienestar, si no ya del mínimo vital. Pero una época caracterizada por la dependencia recíproca de los pueblos respecto a la producción extranjera hace también imposibles las guerras. Si para decidir el resultado de una guerra hecha por una nación firmemente inserta en la división internacional del trabajo puede hoy bastar la interrupción de las importaciones, una política belicista debería preocuparse ante todo de hacer plenamente autárquica la economía nacional, lo cual significa detener ya en período de paz la división internacional del trabajo en las fronteras del propio Estado. Si Alemania pensara salir de la división internacional del trabajo y se orientara a cubrir directamente sus propias necesidades con la producción interna, no haría sino provocar una drástica reducción del producto anual bruto del trabajo alemán y por tanto una notable caída del bienestar, del tenor de vida y del nivel social del pueblo alemán.

2. EL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN

Ya hemos visto en páginas interiores cómo la paz en el interior de los Estados sólo es posible si una constitución democrática garantiza la adaptación sin roces del sistema dominante a la voluntad de los ciudadanos. Para asegurar también la paz internacional no hay más que aplicar coherentemente estos mismos principios.

Los viejos liberales pensaban que los pueblos son pacíficos por naturaleza y que sólo los déspotas quieren la guerra para aumentar su poder y riqueza con la conquista de nuevas provincias. Pensaban por ello que era suficiente sustituir el dominio de los déspotas por gobiernos queridos por el pueblo para asegurar automáticamente la paz duradera. Y cuando el Estado democrático se percata de que las fronteras nacionales que se han ido configurando a lo largo de la historia y que existen en el momento del pase al liberalismo no corresponden ya a la voluntad política de los ciudadanos, esas fronteras deben ser pacíficamente modificadas según los resultados de plebiscitos que expresan la voluntad de los ciudadanos. Siempre que se haya manifestado claramente la voluntad de los habitantes de una parte del país de unirse a un Estado distinto de aquél al que pertenecen debe existir la posibilidad de desplazar las fronteras de un Estado. En los siglos XVII y XVIII los zares rusos incorporaron a su imperio vastos territorios cuya población jamás había deseado formar parte junto con los rusos de un conjunto estatal común. Su reivindicación democrática, en efecto, era la secesión del imperio ruso y la formación de un Estado autónomo, según los casos, polaco, finés, letón, lituano, etc. Precisamente la circunstancia de que las reivindicaciones y las aspiraciones análogas de otros pueblos (italianos, alemanes del Schleswig-Holstein, eslavos y magiares del Imperio de los Habsburgo) no podían verse satisfechas sino por la guerra, fue la causa principal de todas las guerras habidas en Europa desde el Congreso de Viena en adelante.

El derecho de autodeterminación respecto a la cuestión de la pertenencia a un Estado significa, pues, esto: que si los habitantes de un territorio —ya se trate de una única aldea, de una región o de una serie de regiones contiguas— han expresado claramente a través de votaciones libres su voluntad de no seguir en la formación estatal a la que actualmente pertenecen y de constituir un nuevo Estado autónomo, o la aspiración a pertenecer a otro Estado, hay que tener en cuenta este deseo. Sólo esta solución puede evitar guerras civiles, revoluciones y guerras internacionales.

Se malentiende este derecho de autodeterminación cuando se define como «derecho de autodeterminación de las naciones», ya que no se trata del derecho de autodeterminación de una unidad compacta, sino de la decisión que los habitantes de cierto territorio deben tomar sobre la organización estatal a la que quieren pertenecer. Aún más grave es el malentendido cuando este derecho de autodeterminación como «derecho de las naciones» se entiende incluso, como de hecho ha sucedido, en el sentido de que a un Estado nacional se le da el derecho de separar partes de nación que pertenecen a otro territorio estatal e incorporarlas, contra su voluntad, al propio Estado. Los fascistas italianos, por ejemplo, derivan del derecho de autodeterminación de las naciones la reivindicación de la secesión del Cantón Ticino y de partes de otros cantones suizos para unirlos a Italia, aunque los habitantes de esos cantones no lo quieren en absoluto. Análoga es la posición de una parte de los pangermánicos respecto a la Suiza alemana y a los Países Bajos.

El derecho de autodeterminación de que hablo no se refiere, pues, a las naciones, sino a los habitantes de cualquier territorio suficientemente grande para formar un distrito administrativo autónomo. Si de algún modo fuera posible conceder a cada individuo este derecho de autodeterminación, habría que hacerlo. Sólo porque prácticamente no se puede hacer por insuperables razones técnico-administrativas, que exigen que la administración estatal de un territorio tenga un ordenamiento unitario —sólo por esto es necesario limitar el derecho de autodeterminación a la voluntad mayoritaria de los habitantes y de territorios bastante grandes para poder presentarse como unidades geográficas en un ámbito político-administrativo nacional—.

El hecho de que el derecho de autodeterminación —mientras ha podido ejercerse, y en todas partes se debería permitir que lo fuera— haya o habría llevado en los siglos XIX y XX a la formación de Estados nacionales y a la desintegración de los Estados plurinacionales, surgió de la libre voluntad de los ciudadanos llamados a decidir a través de plebiscitos. La formación de Estados que comprendieran a todos los ciudadanos de una nación fue el resultado del derecho de autodeterminación; pero no su objetivo. SÍ una parte del pueblo prefiere formar una entidad estatal autónoma a estar en una confederación estatal junto a ciudadanos de otras naciones en vez de en el Estado unitario nacional, se puede ciertamente tratar con la propaganda e inducirla a aceptar la ideología del Estado nacional unitario para dar una forma distinta a sus aspiraciones políticas; pero si se quiere condicionar su destino contra su voluntad apelando al superior derecho de la nación, estamos ante una violación del derecho de autodeterminación no diferente de cualquier otra forma de opresión. Una división de Suiza entre Alemania, Francia e Italia, aunque se hiciera respetando exactamente las fronteras lingüísticas, sería una grave violación del derecho de autodeterminación, como lo fue el reparto de Polonia.

3. LAS BASES POLÍTICAS DE LA PAZ

Podría pensarse que tras la experiencia de la Guerra Mundial el reconocimiento de la necesidad de una paz permanente había de convertirse cada vez más en una aspiración común de todos. Pero, en realidad, se sigue sin ver que la paz permanente sólo puede lograrse si se pone en práctica íntegra y universalmente el programa liberal, y que la Guerra Mundial no fue sino la consecuencia natural y necesaria de la política antiliberal de los últimos decenios.

Un lugar común sin ningún sentido lógico atribuye al capitalismo la responsabilidad del origen de la guerra. Siendo evidente la conexión entre política proteccionista y origen de la guerra, hay quien cree —ignorando totalmente la efectiva realidad de las cosas— que hay que identificar automáticamente proteccionismo con capitalismo. Pero se olvida que hasta no hace mucho se le reprochaba al capitalismo (al «capital financiero», a la «internacional del oro» y al «capital comercial») exactamente lo contrario, es decir, no tener patria y oponerse a la necesidad del proteccionismo. Se olvida que hasta hace bien poco en todos los escritos de los nacionalistas se podían leer ataques violentos contra el capital internacional, acusado de antimilitarismo y de pacifismo. Es un puro disparate acusar a la industria armamentística de ser responsable del estallido de la guerra. La industria de armamentos surgió y se desarrolló enormemente para responder a la demanda de armas por parte de los gobiernos y de los pueblos que pedían la guerra a voz en grito. Sería, pues, absurdo suponer que los pueblos se convirtieron a la política imperialista para complacer a los fabricantes de armas. Como cualquier otra industria, también la de armamentos surgió para satisfacer una demanda. Si los pueblos hubieran preferido comprar otros artículos en lugar de fusiles y explosivos, los fabricantes habrían producido aquéllos y no éstos.

Se puede suponer que el deseo de paz es hoy general. Sin embargo, los pueblos no tienen una clara conciencia de los presupuestos necesarios para garantizarla.

Para no destruir la paz hay que eliminar el interés por hacer la guerra. Es decir, hay que establecer un orden que asegure a las naciones y a los ciudadanos individuales condiciones de vida que les satisfagan de tal modo que no se vean obligados a recurrir al instrumento desesperado de la guerra. El liberal no se propone abolir la guerra con peroratas moralistas. Trata más bien de crear en la sociedad las condiciones para eliminar sus causas.

El primer presupuesto a este respecto es la propiedad privada. Si existe la obligación de salvaguardar la propiedad privada incluso en tiempo de guerra; si el vencedor no tiene derecho a apropiarse de la propiedad privada de los ciudadanos, y la apropiación de la propiedad pública es prácticamente irrelevante porque existe una extendida propiedad privada de los medios de producción, entonces viene a faltar un motivo importante para hacer la guerra, aunque aún insuficiente para asegurar la paz. Si no se quiere que el derecho de autodeterminación se resuelva en una farsa, es necesario crear instituciones capaces de reducir al máximo la importancia del pase de un territorio de una soberanía estatal a otra, de modo que nadie salga ganando. Puesto que las ideas sobre lo que es preciso hacer no están claras en absoluto, conviene ilustrarlas con algunos ejemplos.

Tomemos un mapa étnico-lingüístico de la Europa central u oriental. Se notará con qué frecuencia, por ejemplo en la Bohemia septentrional y occidental, las fronteras étnicas son cortadas por los ferrocarriles. En un Estado intervencionista y estatalista, es imposible en este caso adoptar las fronteras políticas o las étnicas. Es inadmisible, por ejemplo, hacer pasar por el territorio del Estado alemán líneas ferroviarias del Estado checo, y mucho menos es admisible e imaginable una línea ferroviaria que cada dos kilómetros cambie de administración, para encontrarse cada vez, a los pocos minutos o un cuarto de hora de viaje, ante una nueva frontera con todas las formalidades que hay que cumplir. Se comprende, pues, fácilmente por qué los estatalistas y los intervencionistas llegan a la conclusión de que la unidad «geográfica» o «económica» de tales territorios no puede «romperse», y que por tanto es preciso asignar el territorio «a una única autoridad soberana». (Y es obvio entonces que cada pueblo tratará de demostrar que es el único titular legítimo de esta soberanía). Para el liberalismo, en cambio, una situación de este género no representa ningún problema. Los ferrocarriles privados, siempre que estén libres de toda injerencia estatal, pueden tranquilamente atravesar el territorio de varios Estados. Si no existen fronteras aduaneras y limitaciones al tráfico de hombres, animales y mercancías, es totalmente indiferente que un tren en algunas horas de viaje atraviese con mayor o menor frecuencia las fronteras de un Estado.

El mapa lingüístico nos muestra también los enclaves nacionales. Se trata de asentamientos étnicamente homogéneos de ciudadanos que conviven, como otras tantas islas lingüísticas, con el cuerpo étnico originario pero sin un vínculo territorial que establezca una unidad nacional. Dada la situación actual de los Estados, es imposible agregar políticamente estos grupos al país de origen. El área económica sujeta a control aduanero en que consiste el Estado actual precisa de una cohesión territorial directa. Una pequeña «zona extraterritorial», aislada del territorio directamente limítrofe desde el punto de vista de la política económica y aduanera, estaría expuesta a la estrangulación económica. En cambio, en una situación de libre comercio perfecto, en la que el Estado se limitara a garantizar la libertad privada, este problema podría resolverse fácilmente. Ninguna isla lingüística se vería obligada a aceptar la administración nacional sólo porque no está unida a su propia raíz étnica originaria por una franja de tierra poblada por conciudadanos.

El famoso «problema del corredor» sólo existe en un sistema imperialista-estatalista-intervencionista. Un Estado-enclave cree que tiene necesidad de un «corredor» hacia el mar para tener su propio comercio exterior al amparo de la influencia de la política estatalista e intervencionista de los Estados cuyos territorios le separan del mar. Si hubiera libre intercambio, no se ve por qué razón un Estado-enclave tendría que desear poseer un «corredor».

El paso de un «área económica» a otra, entendida en el sentido estatalista del término, incide profundamente en las relaciones materiales. Piénsese, por ejemplo, en la industria algodonera de la Alta Sajonia, que ya ha pasado dos veces por esta experiencia, o en la Silesia Superior, o en la industria textil polaca, etc. Si el cambio de nacionalidad de un territorio está ligado a las ventajas o desventajas de sus habitantes, quiere decirse que se ha limitado sustancialmente su libertad de decidir a qué Estado desean pertenecer. Se puede hablar de verdadera autodeterminación sólo si la decisión de cada uno deriva de su libre voluntad y no del temor a perder o de la esperanza de ganar con ello. Un mundo capitalista organizado según principios liberales no conoce «áreas económicas» separadas. En un mundo así, toda la superficie terrestre constituye un área económica única.

El derecho de autodeterminación favorece sólo a las mayorías. Para proteger también a las minorías, se precisan medidas de política interior. Aquí queremos examinar ante todo las de política educativa.

En la mayoría de los Estados existe hoy la obligación escolar, o por lo menos la instrucción obligatoria. Los padres están obligados a mandar a sus hijos a la escuela durante un cierto número de años o, a falta de la instrucción escolar, a que reciban una instrucción privada equivalente. No es necesario remontarnos a las razones que en su tiempo se adujeron a favor y en contra de la obligación escolar o la instrucción obligatoria, porque ni unas ni otras están ya vigentes. Para poder formular un juicio sobre esta cuestión, el único argumento pertinente es otro: que el mantenimiento de la obligación escolar y de la instrucción obligatoria es absolutamente incompatible con los esfuerzos para instaurar una paz duradera.

Los habitantes de Londres, París y Berlín considerarán sin duda increíble esta afirmación: ¿Qué tendrán que ver —se preguntarán— la obligación escolar y la instrucción obligatoria con la guerra y la paz en el globo terráqueo? Sin embargo, éstos y muchos otros problemas semejantes no deben valorarse sólo desde el punto de vista del Occidente europeo. En Londres, en París y en Berlín la cuestión escolar tiene fácil solución. En estas ciudades nadie tendrá nunca ninguna duda acerca de la lengua en que tiene que impartirse la enseñanza. La población de estas ciudades que manda a sus hijos a la escuela puede considerarse en general homogénea desde el punto de vista lingüístico. Pero incluso los no ingleses que viven en Londres consideran natural y beneficioso para sus hijos que la enseñanza se imparta en inglés y no en otra lengua; e idéntica es la situación en París y en Berlín.

Bien distinto es el significado que la cuestión de la enseñanza reviste en aquellas amplias zonas geográficas en que conviven y se entremezclan pueblos que hablan lenguas distintas. Allí la cuestión de la lengua básica de la enseñanza tiene una importancia decisiva porque puede decidir el futuro de la nación. A través de la escuela se puede hacer que los hijos sean extraños al país al que pertenecen sus padres, y la escuela puede estar al servicio de la opresión nacional. Quien controla la escuela tiene el poder de perjudicar la nacionalidad ajena y fomentar los intereses de la propia.

Proponer enviar a los muchachos sólo a la escuela en que se enseña la lengua de los padres no es una solución al problema. Ante todo, porque no siempre es fácil establecer —aun prescindiendo completamente de los matrimonios mixtos— cuál es la lengua de los padres. En las zonas de lengua mixta la profesión obliga a muchas personas a servirse de todas las lenguas habladas en el país. Pero, por otra parte, no siempre la persona particular tiene la posibilidad de declararse abiertamente a favor de una u otra nacionalidad, si tiene en cuenta su propia situación económico-profesional. En un régimen de intervencionismo estatal, en efecto, la elección le podría costar la clientela, si se trata de ciudadanos de otra nacionalidad, o bien el puesto de trabajo, si es su dador de empleo quien pertenece a otra nacionalidad. Existen además muchos padres que a su vez desean mandar a sus hijos precisamente a la escuela de otra nacionalidad, porque prefieren a la fidelidad a la propia etnia las ventajas del bilingüismo, o las de la adhesión a otra nacionalidad. Permitir que los padres elijan la escuela a la que quieren mandar a sus hijos significa exponerlos a toda clase de chantajes. En todas las zonas de lengua mixta la escuela es una realidad política de la mayor importancia. No se conseguirá despolitizarla mientras siga siendo una institución pública y obligatoria. Sólo hay un medio para conseguirlo: hacer que el Estado, el gobierno, las leyes, no se ocupen de la escuela y de la instrucción; que el dinero público no se gaste en esto; que la educación y la instrucción estén enteramente en manos de los padres y de asociaciones e instituciones privadas.

Es mejor que una masa de muchachos crezca sin instrucción formal que se le instruya para que luego se le mande a dejarse matar o mutilar en la guerra cuando se hace adulta. Cien veces mejor un analfabeto sano que un mutilado instruido.

Sin embargo, aun cuando se eliminara la coacción moral ejercida a través de la escuela y la instrucción obligatoria, aún no se habría hecho lo suficiente para eliminar todos los puntos de fricción entre las distintas etnias en las zonas de lengua mixta. La escuela es un medio de opresión nacional, es tal vez el medio que parece más peligroso a nuestra sensibilidad, pero ciertamente no es el único. Cualquier forma de injerencia del gobierno en la vida económica puede convertirse en un medio de opresión nacional. Desde este punto de vista, quien se preocupe por mantener la paz debe luchar por la limitación de la actividad estatal al ámbito en que es indispensable en el sentido más estricto de la palabra. La protección y la salvaguardia de la libertad, de la vida, de la salud de los individuos y de la propiedad privada por parte del aparato estatal son bienes irrenunciables. Ya la actividad judicial y de policía dirigida a estos objetivos puede resultar peligrosa en ámbitos en que un motivo cualquiera para ejercer un interés de parte en actos de oficio resulta prevalente. En general, sólo en los países en que no se dan estos especiales motivos de comportamiento sectario no hay razón para temer que un juez que debe aplicar las leyes vigentes para proteger la vida, la salud, la libertad y la propiedad, deje de adoptar procedimientos imparciales. Pero si por motivos religiosos, nacionales u otros semejantes se produce entre los distintos grupos de población una fractura tal que excluye cualquier sentido de justicia y de humanidad, y sólo deja odio como último residuo, entonces la cuestión cambia de aspecto. En este caso, el juez que actúa conscientemente, o mucho más a menudo de modo inconsciente y parcial, piensa incluso que cumple con un deber supremo ejerciendo su propia función al servicio de su propio grupo. Mientras la tarea del Estado se limita a la protección de la vida, de la salud, de la libertad y de la propiedad, subsiste aún la posibilidad de circunscribir cuidadosamente las reglas que la autoridad y los jueces deben observar para no dejar ningún estrecho margen a la libre interpretación o al arbitrio del funcionario o del juez. Pero si se permite al aparato estatal gestionar directamente una parte de la producción, llamándolo a decidir sobre el empleo de bienes de orden superior, entonces resulta imposible vincular los poderes discrecionales de los administradores públicos a normas que garanticen determinados derechos de los ciudadanos. Una ley penal que desee castigar los homicidios puede, en cierta medida, trazar una línea divisoria entre lo que debe considerarse homicidio y no homicidio, y de este modo marcar un límite al área en que el magistrado es libre de usar su propio juicio. Todo juez, desde luego, sabe perfectamente que la ley más perfecta puede burlarse en los casos concretos por interpretaciones, aclaraciones y aplicaciones. Por el contrario, a un órgano que administra organismos económicos, minas o bienes de propiedad pública, aunque se vincule su discrecionalidad a otros criterios generales como los que discutimos en el capítulo II, sólo se le pueden impartir unas pocas directrices totalmente genéricas y por tanto prácticamente ineficaces, cabalmente para evitar decisiones no imparciales sobre cuestiones controvertidas de interés político nacional. En muchos casos se tiene que dejar mano libre a ese órgano por la imposibilidad de valorar con antelación las circunstancias efectivas en que habrá de actuarse, y entonces se deja el campo libre a la arbitrariedad, a los intereses partidistas y a los abusos de la burocracia.

También en los territorios habitados por ciudadanos de distinta nacionalidad se precisa una administración unitaria. Ciertamente no se puede poner en cada esquina de la calle, alternativamente, a un guardia alemán y otro checo, para que cada uno de ellos se ocupe de los ciudadanos de su propia nacionalidad. Y aunque pudiera hacerse una cosa tal, surgiría inmediatamente el problema de saber a quién corresponde intervenir cuando el motivo de la intervención lo ofrecieran ciudadanos de ambas nacionalidades. Los inconvenientes que comporta la homogeneidad administrativa ciertamente no pueden evitarse. Pero tampoco deben exagerarse hasta el absurdo las dificultades que ya existen en el terreno de la protección de la vida, de la salud, de la libertad y de la propiedad, hasta el punto de extender la actividad del Estado también a otros sectores, concretamente a aquéllos en que por razones intrínsecas es necesario conceder mayores márgenes al arbitrio.

Existen amplios territorios habitados no sólo por ciudadanos de una única población, raza y religión, sino también por una abigarrada mezcla de etnias de toda procedencia. Los movimientos migratorios que inevitablemente seguirán a los desplazamientos de los asentamientos productivos irán poniendo a nuevas áreas geográficas ante el problema de la promiscuidad étnica. Si no se quiere agravar artificialmente las fricciones que inevitablemente surgirán de tal cohabitación, es preciso limitar el papel del Estado a aquellas funciones que sólo él puede desempeñar.

4. EL NACIONALISMO

Mientras los pueblos estuvieron sometidos al despotismo de los príncipes, era imposible que se afirmara la idea de hacer coincidir las fronteras del Estado con las de la nación. La última preocupación de un soberano cuando decidía incorporar una provincia a su reino era preguntar a los ciudadanos, o mejor a los súbditos, de esa provincia, si estaban de acuerdo o no en cambiar de amo. El único criterio que se tomaba en consideración era si los medios militares eran o no adecuados para conquistar y mantener la provincia en cuestión. Oficialmente el acto de conquista se justificaba mediante la construcción más o menos artificial de una reclamación jurídica. La cuestión de la identidad nacional de los habitantes de la provincia interesada ni siquiera se tomaba en consideración.

Sólo para el liberalismo la cuestión del trazado de las fronteras estatales se convirtió en un problema independiente de consideraciones de orden militar e histórico-jurídico. El liberalismo, para el que el Estado se basa en la voluntad de la mayoría de los individuos que habitan en un determinado territorio, rechaza todas las razones de orden militar que antes se consideraban decisivas para trazar las fronteras del Estado. Rechaza el derecho de conquista, considera absurdo que se pueda hablar de confines estratégicos, y no consigue en absoluto comprender cómo se puede pretender incorporar un territorio al propio Estado para adueñarse de un baluarte. El liberalismo no reconoce a ningún príncipe el derecho histórico a heredar una provincia. Una monarquía en sentido liberal sólo puede ser tal si es un reino sobre los individuos y no sobre un determinado territorio del que los hombres se convierten en simples pertenencias. El soberano por la gracia de Dios deriva su título de un área geográfica, por ejemplo «rey de Francia». Los reyes instalados por el liberalismo derivan su título no del territorio sino del nombre del pueblo sobre el que reinan como reyes constitucionales. Y así Luis Felipe tenía el título de «rey de los franceses»; existe un «rey de los belgas», y existió un «rey de los helenos».

El liberalismo ha creado la forma jurídica capaz de expresar la voluntad de una nación de pertenecer o no a un determinado Estado. Esta forma es el plebiscito. A través del plebiscito se establece a qué territorio estatal desean pertenecer los habitantes de una determinada zona geográfica. Pero aunque se satisficieran todos los presupuestos políticos generales (por ejemplo, los relativos a la enseñanza) y los de orden político-económico para no reducir el plebiscito a una farsa, y aunque fuera sin más posible convocar en todos los municipios plebiscitos sobre la elección del Estado al que se desea pertenecer, y repetirlos siempre que hayan cambiado las circunstancias, quedaría siempre un residuo no resuelto que podría generar fricciones entre las distintas etnias. Verse obligados a pertenecer a un Estado que no se desea —si a esta situación se llega como consecuencia de un plebiscito— no es menos intolerable que serlo por efecto de una conquista militar. Pero resulta doblemente intolerable para quien está separado de la mayoría de sus conciudadanos por la barrera de la lengua.

Pertenecer a una minoría nacional significa siempre ser ciudadanos de segunda clase. Los debates políticos tienen su instrumento natural en la palabra y en la página escrita, en los discursos, en los artículos periodísticos y en los libros. Pero quien pertenece a una minoría lingüística no dispone de estos instrumentos en la misma medida en que dispone quien habla la lengua-madre y de uso corriente, en la cual se tienen estos debates. Si la opinión política de un pueblo es el condensado de las ideas expresadas en su literatura política, para quien habla una lengua extranjera la condensación de estas opiniones en forma de ley tiene una importancia inmediata, ya que a esta ley debe atenerse. Sin embargo, tiene la sensación de estar excluido de la participación activa en la formación de la voluntad del legislador, o en todo caso de no poder participar en ella en la misma medida en que participan los ciudadanos que constituyen la mayoría étnica. De suerte que cuando comparece ante el juez o el funcionario público para cualquier diligencia que le atañe, se halla en presencia de hombres cuyas ideas políticas le son ajenas, porque se han formado bajo otras influencias ideológicas.

Pero, aun prescindiendo de todo esto, la misma circunstancia de que los componentes de la minoría tengan que servirse de una lengua extranjera en los tribunales o en las oficinas administrativas constituye en muchos aspectos un verdadero obstáculo. Hay una diferencia abismal, para un acusado, entre la posibilidad de dirigirse al tribunal directamente en su propia lengua y ser interrogado en cambio a través de un intérprete. Poco a poco los componentes de la minoría étnica empiezan a sentirse entre extranjeros, a sentirse sólo ciudadanos de segunda clase, aunque formalmente la ley lo niegue.

Todos estos inconvenientes son ya difíciles de superar en un Estado de derecho liberal, en el que la actividad de gobierno se limita a la protección de la vida y de la propiedad de los ciudadanos. Pero se hacen intolerables en un Estado intervencionista, por no hablar de un Estado socialista. Cuando las autoridades administrativas pueden entrometerse en la vida económica a su capricho; cuando los márgenes de discrecionalidad en que los jueces y funcionarios públicos pueden tomar sus decisiones son tan amplios que en ellos hay lugar también para los prejuicios políticos; cuando esto sucede, quienes pertenecen a la minoría nacional se sienten expuestos a la arbitrariedad y a la prepotencia de los funcionarios públicos pertenecientes a la mayoría étnica. Y ya vimos antes qué significado adquiere todo esto cuando tampoco la escuela y la Iglesia son libres sino que están sometidas a las normas del gobierno.

Aquí es donde hay que buscar las raíces del nacionalismo agresivo que actualmente arrecia por todas partes. Es un error esforzarse en reconducir los actuales fenómenos de hostilidad entre las diversas nacionalidades a causas naturales y no a causas políticas. Todos los síntomas de aversión instintiva entre los pueblos que suelen aducirse como prueba se observan también en el interior de las distintas nacionalidades. El bávaro odia al prusiano y viceversa. Entre los franceses y entre los polacos el odio entre diferentes grupos étnicos no es menos fuerte. Y, sin embargo, alemanes, polacos y franceses conviven pacíficamente en sus respectivas entidades estatales. Lo que principalmente pone de relieve la aversión de los polacos hacia los alemanes y viceversa es la aspiración de ambos pueblos a tener el control político de las zonas fronterizas en las que alemanes y polacos viven codo con codo, y a emplearlo para ejercer una hegemonía nacional sobre la otra nación. Lo que ha despertado un odio devastador entre las diversas etnias ha sido la recíproca voluntad de servirse de la enseñanza como instrumento para erradicar de los hijos la lengua de sus padres, la persecución de la minoría lingüística por parte de los tribunales y de las autoridades administrativas, a través de las medidas de política económica y de las expropiaciones. Con la intención de crear previamente con medios violentos condiciones favorables a la futura política de la propia nacionalidad, en los territorios de lengua mixta se ha instaurado un sistema opresivo que crea un peligro para la paz mundial.

Mientras en los territorios de nacionalidad mixta no se ponga en práctica íntegramente el liberalismo, el odio no podrá menos de exasperarse cada vez más y desencadenar guerras y revueltas permanentes.

5. EL IMPERIALISMO

El ansia de conquista de los monarcas absolutos de los siglos pasados sólo tenía dos objetivos: ampliar su esfera de poder y aumentar su riqueza. Ningún soberano podía considerarse bastante poderoso, porque sólo a través de su propia fuerza podía mantener su dominio sobre sus enemigos internos y externos. Y ningún soberano podía considerarse bastante rico, porque necesitaba medios ingentes para mantener a sus ejércitos y pagar a sus seguidores.

Para el Estado liberal la cuestión de la mayor o menor extensión de su territorio tiene una importancia secundaria. La riqueza no puede adquirirse incorporando nuevas provincias, porque los «ingresos» que de ello se derivarían serían inevitablemente contrarrestados por los costes necesarios para mantener la administración de estos mismos territorios. El incremento del poder militar no es esencial al Estado liberal, porque no cultiva planes agresivos. Tal es la razón de la resistencia que oponen los parlamentos liberales a todos los intentos de aumentar los gastos militares, a toda política de agresión y a todas las veleidades anexionistas.

Ciertamente, la política de paz liberal —que a principios de los años sesenta del siglo XIX, cuando el liberalismo fue de victoria en victoria, se consideraba ya consolidada, al menos con respecto a Europa— presupone la puesta en práctica generalizada del derecho de autodeterminación de las naciones. Y para obtenerla fueron necesarias ante todo —frente a la escasa voluntad de las potencias absolutistas de salir de la escena voluntariamente— una serie de guerras y de insurrecciones cruentas. La liquidación del dominio extranjero en Italia, la defensa de los alemanes del Schleswig-Holstein frente al peligro de desnacionalización, la liberación de los polacos y de los eslavos balcánicos, sólo fueron posibles con la fuerza de las armas.

En un solo país, entre tantos en los que el derecho de autodeterminación había entrado en conflicto con el orden político existente, se consiguió alcanzar una solución pacífica: en la Inglaterra liberal, que concedió la libertad a las islas jónicas. En los demás, por todas partes, fueron necesarias guerras e insurrecciones. De las luchas por el Estado alemán surgió el malhadado conflicto moderno franco-alemán; la cuestión polaca quedó sin resolver tras la represión zarista de la enésima revuelta; la cuestión balcánica se resolvió sólo parcialmente; y finalmente, la imposibilidad de resolver los problemas del imperio austro-húngaro por la oposición de los Habsburgo condujo al incidente que se convirtió en la causa inmediata de la guerra mundial.

El imperialismo moderno se distingue del expansionismo de las monarquías absolutas por el hecho de que sus protagonistas no son ya el rey y su linaje, y tampoco la nobleza, la burocracia y los militares que piensan en el rico botín y saqueo de los territorios conquistados, sino las masas populares que ven en el imperialismo el medio más indicado para conservar la independencia nacional. En el contexto de una política antiliberal, que amplía las funciones del Estado hasta no dejar prácticamente espacio alguno a una actividad social libre de la mano pública, es inútil esperar una solución, aunque sólo sea parcial, de los problemas políticos de los territorios en que conviven diversas nacionalidades. Si en estos territorios no se introduce una administración íntegramente liberal, no se podrá hablar ni lejanamente de una equiparación jurídica de las distintas etnias. Podrá haber sólo dominadores y dominados. Y sólo se podrá elegir entre ser yunque o martillo. De este modo la aspiración a un Estado nacional tan fuerte como sea posible, y capaz de extender su dominio a todos los territorios de nacionalidad mixta, se convierte en un postulado indispensable para conservar la propia nación.

Pero el problema de los territorios de lengua mixta no se limita a las zonas de antiguo asentamiento. El capitalismo abre a la civilización nuevos países que aseguran a la producción nuevas condiciones más favorables que las que existen en la mayoría de los viejos países. El capital y el trabajo se desplazan a los lugares que ofrecen las mejores oportunidades. Nacen flujos migratorios que superan todas las migraciones étnicas anteriores. Sólo pocas naciones pueden permitirse dirigir sus propios emigrantes a los países en que el poder político está en manos de connacionales. Cuando falta esta condición, el movimiento migratorio acaba reproduciendo los conflictos que suelen producirse en todos los territorios de lengua mixta. Sin entrar aquí en mayores profundidades sobre el problema, podemos decir que en este aspecto la situación de los territorios de asentamiento de Ultramar es distinta de la de los viejos países europeos, pero los conflictos que surgen de la difícil condición de las minorías nacionales son, en términos generales, los mismos. Del deseo de evitar a los connacionales este destino nacen, por un lado, el colonialismo, el impulso a la conquista de colonias apropiadas para los asentamientos europeos, y por otro, el proteccionismo, la política económica que debería proteger de la más agresiva competencia exterior la producción nacional, que trabaja en condiciones menos favorables, y evitar así la emigración de mano de obra. Pero para extender al máximo el mercado protegido se acaba por extender la conquista también a territorios que no prevén asentamientos europeos. El imperialismo moderno empezó cabalmente con la reacción político-comercial de finales de los años setenta del siglo XIX y con la carrera de los Estados industriales por los «mercados» coloniales en África y Asia.

La expresión «liberalismo» para definir la moderna política expansionista se adoptó ante todo con referencia a Inglaterra. En realidad, el imperialismo inglés tendía inicialmente no tanto a incorporar nuevos territorios cuanto a reconducir a una unidad político-comercial las distintas posesiones sometidas al rey de Inglaterra. Esto respondía a la situación específica de Inglaterra, madre patria de los mayores asentamientos coloniales del mundo. Sin embargo, los objetivos que perseguían los colonialistas ingleses con la creación de una unidad aduanera entre los dominions y la madre patria tenían las mismas finalidades que las conquistas coloniales de Alemania, Italia, Francia, Bélgica y demás Estados europeos: la creación de pasillos protegidos para la exportación de sus mercancías.

Pero estos grandes objetivos político-comerciales no los consiguió el imperialismo en ninguna parte. La idea de la unión aduanera pan-británica se quedó en el papel. Las zonas anexionadas por los Estados europeos en las últimas décadas, y aquéllas en las que consiguieron arrancar algunas «concesiones», tienen un peso tan irrelevante en la provisión de materias primas y semielaborados al mercado mundial y en la paralela absorción de productos industriales por parte de tales zonas, que ningún vínculo político-comercial consiguió producir un cambio sustancial de la situación. Para alcanzar los objetivos perseguidos por el imperialismo, los Estados no podían contentarse con ocupar territorios poblados por salvajes incapaces de oponer cualquier resistencia. Se vieron obligados a agredir a territorios suficientemente equipados desde el punto de vista militar para poder defenderse. Y precisamente aquí la política imperialista sufrió en todas partes y se prepara para sufrir una serie de reveses. Por doquier, en Abisinia, en México, en el Cáucaso, en Persia, en China, vemos a los agresores imperialistas en retirada o por lo menos ya en grandes dificultades.

6. LA POLÍTICA COLONIAL

Las ideas y las intenciones que han guiado la política colonial de las potencias europeas desde la época de los grandes descubrimientos contrastan de la manera más estridente con todos los principios del liberalismo. El criterio que ha presidido la política colonial era el de aprovechar la superior potencia de la raza blanca sobre los pueblos de otras razas. Los europeos, en posesión de todas las armas y las tecnologías proporcionadas por la civilización europea, emigraron para someter a pueblos más débiles, depredarlos de sus propiedades y hacerlos esclavos. Se ha intentado edulcorar y ocultar los verdaderos motivos de la política colonial tras la máscara del inocente deseo de hacer que los pueblos salvajes participen de los beneficios de la civilización europea. Aun cuando hubiera sido ésta la verdadera intención de los gobiernos que se lanzaron a la conquista de los continentes lejanos, el liberal no podría en todo caso considerarla una razón suficiente para demostrar la utilidad y las ventajas de este tipo de colonización. Si el nivel europeo de civilización es realmente más alto (como nosotros creemos) que el de los pueblos primitivos de África y también del muy refinado de Asia, esta superioridad debería demostrarse ante todo predisponiendo a estos pueblos a acogerla voluntariamente. Pero ¿puede haber prueba de ineptitud más atroz, para la civilización europea, que la de su incapacidad de difundirse de otro modo que con el hierro y el fuego?

No hay capítulo de la historia más ensangrentado que el de la historia de la política colonial. Sin utilidad alguna y sin ningún fin se vertieron ríos de sangre, fueron devastadas tierras fértiles, fueron corrompidas y exterminadas poblaciones enteras. Es evidente que todo esto no puede ser edulcorado o justificado en modo alguno. El dominio de los europeos en África y en partes importantes de Asia es un dominio absoluto, y contrasta de la manera más estridente con todos los principios del liberalismo y de la democracia. No puede haber, por tanto, ninguna duda sobre la necesidad inderogable de esforzarse por su liquidación. El único problema consiste en proceder a la liquidación de esta situación insostenible de la manera que cause el menor daño posible. La solución más sencilla y radical sería la de retirar inmediatamente los funcionarios, las tropas y los policías europeos de estos territorios y dejar a sus habitantes a su destino. Es sustancialmente irrelevante que se solicite de inmediato el abandono de las colonias o que tal solicitud vaya precedida de un plebiscito de las poblaciones indígenas no influido por las autoridades coloniales. No puede haber duda alguna sobre el resultado que tendría un plebiscito realmente libre. El dominio de los europeos en las colonias de Ultramar no puede contar con la aprobación de quienes lo han sufrido. Las consecuencias de esta solución radical serían, en un primer momento, la anarquía o como mínimo una serie ininterrumpida de conflictos en los territorios evacuados por los europeos. Se puede afirmar con seguridad que las poblaciones indígenas han aprendido hasta ahora de los europeos sólo lo peor y nada bueno. Y ésta no es ciertamente una acusación a los indígenas, sino a los europeos, que no les han llevado sino lo peor. A las colonias sólo han llevado armas e instrumentos de muerte de todo género, han enviado a los individuos peores y más violentos con el cargo de funcionarios o el uniforme de militares, implementando un dominio militar y policial que nada tiene que envidiar, en cuanto a métodos sanguinarios y despiadados, al sistema de gobierno de los bolcheviques. Los europeos no pueden sorprenderse si el mal ejemplo que ellos han dado en las colonias da ahora también malos frutos. En todo caso, no tendrían derecho a quejarse farisaicamente del bajo nivel de la moral pública de las poblaciones indígenas. Y sería ilegítimo por su parte afirmar que éstas estarían aún inmaduras para obtener la libertad, y que para ser dignas de ella necesitan aún un largo periodo de educación bajo el látigo de las armas extranjeras. Precisamente esta «educación» es responsable en parte de las pésimas condiciones en que hoy se encuentran las colonias, aunque sus efectos sólo se verán plenamente tras la prevista partida de las tropas y de los funcionarios europeos.

Es probable que haya, en cambio, quien sostenga que es deber de los europeos como raza superior evitar la previsible anarquía que se extendería después de la evacuación de las colonias, y mantener su dominio colonial por el propio interés de las poblaciones locales y por su mismo bien. Se puede imaginar que para apoyar este argumento no se ahorrarán las descripciones sombrías de las condiciones en que se encontraban las regiones centrales de África y algunas partes de Asia antes de la instauración del dominio europeo. Nos recordarán la caza al esclavo de los árabes y los espantosos excesos a que se abandonaron tantos déspotas indios. Pero de lo que no hay duda es de que en este argumento hay mucha hipocresía. Porque no se puede olvidar, por citar un ejemplo, que el comercio de esclavos en África sólo pudo prosperar porque había descendientes de los europeos en las colonias americanas que compraban esclavos. Por lo demás, no pensamos que sea el caso de discutir tanto sobre los pros y los contras de esta argumentación. Si a favor del mantenimiento del dominio europeo en las colonias no se puede aducir otro argumento que el del supuesto interés de las poblaciones indígenas, entonces habría que decir que cuanto antes se elimine este dominio mejor será. Nadie tiene derecho a meterse en los asuntos de otro para promover su bien, y nadie, cuando piensa en su propio interés, debería fingir que obra no para sí sino sólo en interés de otro.

A favor del mantenimiento de la influencia europea en los territorios coloniales hay, en cambio, un argumento muy distinto. Si los europeos no hubieran nunca sometido las colonias tropicales a su soberanía, y si no hubieran construido una buena parte de su sistema económico sobre la adquisición de materias primas de las zonas tropicales y de productos agrícolas de los territorios de Ultramar pagados con productos industriales, hoy se podría discutir tranquilamente si es oportuno o no introducir a estos territorios en el circuito de la economía mundial. Pero las cosas no están así, por el simple hecho de que todos estos territorios se vieron forzados por la colonización a entrar en el ámbito de la economía mundial. Gran parte de la economía europea se basa hoy en la inclusión de África y de vastas zonas de Asia en la economía mundial como proveedoras de materias primas de toda clase. Estas materias primas no son arrancadas por la fuerza a las poblaciones de estos territorios, ni se entregan como tributo, sino que se cambian por productos industriales europeos, y por tanto en un intercambio voluntario. Las relaciones no se basan, pues, en una ventaja unilateral; la utilidad es recíproca, y los habitantes de las colonias obtienen ventajas lo mismo que los habitantes de Inglaterra o de Suiza. La interrupción de estas relaciones tendría por ello graves consecuencias económicas tanto para Europa como para las propias colonias, las cuales experimentarían una notable reducción en su tenor de vida. Si es cierto que la lenta extensión de las relaciones económicas a todo el planeta y el desarrollo gradual de la economía mundial están entre las fuentes más importantes del aumento de riqueza en los últimos 150 años, el desmantelamiento precipitado de estas relaciones comerciales constituiría una catástrofe económica mundial sin precedentes, que por su extensión y efectos superaría con mucho a la crisis ligada a las consecuencias económicas de la guerra mundial. ¿Es realmente necesario reducir ulteriormente el bienestar de Europa y de las colonias juntamente, con tal de conceder a las poblaciones indígenas una posibilidad de autodeterminación política que en absoluto las llevaría a la libertad, sino sólo a cambiar de amo?

Tal es el criterio decisivo que hay que adoptar cuando se trata de abordar las cuestiones de política colonial. Los funcionarios, las tropas y los policías europeos deben permanecer en las colonias mientras su presencia sea necesaria para mantener en pie los presupuestos jurídicos y políticos indispensables para asegurar la participación de los territorios coloniales en el comercio internacional. Hay que asegurar a las colonias la posibilidad de practicar el comercio, la industria y la agricultura, de explotar las minas y llevar los productos locales mediante el transporte ferroviario y fluvial a las costas para luego encaminarlos hacia Europa y América. Preservar esta posibilidad es interés de todos, no sólo de los habitantes de Europa, de América y de Australia, sino también de las propias poblaciones de Asia y de África. Mientras las potencias coloniales se limiten a esto y no vayan más allá, nada podría objetarse hoy a sus actividades en las colonias incluso desde el punto de vista liberal.

Pero todos sabemos lo mucho que han pecado contra este principio todas las potencias coloniales. No es preciso recordar los horrores narrados por cronistas dignos de fe en sus informes sobre el Congo. Esperemos que estos horrores no hayan sido un acto intencionado del gobierno belga, y que haya que atribuirlos solamente a los excesos y a la pésima calidad de los funcionarios enviados al Congo. Pero el hecho mismo de que casi todos los Estados coloniales hayan instaurado en las colonias un régimen de política colonial que asegura una posición de privilegio a las mercancías de la madre patria, demuestra que en la política colonial hoy prevalecen criterios totalmente distintos de los que deberían dominar en este campo.

Para armonizar los intereses de Europa y de la raza blanca con los de las zonas de color en lo que respecta a la administración económica de las colonias, habría que confiar a la Sociedad de Naciones la supervisión de la administración de todos los territorios de Ultramar en los que no existe una constitución parlamentaria. La Sociedad de Naciones debería vigilar la concesión en breve plazo de la autonomía administrativa a todos los territorios que aún no la poseen, y la limitación de la influencia de la madre patria en materia de garantía de la propiedad, de los derechos personales de los extranjeros y de las relaciones comerciales. Habría que conceder, tanto a las poblaciones indígenas como a los extranjeros residentes en las colonias, el derecho a apelar inmediatamente a la Sociedad de Naciones siempre que una medida de la madre patria excediera los límites estrictamente necesarios para garantizar la seguridad del comercio y de la actividad económica de esos países. Y a la Sociedad de Naciones habría que concederle el derecho a atender estas reclamaciones.

La puesta en práctica de estos principios transformaría a todos los territorios de Ultramar de los Estados europeos en otros tantos mandatos de la Sociedad de Naciones. Pero también esto debería considerarse sólo como un estadio transitorio. El objetivo último debe ser la total emancipación de las colonias del régimen despótico a que hoy están sometidas.

Esta solución de un problema ya difícil de por sí, y que cada vez lo será más en el futuro, debería satisfacer no sólo a los pueblos europeos y americanos que no tienen posesiones coloniales, sino también a las dos partes directamente interesadas, los colonizadores y los colonizados. Las potencias coloniales deberían comprender que a la larga no podrán conservar su dominio en las colonias. Las poblaciones indígenas han adquirido su autonomía gracias a la penetración del capitalismo; la distancia cultural entre sus clases altas y los oficiales y funcionarios de la administración colonial ha desaparecido, y bajo el perfil militar y político la distribución del poder es hoy muy distinta de la que aún existía en la pasada generación. El intento de las potencias europeas, de Estados Unidos y de Japón de tratar a China como un territorio colonial ha fracasado. En Egipto los ingleses están ya en retirada, y en India están en posición de resistencia. Es sabido, por otra parte, que los Países Bajos no están en condiciones de mantener el archipiélago indio en caso de un ataque serio. Y lo mismo puede decirse de las colonias francesas en África y Asia. Los americanos no están contentos con los filipinos y estarían dispuestos a deshacerse de ellos en la primera ocasión favorable. El poner a las colonias bajo la protección de la Sociedad de Naciones garantizaría a las potencias coloniales la posesión íntegra de sus inversiones y evitaría sacrificios inútiles para reprimir insurrecciones. Las poblaciones indígenas, a su vez, deberían celebrar con gratitud la ocasión de obtener la independencia por una vía pacíficamente evolutiva, y al mismo tiempo la garantía de que ningún pueblo colindante animado de eventuales intenciones de conquista amenazará en el futuro su autonomía política.

7. EL LIBRE COMERCIO

La teoría de los efectos del proteccionismo y del libre cambio es el quicio de la economía política clásica. Y es una teoría tan límpida, plausible e inconfundible que los adversarios nunca fueron capaces de aducir contra ella un argumento cualquiera que no tuviera que ser rechazado inmediatamente por manifiesta falta de plausibilidad y sentido lógico.

Y, sin embargo, en el mundo no vemos hoy otra cosa que proteccionismos, y con frecuencia incluso auténticas prohibiciones de importación. Hasta en Inglaterra, la patria de la política librecambista, hoy triunfa el proteccionismo. Día tras día el principio de la autarquía nacional gana nuevos adeptos. Incluso Estados con pocos millones de habitantes, como Hungría y la República Checoeslovaca, tratan de hacerse independientes de las importaciones exteriores con una política de altos aranceles proteccionistas y prohibiciones de importación. En Estados Unidos la política de comercio exterior se basa en la idea de imponer a todas las mercancías producidas en el exterior a costes inferiores un arancel equivalente al diferencial de coste. El aspecto grotesco de semejante idea está en el hecho de que todos los Estados piensan reducir así las importaciones y aumentar al mismo tiempo las exportaciones. Pero el único resultado de esta política ha sido la reducción de la división internacional del trabajo y por tanto el descenso generalizado de la productividad; y si esto no se manifiesta a la luz del sol es simplemente porque los progresos de la economía capitalista son aún suficientemente grandes para compensarlo. Pero es claro que hoy todos serían más ricos si, debido a la política proteccionista, la producción no fuera artificialmente desviada de las zonas en que las condiciones de producción locales son más favorables a aquéllas en que lo son menos.

En un régimen de plena libertad de mercado la asignación del capital y del trabajo se dirigiría en cambio a las zonas en que se ofrecen las condiciones de producción más favorables. Y así, a medida que se perfeccionan los medios de transporte, mejora la tecnología y un mejor conocimiento de nuevos países que se abren al mercado, emerge la realidad de áreas de producción más favorables que las ya explotadas. Y allí se traslada la producción. Esta tendencia a trasladarse desde las áreas en que las condiciones de producción son menos favorables a aquéllas en que lo son más es típica del capital y del trabajo.

Pero estas migraciones de capital y de trabajo presuponen no sólo una completa libertad de cambio sino también una ausencia de barreras que impidan la movilidad del capital y del trabajo de un país a otro. Este presupuesto no existía cuando se elaboró la doctrina clásica del libre cambio. Toda una serie de obstáculos se interponían entonces a la movilidad no sólo del capital sino también de los trabajadores. Los capitalistas evitaban invertir sus capitales en el exterior, ya sea por el escaso conocimiento de las situaciones, ya sea por la general inseguridad jurídica y por otras razones análogas. Y los trabajadores, por su parte, no tenían la posibilidad de dejar su país por todas las dificultades de orden jurídico, religioso y de otro tipo que encontrarían en el nuevo país, en primer lugar la lengua. La distinción introducida en la teoría económica entre comercio interior y comercio exterior sólo puede tener una justificación en la circunstancia de que el presupuesto de la perfecta movilidad del capital y del trabajo existía para el mercado interno pero no para el mercado entre varios Estados. El problema al que la teoría clásica debía dar una respuesta es el siguiente: ¿cuáles son los efectos del libre cambio internacional de las mercancías si la movilidad del trabajo y del capital de un país a otro se obstaculiza? La respuesta la dio la teoría ricardiana en los siguientes términos: los distintos sectores de producción se distribuyen entre los distintos países de tal manera que cada uno de ellos se aplica a producir aquellas cosas en las que sabe que posee una clara superioridad sobre los demás. Los mercantilistas temían que un país que dispusiera de condiciones de producción menos favorables importaría más de lo que exportaría, depauperando así las arcas del tesoro. Para contrarrestar eficazmente esta desgraciada eventualidad, pedían la imposición de aranceles protectores y prohibiciones de importación. La doctrina clásica demostró lo infundado de los temores mercantilistas. Con una demostración brillante, perfecta e inconfundible —y que de hecho nadie ha rechazado— teorizó que incluso un país que en todos los sectores productivos disponga de condiciones menos favorables que los demás, no debe en modo alguno temer exportar menos de lo que importa, ya que también los países que disponen de condiciones más favorables acaban inevitablemente considerando ventajoso importar de los países con condiciones de producción menos favorables aquellos artículos en cuya producción serían acaso superiores, pero no tanto como lo son en los otros artículos en los que han terminado por especializarse.

En una palabra, al hombre político la doctrina librecambista clásica le dice lo siguiente: existen países en los que las condiciones de producción naturales son más favorables, y otros en que lo son menos. La división internacional del trabajo hace que espontáneamente, y por tanto también sin intervención de los gobiernos, cada país, con independencia de sus condiciones de producción, acabe hallando su propia colocación en la comunidad internacional del trabajo. Sin duda, los países dotados de condiciones de producción más favorables serán más ricos, y los otros más pobres; pero ésta es una realidad que ninguna política podrá cambiar, porque es una consecuencia inevitable de la diversidad de los factores naturales de producción.

Tal era la situación frente a la que se encontró el viejo liberalismo, y a la que respondió cabalmente con la doctrina clásica del libre cambio. Pero desde los tiempos de Ricardo la situación mundial ha cambiado notablemente, y aquella frente a la cual se encontró la doctrina librecambista en los últimos sesenta años antes del estallido de la [primera] guerra mundial era completamente distinta de la que había tenido que afrontar a finales del siglo XVIII y principios del XIX, ya que el siglo XIX mientras tanto había en parte eliminado las barreras que al principio se habían interpuesto a la perfecta movilidad del capital y del trabajo. En efecto, respecto a los tiempos de Ricardo, invertir capital en el exterior se había hecho mucho más fácil. La certeza del derecho había aumentado claramente, el conocimiento de los países, de los usos y costumbres extranjeros se había ampliado, y la sociedad anónima ofrecía la posibilidad de repartir entre una pluralidad de sujetos y por tanto reducir el riesgo empresarial en países lejanos. Sería sin duda exagerado decir que a principios del siglo XX la movilidad del capital en el mercado internacional era igual a la existente dentro de cada Estado. Las diferencias eran aún notables y también eran bastante conocidas, pero en todo caso no era ya posible partir de la idea de que el capital se detuviera en las fronteras del Estado. Y menos aún podía aplicarse esto a la fuerza de trabajo. En la segunda mitad del siglo XIX millones de europeos dejaron su país para encontrar mejores posibilidades económicas en tierras de Ultramar.

Una vez desaparecida la condición de inmovilidad del capital y del trabajo contra la que chocaba la teoría librecambista clásica, también perdía valor necesariamente la distinción entre los distintos efectos del libre mercado interior y exterior. Cuando el capital y el trabajo pueden emigrar libremente al exterior, desaparece la legitimidad de esa distinción, y para el mercado exterior vale lo dicho para el mercado interno, es decir, que el libre comercio conduce a explotar exclusivamente las condiciones de producción más favorables y a abandonar las menos favorables. De los países que disponen de menores oportunidades productivas, el capital y el trabajo se desplazan a aquéllos en que las mismas son mayores, o sea, en términos aún más explícitos, el capital y el trabajo salen de los viejos países europeos densamente poblados y se trasladan a los territorios de América y de Australia, que ofrecen mejores condiciones de producción. Históricamente, para los pueblos europeos, que además de los viejos territorios de asentamiento europeos poseían también los de Ultramar, apropiados para el asentamiento de los europeos, esto se tradujo en un simple trasvase de una parte de la población a esos territorios; para Inglaterra, por ejemplo, significó simplemente, para una parte de sus hijos, ir a establecerse en Canadá, Australia o Sudáfrica. Los emigrados que habían dejado Inglaterra podían seguir siendo ciudadanos del Estado inglés y perteneciendo a su nación después de establecerse en el extranjero. Distinta fue la situación de Alemania. El alemán que emigraba llegaba a un Estado extranjero a todos los efectos, entre ciudadanos de una nación extranjera; se convertía en ciudadano de un Estado extranjero, y se podía suponer que a la vuelta de una, dos o a lo sumo tres generaciones perdería también la identidad étnica alemana, asimilándose a una nación extranjera. Así pues, Alemania se encontró ante el dilema de tener que asistir pasivamente o no al éxodo de una parte de su capital y de sus hijos a tierras extranjeras.

No hay, pues, que caer en el error de pensar que el problema político-comercial frente al cual se hallaron Inglaterra y Alemania en la segunda mitad del siglo XIX era idéntico. Para Inglaterra se trataba simplemente de aceptar o no que una parte de sus hijos emigrara a los dominions, y no había motivo alguno para impedirlo. Para Alemania, en cambio, el problema consistía en tolerar o no la emigración de alemanes a las colonias británicas, a Sudamérica y otros países, dando por descontado que estos emigrantes renunciarían con el tiempo a su ciudadanía y a su identidad étnica, lo mismo que ya habían hecho en el pasado centenares de miles e incluso millones de alemanes emigrados. Y como no había intención alguna de tolerar un hecho de este género, el Reich alemán, que en los años sesenta y setenta se había acercado gradualmente al libre comercio, a finales de los años setenta pasó de nuevo al proteccionismo para defender la agricultura y la industria alemanas de la competencia extranjera. Al amparo de los aranceles, la agricultura alemana consiguió en cierta medida contener la competencia de la agricultura del Este europeo y transoceánica, favorecida por tierras mejores; la industria alemana, por su parte, consiguió formar una serie de carteles que mantuvieron los precios por encima de los de mercado y le permitieron, con los beneficios obtenidos, vender en el extranjero a precios del mercado mundial y a veces incluso a precios inferiores.

Pero fue imposible obtener aquel éxito definitivo que la política comercial esperaba de la vuelta al proteccionismo. Cuanto más aumentaban en Alemania el coste de la vida y los costes de producción debido precisamente a los aranceles protectores, tanto más se agravaba la situación político-comercial. Es cierto que Alemania tuvo la posibilidad, en las primeras décadas de la nueva era político-comercial, de poner en marcha una poderosa expansión industrial. Pero esta expansión se habría producido también sin proteccionismos, porque era prevalentemente fruto de la introducción de nuevos procedimientos en la industria siderúrgica y química, que permitieron a toda la industria alemana aprovechar mejor los grandes recursos naturales del suelo alemán.

La situación político-comercial actual se caracteriza por el hecho de que la política antiliberal, que ha eliminado la libre circulación del trabajador en el mercado internacional y ha sometido a restricciones notables la movilidad del capital, en cierta medida ha hecho descender de nuevo aquella diferencia en los presupuestos del mercado internacional que existía entre comienzos y final del siglo XIX. De nuevo se obstaculiza la movilidad del capital y sobre todo de la fuerza de trabajo. Un mercado libre de mercancías, en estas condiciones, no desencadenaría oleadas migratorias, sino que induciría una vez más a las distintas naciones a especializarse en las actividades productivas para las que existen en casa las condiciones objetivas relativamente mejores.

Pero sea cual fuere la realidad de los presupuestos del comercio internacional, los aranceles protectores sólo pueden obtener un resultado: que ya no se produce allí donde las condiciones naturales y sociales son mejores, sino en otra parte, es decir, donde esas condiciones son peores. Las políticas proteccionistas, pues, tienen siempre como efecto la disminución del producto del trabajo humano. El partidario del libre cambio no pretende en absoluto negar que el mal que los pueblos quieren combatir con la política proteccionista sea, en efecto, un mal. Sostiene sólo que los medios adoptados por los imperialistas y por los proteccionistas no son adecuados para eliminar ese mal, y por tanto propone a su vez otra vía. El hecho de que pueblos como el alemán o el italiano hayan sido considerados las cenicientas del reparto del mundo, obligando así a sus hijos a emigrar a países cuyas condiciones políticas iliberales hacen que tengan que abandonar su nacionalidad, es una de esas condiciones del ordenamiento actual de las relaciones entre los Estados que el liberalismo quiere cambiar, porque sólo así pueden cambiarse los presupuestos de una paz efectiva.

8. LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN

A veces se ha reprochado al liberalismo el carácter prevalentemente negativo de su programa. Se ha dicho que lo que condiciona este su carácter es la naturaleza misma de la libertad, que no es concebible sino como libertad de algo, de modo que la reivindicación de la libertad vendría a consistir en el rechazo de cualquier pretensión. El programa de los partidos autoritarios, en cambio, sería positivo. En realidad, como normalmente en los términos «positivo» y «negativo» está implícito un preciso criterio de valor, no es difícil apreciar en esta caracterización del programa liberal un subrepticio intento de desacreditarlo.

No es el caso de repetir aquí por enésima vez que el programa liberal no es menos positivo que cualquier otro programa político imaginable, desde el momento en que quiere una sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción. El aspecto negativo del programa liberal consiste en su negación, en su rechazo, en su lucha contra cualquier estado de cosas que contradiga este programa positivo. En esta acción de rechazo, el programa del liberalismo —como, por lo demás, el de cualquier otra orientación— depende de la posición que adopten los adversarios. Cuando la resistencia del adversario es más fuerte, también el ataque del liberalismo tiene que ser igualmente fuerte; cuando es débil o nula, bastan pocas palabras. Y como la resistencia que encuentra el liberalismo ha cambiado a lo largo de la evolución histórica, también el lado negativo del programa liberal ha experimentado cierto cambio.

Un ejemplo muy clarificador es el de la libertad de movimientos. Cuando el liberalismo reivindica para cada individuo el derecho a vivir donde le plazca, tampoco ésta es una reivindicación negativa: está en la esencia misma de la sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción que cada uno pueda trabajar y consumir donde mejor le parezca. Este postulado se hace negativo sólo cuando se opone a las fuerzas que tratan de limitar la libre circulación de los individuos. Y así el derecho de libre circulación ha experimentado a lo largo del tiempo un cambio radical. En los siglos XVIII y XIX, cuando surgió y se desarrolló, el liberalismo hubo de luchar por la libertad de emigración. En aquella época tuvo que batirse contra las leyes que impedían a los habitantes del campo trasladarse a la ciudad, y castigaban duramente a quien quería dejar su propia patria para buscar en el exterior una suerte mejor, mientras que en general no se obstaculizaba y se dejaba plena libertad a la inmigración.

Hoy, como es sabido, las cosas han cambiado. Se empezó hace unas décadas promulgando algunas leyes contra la inmigración de asiáticos y chinos, y hoy en todos los Estados del mundo más expuestos a la inmigración existen leyes más o menos rigurosas que la prohíben absolutamente o la restringen drásticamente.

La política dirigida a la limitación de la inmigración debe considerarse desde un doble punto de vista: como política de los sindicatos y como política de proteccionismo nacional.

El único instrumento que los sindicatos tienen para influir en interés propio en el mercado de trabajo —si prescindimos del uso de los medios coactivos como la organización forzosa de todos los trabajadores, la huelga obligatoria y el boicot duro contra quien quiere trabajar— es restringir la oferta de mano de obra. Pero como los propios sindicatos no tienen la posibilidad de reducir el número de trabajadores que viven en el mundo, la única posibilidad que les queda es reducir el número de trabajadores en un sector industrial o en un país, a costa de los trabajadores de otros sectores o de otros países. Y el instrumento es precisamente el bloqueo de la inmigración. Obstruir el acceso a un sector industrial por parte de otros trabajadores que viven en el mismo país sólo es posible hasta cierto punto por evidentes motivos políticos prácticos. En cambio, cerrar las fronteras a la inmigración exterior no es políticamente difícil.

En Estados Unidos las condiciones de producción naturales son más favorables que en algunas grandes áreas europeas, y por consiguiente es allí más elevada la productividad del trabajo y son más altos los salarios. Si existiera libertad de circulación, muchos trabajadores europeos emigrarían e irían a buscar trabajo a Estados Unidos. Pero las leyes americanas sobre inmigración hacen todo lo posible para frenar este proceso. De este modo el salario se mantiene en Estados Unidos por encima del nivel al que se establecería si existiera plena libertad de inmigración, y en Europa por debajo de ese nivel. Por una parte se beneficia el trabajador americano, por otra pierde el europeo.

Pero sería erróneo considerar los efectos de las restricciones a la libertad de circulación sólo desde el punto de vista del efecto directo sobre el salario. Estos efectos van mucho más allá. Gracias al exceso relativo de oferta de mano de obra en áreas en que las condiciones de producción son menos favorables, y a la relativa carencia de trabajadores en las áreas en que lo son más, habrá una mayor expansión de la producción en las primeras y una mayor contracción en las segundas respecto a una hipotética situación de plena libertad de circulación. Los efectos de las restricciones a la libertad de migración son, pues, idénticos a los provocados por el proteccionismo. Tales efectos comportan, en una parte del mundo la imposibilidad de explotar oportunidades de producción más favorables, y en otra parte del mismo la necesidad de explotar oportunidades de producción menos favorables. Desde el punto de vista de la colectividad humana en su conjunto, esto se traduce en una reducción de la productividad del trabajo humano, de la riqueza material disponible.

Los intentos de justificar las restricciones a la inmigración basándose en criterios económicos están de entrada condenados al fracaso. Las restricciones a la inmigración —y sobre esto no existe la menor duda— reducen la productividad del trabajo humano. Al impedir la inmigración, los sindicatos de Estados Unidos o de Australia, con tal de obtener unas ventajas sectoriales, van no sólo contra los intereses de los trabajadores de otros países, sino también contra los del resto de la humanidad. Y queda por ver además si el eventual aumento general de la productividad del trabajo humano inducido por la institución de la plena libertad de circulación no sea tal que compense también las posibles pérdidas que los afiliados a los sindicatos americanos y australianos experimentarían como consecuencia de la inmigración de trabajadores extranjeros.

Pero los trabajadores de Estados Unidos y de Australia no podrían limitar la inmigración si no dispusieran de un ulterior argumento para justificar su modo de obrar. Todavía hoy la fuerza de ciertos principios e ideas liberales es tan grande que para combatirlos se recurre al expediente de colocar por encima del objetivo de la máxima rentabilidad un supuesto interés superior y más importante. Ya hemos visto cómo el proteccionismo se ha justificado alegando superiores razones nacionales. Y superiores intereses nacionales se han aducido también como argumento a favor de las restricciones a la inmigración.

Una vez concedida plena libertad de inmigración —se sostiene— afluirán a Australia y a América oleadas de inmigrantes procedentes de las áreas superpobladas de Europa. Y serán tan numerosos que será inútil esperar su asimilación nacional. Si en el pasado los emigrantes a Estados Unidos aprendieron inmediatamente la lengua inglesa y asimilaron los usos y costumbres americanos, el fenómeno podía atribuirse en parte al hecho de que entonces los emigrantes no eran tan numerosos y no llegaban todos a un tiempo. Los pequeños grupos de emigrantes que se distribuían por todo el inmenso territorio americano se dispersaban muy pronto en el gran amasijo de etnias existentes, y el emigrante individual estaba ya asimilado cuando los grupos sucesivos de inmigrantes ponían pie por primera vez en suelo americano. Uno de los presupuestos más importantes de la asimilación nacional, en efecto, era entonces el número no excesivo de emigrantes. Hoy —se afirma— todo esto sería distinto, se corre el peligro de destruir el predominio, o, por mejor decir, la dictadura de la nacionalidad anglosajona en Estados Unidos. El peligro mayor, en este sentido, lo constituiría una masiva inmigración de elementos mongólico-asiáticos.

Probablemente estos temores, en lo que respecta a Estados Unidos, son exagerados. Pero de seguro que no lo son para Australia. Australia tiene aproximadamente el mismo número de habitantes que Austria. Pero su superficie geográfica es cien veces mayor y sus recursos naturales son seguramente más abundantes que los de Austria. Si se liberalizara la inmigración en Australia, se puede conjeturar con amplio margen de probabilidad que su población en pocos años estaría formada prevalentemente por japoneses, chinos, malayos y coolies.

El recelo que en todo el mundo siente la mayoría de los hombres respecto a quien pertenece a otra nacionalidad, y sobre todo a una raza diferente, es tan grande que se comprende la neta oposición a la idea de hallar un compromiso pacífico sobre estos contrastes. Es difícil pensar que los australianos permitirían voluntariamente la inmigración de europeos que no pertenecieran a la nación inglesa, y se excluye absolutamente que puedan permitir a los asiáticos buscarse un trabajo y establecerse en su continente. Los australianos de origen inglés insisten en que la conquista inicial de estas tierras por parte de los ingleses confiere a la nación inglesa para toda la eternidad el privilegio de la posesión exclusiva de todo el continente. Pero los ciudadanos de las demás naciones del mundo no tienen ninguna intención de disputar a los australianos esta su posesión. Consideran solamente injusto que los australianos no les permitan aprovecharse en Australia de condiciones actualmente no utilizadas, obligándoles a aprovechar condiciones de producción más desfavorables en su patria.

Actualmente los términos de este contencioso, tan importante para el destino del mundo, porque de su solución depende el ser o no ser de la civilización, son los siguientes: por una parte, hay decenas, mejor dicho, centenares de millones de europeos y de asiáticos que se ven obligados a trabajar en condiciones de producción más desfavorables que las que podrían encontrar en los territorios ahora cerrados a su entrada. Éstos piden que se abran las puertas del paraíso prohibido, porque con ello se prometen un aumento de la productividad de su trabajo y por tanto un mayor bienestar. En el frente opuesto están los que son felices de poseer la tierra que tiene las condiciones más favorables de producción. Si son obreros y no propietarios de medios de producción, no quieren que desaparezcan los altos salarios que les garantiza su posición. Pero la nación en su conjunto es unánime en temer la inundación de extranjeros. Teme poder convertirse un día en minoría en su propia casa, y tener que sufrir a tal punto los horrores de la persecución nacional a la que hoy, por ejemplo, están expuestos los alemanes en la República Checoslovaca, en Italia y en Polonia.

La legitimidad de estos temores es incontestable. La plenitud de poderes de que hoy goza el Estado no puede menos de inducir a una minoría nacional a temer lo peor por parte de una mayoría de nacionalidad distinta. Mientras se consienta que el aparato estatal tenga los plenos poderes que hoy tiene y que la opinión pública le reconoce, la sola idea de tener que vivir en un Estado cuyo gobierno está en manos de hombres de distinta nacionalidad es terrorífica. Es terrible vivir en un Estado en el que la mayoría dominante te expone en todo momento a una persecución que se oculta bajo una apariencia de legalidad. Es terrible ser rechazados ya en la escuela a causa de la pertenencia étnica, y no obtener justicia ante cualquier tribunal o autoridad administrativa porque no se forma parte de la nacionalidad dominante.

Si se mira el conflicto desde este punto de vista, parece que no existe otra solución que la violenta de la guerra, en la cual probablemente la nacionalidad más débil numéricamente sería derrotada y, por ejemplo, las poblaciones asiáticas que ascienden a cientos de millones lograrían expulsar de Australia a los descendientes de la raza blanca. Pero no queremos abandonarnos a semejantes conjeturas. Una cosa es cierta: guerras de este tipo —suponiendo, naturalmente, que un problema de tal envergadura no se ventilaría con una sola guerra— conducirían inevitablemente a la más espantosa catástrofe de la civilización.

Es, pues, claro que una solución del problema migratorio es imposible mientras se siga aferrados al ideal del Estado que se ocupa de todo y se entromete en toda expresión de la vida humana, o incluso si se sigue fieles al ideal socialista. La puesta en práctica del liberalismo haría desaparecer el problema migratorio que hoy parece insoluble. ¿Qué dificultades podrían surgir, en una Australia regida por gobiernos liberales, si en algunas partes de este continente prevalecieran los japoneses y en otras los alemanes?

9. LOS ESTADOS UNIDOS DE EUROPA

Los Estados Unidos de América son el Estado más poderoso y rico del mundo. En ninguna parte del mundo pudo el capitalismo desarrollarse con mayor libertad y menos impedimentos por parte del gobierno. Por esta razón los habitantes de Estados Unidos de América son mucho más ricos que todos los demás habitantes de la tierra. Desde hace más de sesenta años su país no ha participado en ninguna guerra. Si no hubieran hecho guerras de exterminio contra los indígenas de su país, y no hubieran combatido la inútil guerra contra España y participado luego en la guerra mundial, hoy entre los ciudadanos de ese país no habría ningún anciano que pudiera contar por propia experiencia qué es una guerra. Y es dudoso que los propios americanos sepan apreciar plenamente la circunstancia de que la política ha realizado en Estados Unidos más liberalismo y capitalismo que cualquier otro sistema político. Tampoco los extranjeros conocen la razón precisa que hizo rica y poderosa la tan envidiada república. Pero todos —a excepción de quienes por puro resentimiento fingen despreciar profundamente el «materialismo» de la civilización americana— tienen el mismo apremiante deseo de que también su sistema político pueda ser rico y poderoso como el americano.

Desde varias instancias, se empieza a sostener que el camino más sencillo para alcanzar esta meta es la construcción de los «Estados Unidos de Europa». Los distintos Estados del continente europeo —se afirma— están demasiado poco poblados y no son bastante extensos geográficamente para poder vencer, en la lucha por la supremacía entre los Estados, contra una Unión norteamericana siempre más poderosa, contra Rusia, el Imperio inglés, la China y otras formaciones políticas igualmente extensas geográficamente que aún podrían surgir, por ejemplo, en Sudamérica.

Los Estados europeos deberían por lo tanto asociarse en una unión militar y política, una alianza de protección y defensa mutua, la única que sería capaz de asegurar a Europa en los siglos venideros el importante papel en la política mundial que ya tuvo en los últimos siglos. Un apoyo firme a la idea de la Unión paneuropea viene de quien día tras día se va dando cuenta con una evidencia cada vez mayor de que no podría haber nada más insensato que una política proteccionista de los Estados europeos. Sólo el ulterior desarrollo de la división internacional del trabajo puede aumentar el bienestar y crear la riqueza material que necesitaremos para elevar el tenor de vida y por tanto el nivel cívico de las masas. La política económica de todos los Estados, pero sobre todo la de los Estados europeos más pequeños, está encaminada precisamente a impedir sistemáticamente la división internacional del trabajo. Si comparamos las condiciones en que vive la industria norteamericana, que dispone de un mercado de 120 millones de consumidores no impedido por barreras aduaneras y otras trabas de parecida naturaleza, con aquéllas en que viven la industria alemana y también la checoslovaca y la húngara, se aprecia toda una serie de absurdos esfuerzos que se están haciendo para crear tantas pequeñas áreas económicas autárquicas.

Los inconvenientes denunciados por los precursores de la idea de los Estados Unidos de Europa existen ciertamente, y cuanto antes se trate de eliminarlos, mejor. Sin embargo, la formación de los Estados Unidos de Europa no sería la vía más adecuada para alcanzar este objetivo.

Cualquier reforma de las relaciones entre los Estados debe fijarse el objetivo de eliminar una situación de hecho en la que cada Estado individual no hace más que esperar con impaciencia la ocasión propicia para ampliar su propio territorio a costa de otros Estados. El problema de las fronteras, que hoy tiene un peso desproporcionado, debe perder su centralidad. Los pueblos deben entender que el problema más importante de la política exterior es la construcción de la paz permanente, y que el único medio para asegurar la paz en el mundo consiste en circunscribir al máximo la actividad del Estado. Al propio Estado y a su limitación geográfica no se le debe atribuir ya aquel significado supremo para la vida que explica luego cómo, en el pasado y también en el presente, se han derramado ríos de sangre por delimitar los confines de los distintos Estados. La miopía cultural, que no ve sino la propia realidad estatal y la propia nación, y no entiende la importancia de la cooperación internacional, debe ser sustituida por una mentalidad cosmopolita. Pero esto sólo será posible si la Sociedad de Naciones, la suprema autoridad internacional y supra-estatal, se constituye de tal modo que impida la agresión a cualquier pueblo o individuo por su identidad y pertenencia étnica.

Para arrancar a los pueblos de las angustias de la política nacionalista, que espera perennemente la ruina del pueblo limítrofe y acaba provocando la ruina de todos, y para impulsarlos hacia una auténtica política mundial, es preciso comprender ante todo que los intereses de los pueblos no son auténticos, y que el mejor modo de hacer que cada pueblo fomente su propio interés consiste en proveer y promover el desarrollo de todos los pueblos y en evitar cuidadosamente cualquier intento de oprimir a otros pueblos o partes de ellos. El problema, pues, no consiste en sustituir el chovinismo a favor del propio pueblo por un chovinismo ampliado a una esfera más amplia de pueblos, sino en comprender que cualquier forma de chovinismo es perjudicial; y que los viejos instrumentos militaristas de la política internacional tienen que ser sustituidos por nuevos instrumentos pacíficos que se fijen como objetivo la colaboración y no la guerra recíproca.

Los fautores de la idea paneuropea y de los Estados Unidos de Europa persiguen en cambio otros objetivos. No piensan en una nueva forma de sistema político que se distinga sustancialmente, por su política, de los Estados tradicionales tendencialmente imperialistas y militaristas, sino en una nueva versión de esta vieja idea de Estado. Conciben la Paneuropa como un organismo más grande que los Estados individuales, en el que éstos deberían disolverse para hacerlo más poderoso que sus distintos componentes, militarmente más preparado y con mayor capacidad de hacer frente a los grandes Estados como Inglaterra, los Estados Unidos de América y Rusia. En una palabra, el chovinismo francés, alemán y magiar sería sustituido por el europeo, cuyos venablos se lanzarían contra los «extranjeros» de turno —ingleses, americanos, rusos, chinos, japoneses—, mientras que en el interior uniría a todos los pueblos europeos.

Sin embargo, si un sentimiento político y una política estatal y militar chovinista pueden ciertamente construirse sobre una base nacional, no pueden serlo en cambio sobre una base geográfica. Si la lengua común establece un fuerte lazo común entre los ciudadanos de una nación, la diversidad lingüística cava un foso entre los pueblos. Sin esta realidad de hecho —independiente de todas las ideologías— jamás se habría podido desarrollar una mentalidad chovinista. La circunstancia de que el ojo del geógrafo que observa el mapa pueda (¡no deba!) considerar mentalmente el continente europeo (¡excluida Rusia!) como una unidad, no crea por ello mismo una solidaridad entre los habitantes de este espacio geográfico sobre la que los políticos puedan fundar sus proyectos. A un habitante de Renania se le podrá acaso hacer comprender que si guerrea al lado de los alemanes de la Prusia Oriental, en realidad está defendiendo su propia causa, y acaso un día se logrará hacerle comprender que la causa de todos los hombres es también su propia causa. Pero no podrá comprender que debe batirse por la causa de los portugueses porque también son europeos, mientras que la causa de Inglaterra es la causa de un enemigo o, en el mejor de los casos, la causa de un extranjero que le es completamente indiferente. Una larga evolución histórica, que nadie puede borrar de la vida de la humanidad (y que, por lo demás, el liberalismo no tiene ninguna intención de borrar), ha llevado al corazón de un alemán a palpitar con más fuerza cuando oye hablar de cualidad alemana, de pueblo alemán, de Alemania. Este sentimiento nacional existía ya antes de que la política empezara a construir sobre él una idea de Estado alemán, de política alemana, y también de chovinismo alemán. Haber olvidado el hecho de que las palabras «Europa» o «Paneuropa» y «europeo» o «paneuropeo» no tienen la misma resonancia, la misma capacidad emotiva que las palabras «Alemania» y «alemán», ha sido el error fundamental de todos estos generosos proyectos que quieren sustituir los Estados nacionales por uniones de Estados, llámense Mitteleuropa, Paneuropa, Panamericanismo y otras formaciones semejantes.

Una confirmación clarísima de cuanto estamos diciendo nos la ofrece el decisivo papel que en todos estos proyectos asume el problema bajo el aspecto de la política comercial. En la situación actual, no es difícil convencer a un habitante de Baviera de que es justo pagar un arancel por una determinada mercancía con el fin de defender el trabajo alemán de Sajonia. Puede esperarse que un día se le pueda convertir a la idea de que todos los intentos de practicar una política comercial autárquica, y por tanto todos los aranceles protectores, son irracionales y contraproducentes respecto al fin que se proponen, por lo que deben ser abolidos. Pero nunca se conseguirá convencer a un polaco o a un magiar de que es justo pagar por ciertas mercancías un precio superior al de mercado para permitir que Francia, Alemania o Italia produzcan en su país un mismo género de mercancías. En una palabra, se puede basar la política proteccionista en el sentimiento de pertenencia nacional y en la teoría nacionalista de la inconciliabilidad de los intereses de las diferentes naciones; pero no existe una base ideológica análoga sobre la que construir un sistema de política proteccionista válida para una unión de Estados. Es un evidente contrasentido disgregar en muchas pequeñas áreas económicas nacionales con un máximo grado de autarquía una economía mundial metida en un proceso cada vez más unitario. Pero la política de aislamiento nacionalista no se supera sustituyéndola por una política aislacionista de una formación estatal ampliada que asume en una unidad política las distintas naciones. La política proteccionista y los experimentos autárquicos sólo pueden derrotarse por la convicción de que ambos son deletéreos y por el sentido de solidaridad de los intereses de todos los pueblos.

La necesidad de adoptar el librecambio no es sino la lógica consecuencia de la demostración de que la disgregación de la unidad de la economía mundial en muchas pequeñas áreas económicas autárquicas es perjudicial. Para demostrar en cambio la necesidad de formar un área proteccionista y autárquica paneuropea, habría que demostrar antes, por ejemplo, que existe una solidaridad de intereses entre portugueses y rumanos, mientras al mismo tiempo los intereses de ambos chocan con los intereses de Brasil o de Rusia. Habría que demostrar que es muy bueno para los húngaros abandonar a su destino la propia industria textil para favorecer la alemana, francesa o belga, y que en cambio los intereses de los húngaros son perjudicados por la importación de los productos de la industria textil inglesa o americana.

El movimiento para la formación de los Estados Unidos de Europa surgió de la justa percepción de la insostenibilidad de toda política nacional chovinista. Pero lo que se quiere poner en su lugar es irrealizable, porque no tiene un fundamento concreto en la conciencia de los pueblos. Y aunque se lograra alcanzar el objetivo del movimiento paneuropeo, la situación mundial no mejoraría en absoluto. El conflicto entre una Europa continental unida y las grandes potencias mundiales externas a su área no sería menos funesto que el conflicto entre los Estados europeos.

10. LA SOCIEDAD DE NACIONES

Para el liberal, el Estado no es un valor supremo ni la mejor forma de organización colectiva. La doctrina metafísica del Estado declara —para complacer la soberbia y la arrogancia de los príncipes— que todo Estado particular es soberano en cuanto instancia suprema y última. Para el liberal, en cambio, el mundo no se detiene en los confines del Estado. Para él los confines del Estado sólo tienen un significado secundario y subordinado, ya que todo el pensamiento político liberal toma en consideración la humanidad en su conjunto y se basa en la convicción de que la división del trabajo debe ser internacional y no sólo nacional. El liberal, pues, sabe también a priori que no basta mantener la paz dentro del Estado, sino que es necesario que todos los Estados vivan en paz entre ellos. Basándose en esta convicción, pide que la organización estatal encuentre su prosecución y su conclusión en una unión política paritaria de todos los Estados en un Estado mundial. Por esto considera que el derecho internacional está por encima del derecho de los distintos Estados, y reclama la creación de tribunales y autoridades superiores a los Estados que aseguren la paz internacional del mismo modo que en el interior de cada Estado existen tribunales y autoridades que se ocupan o al menos deberían ocuparse de mantener la paz interna.

Durante mucho tiempo la petición de crear una organización mundial supra-estatal ha sido una utopía de pocos pensadores que a nadie parecía interesar.

Ciertamente, desde el final de las guerras napoleónicas el mundo vio repetidamente cómo los hombres políticos de los principales Estados se reunían en conferencias en busca de decisiones unánimes; y ya mediado el siglo XX, fueron naciendo numerosas organizaciones supra-nacionales —como, para citar alguna, la Cruz Roja o la Unión Postal Mundial—. Pero a todo esto lo separaba una distancia sideral del desarrollo de una organización realmente por encima de los Estados. Tampoco las conferencias de paz de La Haya dieron ningún paso adelante a este respecto. Sólo los horrores de la guerra mundial consiguieron crear un amplio consenso en torno a la idea de una organización mundial capaz de evitar la guerra en el futuro. Una vez acabada la guerra, los vencedores decidieron crear un organismo al que se le dio el nombre de Sociedad de Naciones, que muchos consideran el punto de partida de una futura organización que esté por encima de los Estados y que sea efectivamente útil.

Pero no cabe duda de que la institución que lleva este nombre no realiza en absoluto el ideal de organización supra-estatal que persigue el liberalismo. En primer lugar, porque de la Sociedad de Naciones no forman parte algunos de los Estados más importantes del mundo. En efecto, quedan fuera —dejando a un lado las naciones más pequeñas— nada menos que los Estados Unidos. Pero el defecto principal de la Sociedad de Naciones es que distingue dos categorías de Estados: los que son miembros de pleno derecho y los que no lo son, porque en la guerra mundial estuvieron del lado de los derrotados. Es evidente que semejante estructura jerárquica de la comunidad internacional lleva en sí inevitablemente el germen de la guerra como cualquier estructura jerárquica dentro de un Estado. La suma de todas estas carencias ha hecho que la Sociedad de Naciones demostrara una deplorable debilidad e incapacidad en todos los problemas. Piénsese solamente en su comportamiento a propósito del conflicto entre Italia y Grecia, en la cuestión del Mossul, y especialmente en todos los casos en que el destino de minorías oprimidas dependió de su decisión.

En todos los países, pero especialmente en Inglaterra y en Alemania, existen grupos que consideran oportuno, en interés de la evolución de esta pseudo-Sociedad de Naciones hacia una auténtica Sociedad de Naciones, es decir, una auténtica alta autoridad política por encima de los Estados, ser extremadamente cautos al denunciar sus debilidades e ineficiencia. Pero es precisamente este oportunismo el que está fuera de lugar. Si la Sociedad de Naciones —hablo, por supuesto, de la institución general y no de sus funcionarios y empleados— es un organismo inadecuado que no corresponde a los requisitos que deben exigirse a una organización mundial supra-estatal, no hay que cejar en denunciarlo, precisamente para poner de relieve todo lo que debería cambiarse para que de esta pseudo-Sociedad de Naciones surja algo que esté a la altura de las funciones de una verdadera Sociedad de Naciones. Nada ha perjudicado tanto a la idea misma de una organización mundial por encima de los Estados que la confusión de ideas producida por la creencia de que la Sociedad de Naciones realizó ya en todo o al menos en parte lo que un verdadero y honesto liberal debe pretender de un organismo de ese género. Es imposible construir una verdadera Sociedad de Naciones, que tenga la función inderogable de garantizar la paz permanente, sobre el principio de respeto de los confines históricos tradicionales de los distintos Estados. La Sociedad de Naciones perpetúa el defecto fundamental de todo el derecho internacional tradicional, en el momento mismo en que limita su propia función a la pura observancia de las reglas procesales en las controversias entre los pueblos, sin preocuparse lo más mínimo de crear, para resolverlas, nuevas normas que no sean las de la mera conservación de la situación jurídica existente y de los pactos firmados. En estas condiciones es imposible garantizar la paz, a no ser que la situación mundial se reduzca al inmovilismo total.

Sabemos perfectamente que la Sociedad de Naciones, aunque sea con mil reservas y cautelas, prevé futuros cambios de fronteras que hagan justicia a las aspiraciones de los pueblos y de las minorías étnicas y que, siempre con toda prudencia y cautela, promete proteger a las minorías. Esto nos autorizaría a esperar que de los primeros planteamientos claramente insuficientes puede derivarse un organismo que sea realmente digno de llamarse Super-estado mundial y que regale a los pueblos la paz que necesitan. Pero la decisión sobre este punto no puede tomarse en las sesiones de la propia Sociedad de Naciones que se celebran en Ginebra, ni tampoco en los Parlamentos de los Estados, ya que no se trata de un problema de organización o de técnica administrativa internacional, sino del mayor problema ideológico que la humanidad jamás haya tenido que resolver. Es decir, se trata de saber si se logrará imponer en el mundo aquel principio sin el cual todos los acuerdos de paz y todos los procedimientos arbitrales en los momentos críticos se convertirán en papel mojado, carentes de todo valor. Y este principio no puede menos de coincidir con una profesión de fe ilimitada y sin reservas en el liberalismo. La idea liberal debe penetrar en los pueblos; los principios liberales deben impregnar todas las instituciones estatales para crear los requisitos de la paz y eliminar las causas de la guerra. Mientras siga habiendo aranceles protectores y prohibiciones migratorias, escuelas e instrucción obligatorias, intervencionismo y estatismo, surgirán continuos conflictos destinados a complicarse y a desembocar en otras tantas guerras.

11. RUSIA

El ciudadano que con su propio trabajo forma parte pacíficamente de la sociedad y es útil a sí mismo y al prójimo, se halla también expuesto constantemente a las amenazas del ladrón, del individuo tendencialmente inclinado no al trabajo sino a la apropiación violenta del producto del trabajo ajeno. Durante siglos el mundo ha tenido que sufrir el yugo de los conquistadores y de los feudatarios que consideraban totalmente natural vivir disipando los frutos del trabajo ajeno. La evolución de la humanidad hacia una intensificación de las relaciones sociales, y a un aumento de su grado de civilización, permitió en primer lugar reducir la influencia espiritual y material de las castas militares y feudales que querían dominar el mundo, y sustituir el ideal del señor por el ideal del ciudadano. No es que haya conseguido derrotar completamente al ideal militarista que exalta sólo al guerrero y desprecia el trabajo. En todos los países existen aún individuos en los que la cultura está internamente empapada de la mentalidad típica del periodo militarista; y existen países en los que periódicamente reaparecen, hasta hacerse dominantes, los instintos predatorios y violentos que se creía estaban desde hacía tiempo superados. Pero, en conjunto, se puede decir que en los pueblos de raza blanca que hoy habitan en la Europa central y occidental y en América la mentalidad que Herbert Spencer llamó militarista ha sido sustituida por la mentalidad que él define como industrial. Hay un solo gran pueblo que hoy sigue aferrado firmemente al ideal militarista: el pueblo ruso.

Es claro que también en el pueblo ruso existen elementos que rechazan la mentalidad dominante en el resto del pueblo, pero por desgracia nunca han sabido destacarse entre sus conciudadanos. Desde que Rusia está en condiciones de ejercer una influencia sobre la política europea, ha adoptado progresivamente frente a Europa la postura del predador que espera la ocasión para saltar sobre la presa y apoderarse de ella. Los zares rusos nunca reconocieron más límite a la expansión de su imperio que el dictado por una razón de fuerza mayor. E idéntica es la posición de los bolcheviques respecto al problema de la expansión territorial del dominio ruso. También ellos saben, al igual que los zares, que en la conquista se puede y se debe llegar hasta donde se pueden arriesgar las propias fuerzas. La feliz circunstancia que ha salvado a la civilización de la aniquilación por obra de los rusos fue la gran fuerza que demostraron los Estados europeos al hacer frente con éxito al asalto de las bárbaras hordas rusas. Las experiencias acumuladas por los rusos en las guerras napoleónicas, en la guerra de Crimea y en la campaña contra Turquía en 1877-78, revelaron la incapacidad de su ejército para abrir la ofensiva contra Europa, a pesar de su enorme fuerza numérica. Y la guerra mundial lo ha confirmado.

Pero más peligrosas que las bayonetas y que los cañones se han revelado las armas ideológicas. Naturalmente, el eco que las ideas rusas han hallado en Europa se debe en primer lugar a la circunstancia de que en Europa esas ideas circulaban ya ampliamente antes de que llegaran de Rusia. Sería más correcto decir que estas mismas ideas rusas no eran originales, sino que fueron tomadas de Europa, aunque encajaban bien en el carácter de los rusos. La esterilidad mental del pueblo ruso era tan grande que no fue capaz de elaborar y expresar con autonomía ideas que son emblemáticas de su más profunda naturaleza.

El liberalismo se basa enteramente en la ciencia, y su política no es sino la aplicación de datos científicos. Por ello debe evitar el uso de juicios de valor no científicos. Los juicios de valor están fuera de la ciencia y son siempre puramente subjetivos. Es, pues, impropio clasificar los pueblos sobre la base de su valor, y hablar por tanto de pueblos superiores e inferiores. Por tanto, también el problema de si los rusos son o no un pueblo inferior excede completamente nuestro análisis. Nosotros no afirmamos que lo sean. Decimos tan sólo que no quieren tomar parte en la cooperación social entre los hombres. Respecto a la sociedad de los individuos y de los pueblos, aparecen como un pueblo que no se preocupa sino de disipar lo que otros han acumulado. Un pueblo en el que sobreviven los ideales de Dostoievski, de Tolstoi y de Lenin es incapaz de generar un vínculo social; no puede vivir en paz con el mundo; tiene que recaer en la condición de absoluta barbarie. La naturaleza, que ha dotado a Rusia de tierras fértiles y de inmensas riquezas mineras, la ha convertido en un país mucho más rico que Estados Unidos. Si los rusos hubieran desarrollado una política capitalista, como los americanos, hoy serían el pueblo más rico del mundo. El despotismo, el imperialismo y el bolchevismo le han convertido, en cambio, en el pueblo más pobre. Y ahora van por todo el mundo en busca de capitales y de créditos.

Cuando se reconoce todo esto, la consecuencia neta que se deduce y que debe servir de línea de discriminación de la política de los pueblos civilizados respecto a Rusia es la siguiente: dejar que los rusos sean rusos, dejar que en su país hagan lo que quieran, pero no permitáis que salgan de sus fronteras para destruir la civilización europea. Naturalmente, eso no equivale en absoluto a proponer que se prohíba la importación y la traducción de los escritos rusos. Que los neuróticos se diviertan cuanto quieran; las personas sanas, en todo caso, los evitarán. Desde luego, esto tampoco significa prohibir a los rusos que emprendan viajes de propaganda por el mundo y que derramen sus rublos para corromper así como en otro tiempo hicieron los zares. Si la civilización moderna no estuviera en condiciones de defenderse de las asechanzas de los corrompidos, estaría definitivamente sentenciada. Obviamente, esto significa todavía menos impedir a los europeos y a los americanos viajar a Rusia, si es que les apetece. Pero en tal caso les invitamos a mantener los ojos bien abiertos y a observar atentamente, por su cuenta y riesgo, el país de los exterminios en masa y de la miseria de las masas. Tampoco esto significa, finalmente, impedir a los capitalistas que concedan préstamos a los soviets o invertir en Rusia. Si son tan locos que esperan que un día volverán a ver su dinero, allá ellos.

Pero atención: los gobiernos de Europa y de América deben dejar de favorecer el destruccionismo soviético, concediendo premios a quienes exportan a la Rusia soviética y subvencionando así el sovietismo ruso. Y esperemos que dejen de hacer propaganda a favor de la emigración de mano de obra y la exportación de capitales a la Rusia soviética.

Si luego el pueblo ruso quiere o no quiere dar la espalda al sistema soviético, es asunto suyo en uno y otro caso. Hoy el peligro para el mundo no viene ya de la tierra del látigo y los carceleros. A pesar de todas sus veleidades belicosas y destructivas, los rusos no son capaces de amenazar seriamente la paz en Europa. Por tanto, dejémoslos libres de hacer lo que quieran. Lo que en todo caso hay que impedir absolutamente es que la política destruccionista de los soviets sea subvencionada y fomentada por nosotros.

CAPÍTULO IV

El liberalismo y los partidos políticos

1. EL DOCTRINARISMO DE LOS LIBERALES

Se le ha reprochado a menudo al viejo liberalismo su excesiva rigidez y su escasa propensión al compromiso. Se ha dicho que su derrota en la lucha con los partidos anticapitalistas nacientes se debería precisamente a su intransigencia. Si hubiera hecho como ellos, si hubiera sabido conquistar la aprobación de las masas, cediendo y condescendiendo con los eslóganes populares, habría podido, por lo menos en parte, conservar su posición. Pero el liberalismo jamás construyó una organización y un aparato de partido como hicieron los partidos anticapitalistas, nunca dio importancia a la táctica política en las batallas electorales y en los debates parlamentarios, y jamás practicó las virtudes del estilo diplomático y de la negociación. Era inevitable que este rígido doctrinarismo provocara su declive.

Las afirmaciones de hecho contenidas en estas críticas son sin duda ciertas; pero quien piense apreciar en ellas motivo de reproche contra el liberalismo demuestra que no entiende nada de su esencia. El postulado último y más profundo en que se inspira el liberalismo es que son las ideas las que construyen el edificio social de la cooperación humana, y que sobre el fundamento de ideas falsas y engañosas no se puede construir una estructura social duradera. No hay nada que pueda sustituir a las ventajas concretas de una ideología que realza la sociedad, y mucho menos la mentira, aunque se le quiera llamar eufemísticamente táctica diplomática o compromiso. Si los hombres no hacen voluntariamente, y por una consciente razón de necesidad social, lo que hay que hacer para conservar la sociedad y promover su bienestar, no hay astucia ni expediente táctico que pueda ponerlos en el buen camino. Si por error equivocan el camino, es preciso hacer una intensa labor de clarificación y de información; pero si no se consigue, si perseveran en el error, entonces no hay nada que hacer para frenar el declive. Todos los trucos y artificios demagógicos de los tácticos de profesión solo sirven para favorecer las miras de quien de buena o de mala fe trabaja por la decadencia de la sociedad. Con la mentira y la demagogia no se favorece ciertamente la causa del progreso social, es decir, del desarrollo cada vez más elevado de la sociedad. No hay poder en el mundo, ni astucia ni embrollo que puedan engañar a la humanidad ofreciéndole una teoría social que no comparte sino que rechaza abiertamente esa causa.

El único camino abierto a quien desea llevar al mundo por la vía del liberalismo es el de convencer a sus propios conciudadanos de la necesidad de una política liberal. El trabajo de clarificación es el único que el liberal puede y debe realizar para contrarrestar, en la medida de sus fuerzas, el declive hacia el que hoy la sociedad se encamina a pasos veloces. No hay ya espacio para las concesiones a los prejuicios inveterados y los viejos y ya queridos errores teóricos. Sobre las cuestiones del ser o no ser de la sociedad, del desarrollo o declive de millones de hombres, ninguna concesión para cualquier forma de debilidad o de diferencia es ya posible.

El mundo sólo podrá superar gradualmente la situación en que le han precipitado los grupos anticapitalistas organizados si el liberalismo vuelve a ser el eje de la política de las grandes naciones, sólo si un cambio radical en la mentalidad y una convicción profunda de los individuos consiguen dar de nuevo vía libre al capitalismo. No existe otra forma de sacarnos de la actual confusión política y social.

El error más grave del que sigue prisionero el viejo liberalismo fue el optimismo respecto a la dirección inevitable que había tomado el desarrollo de la sociedad. Los precursores del pensamiento liberal, los sociólogos y economistas del siglo XVIII y primera mitad del XIX, y sus seguidores, estaban convencidos a priori de que la humanidad progresaría hacia niveles cada vez más altos de perfección, y que nada sería capaz de frenar ese progreso. Estaban también firmemente convencidos de que el conocimiento racional de las leyes fundamentales de la cooperación social que ellos habían descubierto no tardarían en convertirse en patrimonio de todos, y que en el futuro la humanidad se hermanaría pacíficamente en un sistema hecho de relaciones sociales cada vez más estrechas, de progresivo bienestar y de niveles cada vez más elevados de civilización. Nada podría resquebrajar ese optimismo. De manera que cuando comenzó y se fue endureciendo la lucha contra el liberalismo, cuando por todas partes se desencadenó la tempestad contra la hegemonía política de las ideas liberales, pensaron que se trataba de las últimas escaramuzas de retaguardia de una visión del mundo en vías de extinción, que no merecía la pena combatir seriamente porque no tardaría en desvanecerse.

Los liberales pensaban que todos los hombres poseen la capacidad mental de comprender racionalmente los difíciles problemas de la vida social y de obrar en consecuencia. Estaban tan convencidos de la claridad y de la evidencia de los razonamientos que los habían llevado a sus ideas políticas que no podían comprender cómo otros no podían comprenderlos. En realidad fueron ellos los que nunca comprendieron dos cosas: primero, que la gran masa de los hombres no posee la capacidad de pensar lógicamente; segundo, que a la mayor parte de los hombres, incluso en la hipótesis de que conozcan el valor exacto de las cosas, una ventaja particular momentánea les parecerá siempre más importante que una ganancia mayor permanente. La mayoría de los hombres no posee en absoluto la aptitud mental que se precisa para orientarse en la complejidad de los problemas de la vida social, y sobre todo no tiene la fuerza de voluntad indispensable para hacer el sacrificio provisional en el que en definitiva consiste toda la acción social. La consigna del intervencionismo estatal y del socialismo, y en particular las propuestas de expropiación parcial de la propiedad privada, encuentran siempre aprobación entusiasta entre las masas, que esperan obtener de ello un beneficio inmediato.

2. LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Pero hay un modo aún más grave de desconocer el significado y la esencia del liberalismo, y es pensar que se puede hacer triunfar las ideas liberales con los mismos medios empleados hoy por los demás partidos políticos.

En la sociedad estructurada en clases, es decir, compuesta no por ciudadanos dotados de derechos iguales sino por clases dotadas de distintos privilegios, no existen partidos políticos en sentido moderno. Mientras nadie cuestione los privilegios y las prerrogativas de las diferentes clases, entre éstas reina la paz. Pero apenas estos privilegios de clase son objeto de ataque, entre las clases surge el conflicto, que sólo puede dejar de desembocar en guerra civil si una u otra parte, consciente de su propia debilidad, evita la solución armada. En todas estas luchas entre clases la posición de cada individuo está predeterminada a priori por su pertenencia a la propia clase. Puede haber desertores que, presintiendo mayores ventajas personales pasándose al campo contrario, acaban batiéndose contra su propia clase y, por tanto, son marcados como traidores. Sin embargo, si se prescinde de estos casos excepcionales, el dilema «con cuál de los grupos en conflicto alinearse» no roza la mente del individuo, que sigue alineado con sus compañeros de clase y comparte su destino. La clase o las clases insatisfechas de la propia condición se levantan contra el orden vigente y tratan de satisfacer sus propias reivindicaciones entrando en conflicto con las demás clases. El resultado de estas luchas —a no ser que todo quede como antes, porque los insurgentes son derrotados— es el fin del viejo orden y el nacimiento de un orden nuevo, en el cual los derechos de las clases se redistribuyen según una jerarquía distinta de la anterior. El liberalismo, desde sus orígenes, reclama que se supriman los privilegios especiales, que la estratificación por clases de la sociedad ceda el puesto a un nuevo orden en el que sólo existan ciudadanos con iguales derechos. Y lo que se ataca no son ya los distintos privilegios de cada clase, sino el sistema mismo de privilegios de clase. El liberalismo derriba las barreras que separan a las clases y emancipa a los hombres de la angosta condición en que los ha confinado el orden social basado en clases. Sólo en la sociedad capitalista, sólo en el sistema político inspirado en los principios liberales se le invita al individuo a colaborar directamente en la construcción de la organización política del Estado, y sólo en él puede decidir los fines y los ideales políticos que prefiere. En el Estado basado en la estructura de clases existen sólo conflictos entre distintas clases enfrentadas unas a otras en sus rígidas posiciones, o bien, si es que no hay motivo para ello, los conflictos se transfieren al interior de las clases, donde es posible una dialéctica política, dando lugar a escisiones y banderías, a conflictos entre las distintas camarillas políticas para ganar influencia y poder, y un lugar en el pesebre. Sólo en el Estado de derecho, en el que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos —aunque nunca y en ningún país se materialice íntegramente el ideal de los liberales—, pueden existir partidos políticos, es decir, asociaciones de personas que quieren traducir sus ideas en legislación y actos administrativos. En cuanto a establecer la mejor vía para alcanzar el objetivo liberal —o sea, la cooperación pacífica entre los hombres—, las opiniones pueden ciertamente ser distintas, y estas divergencias de opiniones tienen que resolverse con la batalla de las ideas. Así pues, en la sociedad liberal puede haber también partidos socialistas, e incluso podrían concebirse partidos que quisieran reservar a determinados estratos sociales una posición jurídicamente privilegiada. Pero todos estos partidos, aunque en cuanto socialistas o fautores de privilegios corporativos rechacen en último análisis el liberalismo, deberían con todo aceptarlo en primera instancia y antes de alcanzar la victoria, comprometiéndose a emplear en sus batallas políticas exclusivamente los instrumentos ideales, las únicas armas que el liberalismo considera admisibles en la lucha política. Fue en este sentido como una parte de los socialistas pre-marxistas, de los socialistas «utópicos», se batieron por el socialismo en el terreno del liberalismo. Y en este sentido, en la Europa oriental, durante la gran estación del liberalismo, la Iglesia y la nobleza trataron de perseguir momentáneamente sus fines sobre el terreno del moderno Estado de derecho.

Los partidos que hoy vemos en acción son de una especie totalmente distinta. Naturalmente, en todos sus programas reservan una parte a la sociedad humana en su conjunto y a la formulación del ideal de cooperación social. Pero las afirmaciones que figuran en esta parte general del programa son sólo una concesión obligada a la idea liberal que no pueden evitar hacer, pero que está en palmaria contradicción con la otra parte del programa en la que se manifiestan sus verdaderos fines, y que será la única que realmente se tendrá en cuenta. Los partidos son los representantes de determinadas clases que quieren que se garanticen y amplíen los privilegios que el liberalismo tuvo que confirmar porque su victoria no fue completa, y de determinados grupos que aspiran a obtener privilegios, y por tanto a convertirse ante todo en «clases». El liberalismo, en cambio, se dirige a todos y propone un programa que puede ser aceptado igualmente por todos. No promete a nadie ventajas particulares, y en el momento mismo en que pide que se renuncie a perseguir intereses particulares, pide también que se hagan sacrificios, naturalmente provisionales, o sea, que se renuncie a una ventaja menor para obtener otra mayor. Por el contrario, los partidos que representan intereses particulares se dirigen tan sólo a una parte de la sociedad, y a esta parte exclusiva ante la que se comprometen le prometen ventajas particulares a expensas del resto de la sociedad.

Todos los partidos políticos modernos y todas las modernas ideologías de partido se han formado como reacción de los privilegios de clase y de los intereses particulares contra el liberalismo. Antes de la aparición del liberalismo existían ciertamente clases, intereses y prerrogativas particulares de las clases, y por tanto también luchas de clase; pero en aquella época la ideológica de todo el sistema basado en las clases podía expresarse de una forma ingenua y despreocupada, y su carácter antisocial no constituía un problema ni para sus adeptos ni para sus adversarios, ni tenía necesidad de buscar una legitimación social. Por eso es imposible comparar mecánicamente el viejo sistema de clases con la actividad de los actuales partidos que representan intereses particulares. Para comprender la naturaleza de estos partidos basta observar que al principio su única intención era la crítica y el rechazo de la doctrina liberal. Sus doctrinas de partido no son, como el liberalismo, la aplicación de una teoría social orgánica a la política. En el liberalismo se ha creado antes la plataforma científica, sin intención alguna de traducirla en efectos políticos, y luego de ella se ha derivado una ideología política. Al contrario, los objetivos de la política antiliberal —las prerrogativas y los privilegios— estaban ya fijados desde el principio, y para justificar esta política se intentó a posteriori construir sobre ella una ideología. La empresa, en realidad, era bastante simple. A los agrarios les bastó enarbolar la bandera de la prioridad absoluta de la agricultura, a los sindicatos apelar a la centralidad del trabajo, y a los partidos medio-burgueses, la importancia de un estrato social colocado en la posición áurea del centro. Poco importa que luego nada se hiciera con estas apelaciones para demostrar la necesidad o sólo la utilidad para la colectividad de las invocadas prerrogativas. Los estratos sociales que se quiere conquistar acuden igualmente, y para los demás cualquier intento de proselitismo sería inútil.

Todos los partidos modernos que representan intereses particulares, a pesar de la diversidad de objetivos que los separa, y por más que puedan combatirse entre sí, forman contra el liberalismo un único y compacto frente de lucha. El principio liberal de que, en último análisis, todos los intereses racionalmente perseguidos pueden conciliarse enfurece literalmente a estos partidos. Según su concepción, los conflictos de intereses son insuperables, y sólo pueden resolverse con la victoria de una parte sobre otra, en beneficio de una y perjuicio de la otra. El liberalismo, según estos partidos, no es lo que pretende ser: tampoco él es otra cosa que un partido que trata de defender los intereses particulares de un determinado grupo social, el de los capitalistas y los empresarios, es decir, de la burguesía, contra los intereses de todos los demás estratos sociales.

Es lo que sostiene el marxismo, y hay que decir que lo ha hecho con gran éxito de público. Si consideráramos como dogma esencial del marxismo la teoría del insuperable antagonismo de los intereses de clase en la sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción, habría que considerar seguidores del marxismo a todos los partidos existentes hoy en el continente europeo. También los partidos nacionalistas consideran justa la teoría del antagonismo de clase y de la lucha de clases, en la medida en que comparten la opinión de que en la sociedad capitalista tales antagonismos existen y que este conflicto tiene que decidirse en un sentido u otro. Lo que los diferencia de los partidos marxistas es su particular teoría de la superación de la lucha de clases mediante la articulación corporativa de la sociedad, y su voluntad de constituir el único frente de lucha que consideran justo: el que tiene como objetivo la lucha entre los pueblos. Éstos, en una palabra, no niegan que en la sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción existan antagonismos de clase; pero afirman que estos antagonismos no deberían existir, y para eliminarlos piensan dirigir y regular la propiedad privada con intervenciones de la autoridad; es decir, quieren sustituir el capitalismo por el intervencionismo. Pero en el fondo los marxistas no dicen cosas distintas; también ellos prometen llevar el mundo hacia un estado de cosas en el que ya no habría ni clases ni antagonismos de clase, y por tanto tampoco lucha de clases.

Para comprender el sentido de la teoría de la lucha de clases hay que tener presente que ésta se dirige contra la teoría liberal de la solidaridad de todos los intereses en la sociedad libre, basada en la propiedad privada de los medios de producción. Los liberales habían sostenido que tras la eliminación de las diferencias de clase, tras la abolición de todos los privilegios y la institución de la igualdad ante la ley, nada obstaculizaría ya la cooperación pacífica de todos los integrantes de la sociedad, porque entonces los intereses rectamente entendidos acaban coincidiendo. Las críticas que los defensores del feudalismo, de los privilegios y las diferencias de clase pensaron dirigir a esta teoría no tardaron en demostrar que eran injustificadas y no consiguieron obtener un consenso significativo. Sin embargo, en el sistema de catalaxia de Ricardo están las bases de una nueva teoría del antagonismo de los intereses de la sociedad capitalista. Ricardo creyó poder demostrar de qué manera, a lo largo del desarrollo económico, se modifica periódicamente la relación entre las tres clases de renta de su sistema: beneficio, renta y salario. Esto dio pie a algunos economistas ingleses de la tercera y cuarta décadas del siglo XIX para hablar de las tres clases de capitalistas, de los propietarios de tierras y de los trabajadores asalariados, y para afirmar que entre estos grupos existiría un conflicto insalvable. Esta línea de pensamiento fue la que luego siguió Marx.

En el Manifiesto comunista Marx no distingue entre casta y clase. Sólo cuando más tarde, en Londres, leyó los escritos olvidados de los panfletistas de los años treinta y cuarenta del siglo XIX, que le animaron a ocuparse del sistema de Ricardo, intuyó que se trataba de demostrar que también en una sociedad sin jerarquías y privilegios de casta existen antagonismos insuperables. Esta conflictividad de intereses la toma del sistema ricardiano, distinguiendo las tres clases de capitalistas, terratenientes y trabajadores. Pero no se detiene en esta distinción. No tarda en hablar de la existencia de dos clases tan sólo, los propietarios y los proletarios, para luego distinguir de nuevo un número de clases superior a las dos o tres grandes clases. Pero ni Marx ni ninguno de sus muchos seguidores intentaron nunca describir de algún modo el concepto o naturaleza de las clases. Es significativo que en el tercer volumen de El Capital, el capítulo titulado «Las clases» se interrumpa después de unas pocas frases. Más de una generación separa la publicación del Manifiesto comunista, en el que Marx convierte por primera vez el antagonismo y la lucha de clases en el concepto básico de su teoría, y la muerte del propio Marx. En este periodo Marx escribió varios volúmenes, sin que en ningún momento aclarara qué hay que entender por «clase». Sobre este problema de las clases no fue más allá de la enunciación no demostrada de un dogma, o tal vez sería mejor decir de un eslogan.

Para demostrar la teoría de la lucha de clases habría que demostrar ante todo dos cosas: por un lado, que existe solidaridad entre los integrantes de una misma clase, y por otro que lo que favorece a una clase perjudica a la otra. Pero esta demostración nunca se hizo, y ni siquiera se intentó. Entre «compañeros» de clase existe, ante todo, como consecuencia de la homogeneidad de «condición social», no solidaridad de intereses sino competencia. Por ejemplo, el obrero que trabaja en mejores condiciones que la media tiene interés en impedir la llegada de un competidor que podría reducir su renta al nivel medio. En las décadas en que los marxistas, en sus congresos internacionales, no hacían más que proclamar con palabras altisonantes la teoría de la solidaridad internacional del proletariado, los obreros de Estados Unidos y de Australia oponían mil obstáculos a la inmigración. Los sindicatos ingleses han hecho prácticamente imposible, con una apretada red de medidas protectoras, la afluencia de mano de obra extranjera a los sectores productivos que controlan. Lo que los partidos obreros de todos los Estados han hecho a este respecto es bien conocido. Se puede decir ciertamente que esto no debería haber sucedido, que los obreros deberían haberse comportado de otro modo, y que lo que hacen está mal. Pero es incuestionable que lo que hacen favorece directamente —por lo menos de momento— a sus intereses.

El liberalismo ha demostrado que el supuesto antagonismo de intereses, que según una tesis muy extendida existiría entre personas, grupos y clases dentro del ordenamiento social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en realidad no existe. Cuando crece la cantidad de capital, la renta de los capitalistas y de los terratenientes aumenta en términos absolutos y la de los obreros en términos absolutos y relativos. En términos de renta los intereses de los distintos grupos y clases sociales —de los empresarios, de los capitalistas, de los terratenientes y de los obreros— se mueven en la misma dirección; sólo es distinta la proporción en sus respectivas cuotas de producto social. Los intereses de los terratenientes chocan con los de los demás estratos sólo en el caso de monopolio perfecto de determinados productos mineros. Los intereses de los empresarios no pueden nunca oponerse a los de los consumidores, porque el empresario prospera tanto más cuanto mejor consigue satisfacer los deseos del consumidor.

Los contrastes de intereses sólo pueden surgir si la libre disponibilidad de los medios de producción se limita por intervenciones del gobierno o por otras fuerzas sociales dotadas de poder coactivo, es decir, por poner un ejemplo, si aumentan «artificialmente» los precios de un determinado artículo gravándolo con un arancel protector, o bien se suben «artificialmente» los salarios de un determinado grupo de trabajadores, bloqueando la entrada en ese sector profesional. Entonces interviene la famosa demostración de la escuela librecambista, nunca refutada y por siempre irrefutable. Tales favoritismos pueden ciertamente favorecer al grupo determinado en cuyo favor se deciden, pero sólo si y cuando otros grupos no hayan podido obtenerlos. Pero no se puede pensar que se engañará durante mucho tiempo a la mayoría sobre el significado efectivo de tales privilegios, hasta pretender que los tolere voluntariamente. Y si se quiere obligarla con la fuerza a aceptarlos, no se conseguirá sino provocar una violenta rebelión, y por tanto, en una palabra, la interrupción de ese pacífico proceso liberal que es interés de todos conservar. Si se intentara resolver el problema no limitando estos privilegios a una o a pocas personas o bien a este o aquel grupo o estamento social, sino transformándolos en una regla general —por ejemplo, extendiendo los aranceles protectores a la mayoría de los productos, o bien haciendo más difícil en igual medida el acceso a la mayoría de los sectores profesionales—, entonces las ventajas y desventajas para cada grupo o estamento social se anularían recíprocamente, con el único resultado final de quedar todos igualmente perjudicados por el descenso de la productividad del trabajo.

Cuando nos negamos a reconocer esta teoría fundamental del liberalismo, cuando se ridiculiza y se niega sistemáticamente la «armonía de los intereses», no queda más que refugiarse —como hacen todas las orientaciones antiliberales— en la solidaridad de intereses en una esfera más restringida, ya se trate de los ciudadanos de una nación (contra los de otras naciones), o bien de una clase (contra las demás clases). Para demostrar esta supuesta solidaridad se precisaría ante todo una particular demostración que nadie ha hecho nunca o tan sólo intentado hacer. Ya que todos los argumentos posibles para demostrar la solidaridad dentro de esta esfera más restringida demuestran más bien lo contrario, es decir, la solidaridad general de los intereses en la sociedad ecuménica. Los mismos argumentos que demuestran que toda la humanidad es en realidad una sociedad solidaria —y que no dejan ningún margen para la imagen de una humanidad hecha de antagonismos insuperables entre pueblos, razas, etc.— demuestran también cómo se superan los que a primera vista parecen contrastes de intereses.

Los partidos antiliberales no demuestran en absoluto, como les gusta creer, que existe una solidaridad dentro de las naciones, de las clases, de las razas. En realidad se limitan simplemente a incitar a los miembros de estos grupos a aliarse en un frente común contra todos los demás grupos. La solidaridad de intereses dentro de los grupos de que hablan no es la constatación de un hecho, sino un mero postulado. En realidad no dicen: los intereses son solidarios, sino: hay que hacer que lo sean, y para esto es preciso aliarse para una acción unitaria.

Los partidos de intereses de la época moderna declaran abiertamente desde el principio que su política tiende a obtener privilegios para un grupo determinado. Existen partidos agrarios que tratan de obtener aranceles protectores y otras ventajas (por ejemplo, subvenciones) para los agricultores; existen partidos que representan a los empleados públicos y se baten exclusivamente por ellos; existen partidos regionales que tratan de obtener ventajas para los habitantes de una determinada región. En el caso de todos estos partidos es claro que no buscan sino la ventaja de un determinado grupo social sin preocuparse de la colectividad o de todos los demás estratos sociales, aun cuando traten de revestir esta opción programática declarando que toda la sociedad se salva sólo si se ayuda a la agricultura, a la burocracia, etc. A lo largo de los años acaban subrayando cada vez más abierta y cínicamente que se ocupan sólo de un sector de la sociedad y operan sólo en su interés. Al principio del movimiento antiliberal moderno, sobre este punto había que ser todavía más bien cautos, porque la generación que creció en las ideas liberales advertía como un hecho antisocial la defensa sin escrúpulos de intereses corporativos particulares.

Los representantes de intereses sectoriales sólo pueden formar grandes partidos coaligando en un frente de lucha unido a los distintos grupos que tienen intereses conflictivos. Pero los privilegios corporativos tienen un valor práctico sólo si benefician a una minoría y si no son anulados por privilegios corporativos garantizados a otro grupo. Actualmente, cuando aún perdura el efecto del rechazo liberal a los privilegios nobiliarios, un grupo restringido no puede pretender imponer su propia pretensión de obtener privilegios contra todos los demás grupos, a no ser que se presenten circunstancias particularmente favorables. Todos los partidos que representan intereses particulares deben por tanto tratar de formar grandes partidos partiendo de grupos más restringidos con intereses distintos y conflictivos. Pero si el espíritu es el de presentarse para representar las demandas interesadas de quien aspira a obtener privilegios, ese objetivo resulta inalcanzable a través de la alianza oficial de los diversos grupos. No se puede esperar un sacrificio provisional de quien se fija como objetivo obtener un privilegio para su propio grupo o incluso para la propia persona; si esta persona fuera capaz de comprender el sentido del sacrificio provisional, tendría una concepción liberal de la política y no consideraría la política como un instrumento para defender sus propios intereses. Tanto menos se le puede decir abiertamente que con el privilegio que se le concede ganaría más de lo que perdería por el privilegio concedido a otros. Los discursos y los escritos en que se dijeran estas cosas no podrían mantenerse ocultos por mucho tiempo, e inducirían a los otros a aumentar las pretensiones. Y así los partidos de intereses se ven forzados a la cautela. Sobre este punto esencial de su programa deben cuidar de emplear sólo expresiones ambiguas que oculten la realidad efectiva de las cosas. El ejemplo más clamoroso de lo que estamos diciendo lo ofrecen los partidos proteccionistas. Éstos deben intentar siempre presentar su interés programático por los aranceles protectores como un interés que afecta a un amplio estrato social. Si los industriales defienden los aranceles, sus dirigentes por lo regular no dicen que los intereses de los distintos grupos y a menudo también de las empresas particulares no son idénticos y solidarios. El industrial textil es perjudicado por el arancel sobre el algodón y sobre las máquinas textiles, y sólo puede apoyar al movimiento proteccionista si espera que los aranceles sobre los tejidos serán bastante elevados que compensen los perjuicios causados por los otros aranceles. El agricultor que produce forraje pide sobre su producto un arancel que el ganadero rechaza; el productor vinícola pide sobre la importación de vinos un arancel que a cada agricultor que no produce vino causa los mismos perjuicios que sufren los consumidores de las grandes ciudades. Si a pesar de todo vemos que los defensores del proteccionismo se presentan compactos como un partido, es porque se oculta la realidad efectiva de las cosas.

Sería totalmente absurdo intentar construir un partido de los intereses sectoriales privilegiando en igual medida a la mayoría de la población, pues entonces el privilegio dejaría de ser tal. En un país prevalentemente agrario, que por tanto exporta productos agrícolas, un partido agrario que representara exclusivamente los intereses de los agricultores no duraría mucho. ¿Qué es lo que debería reivindicar? Los aranceles protectores no favorecerían en nada a los agricultores que tienen que exportar; no podrían concederse subvenciones a la mayoría de los productores, porque la minoría no podría proporcionarlos. Al contrario, las minorías que reclaman privilegios deben dar la impresión de que cuentan con las grandes masas. Cuando los partidos agrarios de los países industriales presentan una reivindicación a favor de un grupo de obreros, hablan siempre de la masa obrera, omitiendo alegremente decir ante todo que los intereses sindicales de los empleados en los distintos sectores productivos no son idénticos sino más bien antagónicos, y además que dentro de los distintos sectores productivos y de las diferentes empresas existen fuertes contrastes de intereses.

Uno de los dos errores de fondo de todos los partidos que luchan para arrancar privilegios corporativos es cabalmente éste: que por un lado se ven obligados a apoyarse en una base restringida, porque los privilegios dejan de ser tales si se conceden a la mayoría; y por otro lado, en cambio, sólo como representantes de la mayoría pueden esperar realizar sus aspiraciones. El hecho de que en determinados países algunos partidos hayan conseguido superar este dilema intensificando la agitación y convenciendo a cada estrato o grupo social de ser destinatario exclusivo de las ventajas de una eventual victoria del partido, tal vez pueda demostrar la habilidad diplomática y táctica de los dirigentes de ese partido y la escasa capacidad de valoración y la inmadurez política de la masa electoral, pero en absoluto demuestra la posibilidad de resolver de raíz el problema. Cierto que se puede prometer al mismo tiempo a las poblaciones urbanas pan barato y a los campesinos precios del trigo más altos, pero no se pueden mantener al mismo tiempo ambas promesas. Se puede ciertamente prometer a uno que se luchará por aumentar determinados gastos estatales, sin sacrificar paralelamente otros capítulos de gasto, y al mismo tiempo ofrecer a otro grupo la posibilidad de una reducción de impuestos: pero tampoco en este caso se podrán mantener al mismo tiempo ambos compromisos. Una de las técnicas probadas de estos partidos es la de dividir a la sociedad en productores y consumidores; y por lo general recurren también a la sólita hipostatización del Estado en materia de política financiera, en orden a adosar nuevos gastos a la hacienda pública, desinteresándose del problema de su cobertura, pero también para poder quejarse al mismo tiempo de la presión fiscal.

El otro error de fondo de estos partidos es su incapacidad de poner límites a sus reivindicaciones sectoriales. Para ellos existe un solo límite a sus demandas: la resistencia que opone la contraparte. Y esto es natural y forma parte de la naturaleza misma de los partidos que persiguen privilegios corporativos. Sin embargo, también aquellos partidos que no persiguen programas particularistas, pero entran en conflicto en la persecución de ilimitados deseos de privilegios de unos y de sacrificio y deslegitimación jurídica de los otros, están destinados a destruir cualquier sistema político. Desde que se descubrió con claridad creciente este fenómeno se viene hablando de la crisis del Estado moderno y de crisis del parlamentarismo. Pero en realidad se trata de la crisis de la ideología de los modernos partidos de intereses.

3. LA CRISIS DEL PARLAMENTARISMO Y LA IDEA DE LA CÁMARA DE LAS CORPORACIONES O DEL PARLAMENTO ECONÓMICO

El parlamentarismo tal como se formó en Inglaterra y en algunas de sus colonias a partir del siglo XVII, y en Europa tras la derrota de Napoleón I y las revoluciones de julio y febrero, presupone el dominio de la ideología liberal. Quienes acceden al parlamento con la intención de decidir sobre el gobierno del país deben estar íntimamente convencidos de que los intereses rectamente entendidos de todas las partes y de todas las articulaciones de la sociedad coinciden, y que todo tipo de privilegio a favor de especiales grupos y sectores de población es contrario al bienestar colectivo y debe ser abolido. Los partidos de un parlamento que está en condiciones de ejercer las funciones que le asignan todas las constituciones de la edad moderna pueden naturalmente discrepar sobre determinadas cuestiones políticas, pero deben considerarse representantes de la nación en su conjunto, no de particulares territorios o estratos sociales. Por encima de toda diversidad de opiniones debe darse la convicción de que en último análisis existe una identidad de intenciones y aspiraciones, y que se puede discutir sólo sobre los medios para alcanzar los fines perseguidos. Los partidos no están separados por un foso insalvable, por contrastes de intereses que ellos están dispuestos a llevar hasta sus últimas consecuencias, aunque por ello tuviera que sufrir la nación entera y derrumbarse el propio Estado. Lo que divide a los partidos es sólo la posición que adoptan frente a los problemas políticos concretos. En el fondo, pues, sólo existen dos partidos: el que gobierna y el que quiere gobernar. También la oposición quiere gobernar, no para hacer triunfar determinados intereses o para ocupar los cargos del gobierno colocando en ellos a miembros del partido, sino para traducir sus ideas en actos legislativos y administrativos.

Sólo en estas condiciones es posible realmente la existencia de parlamentos y de un régimen parlamentario. Durante mucho tiempo estas condiciones se realizaron en los países anglosajones, donde todavía hoy se aprecia su eficacia. En el continente europeo, en cambio, incluso en la época que suele indicarse como el periodo áureo del parlamentarismo, sólo se puede hablar propiamente de cierta aproximación a estas condiciones. Desde hace décadas, la situación de las representaciones parlamentarias europeas nos muestra lo contrario. Existe un número excesivo de partidos, y cada uno de ellos está fragmentado en su interior en varios subgrupos que hacia fuera se presentan acaso como una única formación compacta, pero que en los debates internos se pelean con la misma virulencia con que públicamente lo hacen con otros partidos. Todo partido o grupo de partidos se siente llamado a representar exclusivamente determinados intereses particulares que intenta hacer prevalecer a toda costa. Principio y fin de su política es tratar de acercar lo más posible a los «suyos» a las arcas del Estado, favorecerlos con tarifas protectoras, prohibiciones de importación, leyes de «política social» y privilegios de todo tipo a costa de los demás partidos de la sociedad. Pero la absoluta falta de todo límite a las reivindicaciones de partido acaba haciendo imposible para siempre a cada partido alcanzar sus propios objetivos programáticos. Es impensable que se pueda realizar íntegramente el programa de los partidos agrarios y de los partidos obreros. Para lograrlo, es natural que cada partido desee alcanzar aquel grado de influencia que le permitiría realizar la parte más amplia posible, pero siempre tiene que poder estar en condiciones también de justificar ante sus electores los motivos de la falta de realización de todo el programa. Y puede hacerlo o bien intentando, a pesar de estar en el gobierno, suscitar en la opinión pública la impresión de estar en la oposición, o bien tratando de echar la culpa a uno cualquiera de los poderes que escapan a su influencia (en los Estados monárquicos, al rey, en ciertas situaciones, a los países extranjeros, etc.). Y así, si los bolcheviques no consiguen dar la felicidad a Rusia y los socialdemócratas no consiguen dársela a Austria, la culpa es del «capitalismo occidental» que lo impide. Desde hace por lo menos cinco años en Alemania y Austria dominan partidos antiliberales; pero seguimos leyendo en sus boletines, incluso en los de sus representantes «científicos», que toda la culpa del desgobierno actual es del dominio de los principios liberales.

Un parlamento formado por representantes de partidos de intereses antiliberales no está en condiciones de funcionar, y a la larga acaba por desilusionar a todos. Esto es lo que se quiere decir hoy, y desde hace años, cuando se habla de crisis del parlamentarismo.

Para superar esta crisis algunos proponen eliminar las instituciones democrático-parlamentarias e introducir una dictadura. Pero no vamos a repetir aquí una vez más todas las razones que se oponen a la elección de la dictadura, pues ya lo hemos hecho ampliamente.

Una segunda propuesta se refiere a la integración o sustitución del parlamento elegido en sufragio universal por todos los ciudadanos por un parlamento formado por representantes de las distintas categorías profesionales o corporaciones. Partiendo del supuesto de que los miembros elegidos genéricamente a los parlamentos nacionales por sufragio universal no tienen la competencia y el necesario conocimiento de la economía, se sostiene la necesidad de hacer menos política genérica y más política económica. Así, los representantes de las categorías profesionales podrían ponerse rápidamente de acuerdo sobre cuestiones a cuya solución los diputados de los colegios electorales sobre base puramente territorial no llegan o llegan sólo tras extenuantes dilaciones.

Es necesario ante todo aclarar un punto: que en un parlamento corporativo la cuestión decisiva es la elección del sistema electoral, o sea, si se elige el voto «por cabeza», se trata de establecer cuántos representantes hay que asignar a las distintas categorías profesionales. Este problema debe resolverse antes de que se convoque el parlamento corporativo, y una vez resuelto el problema, se puede incluso prescindir de convocar el parlamento, porque el resultado de las votaciones parlamentarias se da por descontado. Distinta, naturalmente, es la cuestión de la posibilidad de mantener, después de fijarla, la distribución del poder entre las corporaciones. Se puede tener la seguridad —y es inútil hacerse ilusiones de lo contrario— de que ésta jamás será del agrado de la mayoría del pueblo; para crear un parlamento del agrado de la mayoría no se precisa en absoluto un parlamento de estructura corporativa. Se tratará sólo de saber si la insatisfacción que suscita en la población el sistema basado en el parlamento corporativo es bastante amplia para generar un violento vuelco del sistema. Es cierto que un sistema de este género, al contrario de lo que sucede en la constitución democrática, no ofrece ninguna garantía de un cambio de política según el deseo de la gran mayoría de la población. Y con esto hemos dicho todo lo que hay que decir desde el punto de vista liberal contra la idea de una estructuración corporativa del parlamento. El liberal rechaza a priori discutir un sistema que no excluya toda interrupción violenta del desarrollo pacífico.

Muchos partidarios de las ideas del parlamento corporativo piensan que en él los conflictos no hay que resolverlos con la victoria de un partido sobre otro sino mediante el compromiso. Pero ¿qué sucede si no se consigue alcanzar un acuerdo? Los compromisos sólo se alcanzan cuando el amenazador espectro de un resultado desfavorable a la propia causa induce a cada una de las partes a ceder. Nadie impide a los partidos que se pongan de acuerdo también en un parlamento elegido por sufragio universal, y nadie puede obligarlos a que se pongan de acuerdo en un parlamento corporativo.

Así, pues, un parlamento corporativo no puede hacer lo que en cambio hace un parlamento como órgano de una constitución democrática: no puede ser la sede de recomposición pacífica de los contrastes de opinión política, ni puede impedir una interrupción violenta del desarrollo pacífico de la sociedad mediante golpes de Estado, revoluciones y guerras civiles. Los procesos políticos decisivos a través de los cuales se define la distribución del poder político dentro del Estado no tienen lugar en el ámbito del parlamento corporativo y de las elecciones de las que brota su composición. Lo que determina la distribución son las normas que establecen el peso de las distintas categorías en la formación de la voluntad estatal; pero estas normas se deciden fuera del parlamento corporativo y sin ningún nexo orgánico con las elecciones de las que es emanación.

Es, pues, absolutamente correcto negar a la representación corporativa el nombre de parlamento. El lenguaje político en los dos últimos siglos se ha ido acostumbrando progresivamente a distinguir rigurosamente entre parlamento y asamblea corporativa. Si no se quiere confundir todos los conceptos de la política, habría que atenerse firmemente a esta distinción.

Naturalmente, no es que se eliminen todos los defectos de la representación corporativa proponiendo —como hacen Sidney y Beatrice Webb, y con ellos muchos sindicalistas y socialistas gremiales, y como antes de ellos hicieron aquí en el continente algunos partidarios de la reforma de la Cámara Alta— la coexistencia de dos cámaras distintas, una elegida por sufragio universal y otra por grupos de electores divididos en categorías profesionales. El sistema bicameral puede funcionar prácticamente sólo a condición de que una cámara tenga un predominio incondicional sobre la otra, a la que impone su voluntad; o bien, en el caso de que ambas cámaras estén en posiciones distintas, sólo a condición de que estén obligadas a buscar una solución de compromiso. Pero si el compromiso no se da, no queda, ultima ratio, otra solución que la batalla violenta extraparlamentaria. Se puede dar al problema las vueltas que se quiera, pero siempre se vuelve a la misma dificultad insuperable. Y en ella naufragarían inevitablemente todos los modelos propuestos de esta o de análoga naturaleza, llámense cámara de las corporaciones, parlamento económico o como se quiera. Y cuando al final se acaba proponiendo algo nuevo pero totalmente insignificante como la creación de un consejo económico dotado tan sólo de voto consultivo, lo único que se hace es confesar abiertamente que ninguna de estas propuestas es viable.

Los partidarios de la idea de la representación corporativa se equivocan si piensan que, encuadrando en una estructura corporativa la población y la representación popular, se pueden superar los antagonismos que hoy desgarran la unidad nacional. Es imposible eliminar de la faz de la tierra estos antagonismos con artificios de ingeniería constitucional. Sólo la ideología liberal puede superarlos.

4. LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y EL LIBERALISMO

Los partidos que representan exclusivamente intereses particulares, que en política se ocupan sólo de asegurar privilegios y prerrogativas especiales para sus grupos, no se limitan a hacer imposible el parlamentarismo, sino que disgregan la unidad del Estado y de la sociedad, conducen no sólo a la crisis del parlamentarismo sino a la crisis de la existencia misma del Estado y de la sociedad. Una sociedad no puede durar mucho tiempo si se fragmenta en una multitud de grupos empeñados en perseguir obstinadamente ventajas particulares para sí mismos y en controlar espasmódicamente si han recibido pocos, siempre dispuestos a sacrificar las estructuras sociales más importantes con tal de obtener una pequeña ventaja del tipo que sea.

Para estos partidos de intereses todos los problemas políticos se reducen a problemas de táctica política. Su meta está ya fijada previamente: arrancar el máximo de privilegios y ventajas para los grupos que representan y a costa de todos los demás. El programa del partido sirve para ocultar este objetivo político y acaso para legitimarlo, nunca para declararlo abiertamente. Por lo demás, todos los inscritos en el partido de una manera u otra lo conocen, y no es preciso explicárselo. Preguntarse sobre qué parte del programa puede hacerse pública es ya una cuestión puramente táctica.

Todos los partidos antiliberales son partidos corporativos, que buscan sólo obtener favores para sus propios miembros, sin preguntarse siquiera si no será precisamente ésta la causa de la disgregación de toda la estructura de la sociedad. Son incapaces de dar respuesta alguna a las críticas del liberalismo, que desenmascara sus intenciones. A la luz de un riguroso examen lógico de sus pretensiones no podrían negar ni por un momento que toda su conducta en último análisis es antisocial y destructiva, y que un sistema social nacido del choque de estos particularismos se revelaría imposible incluso a una reflexión apenas superficial. Y, sin embargo, por lo general, la evidencia de este dato no ha perjudicado en modo alguno a estos partidos a los ojos de quien es incapaz de pensar más allá de lo que ve inmediatamente al alcance de la mano. La masa no se pregunta qué sucederá pasado mañana o más tarde; no piensa más que en el hoy y a lo sumo en el día siguiente. No se pregunta si todos los demás grupos, al perseguir sus propios intereses particulares, mostrarán la misma indiferencia hacia el bien de la colectividad; espera no sólo conseguir satisfacer sus propias pretensiones, sino también rechazar las de los demás. A los pocos que juzgan la acción a la luz de normas superiores, y que exigen que también en la vida política se obedezca al imperativo categórico («Actúa de manera que la máxima de tu voluntad pueda valer al mismo tiempo como principio de una legislación universal, o sea que de la tentativa de pensar tu acción como ley observada por todos no resulte ninguna contradicción»), la ideología de los partidos de intereses naturalmente no tiene nada que ofrecer.

De este vicio lógico, connatural a la adhesión a la ideología de intereses, el socialismo ha obtenido considerables ventajas. Para muchos de los que no consiguen comprender plenamente la gran idea del liberalismo, pero que sin embargo son demasiado inteligentes para poder contentarse con las reivindicaciones puramente corporativas, la adhesión al socialismo ha tenido un significado importante. La idea socialista, a la que no se puede negar una cierta grandiosidad de concepción, con independencia de los defectos connaturales e ineliminables de que hablamos al comienzo, ha terminado por enmascarar y legitimar al mismo tiempo la debilidad de la ideología corporativista. Ha llevado a desviar la mirada del crítico desde la acción del partido a un gran problema que, al margen de lo que se piense de él, era sin embargo digno de una consideración más seria y profunda.

En los últimos cien años el ideal socialista ha contado, bajo varias formas, con legiones de seguidores serios y honestos. Muchos de los mejores y más nobles hombres y mujeres lo han seguido con entusiasmo, y ha representado la estrella polar para la acción de eminentes estadistas, ha alcanzado una posición dominante en las cátedras, inflamado a los jóvenes, colmado la mente y el corazón de las últimas generaciones y de la actual, hasta el punto de que un día se podrá con razón definir la historia de nuestra época como la era del socialismo. En las últimas décadas todos los Estados han hecho todo lo posible para realizar el ideal socialista, a través de estatizaciones y municipalizaciones de empresas y medidas destinadas a llevamos hacia una economía planificada. El defecto estructural de toda empresa socialista, las nefastas consecuencias para la productividad del trabajo humano y la imposibilidad de un cálculo económico socialista no han tardado en conducir por doquier tales intentos a un límite más allá del cual ulteriores medidas de socialización habrían comprometido manifiestamente la propia distribución de bienes a la población. Y así se ha impuesto la necesidad de pararse en el camino hacia el socialismo, y el ideal socialista, aunque sigue dominando la ideología, en la política práctica se ha convertido en un mero manto para cubrir la política de intereses de los partidos obreros. Podríamos demostrar todo esto tomando en consideración, por ejemplo, uno cualquiera de los muchos partidos socialistas, incluso las distintas corrientes del socialismo cristiano. Pero preferimos hacerlo eligiendo a los socialistas marxistas, que sin duda han sido y siguen siendo el más importante partido socialista.

Para Marx —y para los marxistas— el socialismo era realmente una cosa seria. Marx rechazó siempre todas aquellas medidas a favor de grupos particulares y estratos sociales que demandan los partidos de intereses. Jamás negó el argumento liberal según el cual el único resultado inevitable de tales intervenciones en la vida económica es la reducción general de la productividad del trabajo social. Siempre que pensó, escribió y habló de manera lógicamente coherente, consideró que cualquier intento de influir sobre el mecanismo del sistema social basado en la propiedad privada de los medios de producción con intervenciones desde arriba, del gobierno o de otros órganos sociales dotados de los mismos poderes, es insensato, porque al tiempo que no conduce al resultado querido por quien lo promueve, no deja de reducir la productividad del sistema económico. Marx quiso organizar la lucha de los obreros para realizar el socialismo, no para obtener determinadas ventajas particulares en el ámbito de la sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción. Quería un partido obrero socialista, no un partido que aspirara a promover determinadas reformas, un partido «pequeño-burgués», como él lo llamaba.

Tras las anteojeras de su sistema escolar, que le impedían una consideración desapasionada de las cosas, pensó que los obreros, organizados en partidos «socialistas» por los intelectuales que militaban bajo su bandera ideológica, estarían dispuestos, como quería la doctrina, a asistir tranquilamente al desarrollo del capitalismo para no aplazar el día en que la sociedad, madura ya para la expropiación de los expropiadores, se «convertiría» en el socialismo. No se daba cuenta de que los partidos obreros, igual que hacían los demás partidos de intereses que estaban creciendo por todas partes, aun aceptando en principio el programa socialista, en la política práctica de todos los días sólo pensaban en obtener ventajas particulares para los obreros. El teorema marxiano de la solidaridad de intereses entre todos los proletarios, que Marx teorizó para unos fines políticos totalmente distintos, sirvió de manera excelente para ocultar hábilmente el hecho de que los costes de los éxitos obtenidos por los distintos grupos obreros los soportaban inevitablemente otras capas obreras, y que por tanto en la política social y en las luchas sindicales los intereses de los proletarios no eran en absoluto solidarios. Para la actividad del partido que defendía los interese particulares de los obreros, la doctrina marxista tuvo, pues, la misma función que para el Zentrum alemán y para los demás partidos de inspiración clerical tuvo la apelación a la religión, para los partidos nacionalistas la apelación al espíritu del pueblo, para los partidos agrarios la afirmación de la solidaridad de intereses entre los distintos grupos de productores agrícolas, y para los partidos proteccionistas la teoría de la necesidad de una tarifa única en defensa del trabajo nacional. Cuanto más crecían los partidos socialdemócratas, y cuanto más aumentaba la influencia de los sindicatos sobre ellos, tanto más se convertían en una especie de federación de sindicatos que lo subordinaban todo a la perspectiva de la sindicación obligatoria y la subida de los salarios.

El liberalismo no tiene nada en común con todos estos partidos; más bien, es exactamente lo contrario. No promete a nadie ventajas particulares y pide a todos que se sacrifiquen para mantener viva la sociedad. Naturalmente, estos sacrificios —que más exactamente deben definirse como renuncias a ventajas particulares— son sólo provisionales, y no tardan en ser recompensados por ventajas mayores y permanentes. Pero inicialmente se trata siempre de sacrificios. De este modo la situación del liberalismo en la competición entre los partidos se encuentra desde el principio en una situación totalmente específica. Mientras que el candidato antiliberal promete ventajas particulares a cada uno de los grupos de electores —a los productores promete precios más altos y a los consumidores precios más bajos, a los funcionarios públicos sueldos más altos y a los contribuyentes impuestos más bajos; está dispuesto a acoger cualquier demanda de empleo de los recursos públicos, con tal de que sea a costa del Estado y de los ricos; no considera a ningún grupo tan pequeño que no merezca, para ganárselo, una regalía tomada de los bolsillos de la «colectividad»—, en cambio, el liberal que concurre a las elecciones puede decir claramente a todos los electores que atender toda esta suma de reivindicaciones particulares es antisocial.

5. PROPAGANDA Y APARATO DEL PARTIDO

Cuando las ideas liberales salieron de su patria en la Europa occidental y empezaron a difundirse en la Europa central y oriental, los viejos poderes —monarquía, nobleza e Iglesia— se sentían todavía seguros, confiando en los instrumentos de presión de que disponían. Por ello no consideraron necesario combatir con las armas de la cultura el espíritu del iluminismo y del liberalismo. Parecía más práctico acudir a la represión, la persecución y la cárcel de todos los descontentos. Y para ello se dirigieron al aparato represivo del ejército y de la policía. Pero demasiado tarde se dieron cuenta de que la nueva filosofía había desarmado a policías y soldados simplemente conquistando sus mentes. Fue sólo la derrota que sufrió el viejo sistema en su lucha contra el liberalismo la que acabó por enseñar a sus defensores esta verdad: que no hay nada más poderoso en el mundo que las ideologías y los ideólogos, y que las ideas se combaten sólo con ideas. Comprendieron que es pura locura confiaren las armas, porque sólo se puede disponer de la tropa si ésta está dispuesta a obedecer; y comprendieron también que las bases de todo poder y de todo dominio son, en último análisis, de carácter ideológico.

El reconocimiento de las bases ideológicas del poder fue una de las adquisiciones teóricas sobre las que se fundamentó a su vez la ideología política del liberalismo. De esta idea, sin embargo, el liberalismo había sacado simplemente la consecuencia de que en último análisis la verdad y el bien no pueden menos de afirmarse porque su victoria es innegable en el plano espiritual. Lo que triunfó en el plano espiritual —se pensaba— se habría afirmado inevitable y definitivamente también en la vida práctica, porque ninguna persecución habría sido capaz de reprimirlo. Era, pues, inútil preocuparse particularmente por difundir las ideas liberales. Su victoria se produciría en todo caso.

También sobre este punto, para comprender a los adversarios del liberalismo hay que tener en cuenta que toda su acción tiende únicamente a oponerse al liberalismo, y no es otra cosa que un rechazo y una reacción contra las ideas liberales. Estos adversarios nunca han sido capaces de contraponer a la idea liberal una teoría social y económica orgánica, porque una teoría así sólo puede llevar a la ideología liberal. Pero con un programa que prometía algo sólo a uno o a unos pocos estratos sociales, era empresa desesperada ganarse el consenso de los demás estratos. Por ello a estos partidos sólo les quedaba inventar instituciones capaces de atraer a sus propias filas las franjas sociales a las que se dirigían, y mantenerlas en ellas firmemente. Y tenían también que impedir que las ideas liberales hicieran prosélitos entre los sectores con los que ellos más contaban.

A este fin crearon una organización de partido capaz de tener fuertemente agarrado al individuo de suerte que no pudiera ni siquiera ocurrírsele salir del partido. En Alemania y en Austria, donde tal sistema se perfeccionó con pedante precisión, y en los Estados de la Europa oriental, donde se imitó perfectamente, hoy el individuo no es ya un ciudadano, sino un miembro del partido. Ya desde niño el partido cuida de él. Incluso el deporte y las amistades se organizan en función de la política del partido. Las cooperativas agrícolas (el único intermediario gracias al cual el agricultor particular puede disfrutar de una parte de las subvenciones y facilidades que corresponden a los productores agrícolas), las instituciones para la promoción de la clase media artesana, las oficinas de colocación y las cajas mutuas de los obreros, todo se gestiona con criterios de partido. Para cualquier asunto que dependa de la discrecionalidad de una autoridad, el ciudadano particular precisa del apoyo de su partido si quiere que se le tenga en cuenta. En tales circunstancias, cualquier laxismo sobre cuestiones que afectan al partido le hace sospechoso; y si abandona el partido, tendrá que afrontar graves inconvenientes económicos, cuando no la marginación y el boicot social.

Los partidos de intereses reservan un cuidado especial al problema de la clase intelectual. Las profesiones liberales —abogados, médicos, escritores y artistas— no están suficientemente representadas hasta el punto de poder pensar en constituirse en partido de intereses. Por eso las profesiones liberales fueron las últimas en recibir la influencia de la ideología de los intereses corporativos, y siempre fueron las que durante más tiempo y con mayor tenacidad se mantuvieron ligadas al liberalismo, pues nada podían esperar de la defensa implacable y desvergonzada de sus propios intereses particulares. Pero esta situación no podía menos de suscitar una fuerte perplejidad en los partidos que eran los representantes de tales intereses; no podían éstos tolerar que los «intelectuales» permanecieran fieles al liberalismo. En efecto, tenían razón al temer que las ideas liberales, reformuladas y reexpuestas por representantes de esta clase, lograran la aprobación y el apoyo de la masa de sus componentes, alcanzando una fuerza capaz de diezmar sus filas. Por lo demás, ya habían experimentado lo peligrosas que podían ser estas ideologías para los privilegios corporativos. De ahí que las organizaciones de estos partidos corporativos se dispusieran a estudiar el modo de que los representantes de las profesiones «liberales» pasaran a depender de ellas. Objetivo que no tardó en alcanzarse, incorporando sistemáticamente a estos profesionales al aparato del partido. El médico, el abogado, el escritor y el artista tienen que encuadrarse y subordinarse a la organización de sus pacientes, clientes, lectores y mecenas. Y quien no quiere o incluso se niega a hacerlo, tendrá que aceptarlo forzado por el boicot.

El sometimiento de las profesiones liberales se completa con el procedimiento adoptado para el ingreso en el servicio público o el acceso a una cátedra. Para potenciar el sistema de partidos se contratan sólo los inscritos en los partidos corporativos, ya sea los que ya están en el poder, ya sea los que aún no lo están, sobre la base de un preciso aunque tácito pacto entre ellos. Y para terminar, también la prensa independiente se hace entrar en razón con la amenaza del boicot.

La organización de partido alcanza su culminación con la formación de auténticas tropas de partido, organizadas según el modelo del ejército nacional, con sus planes de movilización, estrategias operativas y armas que les permiten atacar en cualquier momento. Precedidos por bandas musicales y estandartes, sus cortejos recorren sistemáticamente las calles de la ciudad, anunciando al mundo la explosión de una era de desórdenes y conflictos sin fin.

Dos circunstancias contribuyen actualmente a atenuar el peligro de semejante situación. Ante todo el hecho de que en algunos Estados importantes se ha alcanzado un cierto equilibrio de fuerzas entre los partidos. Donde esto falta, como en Rusia y en Italia, los poderes del gobierno se emplean, en absoluto desprecio de lo que queda de los principios liberales que el resto del mundo respeta, para oprimir y perseguir a los seguidores de los partidos que no están ya en el poder.

La segunda circunstancia que aún impide que se llegue a los extremos se refiere a las naciones impregnadas de espíritu antiliberal y anticapitalista, las cuales cuentan con la afluencia de capitales procedentes de los países clásicos del capitalismo y del liberalismo, sobre todo de los Estados Unidos. Sin los créditos de estos últimos, las consecuencias de la política de destrucción de capital practicada por esos países se habrían manifestado ya con mayor evidencia.

El anticapitalismo puede sobrevivir sólo como parásito del capitalismo. Se ve, por tanto, forzado a mantener un cierto grado de prudencia ante la opinión pública occidental, en la que todavía se reconoce el liberalismo aunque en una versión muy diluida. En el hecho de que los capitalistas, en general, desean conceder crédito solamente a los países deudores que ofrecen alguna esperanza de devolución del préstamo, los partidos destructivistas ven la prueba de ese «dominio mundial del capital» al que luego piden ayuda.

6. ¿EL PARTIDO DEL CAPITAL?

Después de cuanto hemos dicho, es fácil comprender que el liberalismo no puede alinearse con los partidos de los intereses particulares sin renegar de su naturaleza. Es algo radicalmente distinto de todos estos partidos que están siempre dispuestos al enfrentamiento y a exaltar la violencia mientras dicen querer la paz y la afirmación del espíritu. Por lo demás, ésta es la razón de que todos los partidos, aunque puedan estar divididos en todo lo demás, estén unidos en un único frente de lucha contra el liberalismo.

Los enemigos del liberalismo lo han definido como el partido corporativo de los capitalistas. Y esto es típico de su mentalidad, pues son incapaces de comprender una ideología a no ser como expresión de determinados privilegios opuestos al interés general.

Considerar el liberalismo como un partido de intereses particulares, de privilegios y prerrogativas, es imposible por la simple razón de que la propiedad privada de los medios de producción no es un privilegio del propietario, sino una institución que sirve al interés de la sociedad, y que por tanto es ventajosa para todos. Ésta no es sólo una concepción de los liberales, sino en cierta medida también de sus adversarios. Cuando los marxistas sostienen que el socialismo sólo podrá realizarse cuando el mundo esté «maduro» para él, puesto que una formación social no desaparece «antes de que se hayan desarrollado todas las fuerzas productivas de que la misma es capaz», por ello mismo admiten al menos para el presente que la institución de la propiedad privada es indispensable a la sociedad. Incluso los bolcheviques, que hasta ayer hicieron propaganda con el hierro, el fuego y la horca por su versión del marxismo, según la cual esa «madurez» ya se había alcanzado, hoy se ven forzados a admitir que aún es demasiado pronto. Pero en tal caso, si no se puede prescindir, al menos por el momento, del capitalismo y de su «sobreestructura» jurídica —la propiedad privada—, ¿puede afirmarse que una ideología que considera la propiedad privada como base de la sociedad favorece sólo los intereses egoístas de los propietarios contra los intereses de todos los demás?

Naturalmente, cuando las ideologías antiliberales declaran que la propiedad privada es indispensable —no importa si sólo para el presente o para siempre—, siguen creyendo que en todo caso tiene que ser dirigida y limitada por intervenciones del poder político. Por tanto, no predican en modo alguno el liberalismo y el capitalismo, sino el intervencionismo. Pero la economía política ha demostrado que el intervencionismo estatal es irracional y contraproducente respecto al fin, que es incapaz de alcanzar los objetivos deseados por sus partidarios, y que por tanto es un error suponer que junto al socialismo (propiedad colectiva) y al capitalismo (propiedad privada), se pueda imaginar y realizar un tercer sistema de constitución social del trabajo llamado intervencionismo. Los intentos de practicar el intervencionismo no pueden menos de conducir a una situación que contradice las intenciones mismas de sus promotores, los cuales se hallarían en todo caso ante el dilema de abandonar cualquier intervención, y por tanto dejar intacta la libertad privada, o sustituirla por el socialismo.

Tampoco ésta es una afirmación que haga sólo el economista liberal, como quiere cierta idea popular según la cual existirían tantas economías políticas como partidos. También Marx en todos sus escritos teóricos contempló sólo la alternativa socialismo o capitalismo, y vertió todo su desdén y su sarcasmo sobre los reformistas, esclavos, según él, de la «mentalidad pequeño-burguesa», que rechazan el socialismo pero quieren transformar la propiedad privada. La economía política no ha intentado nunca demostrar la viabilidad del sistema de propiedad privada limitada y dirigida por intervenciones de la autoridad. Cuando los «socialistas de cátedra» quisieron demostrarlo a toda costa, comenzaron negando la posibilidad de un conocimiento científico en el campo económico, y acabaron declarando que lo que hace el Estado debe ser necesariamente racional. Dado que la ciencia declaraba ilógica su política económica, trataron de eliminar la ciencia y la lógica.

La situación no es sustancialmente distinta en lo que respecta a la demostración de la posibilidad y viabilidad de un sistema social socialista. Los socialistas pre-marxistas habían intentado inútilmente demostrarlo, pero no lo consiguieron y no se aventuraron a desmontar las duras objeciones a la viabilidad de su utopía formuladas por críticos capaces de emplear todos los instrumentos de la ciencia. De suerte que en torno a mediados del siglo XIX el pensamiento socialista parecía estar ya liquidado. Y entonces entró Marx en escena. El cual en absoluto ofreció la demostración —por lo demás imposible— de la viabilidad del socialismo, sino que se limitó a declarar —naturalmente, sin poder demostrarlo— que la llegada del socialismo sería inevitable.

De este teorema arbitrario y del axioma (para él) indiscutible según el cual todo lo que en la historia de la humanidad viene después representa un progreso respecto a lo anterior, él saca la conclusión de que, por tanto, el socialismo es también más perfecto que el capitalismo, y que consiguientemente cualquier duda sobre su viabilidad es inadmisible. Según Marx, pues, es absolutamente anticientífico plantearse la cuestión de la posibilidad del sistema social socialista, e incluso estudiar los problemas que este sistema plantea. Quien lo intentaba era proscrito por los socialistas y por la opinión pública bajo su influencia. Pero a pesar de estas dificultades —por lo demás, puramente extrínsecas— la economía política se ha ocupado del modelo teórico del sistema social socialista y ha demostrado de manera irrefutable que cualquier tipo de socialismo es irrealizable porque en una comunidad socialista es imposible el cálculo económico. Los seguidores del socialismo apenas han osado replicar algo a este diagnóstico, y cuando lo han hecho, el contenido de su réplica se ha mostrado totalmente insignificante.

Lo que la ciencia ha demostrado en el plano teórico ha sido confirmado en la realidad práctica, es decir, en el fracaso de todos los experimentos, tanto socialistas como intervencionistas.

Así pues, cuando se afirma que defender el capitalismo es un problema exclusivo de los empresarios y de los capitalistas, cuyos intereses particulares, opuestos a los de todos los demás estratos sociales, serían apoyados por el sistema capitalista, no se hace otra cosa que lanzar propaganda engañosa contando con la incapacidad de juicio de los idiotas. «Los que tienen» (the have’s) no tienen un motivo para defender la propiedad privada de los medios de producción distinto del de «los que no tienen» (the have-not’s). Si defienden sus intereses particulares son cualquier cosa menos liberales. La idea de que «los que tienen» permanecen eternamente como propietarios, mientras siga en pie el capitalismo, deriva de una total ignorancia de la naturaleza de la economía capitalista, en la cual la propiedad pasa de manos continuamente desde quien es menos capaz de gestionarla a quien la gestiona mejor. En la sociedad capitalista el patrimonio sólo puede conservarse si se gana de nuevo continuamente inviniéndolo de manera inteligente. Quienes ya lo poseen, los ricos, no tienen ningún motivo especial para desear una condición de competencia ilimitada; antes bien, especialmente cuando no son los primeros en ganarlo sino que se limitan a heredarlo, tienen más motivo para temer que para esperar de la competencia. Están particularmente interesados más en el intervencionismo estatal, que tiende siempre a conservar la distribución actual de los bienes entre los propietarios, que en el liberalismo, en cuyo sistema no hay lugar para quien permanece tenazmente apegado a la realidad transmitida y a la riqueza establecida que constituye su pilar.

El empresario sólo puede prosperar si satisface la demanda de los consumidores. Si el mundo quiere guerra, el liberal trata de hacer comprender las ventajas de la paz, pero el empresario fabrica cañones y ametralladoras. Si hoy la opinión pública defiende la inversión de capital en Rusia, el liberal puede esforzarse en dar a entender que invertir capitales en un país en el que el gobierno proclama abiertamente como objetivo último de su política la expropiación de todos los capitales, es como echar monedas al mar; pero el empresario va tranquilamente a producir en Rusia si puede descargar el riesgo sobre otros —ya sean el Estado, o bien los capitalistas menos avispados, que se dejan embaucar por una opinión pública sabiamente pilotada por el dinero ruso—. El liberal combate las tentaciones autárquicas en la política comercial; pero el fabricante alemán va igualmente a construir una fábrica en el Estado oriental cerrado a las mercancías alemanas para aprovisionar el mercado de ese país aprovechándose de los aranceles protectores. Los empresarios y los capitalistas que tienen las ideas claras pueden juzgar deletéreas para la colectividad las consecuencias de la política antiliberal; pero en cuanto empresarios y capitalistas tienen que tratar de adaptarse sin resistir a las condiciones objetivas.

No existen clases sociales que puedan defender el liberalismo por intereses egoístas particulares que perjudican a la colectividad y a las demás clases sociales, precisamente porque el liberalismo no está al servicio de ningún interés particular. El liberalismo no puede contar con la misma ayuda que los partidos antiliberales encuentran en la adhesión de todos aquéllos que pretenden aferrar una ventaja particular a costa de todos los demás. Si a un candidato liberal los electores a los que pide el voto le preguntaran: «¿Qué quiere hacer usted y qué quiere hacer su partido por mí y por mi grupo?», la única respuesta que el candidato podría dar es ésta: «El liberalismo atiende al interés de todos, no al interés particular de éste o aquél».

Ser liberal significa cabalmente comprender que un privilegio particular reservado a un reducido estrato social en perjuicio de otros no puede mantenerse a la larga sin defenderlo con uñas y dientes (¡y esto significa guerra civil!); y que, por otra parte, tampoco se podría privilegiar a la mayoría, porque entonces los privilegios se anularían unos a otros, perdiendo todo valor para quienes los disfrutan, y el único resultado sería la reducción generalizada de la productividad del trabajo.

CAPÍTULO V

El futuro del liberalismo

Todas las civilizaciones más antiguas perecieron, o al menos permanecieron en una condición estacionaria mucho antes de alcanzar aquel grado de desarrollo material al que ha llegado la civilización europea moderna. Guerras con los enemigos externos y guerras civiles internas destruyeron a los Estados; la anarquía que siguió provocó una involución de la división del trabajo; las ciudades, el comercio y las industrias decayeron, y con la decadencia de las bases económicas el refinamiento de la cultura y de las costumbres tuvo que ceder a la incultura y a la degradación. La civilización europea moderna ha conseguido consolidar las relaciones sociales entre los individuos y entre los pueblos mucho más de lo que tuvo lugar en el pasado. Y esto fue obra de la creciente influencia espiritual que fue adquiriendo la ideología social liberal, elaborada y desarrollada de manera cada vez más clara y rigurosa desde finales del siglo XVII. Fueron el liberalismo y el capitalismo los que crearon las bases de todas las prodigiosas conquistas que caracterizan a nuestro tenor de vida moderno.

Pero hoy un soplo de muerte azota a nuestra civilización. Un puñado de diletantes anuncia que todas las civilizaciones, y por tanto también la nuestra, tienen que perecer en virtud de una ley inexorable. Habría, pues, llegado para Europa la hora de la muerte. Tal es lo que enseñan esos señores, y muchos les creen. Por doquier se respira una atmósfera otoñal.

Pero la civilización moderna no perecerá, a no ser que se suicide. Ningún enemigo externo puede destruirla como los españoles destruyeron la civilización azteca, porque no hay nadie sobre la faz de la tierra que pueda competir con los protagonistas de la civilización moderna. Sólo enemigos internos pueden amenazarla. Sólo puede morir si la ideología antiliberal y antisocial sustituye a las ideas liberales.

En realidad la convicción de que el progreso material sólo es posible en la sociedad capitalista empieza a difundirse cada vez más. Aunque los antiliberales no lo admiten explícitamente, hay un reconocimiento pleno e implícito indirectamente en el elogio que suele hacerse del estado estacionario.

Se empieza a pensar que los progresos materiales de las últimas generaciones han sido ciertamente excepcionales y han producido algunas cosas útiles, pero que ha llegado el tiempo de decir basta. Es hora de que la prisa y la carrera desenfrenada del capitalismo moderno cedan el paso a una tranquila fase de meditación. Es preciso hallar tiempo para un retorno a nuestro interior, y para ello hay que sustituir el capitalismo por una organización económica distinta que deje de crear cosas nuevas. La mirada del economista romántico vaga por el pasado y descubre la Edad Media, pero no la Edad Media real que existió históricamente, sino un modelo suyo puramente fantástico, que nunca existió realmente. Su mirada se extiende también por Oriente, y tampoco aquí se trata de un Oriente verdadero sino soñado por su fantasía. ¡Qué felices eran los hombres sin la técnica y sin la cultura moderna! ¡Cómo hemos podido renunciar con tanta ligereza a semejante paraíso!

Quien predica el retorno a formas más simples de economía social, olvida que sólo nuestro sistema económico ofrece la posibilidad de mantener, como hoy ocurre, el número de individuos que actualmente puebla nuestro planeta. Un retorno a la Edad Media significaría el exterminio de cientos de millones de personas. Quienes defienden el estado estacionario responden, por supuesto, que no es preciso llegar tan lejos. Bastaría detenerse en los niveles ya alcanzados y renunciar a ulteriores progresos.

Quien magnifica el estado estacionario olvida también que el deseo de mejorar la propia situación material es innato en el hombre que piensa. No se puede borrar este impulso que es el resorte de toda acción humana. Si se le cierra el camino por el que ha conseguido obrar por el bien de la sociedad, perfeccionando los modos de satisfacer las propias necesidades, no le queda más que una alternativa: la de volver a oprimir y robar a sus semejantes, tratando solamente de enriquecerse a sí mismo y de empobrecer a todos los demás.

Es cierto que este afanarse por aumentar el propio bienestar no hace a los hombres más felices. Pero está en la naturaleza del hombre tender a mejorar su propia condición material. Quitadle la satisfacción de esta tensión y caerá en la apatía y el embrutecimiento. La masa no escucha a quien la exhorta a contentarse; y acaso también los filósofos que lanzan este grito de advertencia son presa de una grave forma de auto-ilusión. Si decís a la gente que sus padres vivían peor, os dirán que no comprenden por qué razón ellos no deben mejorar.

Acertado o equivocado, con o sin el beneplácito del austero censor, un hecho es cierto: que los hombres tienden y tenderán siempre a mejorar su propia condición. Es el destino del hombre, que éste no puede eludir. El desasosiego y la inquietud del hombre moderno es vivacidad de su mente, de sus nervios y de sus sentidos. No se puede reconducirle a la arcadia de las fases ancestrales de la historia humana, como no se puede restituir al adulto la ingenuidad de su niñez.

Pero, sobre todo, ¿qué se ofrece a cambio de la renuncia a un ulterior progreso material? La dicha y la felicidad, la paz y el equilibrio interior, no nacerán por el simple hecho de no pensar ya en mejorar el modo de satisfacer las propias necesidades. Es absolutamente insensata la idea de estos intelectuales resentidos, de que la pobreza y la austeridad crean las condiciones para el pleno despliegue de las energías internas. Cuando se discute de estas cuestiones sería conveniente evitar los circunloquios y llamar a las cosas por su nombre. La riqueza moderna se manifiesta sobre todo en la cultura del cuerpo —higiene, amor por la limpieza, deporte—. Todavía hoy —acaso ya no en Estados Unidos, pero seguramente en todas partes— el lujo de las personas acomodadas, si el progreso económico mantiene el ritmo que ha tenido hasta ahora, se convertirá muy pronto en patrimonio de todos. ¿Acaso piensa alguien enriquecer la vida interior del hombre excluyendo a las masas de la conquista de aquel nivel de higiene física del que ya pueden disfrutar las personas acomodadas? ¿La felicidad está en un cuerpo descuidado?

A quien canta las loas de la Edad Media sólo se le puede responder que nada sabemos de los sentimientos íntimos del hombre medieval, es decir, si se sintió más feliz o menos feliz de lo que se siente el hombre moderno. Pero a quienes señalan como modelo el estilo de vida de los orientales quisiéramos preguntarles si realmente la Asia de hoy es ese paraíso que nos describen.

El elogio de la economía estacionaria como ideal social es realmente el último argumento de los enemigos del liberalismo para justificar sus teorías. No olvidemos la premisa de sus críticos, es decir, que el liberalismo y el capitalismo frenan el desarrollo integral de las fuerzas productivas y provocan la miseria de la masa. No olvidemos tampoco que los enemigos del liberalismo han presumido de perseguir un orden social capaz de crear más riqueza de la que puede crear el orden social que combaten. Y ahora, acorralados por la autocrítica de la economía política y de la sociología, tienen que admitir que sólo el capitalismo y el liberalismo, sólo la propiedad y la libre actividad empresarial garantizan la máxima productividad del trabajo humano.

Suele afirmarse que lo que hoy separa a los partidos políticos serían las grandes antítesis ideológicas, esos contrastes que sería imposible superar con argumentos racionales. De donde —se sostiene— la inutilidad incluso de discutir estas grandes antítesis, dado que cada uno seguiría manteniendo su propia opinión porque ésta se apoya en una visión general de las cosas impermeable a toda consideración racional. Puesto que los fines últimos a los que tienden los hombres son diferentes, habría que excluir cualquier posibilidad de que estos mismos hombres que persiguen fines diferentes puedan ponerse de acuerdo sobre un modelo común.

Pero ésta es una visión absolutamente invertida de las cosas. Si excluimos a los pocos ascetas que coherentemente desean despojarse de todos los bienes exteriores y llegan a la supresión misma de la acción y de la praxis, mejor dicho, al total aniquilamiento de sí mismos, el resto de la humanidad de raza blanca, al margen de sus divergencias sobre las cosas ultraterrenas, coinciden en preferir un sistema social de alta productividad del trabajo a un sistema de baja productividad. Incluso quienes piensan que un desarrollo creciente del modo de satisfacer nuestras necesidades tiene aspectos negativos, y que por tanto sería mejor que nos acostumbráramos a producir menos bienes —salvo verificar cuántos son realmente quienes así piensan sinceramente—, incluso éstos, decía, no auspiciarían que la misma cantidad de trabajo produjera menos bienes; a lo sumo, auspiciarían que se trabajara menos y por tanto se produjera menos, pero no que la misma cantidad de trabajo produjera menos.

Los actuales contrastes políticos no dependen de opuestas visiones generales del mundo; se refieren a la vía y a los medios para alcanzar con la máxima rapidez y el mínimo sacrificio una meta que todos reconocen justa. Esta meta, este fin al que todos tienden, es la máxima satisfacción de las necesidades humanas, el bienestar, la riqueza. Es evidente que esto no agota enteramente las aspiraciones del hombre, pero es todo aquello a lo que pueden aspirar con medios materiales a través de la cooperación social. Los bienes interiores —la dicha, la felicidad del alma, la elevación espiritual— cada uno debe buscarlos tan sólo en sí mismo.

El liberalismo no es una religión, no es una concepción general del mundo, una Weltanschauung, y mucho menos un partido que defiende intereses particulares. No es una religión, porque no pide ni fe ni entrega, no vive en una aureola de misticismo y no posee dogmas. No es una concepción general del mundo, porque no pretende explicar el cosmos y no nos dice ni quiere decirnos nada sobre el sentido y el fin de la existencia humana. No es un partido de intereses, porque no promete, no quiere proporcionar y no concede de hecho privilegios de ninguna clase a ningún grupo y a nadie personalmente. El liberalismo es algo completamente distinto. Es ideología, teorización del nexo que mantiene unidas las realidades sociales y al mismo tiempo aplicación de esta teoría al comportamiento de los hombres en las realidades sociales. No promete nada que sobrepase los límites de lo que en la sociedad y por medio de la sociedad puede realizarse. Sólo una cosa quiere dar a los hombres: un desarrollo pacífico y continuo del bienestar material para todos, para mantener lejos las causas externas del sufrimiento en los límites en que pueden hacerlo las instituciones sociales. Reducir el sufrimiento, aumentar el placer, tal es su fin.

Ninguna secta y ningún partido político ha creído nunca que podía renunciar a los afectos a favor de la propia causa. Retórica rimbombante, música e himnos con ondear de banderas, flores y colores simbólicos, todo sirve a los jefes para ligar a sus seguidores a su propia persona. Nada de esto hace el liberalismo. No tiene una flor o un color como símbolo de partido, ni un himno o ídolos de partido, símbolos o lemas. Tiene una causa que defender y los argumentos para defenderla. Es con éstos con los que debe triunfar.

Apéndice

1. LA LITERATURA SOBRE EL LIBERALISMO

He tenido que sintetizar al máximo la exposición de los distintos temas para evitar que el libro creciera demasiado. Por lo demás, me he sentido en cierto modo autorizado a hacerlo por haber ya tratado ampliamente todos los problemas fundamentales del liberalismo en una serie de obras y ensayos generales.

Para quien desee profundizar en estos temas, enumero a continuación algunos de los escritos más importantes. Hallamos ya ideas liberales en muchos autores del lejano pasado. Pero los primeros que dieron forma sistemática al liberalismo fueron los grandes pensadores ingleses y escoceses de siglo XVIII y principios del XIX. A ellos hay que acudir si se quiere dar con las raíces de la mentalidad liberal.

La prioridad corresponde a:

David Hume, Essays Moral, Political and Literary, 1741 y 1742, y a Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776, y especialmente a Jeremy Bentham, con sus numerosos escritos, empezando por Defence of Usury, 1787, hasta la Deontology of the Science of Morality, publicados todos ellos, a excepción de la Deontology, en las obras completas publicadas por Browning de 1838 a 1843.

John Stuart Mill es ya un epígono del liberalismo clásico. En su vejez, influido por su mujer, cedió a toda una serie de compromisos, hasta deslizarse lentamente hacia el socialismo. Él es el responsable de la desenvuelta mezcolanza de ideas liberales y socialistas que llevó a la decadencia del liberalismo inglés e hizo vacilar el bienestar de la población inglesa. Sin embargo —o acaso precisamente por esto— es importante conocer los escritos más importantes de Mill (Principles of Political Economy, 1.ª ed., 1848; On Liberty, 1859; Utilitarianism, 1862). Sin un estudio profundo de Mill es imposible comprender la historia de las dos últimas generaciones. En efecto, Mill es el mayor defensor del socialismo; todos los argumentos posibles a favor del socialismo fueron cuidadosamente elaborados por él. Junto a Mill todos los demás autores socialistas —Marx, Engels y Lassalle incluidos— casi desaparecen.

Es imposible comprender el liberalismo sin la economía política. El liberalismo es economía política aplicada, política estatal y social sobre bases científicas. Y aquí, inmediatamente después de los escritos citados, hay que conocer ante todo la obra del gran maestro de la economía política clásica David Ricardo, Principies of Political Economy and Taxation, 1817.

Las mejores introducciones al estudio de la ciencia económica moderna son las de H. Oswalt, Vorträge über wirtschaftliche Grundbegriffe (varias ediciones), C. A., Verrijn Stuart, Die Grundlagen der Volkswirtschaft (1923).

Las obras maestras de la economía política moderna en alemán son:

Carl Menger, Grundsätze der Volkswirtschaftslehre (primera ed., 1871) y Eugen von Böhm-Bawerk, Kapital und Kapitalzins (primera ed., 1884 e 1889).

Una suerte infausta —no distinta de la que le cupo al liberalismo alemán— tuvieron las dos contribuciones más importantes que Alemania había conseguido dar a la literatura liberal. Las Ideen zu einem Versuch die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen de Wilhelm von Humboldt estaban listas para la imprenta en 1792. En el mismo año Schiller publicó una parte de las mismas sobre la Neue Thalia, y otras partes aparecieron en el Berliner Monatsschrift. Pero como el editor de Humboldt, Geschen, tenía miedo de publicar el libro íntegro, éste permaneció como manuscrito y fue olvidado, para ser después descubierto y publicado sólo tras la muerte del autor.

La obra de Heinrich Gossen, Entwiklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs und der daraus fliessenden Regeln für menschliches Handeln, encontró ciertamente un editor, pero cuando fue publicada en 1854 no encontró lectores. La obra y su autor permanecieron en la sombra hasta que el inglés Adamson encontró un ejemplar del libro.

Toda la poesía clásica alemana, pero sobre todo las obras de Goethe e de Schiller, están penetradas por el pensamiento liberal.

La historia del liberalismo político en Alemania es breve y poco alentadora. Una distancia sideral separa la Alemania actual del espíritu liberal, y esto se refiere tanto a los defensores de la República de Weimar como a sus adversarios. En Alemania nadie conoce ya el liberalismo, pero todos lo denigran. El odio al liberalismo es lo único que une a los alemanes. De los escritos más recientes sobre el liberalismo habría que citar los trabajos de Leopold von Wiese (Der Liberalismus in Vergangenheit und Zukunft, 1917; Staatssozialismus, 1916; Freie Wirtschaft, 1918).

A los pueblos de la Europa oriental llegó ciertamente un cierto soplo imperceptible del espíritu liberal. Pero también en la Europa occidental y en Estados Unidos el pensamiento liberal está en declive, aunque puede decirse que, comparados con los alemanes, estos pueblos siguen siendo liberales.

De los autores liberales más antiguos hay que leer también a Frédéric Bastiat (Oeuvres completes, 1855). Bastiat escribía en un estilo brillante, y la lectura de sus escritos es singularmente grata. No hay que extrañarse de que sus teorías estén hoy superadas, si se tienen en cuenta los progresos imponentes de la teoría económica después de su muerte. Pero su crítica de todos los proteccionismos y de todas las tendencias afines sigue siendo insuperable, y los proteccionistas y los intervencionistas no han sido capaces de proferir ni siquiera una palabra de réplica sobre la base de los hechos, limitándose únicamente a balbucear sin tregua che Bastiat es «superficial».

Cuando se afronta la literatura política anglosajona más reciente, hay que procurar no descuidar una circunstancia: que en el área anglosajona con el término liberalismo se indica prevalentemente una forma moderada de socialismo. Una exposición sintética del liberalismo es la del inglés L.T. Hobhouse, Liberalism (1 ,a ed. 1911) y del americano Jacob H. Hollander, Economic Liberalism, 1925. Pero las mejores guías a la comprensión de la mentalidad de los liberales ingleses son las de Hartley Withers, The Case for Capitalism, 1920, Ernest J. P. Benn, The Confessions of a Capitalist, 1925, e If I were a Labour Leader, 1926, y The Letters of an Individualist, 1927. En este último escrito, en pp. 74 ss., hay una lista de publicaciones inglesas sobre los problemas fundamentales de la economía.

Una crítica de la política proteccionista la encontramos en el volumen de Francis W. Hirst, Safeguarding and Protection, 1926.

Muy instructivo es también el resumen de un debate público sobre el tema That Capitalism has more to offer to the workers of the United States that has Socialism, celebrado el 23 de enero de 1921 en Nueva York entre E.R.A. Seligman e Scott Nearing.

Para una introducción al pensamiento sociológico, véase Jean Izoulet, La Cité moderne (1.a ed., 1890), y R.M. Maclver, Community, 1924.

Exposiciones historiográficas de las ideas liberales se hallan en Charles Gide y Charles Rist, Histoire des Doctrines Economiques (numerosas ediciones).

Albert Schatz, L’Individualisme économique et social, 1907.

Paul Barth, Die Geschichte der Philosophie als Soziologie (numerosas ediciones).

Walter Sulzbach, Die Grundlagen der politischen Parteibildung, 1921, afronta la teoría del partido político.

Oskar Kleinhattigen, Geschichte des deutschen Liberalismus, 2 vols. 1911/2, intenta trazar toda la historia del liberalismo alemán.

Cito aquí, finalmente, algunos trabajos míos, limitándome a los más estrechamente relacionados con el problema del liberalismo:

Nation, Staat und Wirtschaft; Beiträge zur Politik und Geschichte der Zeit, 1919.

Die Gemeinwirtschaft; Untersuchungen über den Sozialismus, 1922.

«Antimarxismus» (Weltunrtschaftliches Archiv, vol. 21, 1925), 3.

«Sozialliberalismus» (Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, vol. 81. 1926).

«Interventionismus» (Archiv für Sozialwissenschaft, vol. 56, 192.

«Theorie der Preistaxen» (Handwörterbuch der Staatswissenschaften, vol. VI, 1925).

Lamentablemente, sólo una parte de los escritos extranjeros citados ha sido traducida al alemán.

2. CUESTIONES TERMINOLÓGICAS A PROPÓSITO DEL «LIBERALISMO»

Quien conoce los escritos sobre el liberalismo publicados en los últimos años y el uso que en ellos se hace de este término, probablemente objetará que lo que en las páginas precedentes se denomina «liberalismo» no coincide exactamente con lo que la ensayística política actual define con el mismo término. Lejos de mí la idea de rechazar esta objeción. Al contrario, yo mismo he advertido explícitamente que hoy, especialmente en Alemania, por liberalismo se entiende algo que contradice la definición de liberalismo que la historiografía tuvo que adoptar en relación con lo que constituye la esencia del programa liberal de los siglos XVIII y XIX. Casi todos los que hoy se autodefinen liberales se niegan a declararse abiertamente a favor de la propiedad privada de los medios de producción, y simpatizan más bien con medidas en parte socialistas, en parte intervencionistas. Creen así poder justificar su afirmación de que la esencia del liberalismo no estaría en la firme defensa de la propiedad privada de los medios de producción, sino en otras cosas, y estas otras cosas exigirían un desarrollo ulterior del liberalismo, en el sentido de que hoy el mismo no debería declararse a favor de la propiedad privada, sino del socialismo e del intervencionismo.

En qué consistirían estas otras cosas, aún esperamos que nos lo expliquen estos pseudo-liberales. Oímos hablar aquí y allá de humanismo, de generosos solidarismos, de verdadera libertad, etc. Bellas palabras, ciertamente, que cualquiera está dispuesto a suscribir y que de hecho todas las ideologías suscriben. Si se prescinde de ciertas visiones cínicas de la vida, toda ideología cree luchar por la humanidad, la solidaridad, la verdadera libertad y cosas por el estilo. Lo que distingue las ideologías sociales entre ellas no es esta meta final de toda aspiración a hacer felices a todo y a todos, sino los medios para alcanzarla. Pues bien, lo que caracteriza al liberalismo es la elección del medio, consistente en la propiedad privada de los medios de producción.

Por lo demás, sobre las cuestiones terminológicas cada uno puede pensar como quiera. Lo decisivo no es el nombre sino la sustancia. Por más enemigos que se sea de la propiedad privada de los medios de producción, habrá que admitir en todo caso que por lo menos en teoría alguien que defienda esta propiedad privada existe; y, una vez admitido esto, hay que encontrar una definición para esta orientación. A quienes hoy se dicen liberales habrá entonces que hacerles una pregunta: ¿qué nombre darían a una orientación que lucha por la salvaguardia de la propiedad privada de los medios de producción? Probablemente responderían mencionando el nombre de «manchesterismo», recurriendo a un término que originariamente se empleó como un epíteto sarcástico e injusto. Y no habría razón alguna para no emplearlo como definición de la ideología liberal, si no se opusiera el hecho de que este término se ha empleado hasta ahora siempre y solamente para indicar el programa económico y no también el programa general del liberalismo.

Si, de un modo u otro, también la orientación que se proclama favorable a la propiedad privada de los medios de producción tiene derecho a tener un nombre, entonces tanto vale mantener el viejo término tradicional. La confusión surgiría sólo si se quisiera seguir la nueva praxis que permite que también proteccionistas, socialistas y belicistas se llamen liberales cuando les conviene. Podría más bien surgir otro problema: si no sería oportuno, en interés de una mayor propagación de las ideas liberales, dar un nombre nuevo a la ideología liberal para liberarse de una vez del prejuicio general que se alimenta, especialmente en Alemania, contra el liberalismo. Pero semejante propuesta, aunque se haga con las mejores intenciones, sería absolutamente iliberal. Así como el liberalismo debe evitar, por inderogables razones intrínsecas, todas las maniobras propagandísticas y los expedientes fraudulentos a los que les gusta recurrir otras ideologías con tal de arrancar el consenso, así también debe evitar abandonar su antiguo nombre por el solo hecho de ser impopular. Al contrario, precisamente porque la palabra «liberal» no goza en Alemania de buena fama, con mayor razón el liberalismo debe conservarla. No hay que hacer demasiado fácil la vía al pensamiento liberal, ya que el verdadero problema no son las profesiones de fe liberal de quien sea. El verdadero problema consiste en hacerse concretamente liberales, en pensar y obrar como liberales.

Una segunda objeción que se podría plantear contra la terminología empleada en este libro es que en él liberalismo y democracia no se contemplan como antítesis. Hoy en Alemania muchos entienden por liberalismo aquella orientación que tiene como ideal la monarquía constitucional, y por democracia la orientación que tiene como ideal la monarquía parlamentaria o la república. Pero se trata de una concepción insostenible incluso bajo la óptica histórica. El liberalismo ha defendido siempre la monarquía parlamentaria, no la constitucional. Más aún, su derrota en la cuestión constitucional se debió precisamente al hecho de haber realizado, en el Reich alemán y en Austria, sólo la monarquía constitucional, así como el triunfo del antiliberalismo consistió en hacer el parlamento alemán tan débil que mereció el apelativo no ciertamente honorable pero absolutamente pertinente de «charlatorio», y la afirmación igualmente certera de aquel jefe de un partido conservador que dijo que bastarían un simple teniente y doce hombres para disolverlo.

El concepto de liberalismo es más amplio; define una ideología que comprende la vida social en su conjunto. La democracia en cambio define una ideología que comprende tan sólo un ámbito parcial de las relaciones sociales —el de la organización estatal. En la primera parte de este libro hemos explicado por qué el liberalismo debe necesariamente reivindicar la forma de Estado democrática—. Demostrar por qué todas las orientaciones antiliberales, y por tanto también el socialismo, deben ser necesariamente también antidemocráticos, es tarea que sólo puede cumplirse con investigaciones específicas sobre la naturaleza de tales orientaciones. Por lo que respecta al socialismo, he tratado de hacerlo en mi libro sobre la economía colectivista.

Sobre estas cuestiones el alemán se equivoca fácilmente, porque piensa siempre en los nacional-liberales y en los social-demócratas. Pero los nacional-liberales desde su origen no fueron nunca un partido liberal, al menos en materia jurídico-constitucional. Representaban aquella ala del viejo partido liberal que se colocó en el terreno «del realismo político», es decir que aceptó como definitiva la derrota que sufrió el liberalismo durante el conflicto constitucional que lo opuso a sus adversarios «de derecha» (Bismarck) y «de izquierda» (lassallianos). En cuanto a los socialdemócratas, fueron demócratas sólo mientras no estuvieron en el poder, es decir hasta el día en que se sintieron suficientemente fuertes para plegar con la violencia a sus adversarios. En el momento mismo en que creyeron ser los más fuertes, eligieron inmediatamente la dictadura —como, por lo demás, habían declarado siempre sus intelectuales—. Sólo cuando los cuerpos francos de los partidos de derecha les infligieron una serie de derrotas sangrientas, se volvieron demócratas «hasta nueva orden». Sus intelectuales sintetizan todo esto en la fórmula: «Dentro de los partidos socialdemócratas el ala democrática ha triunfado siempre sobre la que quiere la dictadura».

Es claro que sólo se puede llamar democrático un partido que en todas las circunstancias —y por tanto también cuando es el más fuerte y está en el poder— defiende las instituciones democráticas.

LUDWIG VON MISES (Lemberg, 1881 - Nueva York, 1973). Economista y filósofo austríaco. Es el principal representante de la tercera generación de la Escuela Austríaca de Economía.

Estudió y se doctoró en la Universidad de Viena, donde fue discípulo directo de Böhm-Bawerk. De 1920 a 1934 mantuvo en Viena su propio seminario en el que participaron ilustres economistas como Friedrich Hayek, Fritz Machlup o Lionel Robbins. Tras enseñar unos años en el Instituto Universitario de Altos Estudios de Ginebra, en 1940 se refugió en los Estados Unidos huyendo de las amenazas nazis. A partir de 1946, ya nacionalizado como ciudadano americano, da clases en la New York University durante 24 años. Allí retomaría su seminario, entre cuyos discípulos destacaron Murray N. Rothbard, George Reisman, Israel Kirzner, Ralph Raico, Leonard Liggio y Hans Sennholz. A pesar de la marginación de que fue objeto por las nuevas corrientes positivistas y por el rampante keynesianismo, su influencia fue enorme. Sus ideas inspiraron el «milagro» de la recuperación económica alemana después de la Segunda Guerra Mundial.

Es autor de obras fundamentales como La teoría del dinero y del crédito (1912), Socialismo (1922), La acción humana (1949), y de centenares de artículos y monografías.

Notas

[1] Debemos, sin embargo, recordar que todavía algunos eminentes ingleses siguen defendiendo la causa del verdadero liberalismo. <<

[2] El sindicalismo como fin e ideal social no hay que confundirlo con el sindicalismo como táctica de la clase obrera organizada en sindicatos (o mejor de la action directe de los sindicalistas franceses). El sindicalismo como táctica puede servir ciertamente como modalidad de lucha para realizar el ideal sindicalista de sociedad, pero también puede ser instrumentalizado para otros fines inconciliables con este ideal; con la táctica sindicalista, por ejemplo, una parte de los sindicalistas franceses mira al socialismo. <<

[3] Aunque al mismo tiempo en todo el mundo y en todos los sectores de producción se aumentara el salario con intervenciones artificiosas del gobierno o con la coacción de los sindicatos, la consecuencia inmediata sería siempre la destrucción de capital, y la última, de nuevo, la reducción del salario. He analizado detalladamente este punto en los escritos enumerados en el Apéndice. <<